En la Córdoba universitaria, la (in) Justicia persigue al estudiante
En 2018, el colectivo de alumnos y docentes de todo el país salió a reclamar mayor presupuesto para la educación pública. Nuestra provincia fue partícipe de esa primavera estudiantil, que terminó con desalojos y jóvenes criminalizados.
Por Emi Urouro para El Resaltador
Hace tres años, se organizaron asambleas y hubo movilizaciones en diferentes puntos de Argentina, a raíz de la caída de los salarios de trabajadores de la educación por debajo de la línea de inflación, sumado al riesgo concreto del cierre de instituciones educativas por falta de presupuesto.
A lo anterior, debemos agregar un hecho puntual: 57 universidades fueron paralizadas y 90 edificios públicos fueron tomados. La Universidad Nacional de Córdoba fue uno de los centros copados por estudiantes, el Pabellón Argentina fue la sede de esa acción de protesta.
La primavera estudiantil que no debemos olvidar
A cien años de la reforma, a 49 años del Cordobazo, el 2018 fue un hito para la lucha estudiantil. En Córdoba, alumnos y alumnas, organizados en asambleas multitudinarias, iniciaron el proceso de ocupación en 6 Facultades.
Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Córdoba, elaboraron un Dossier informativo, donde recuerdan que, ante el rechazo sistemático al diálogo por parte de las autoridades, a la toma de esas instituciones, se le sumó la ocupación durante un mes del principal edificio administrativo de la UNC.
Ahora bien, es clave recordar por qué luchaba el estudiantado, entre otras demandas, se buscó:
—Conquistar un mayor presupuesto para la Universidad y disputar su orientación hacia el mejoramiento de infraestructura, becas económicas para garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de estudiantes, ampliaciones de las raciones del comedor universitario.
—Romper el convenio de “seguridad” que la UNC tiene con la Policía Provincial.
El documento consultado resalta que, durante los meses que duró el conflicto, el hostigamiento, tanto por parte de las autoridades universitarias como por las fuerzas de seguridad, fue permanente.
¿Qué situaciones atravesaron las y los estudiantes? La toma del Pabellón fue vigilada constantemente, desde un falcon verde (auto que utilizó la última dictadura militar para secuestrar, torturar y desaparecer personas).
Además, fueron seguidos por “civiles” hasta sus casas. Y eso no fue todo, vivieron con la amenaza inminente de represión de la Gendarmería Nacional Argentina para desalojar la toma.
En aquel momento, también debieron atravesar un despliegue de operativos policiales para intentar ingresar al pabellón por una supuesta amenaza de bomba; a lo que se debe sumar la persistencia de grupos de choque, de burocracias sindicales, que agredieron físicamente a compañeras y compañeros que participaban de la ocupación.
El Poder Judicial criminaliza a quienes luchan… y las autoridades universitarias lo avalan
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Córdoba destaca que, actualmente, enfrentan la judicialización 25 estudiantes, que firmaron un “acta de compromiso” de la mesa de trabajo, que fue entregada por las autoridades universitarias a la Justicia, junto con 2 alumnos/as identificados a partir de su exposición en medios de comunicación.
La causa está caratulada como “Usurpación por despojo”. Los hechos descritos el 28 de agosto, es decir, en el inicio de la ocupación del Pabellón Argentina, fueron adjudicados 30 días después a quienes firmaron el compromiso de diálogo con las autoridades.
¿Quién facilitó la lista a la Justicia? Ramón Yanzi Ferreira, vicerrector de la UNC. Además, fue quien, durante la ocupación del pabellón, hizo la denuncia penal.
“Cuando las autoridades Universitarias te citan a una mesa de trabajo con el fin de obtener nombres y entregarlos al Poder Judicial, habla de la capacidad de diálogo que se puede llegar a tener con estos funcionarios”. Compañeras/os integrantes de la Asamblea Interfacultades UNC.
Pero no fue el único funcionario que atentó contra la lucha estudiantil, el rector Hugo Juri consensuó el recorte presupuestario con el Ministerio de Educación. Y no tuvo participación activa en el conflicto, el silencio fue su estrategia.
Del lado del sistema judicial, Hugo Vaca Narvaja, Juez de la causa, constató la entrega de las instalaciones en correcto estado. Pero, después, dio curso legal a la causa penal y civil por supuestos daños y pérdidas. En la misma línea, el fiscal federal Maximiliano Hairabedián solicitó la elevación a juicio oral y público, pedido que fue aprobado.
¿Qué tan avanzada está la causa?
Ahora bien, ¿en qué instancia judicial se encuentra la causa contra las y los estudiantes? Integrantes de la Asamblea Interfacultades UNC respondieron que hay un pedido de ampliación de indagatorias presentado por la defensa al que aún no se ha dado curso.
“Como decimos siempre, las irregularidades están desde el día 1. Pero en esta instancia del proceso, se está anexando un pedido de embargo de bienes por la suma de $50.000 que es totalmente ilegítima. Busca pagar los costos de un juicio que aún no está fijado y el cual todavía tiene instancias previas. Aunque las intenciones son claras de avanzar, ya que el juez Vaca Narvaja dio lugar al pedido de elevación a juicio realizado por el nuevo fiscal Hairabedián, tenemos ese recurso en espera”. Compañeras/os integrantes de la Asamblea Interfacultades UNC.
Estudiantes de la UNRN también deberán enfrentar un juicio por la toma de 2018. Los acusan por los delitos de usurpación y coacción agravada, ambos delitos tienen una pena máxima de 13 años, o sea, está la posibilidad de que, si las condenan, pueden ir presas.
En relación al punto anterior, quise saber la situación de las y los estudiantes de Córdoba; desde la Asamblea, resaltaron que más allá de las penas, que en su caso son de 3 años por tratarse de un delito excarcelable, significa que estos funcionarios a partir de ahora “se laven las manos en cada conflicto universitario a futuro”.
“Sancionar y judicializar a estudiantes y docentes por Usurpación en un conflicto que fue a nivel nacional en medio de una crisis educativa de la cual las Universidades Públicas aún no están pudiendo salir es muy grave”. Compañeras/os integrantes de la Asamblea Interfacultades UNC.
Las palabras de las procesadas
Candela Guzmán, alumna de la FFyH procesada y militante de la Juventud del PTS y Pan y Rosas, recordó que, en la lucha del 2018, llegaron a ser casi 30 mil docentes y estudiantes en las calles. Resaltó las movilizaciones masivas, en las que se vio una unidad entre trabajadores, trabajadoras y estudiantes de manera concreta.
Sobre el punto anterior, agregó: “Esto es muy importante decirlo, porque, con nuestro procesamiento, lo que también pretenden es dejar dicho que se trató de una lucha minoritaria”.
Guzmán destacó que, luego de la noticia del pedido de elevación a juicio, acompañan la lucha distintos sectores de trabajadores: docentes universitarios/as y de nivel medio, docentes suplentes, personal de Luz y Fuerza, trabajadoras y trabajadores del sector de Limpieza, etc.
“Estos son sólo algunos de varios de los sectores de laburantes que, con orgullo, llevan en sus manos pancartas y banderas por el desprocesamiento, porque entienden que esto se trata de un intento de avanzar en criminalizar el derecho a la protesta de todo el pueblo, no sólo el de estudiantes”. Candela Guzmán, alumna de la FFyH procesada y militante de la Juventud del PTS y Pan y Rosas.
Las compañeras y compañeros de la Asamblea sostienen que es importante dimensionar, en este caso, el precedente que representa para el desenlace de conflictos venideros: criminalizar el único derecho constitucional que permite conquistar nuevos derechos y violar la Autonomía Universitaria conquistada por estudiantes que tomaron el rectorado en la Reforma Universitaria de 1918 lleva a desconocer las luchas previas y actuales.
La situación actual, según este colectivo de estudiantes, da paso a que el Poder Judicial tenga carácter interventor en conflictos sociales dentro de instituciones públicas, dejando claro los intereses que este defiende.
Por otra parte, Candela considera que los centros de estudiantes y la Federación deberían estar a la cabeza de la pelea por el desprocesamiento, lo cual es algo que no viene ocurriendo. Por eso, se están organizando en distintas facultades para juntar firmas y así exigir que las conducciones convoquen a Asambleas Estudiantiles Virtuales, en donde se pueda debatir y votar más acciones para esta campaña.
En Córdoba, al estudiantado lo persiguen por defender la educación pública. Autoridades universitarias y funcionarios de la Justicia intentan separar y desmovilizar a las y los jóvenes, cuidan políticas de ajuste y represión contra la voluntad del pueblo.
*Por Emi Urouro para El Resaltador / Imagen de portada: Santiago Torrado.
