Si creen que van a comer de mi sopa: una agenda feminista frente a la crisis
La crisis que trajo consigo la pandemia y la llegada de la segunda ola de COVID-19 a la Argentina, obligan a analizar la situación económica en clave feminista. Desde el Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica esbozan algunas líneas de acción para la construcción de una política que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida. “La pandemia nos plantea nuevos desafíos para los feminismos. Colocar en agenda la lucha contra la precarización de la vida y construir nuevas formas de organizar nuestras existencias colectivamente”, sostienen.
Por LATFEM
Iniciado abril y con la “segunda ola” de la pandemia encima, es necesario analizar los principales aspectos de la situación económica en clave feminista y esbozar líneas de acción que nos resultan indispensables para la construcción de una política que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida.
Echa gasolina para que se prenda el cuero
Los últimos datos de empleo publicados por INDEC dan cuenta de la delicada situación en la que estamos les trabajadores en la Argentina. Más de una de cada diez personas están buscando empleo y no consiguen, pero si sos mujer joven es aún peor: casi 3 de cada 10 están en esa situación. También se incrementó mucho la cantidad de trabajadores y trabajadoras que tienen un empleo, pero buscan otro para complementar ingresos (les subocupades).
Según CEPAL en el 2020 se retrotrajo la participación laboral de las mujeres de Latinoamérica a la situación de hace una década atrás. Las causas de este retroceso pueden encontrarse en el cierre de la economía que generó la pandemia y afectó principalmente a sectores feminizados como la gastronomía, la hotelería y los servicios vinculados al turismo. Por otro lado, los trabajos esenciales vinculados a la salud (fuertemente exigidos y expuestos ante la crisis sanitaria) están ocupados mayoritariamente por mujeres. Las condiciones de trabajo de estos sectores se vieron fuertemente deterioradas, tuvieron bajos o nulos aumentos salariales, sobrecarga de horas de trabajo y, muchas veces, falta de elementos de seguridad e higiene.
Las trabajadoras domésticas también se vieron especialmente afectadas por la crisis sanitaria: muchas perdieron sus empleos o tuvieron graves inconvenientes para el cobro de sus salarios, y quienes continuaron en sus tareas percibieron grandes déficits en la seguridad y salud en el trabajo, entre otras situaciones. Además, fue notoria la mayor sobrecarga de cuidado, la prevalencia de políticas racistas y heterosexistas de los empleadores y la omisión estatal en materia de políticas inclusivas de mayor alcance.
A partir de la declaración del distanciamiento, social preventivo y obligatorio y el inicio de la reapertura económica, el mercado de empleo empezó a mostrar signos de recuperación. Sin embargo, los sectores que comienzan a reactivarse son ramas que se caracterizan por una mayor participación de varones cis, como la construcción y la industria. La situación es extremadamente crítica para la gran proporción de les trabajadores inmersos en la informalidad (35%) y sin acceso a condiciones de trabajo estables y protecciones básicas para enfrentar la pandemia.
Para tú mentirme, estúdiatela primero
En este contexto, la inflación erosiona aún más las condiciones de vida de les trabajadores. Desde el año 2018 el salario real promedio registra bajas acumuladas de entre el 15 y 20%, según distintas estimaciones. La expectativa del gobierno es que el poder adquisitivo del salario logre recuperarse levemente antes de las elecciones legislativas. La Ley de Presupuesto 2021 proyecta una inflación anual del 29% y en esa línea, la política paritaria del gobierno se posiciona en torno al 31%. Sin embargo, la inflación acumuló en enero y febrero un incremento del 7,8% y las estimaciones privadas pronostican para marzo un incremento en torno al 4%.
Con este panorama resulta difícil imaginar que la meta de inflación propuesta por el gobierno llegue a cumplirse. Esto se traduce en una nueva caída del poder de compra de los salarios, jubilaciones y prestaciones sociales y, como contraparte, en una menor participación de les trabajadores en los ingresos de la economía. Si los precios aumentan más que nuestros ingresos, la torta se redistribuye: menos para quienes viven de retribuciones fijas y más para los formadores de precios, que son quienes tienen el poder de remarcarlos con mayor frecuencia (y aumentar sus ingresos).
La inflación afecta más a quienes menos tienen, a quienes gastan mayor parte de sus ingresos en alimentos y esto afecta especialmente a las mujeres. Son las que recorren sus territorios buscando mejores precios, las que disponen del tiempo necesario para pensar las mil estrategias de supervivencia y desplegar la creatividad necesaria para que esos ingresos que parecen no alcanzar efectivamente alcancen.
Tú sabes que soy la peligrosa
La frágil situación del mercado de empleo, la pérdida de ingresos y el aumento de los alimentos, pusieron en evidencia un panorama desolador en las condiciones de vida. De acuerdo a los datos de INDEC, el 2020 terminó con casi 5 de cada 10 personas en situación de pobreza y el 10,5% de la población argentina bajo la línea de indigencia. Es imposible no reaccionar ante estos datos, sobre todo si ponemos la lupa sobre las infancias: más de la mitad de les niñes y adolescentes del país están en situación de pobreza (58%).
Las mujeres y personas LGTTBIQ+ son las más expuestas ante este panorama de precariedad, ya que se enfrentan a discriminación sistemática en lo material y simbólico que dificulta el acceso a derechos básicos que mejoren sus condiciones de vida.
En Argentina el ingreso promedio de los hogares pobres es casi la mitad de la canasta básica ($29.567 vs. $50.854 para un hogar de cuatro miembros), pero además, esta diferencia crece desde hace cinco meses. Es decir, hoy no sólo hay más personas pobres en el país, sino que la situación de las personas que ya se encontraban en la pobreza empeoró.
Si bien en muchos aspectos las políticas implementadas por el gobierno han sido reconocidas a nivel internacional, los resultados han sido esporádicos e insuficientes. En el caso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que intentaba recomponer la pérdida de ingresos a partir del aislamiento y freno de la economía, fue otorgado solamente tres veces en todo 2020 por la suma de $10.000 cada uno. Según datos de ANSES, el 55% de quienes percibieron el IFE fueron mujeres y más del 60% de ellas eran menores de 34 años.
Y si el FMI me la toca
Durante la pandemia se continuó pagando el vencimiento de intereses de la deuda externa, y se postergó la discusión de un aporte único de las grandes fortunas que, si bien se aprobó por ley a fin de año, aún no inicia su recaudación. Además, en los primeros meses de aislamiento se brindó asistencia económica (ATP) a empresas que, en algunos casos, lo utilizaron para el giro de dividendos. Para abordar la crisis del COVID-19 es necesario que las medidas paliativas de emergencia prioricen políticas redistributivas, que permitan sostener los ingresos de quienes la pandemia expuso aún más. Es urgente que el regresivo sistema tributario argentino sea reformado para que paguen más los que más tienen. No podemos seguir priorizando el pago de la deuda externa, ni con privados ni con el FMI, que implican programas de austeridad que se traducen en vulneración de nuestros derechos humanos y la precarización de nuestras vidas.
La pandemia nos plantea nuevos desafíos para los feminismos. Colocar en agenda la lucha contra la precarización de la vida, contra el avance de formas cada vez más crueles de explotación a los territorios y a nuestras vidas como también discutir qué trabajos y derechos necesitamos, qué políticas de cuidado estamos tejiendo por fuera de las lógicas heterocentradas y familiaristas que predominan. Construir un presente que haga posible la sostenibilidad de la vida y no del capital, prefigurar nuevas formas de organizar nuestras existencias colectivamente.
*Por LATFEM / Imagen de portada: Sol Avena.
