Por La Nota Tucumán
“Buscamos mediante la acción conjunta y la lucha arrancar el juicio y castigo a los responsables y la reparación para las víctimas“, expresaron en el documento. “Sabemos que nos enfrentamos a la acción cómplice de la Justicia y de los gobiernos con estos abusadores y acosadores. Pero no nos van a amedrentar”.
Desde las organizaciones, rescataron las experiencias de casos emblemáticos, como la lucha por la libertad y absolución de Belén, y por justicia por Lucía, los casos de Marita Verón y Paulina Lebbos, “nos mostraron que el camino de la coordinación y la lucha es lo que nos permite enfrentar la violencia que proviene del Estado o de sus funcionarios, el encubrimiento y la impunidad“.
Las organizaciones denunciaron que los casos de violencia sexual y de género que implican al senador José Alperovich, al legislador Ricardo Bussi, al Intendente de Famaillá José Orellana, al vocal de la Corte Suprema de Justicia de la provincia Antonio Estofán y el concejal de Alberdi Bruno Romano “tienen como común denominador las demoras judiciales en las investigaciones, el silencio estatal, cuando no la protección directa y el ataque a las víctimas”.
Por último, recordaron que “el Estado tiene compromisos internacionales asumidos para erradicar la violencia contra las mujeres y las disidencias. Eso se traduce no solo en hacer valer las normativas vigentes, sino también garantizar un acceso a la justicia con celeridad y sin revictimización”.
Desde la Mesa contra los abusos del poder político, exigen “celeridad en las investigaciones, juicio y castigo a los responsables, basta de protección política y encubrimiento, que la justicia respete y garantice los derechos de las víctimas“.
Los casos
“Justicia para la denunciante de Alperovich“
El 22 de noviembre de 2019, José Jorge Alperovich fue denunciado penalmente por abuso sexual con acceso carnal por su sobrina y ex asistente. A través de una carta pública, contó los padecimientos que sufrió durante casi dos años.
En el comunicado difundido, desde la Mesa, sostienen que “desde un primer momento, se denunció la desigualdad de poder existente, no solo económico, sino también simbólico y político, ya que Alperovich gobernó durante 12 años la provincia y designó a la gran mayoría de los jueces y fiscales del Poder Judicial”.
Además, denuncian que “desde entonces, Alperovich se encuentra de licencia, ya que sus pares del Senado no tomaron ninguna medida ante la gravedad de la denuncia”.
La denuncia se radicó en Tucumán y en Buenos Aires, ya que los hechos denunciados habrían sucedido en ambas jurisdicciones. Desde enero, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe definir la competencia jurisdiccional.
“La causa no avanza, lo que se traduce en revictimización e impunidad para una joven que tuvo la valentía de romper el silencio”, señalan desde las organizaciones.
“Justicia para Lupe, víctima de abuso sexual y usurpación de identidad“
En junio de este año, el legislador tucumano Ricardo Bussi, presidente de la bancada de Fuerza Republicana, fue denunciado por abuso sexual y usurpación de identidad.
En la denuncia presentada por la víctima, a quien conocemos con el seudónimo de Lupe, se pone de manifiesto que los hechos ocurrieron en la Legislatura. La misma contiene dos acusaciones: la de delito sexual con acceso carnal contra Bussi y la que habría llevado a Lupe hasta la Legislatura el día del abuso, la usurpación de identidad que el partido del legislador habría hecho con sus datos personales para abrir una cuenta bancaria de más de medio millón de pesos.
“El abuso sexual, aberrante en sí mismo, no fue un hecho aislado, fue parte de un entramado de violencias y acciones de amedrentamiento con las que el legislador, en complicidad con otros dirigentes de su partido, pretendieron acallar a la víctima con la finalidad de impedir que denunciara su responsabilidad en la malversación de fondos y recursos públicos”, señalan.
Además, denunciaron una serie de “acciones intimidatorias” que habría sufrido Lupe, “convirtiéndose en el blanco de diversas formas de hostigamiento, mensajes de texto amenazantes y ha sido perseguida por personas misteriosas, personal policial y miembros de Fuerza Republicana”.
Por otro lado, también apuntaron contra “el gobierno provincial ni ningún sector de la Legislatura se han pronunciado a favor de la investigación del abuso sexual. Este silenciamiento, sumado a la inactividad judicial, evidencia un entramado político, judicial y mediático”.
“Justicia para la víctima de José Orellana“
En mayo de 2020, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional decretó el procesamiento del ex diputado y actual intendente de la localidad de Famaillá por el delito de abuso sexual contra una ex trabajadora de la Cámara de Diputados.
Pasaron cuatro años desde los hechos y desde que se realizó la denuncia. Una justicia lenta no es justicia. En julio de este año, el Congreso de la Nación realizó una reparación histórica a la joven que lo denunció, reconociendo de esa manera que la joven había sido víctima de Orellana. Quedó incorporada a la planta permanente como primera ingresante al nuevo Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de la Cámara.
El actual intendente espera el juicio oral en funciones.
«Justicia para Romina, víctima de violencia de género por parte de su ex pareja y actual concejal por la ciudad de Alberdi, Bruno Romano»
Bruno Romano, actual concejal del PJ por la ciudad de Alberdi, fue denunciando por Romina Dip en marzo de 2018, luego de sufrir innumerables golpizas. Cabe destacar que Romano es boxeador. Con posterioridad a la separación, tampoco cumplió con el régimen de alimentos para con su hija.
Pese a que ya estaba la denuncia, y que Romina impugnó su candidatura, volvió a ser candidato a concejal por la lista de Manzur en las elecciones del 2019 donde salió electo. La causa estuvo a punto de prescribir por las innumerables maniobras jurídicas interpuestas por Romano y la mano amiga del gobierno provincial.
Luego, vino el fallo absolutorio en julio de 2020. Pese a las sobradas pruebas presentadas durante todo el proceso, el juez Saracho Daza absolvió al concejal apelando al beneficio de la duda. Desconoció las medidas de restricción y los informes realizados por los profesionales actuantes que constataron la violencia que sufría.
El fallo fue apelado y, hace dos semanas, se suspendió la audiencia que le iba a dar tratamiento.
«Justicia para Elvira, víctima de acoso sexual por parte del vocal de la Corte, Estofan»
Elvira es una trabajadora judicial que esperaba, desde hacía 10 años, un ascenso que le correspondía por su antigüedad. Como el trámite debía pasar por la aprobación de Estofan, vocal de la Corte como miembro preopinante del caso y se encontraba demorado, solicitó una audiencia con dicho magistrado para solicitarle celeridad. Una vez que fue recibida, Estofan, en lugar de escuchar el motivo de la solicitud de la audiencia, sacó a relucir una causa penal que la empresa Andreani le inició a Elvira, para evitar pagarle una indemnización por un despido laboral sin causa. Por dicha causa, Elvira fue sobreseída, pero la empresa apeló llegando hasta la corte, instancia en la que se debía adoptar la decisión final de dejar firme el sobreseimiento o dar lugar a la revisión del fallo.
Estofan, como integrante de la corte, haciendo uso de su poder, le hizo una invitación a salir para arreglar las cosas y de manera directa a un encuentro sexual. Elvira se retiró del despacho aclarándole que tenía dignidad. Este hecho de acoso sexual le ocasionó a Elvira un grave daño a su salud mental por lo que tuvo que solicitar una licencia. Intentó radicar la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica donde le cerraron las puertas y, por ello, realizó la denuncia frente a la Corte Suprema de Justicia de la provincia.
*Por La Nota Tucumán / Imagen de potada: La Nota Tucumán.
