De acciones psicológicas y faltas de mérito
Los recientes hallazgos en las oficinas de la AFI de documentación sobre acción psicológica, comunicación y propaganda durante el terrorismo de Estado vuelven a poner a los medios de comunicación bajo la lupa, como pieza clave del mismo. A 37 años de restaurada la democracia en Argentina, ¿cuántos juicios se han llevado a cabo a civiles que se desempeñaron en medios de comunicación? ¿Por qué cuesta tanto probar el terrorismo sistemático llevado a cabo mediante la palabra y las imágenes?
Por Luz Ailín Báez para Marcha
Las declaraciones que hoy se pueden oír (aún en este contexto de pandemia) gracias a la sistematización de la difusión vía streaming de muchos de los juicios de lesa humanidad dan cuenta de las diversas formas que adoptó la violencia represiva, desencadenada oficialmente el 24 de marzo de 1976, pero puesta en marcha mucho tiempo antes con la conformación de la Escuela de las Américas en 1946 y posteriormente con la implementación de los lineamientos de la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada desde los Estados Unidos. Sin embargo, este no era el objetivo prioritario de la dictadura, sino el medio para lograrlo. El autoproclamado Proceso de Reorganización Nacional se propuso, como bien lo indica su nombre, llevar a cabo una restauración de las instituciones, los valores y las pautas sociales trastocados por el “accionar subversivo”- epíteto globalizador de las actividades realizadas por los partidos, movimientos políticos y sociales que fuesen contra esa corriente ideológica, en mayor o menor medida-. Con este objetivo en la mira, se desarrolló una estrategia de producción simbólica y cultural para la legitimación del accionar militar, que encontró en los medios de comunicación un espacio estratégico para la difusión, legitimación e implementación de las líneas programáticas del discurso oficial. En otras palabras, durante el último período dictatorial, se desplegó un complejo aparato de acción psicológica para la construcción de un consenso.
Julia Risler, en Ganar la guerra, ganar la paz (2019), sostiene que “la dictadura no sólo anuló cuerpos a través de su dimensión represiva y desaparecedora, sino que también los produjo mediante el despliegue de una estrategia de acción psicológica”. Según la investigadora, el origen de la doctrina local de acción psicológica, de la manera en la cual luego funcionó en dictadura, se ubica a mediados de los años cincuenta. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas armadas de los países centrales reorientaron sus hipótesis de conflicto hacia las fronteras internas de sus países. En el contexto de la Guerra Fría y avalados por la hipótesis de “conflicto permanente”, las fuerzas armadas desarrollaron mecanismos de “contrainsurgencia” para resguardar el orden y la seguridad interna. Allí se constituyen las operaciones de acción psicológica: un conjunto de técnicas, procedimientos y saberes orientados a conducir emociones, imponer comportamientos y modelar actitudes y valores de la población. Así, según Risler, a la tradicional “lucha armada”, se sumó la “lucha ideológica”, en la cual la población civil –considerada una potencial amenaza al orden– constituía un objetivo del accionar militar.
De manual, a la usanza francesa
“Sobre finales de la década de los 50, los franceses se establecen en Argentina y comienzan a trabajar en la formación de los cuadros militares nacionales. Desde ese momento y por varios años, la revista de la Escuela Superior de Guerra (ESG), de publicación trimestral, contó en todas sus ediciones con artículos firmados por militares franceses destinados en la Argentina (François Pierre Badie, Robert Bentresque, Patrice de Naurois, Henri Grand d’Esnon, entre otros) o por militares argentinos formados en Francia (coroneles Miguel Manrique Mon, Alcides López Aufranc, Carlos Rosas, entre otros), que abordaban exclusivamente el tema de la guerra psicológica o que la incluían como parte de sus contenidos”, explica Adriana Taboada, investigadora del Centro de Estudios sobre Genocidio (CEG) de la Universidad de Tres de Febrero y perito psicóloga en causas por crímenes de lesa humanidad. Y agrega:
“Los franceses diferenciaron el concepto de guerra psicológica del de acción psicológica. El primero hace referencia a toda actividad cuyo blanco fuera la destrucción del enemigo y el segundo refiere a las acciones que inciden elevando la moral de las propias fuerzas. Para cuando la disciplina psicológica pasa a formar parte de manera reglamentada en la formación de las fuerzas armadas argentinas, el concepto de guerra deja paso al de acción psicológica. Considero que este cambio es fruto de la redefinición del enemigo construido desde los primeros años de la década del 60 como interno y, por tanto, se redefinieron también los modos de combatirlo”. A comienzos de los sesenta, Estados Unidos facilitó adiestramiento militar, entregó armas mediante acuerdos y organizó misiones de asesoramiento a los militares: la Doctrina de Seguridad Nacional. Antes de que el Manual de Operaciones Psicológicas (copia de su homónimo en francés) fuera Doctrina oficial, en el año 1968, con la firma de Lanusse. Es decir que los franceses hacía diez años que estaban enseñando el tema. “En la década del cincuenta, ya estaban hablando de psicología y de medios de comunicación. Toda la preparación que hacen a través de los medios, previo al golpe, cómo van preparando, armando una verdad, representaciones, el rol del periodismo, es tiempo de trabajo profesional: hay que definir mensajes, ver cómo lo pasás, cómo lo sostenés, la manera de abordarlo”, resalta Taboada.
El día del Golpe, la dictadura publicó sus Documentos Básicos: una estructura organizativa y de valores consensuados por las Fuerzas Armadas. Estaban compuestos por el Acta para la Reorganización Nacional, el Acta con el propósito y los objetivos básicos del Proceso de Reorganización Nacional, el Estatuto para la Reorganización Nacional y el Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, Poder Ejecutivo y Comisión de Asesoramiento Legislativo. En los mismos, se muestra el diagnóstico que justificó el golpe de Estado, los objetivos que se plantearon, el rol adjudicado a las Fuerzas Armadas y las modalidades para interpelar a la ciudadanía. La documentación demuestra la búsqueda de la adhesión y participación de la población siempre que fuera con el objetivo de contribuir a los “logros” del modelo nacional propuesto. Allí, la acción psicológica jugó un rol central. Entendida como mecanismo de control y disciplinamiento de la sociedad, esta “política cultural de control y producción de alcance nacional”- que menciona Risler- formó parte integral de la implementación del terrorismo de Estado. Sobran las pruebas que vinculan a los grandes medios hegemónicos con el accionar global de la última dictadura cívico eclesiástico militar y, sin embargo, la gran parte de los juicios de Lesa Humanidad llevados a cabo en nuestro país casi no han llevado al banquillo a dueños y/o editores de contenidos gráficos y audiovisuales de radio, periódicos y televisión, sean estos medios públicos o privados. Existe una gran deuda con los juicios a la pata civil de la dictadura: el empresariado.
Los impunes de ayer y hoy
“El fenómeno de la criminalidad en masa requiere, inevitablemente, de un abordaje jurídico diferente del que habitualmente realizan los operadores del poder judicial. Las categorías dogmáticas tradicionales se conmueven ante la dimensión del crimen cometido por el Estado Terrorista; dimensión, la mayoría de las veces, que conmueve también los espacios del lenguaje en la caracterización y definición de dicho fenómeno. El horror y el terror en tales circunstancias muchas veces transita el camino de “lo indecible”. Es obligación, entonces, de los que llevamos adelante la investigación de estos crímenes dotar del máximo rendimiento a la dogmática penal a efectos de evitar el otro fenómeno que acompaña al Estado Criminal: la impunidad”. Con estas palabras, abrían los fiscales de Bahía Blanca, José Nieva y Miguel Palazzani, la requisitoria en la causa que tenía al actual multimedio bahiense, La Nueva Provincia, y particularmente a su dueño, en el centro del debate por delitos de lesa humanidad.
Hace tiempo que venimos celebrando como sociedad el juzgamiento de los delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar, con juicios y- muchas veces- condenas (a la fecha, son más de mil los genocidas condenados) para los perpetradores directos y los mediatos en el aparato organizado de poder, así como también complicidades civiles y eclesiásticas para que se pudiera orquestar el plan criminal. Sin embargo, la connivencia y participación de civiles- empresarios- como integrantes de una asociación ilícita con los mandos militares, mediante la posesión y utilización de un medio de difusión/comunicación, con el objetivo de eliminar un grupo nacional (los enemigos o subversivos) es ciertamente una modalidad delictiva que no ha sido demasiado explorada en los juicios que por delitos de lesa humanidad se llevan a cabo en todo el país y que, aún al día de hoy, resulta difícil de probar fehacientemente.
¿Cuán responsables son los massmedia?
“La pregunta más apremiante quizás tenga que ver con el grado de responsabilidad que es posible atribuirles a los medios masivos en la generación de una atmósfera social y de un clima cultural que hizo factible el horror a través de la implantación del terrorismo de Estado”, señala Carlos Gassmann, docente e investigador del Instituto de Investigación de la Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Para él, resulta indispensable tener en cuenta que se trató de un período de características excepcionales, “dadas las condiciones sumamente restrictivas de producción, circulación y consumo de la información que imperaron entonces; limitaciones que fueron durísimas en los primeros años del Proceso, en el apogeo del terrorismo de Estado, y que fueron atenuándose paulatinamente con la relativa apertura ensayada desde la asunción de Viola como presidente y se aflojaron considerablemente tras la derrota de Malvinas”.
De este modo, entre las intervenciones a canales de televisión y radios, la expropiación, clausura temporaria o definitiva de algunas revistas y periódicos, los encarcelamientos, los secuestros intimidatorios, las desapariciones y hasta los asesinatos de periodistas y editores -la lista que aún se sigue elaborando incluye más de 200 periodistas-, se configuró un mapa donde la circulación de la palabra y de las ideas disidentes se vieron severamente limitadas. Donde la palabra pública se canalizó casi exclusivamente a través de los medios de comunicación hegemónicos estrictamente controlados.
Siguiendo al investigador, los diferentes medios de comunicación adoptaron distintas actitudes que fueron desde la abierta confrontación -como el caso de la Agencia de Noticias Clandestina fundada por Rodolfo Walsh, desaparecido al cumplirse el primer aniversario del Golpe- hasta la prensa abiertamente cómplice que colaboró estrechamente con la dictadura son los ejemplos de la revista Extra, dirigida por Bernardo Neustadt, y Carta Política, editada por Mariano Grondona y el diario La Razón copado por los servicios de inteligencia. En el medio de ese abanico, quedaron los diarios La Nación y Clarín, hasta el momento en que quedan explícitamente comprometidos con el Gobierno de facto al convertirse en sus socios en la propiedad de Papel Prensa, empresa que detenta el monopolio en la fabricación nacional de papel diario. Con este panorama, la posibilidad de resemantizar o resignificar la información a través de redes interpersonales -en los partidos políticos, en los sindicatos o en centros culturales- se vio severamente afectada.
La Nueva Provincia: caso insignia
El caso de La Nueva Provincia (LNP) -hoy multimedio, otrora medio gráfico importante en Bahía Blanca- resulta insignia de la impunidad que los dueños o figuras de autoridad de los grandes medios detentan en la actualidad en nuestro país. Muchos fueron los medios gráficos que actuaron en connivencia, pero este caso es especial: Vicente Massot, ex dueño y director de LNP, está acusado de ser “coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, y por haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desplegadas por su multimedio”.
Los fiscales José Nieva y Miguel Palazzani hicieron una investigación con elevación a pedido de juicio para Massot. Articularon la parte judicial con la guerra psicológica y demuestran que se aplicó el Manual de Operaciones Psicológicas al diario La Nueva Provincia.
El Tribunal Oral de Bahía Blanca expresó entonces:
“…En torno a lo relacionado con el accionar de los directivos del diario local La Nueva Provincia, previo y durante el ejercicio de poder del autodenominado ‘proceso de reorganización nacional’ a la luz de lo escuchado durante el presente juicio (…) Encontramos que la expresión de la verdad en el estricto marco de lo acontecido en este juicio, fue seriamente afectada por una comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra, destinada no solo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal. Los rasgos fundamentales de tal distracción son principalmente la inducción de culpa sobre la propia víctima, sus familiares y amigos; la persuasión al silencio de toda la población; y la incitación a considerar a los opositores como inadaptados sociales, que conduce a la deshumanización del grupo humano que es contrario al ‘estilo de vida argentino’. Tales operaciones ‘de manual’, constituyen elementos fundamentales en la guerra de baja intensidad en sus distintas facetas: a) utilizar todas las formas de propaganda y manipulación de la conciencia social en la urgencia de ganar a la población civil; y b) crean, a su vez, aparatos de desinformación en el nivel de los medios masivos”.
Los fiscales sumaron, además la declaración indagatoria del Gral. Acdel Edgardo Vilas, quien testificó sobre la responsabilidad de los directivos del periódico. Vilas señaló que no sólo se publicaban falacias, sino que La Nueva Provincia era un “…valioso auxiliar de la conducción…”. En otras palabras, el diario -al margen de su función específica- también cooperaba con el Ejército con tareas psicológicas en contra de la población.
A partir del trabajo de los fiscales acusadores -que fueron buscando herramientas que les permitieran mostrar la articulación, para poder acusar con más sostén al aplicar doctrina militar-, se avanzó hasta llegar a la instancia en que Vicente Massot fue citado a indagatoria, sentando un antecedente nunca antes visto en los juicios de lesa humanidad. Sin embargo, el pasado 30 de julio del 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la queja contra la falta de mérito de la cual goza el ex dueño y director de La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, luego que el tribunal supremo de justicia denegara el recurso extraordinario presentado por el fiscal Javier De Luca hace cuatro años. Este había argumentado que la falta de mérito constituía un sobreseimiento encubierto que violaba la obligación internacional de dilucidar y juzgar seriamente los hechos. Cuatro años que arrojan una nueva respuesta judicial que prolonga la impunidad de Vicente Massot.
Para ti, Bottinelli y la voluntad política
Thelma Jara de Cabezas fue secuestrada el 30 de abril de 1979 y permaneció ocho meses a disposición del Grupo de Tareas de la Escuela Mecánica de la Armada. Ante la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los represores con la obligaron a realizar una falsa entrevista para la revista Para Ti. Llevaron a Thelma a una peluquería de Belgrano y luego a comprarse ropa en el barrio del Once. La entrevista se realizó en la confitería Selquet de Figueroa Alcorta y La Pampa, a donde Thelma fue conducida por un grupo de tareas de la ESMA comandado por el represor Ricardo Miguel Cavallo. Durante el reportaje, Thelma tuvo que decir que fue engañada por los organismos de derechos humanos y que Amnistía Internacional también la engañó: “Todo era como para desprestigiar a los organismos de derechos humanos y desmoralizar a los familiares, tal cual sale con la revista después”, declaró en 1985 en el Juicio a las Juntas.
La nota fue publicada el 10 de septiembre de 1979 bajo el título: “Habla la madre de un subversivo muerto”. Para ese entonces, Thelma Jara de Cabezas era ya una de las referentes y madre fundadora del movimiento de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, surgido al calor de la búsqueda -como tantos otros familiares- de su hijo Gustavo, de 17 años. Sin embargo, el semanario para la mujer la presentó como “una arrepentida que describía cómo la guerrilla había engañado a su hijo” para que se volcara a la lucha armada. Unos días antes de que saliera la nota, el diario El País de España había publicado una carta escrita por Julio Cortázar que denunciaba la desaparición de Jara de Cabezas.
La primera denuncia judicial por este falso reportaje fue en 1984 contra Aníbal Vigil, director ejecutivo de Editorial Atlántida, pero terminó archivada en el contexto de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Muerto Anibal Vigil, máximo presunto responsable, en noviembre de 2014, Bottinelli fue procesado por el juez Sergio Torres por el delito de coacción y se convirtió así en el primer periodista procesado por un caso de lesa humanidad. Sin embargo, en 2015, la Justicia estimó que hasta ese momento los elementos de la causa “no alcanzaron a arrojar luz suficiente para corroborar o desvirtuar” la acusación y ordenó seguir investigando el falso reportaje de la Revista Para Ti. El procesamiento del editor responsable, Agustín Bottinelli fue revocado.
“Cuesta entender cuál es la lógica jurídica. Lo que para uno es una obviedad, no necesariamente lo es. Y por otro lado, hay decisiones jurídicas que son decisiones políticas. Si ladra, tiene cuatro patas y no querés decir que es perro estamos hablando de otra cosa. Faltan las pruebas contundentes. No está suficientemente probada la relación entre Bottinelli y los militares, su participación central necesaria en el delito de privación ilegítima de la libertad”, opina Adriana Taboada y nos lleva a posar la mirada sobre un pequeño recuadro, una breve entrevista a Maired Corrigan., presentada como “una irlandesa menuda y nerviosa, de melena rojiza, que habla con una convicción y una fuerza notables”, pero de quien nunca se dice que era la Premio Nobel de la Paz de 1976. “No solamente está preparada la nota de Thelma, sino esa pequeña nota también. Corrigan vino a la Argentina porque Pérez Esquivel estaba preso y es ella quien lo propone para el Premio Nobel de la Paz. Ella viene en tarea política, no de turista. La va a recibir Alicia Moreau de Justo de la APDH. Hizo todo una recorrida y dio un discurso muy fuerte. Hay toda una distorsión global, para intentar apoyar ‘desde afuera’ lo que está diciendo Thelma”.
El tema de “la mala madre” que no supo acompañar al hijo, que “no vio”, que “no escuchó”, es un tema que se reitera desde el año 76 en diversos formatos: desde las Cartas Abiertas a los padres, a las madres, muchas veces sin firma, otras veces- como en la Carta Abierta de la revista Gente de diciembre del 76- firmada por “un amigo” que te sugiere que estés atenta a tu hijo, “no sea cosa que termines yendo a identificar el cuerpo [de tu hijo] a la morgue”.
“Las ideas directrices de lo que se quería comunicar se mantiene y reitera en la publicidad de época que te pregunta ‘¿Sabe usted dónde está su hijo a esta hora?’. Es un mensaje a los padres y tiene que ver con una determinada metodología- lo mismo con Thelma en la Para Ti en el 79, la revista Gente en el 76 y el Almirante que editorializa en La Nación en el 78 y termina hablando del rol de la familia, de los padres, las publicidades –todo apunta siempre a que si pasa algo la responsabilidad es tuya, no del Estado desaparecedor. Eso requiere cráneo. Hay alguien ahí que está planificando. ¿Quién es? Hay que probarlo. ¿Quién no podía desconocer? Ahí entra el trabajo del abogado… La responsabilidad empresaria es muy difícil de probar. Más allá de que no hay decisión política de investigar y llevar a juicios, es muy difícil de probar”, concluye Taboada.
Ante la revocación del procesamiento de Bottinelli, el fiscal a cargo de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Martín Niklison, interpuso un nuevo recurso para pedir que interviniera la Cámara Federal de Casación Penal y que se reviera el fallo ya que -en su opinión- para mandar a juicio, las pruebas son suficientes. En la actualidad, esta causa -una de las pocas iniciadas contra civiles en medios de comunicación- se encuentra detenida. En otros casos -como la historia de Alejandrina Barry, presentada como “la niña abandonada por sus padres subversivos” en una nota fraguada también por revistas de la editorial Atlántida para demonizar la militancia de los 70-, nunca se llegó a la instancia de juicio.
El libro de recetas
El reciente hallazgo de una Guía para acciones psicológicas secretas de la ex SIDE vuelve a reavivar la discusión sobre el estrecho vínculo entre medios masivos de comunicación y las altas esferas de la inteligencia militar argentina, ya que muchas de las pautas que promovía dicho manual (preparación de rumores, difusión de slogans sin autoría, inoculación de información falsa como relato oficial, entre otras) se vieron plasmadas en los medios hegemónicos de esos años. Se espera que la nueva evidencia contribuya de algún modo en los juicios en curso y venideros para evitar que se siga naturalizando la impunidad de dueños, editores y otras personas que ocuparon lugares de autoridad y de toma de decisión dentro de los medios de comunicación hegemónicos para hacer de la desinformación, un método sistemático más del terrorismo de Estado.
*Por Luz Ailín Báez para Marcha / Imagen de portada: Marcha.
*Publicado originalmente en Mundo Lesa
