Otra embestida de las mineras en Catamarca
La Asamblea el Algarrobo sostiene, hace una semana, un bloqueo selectivo de ruta por tiempo indeterminado. El agua y la vida no se negocian.
Por Gonzalo Falzari y Paula Daporta para ANRed
Desde el 22 de marzo, cuando asambleas de todo el país se convocaron para movilizarse por el Día Mundial del Agua, los vecinos y vecinas andalgalenses están haciendo bloqueos de ruta selectivos en los distritos El Potrero y Choy, donde la minera multinacional Yamana Gold viene intentando concretar un proyecto extractivista que pone en peligro el agua y la vida en todo el territorio.
En estos momentos, desde la Asamblea el Algarrobo, denuncian estar vivenciando situaciones de amedrentamiento donde están siendo filmados por la Policía y amenazados por estar cometiendo un delito, dado que impiden el desarrollo de la megaminería, actividad que ha sido catalogada como esencial por decreto del Gobierno Nacional.
El bloqueo es selectivo dado que no afecta a vecinos, vecinas ni al turismo. Solo impide la actividad minera. Es por tiempo indeterminado. José, miembro de la Asamblea, afirma: “No nos vamos a ir porque lo que están amenazando es nuestro ambiente, nuestro territorio. No queremos entregarlo. Queremos vivir acá, estar acá, ser parte. Que nuestros hijos e hijas crezcan acá”.
José nos relata que la lucha de la asamblea nace hace más de una década, en el 2009, como una reacción de un nuevo proyecto de instalación de megaminería en la provincia de Catamarca: “Teníamos 12 años de antecedentes de la Alumbrera, que empezó en 1997, siendo uno de las explotaciones más grandes de sudamérica. Ya sabíamos de la pobreza que traía y las divisiones sociales que los extractivismos generan en nuestros pueblos”.
Hoy por hoy, después de 23 años de instalada la Alumbrera, la provincia es la segunda más pobre del país. Los mitos de generación de empleo y de riquezas no se sostienen más que con mentiras.
Una vez creada la asamblea, como modo de protesta, se empezaron a dar caminatas, muchas de ellas, multitudinarias, cada sábado, dando dos vueltas a la plaza. Estas convocatorias, que este fin de semana llegan a su número 582, demuestran “que no hay, que no había y ojalá que no haya licencia social para los extractivismos”.
Durante estos 11 años, la empresa trabajó en profundizar aún más la brecha social que generan los extractivismos al interior de los pueblos en los que quieren desarrollarse: vinculaciones con los diversos sectores de la sociedad a fin de alcanzar cierto grado de legitimidad. El eje está en intervenir en las escuelas, clubes, centros de jubilados, espacios culturales y, sobre todo, en los medios de comunicación que invisibilizan las problemáticas y las luchas que se llevan a cabo. En un pueblo de 20.000 habitantes aproximadamente, “un 80% que no quiere la mina y un 20% que si la quiere. Entre estos últimos, están obviamente los empresarios y la mayoría de la clase política”.
En este accionar de las empresas conjugadas con los diferentes sectores dominantes de la cada territorio, es importante destacar el desembarco de diferentes ONG serviles que se encuentran trabajando en crear consensos. Por ejemplo, la ONG “Eco-Conciencia” de Rodolfo Tarraubella (subvencionada por la ONU). Estas van insertándose en la sociedad andalgalense y generando una suerte de mesas de diálogo donde aseguran controles socioambientales que no existen, cruzando este tipo de acciones con acciones de caridad y eventos culturales, logrando confundir a la población y fomentando esta brecha en relación a la licencia social que no tienen en los pueblos.
En el año 2016, el Concejo deliberante creó una ordenanza, la 029/16, la cual prohibía cualquier actividad minera en la cuenca del río Andalgalá. Sin embargo, el 22 de diciembre de 2020, la Corte Suprema de la Provincia de Catamarca la declara inconstitucional. Tal como nos dice José: “No tenían el poder ni la facultad para hacer eso, ya que Andalgalá cuenta como municipio autónomo”. Con esta situación, el avance extractivista se terminó de visibilizar, ya que hacía unos meses que a la empresa se le había dado una concesión para poder hacer 11 pozos totalmente ilegales de perforación geotécnica dentro del pedimento minero. Luego de este hecho, la provincia dicta la ley de emergencia hídrica.
La habilitación de las mencionadas perforaciones viola un gran número de leyes, entre ellas, la Ley General del Ambiente, el art. 41 de la Constitución y una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia. Pero también, y sobre todo, “nuestro derecho a la elección que es de rechazar la megaminería. La habilitación de estos pozos va a traer consecuencias ambientales graves, ya que la provincia concede el uso de 20.000 litros diarios de agua que van a sustraer de los ríos que nosotros consumimos”.
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*Por Gonzalo Falzari y Paula Daporta para ANRed / Imagen de portada: Susi Maresca.
