Etiquetado para frenar la pandemia silenciosa
Por Guido Lautaro Padin para InterNos
En Argentina, hablar de políticas alimentarias es hablar, principalmente, de la lucha contra el hambre. En un país donde el índice de pobreza alcanza el 35% (según INDEC), la discusión primordial se basa en cómo dar respuesta a ese amplio segmento de la población que no cubre -o cubre ineficientemente- los nutrientes básicos de su alimentación. Sin embargo, esta coyuntura urgente nos hace perder de vista un problema no menos importante por su impacto en la salud pública: la calidad de los alimentos que se imponen en nuestra dieta.
Un argentino promedio come hoy un 41% menos de frutas y un 21% menos de hortalizas que hace veinte años atrás. Datos de la Cuarta Encuesta de Factores de Riesgo publicada por la Secretaría de Salud de la Nación en 2019 indican que actualmente solo el 6% de los ciudadanos consume la cantidad de frutas y verduras diarias sugeridas por la OMS. Al mismo tiempo, nuestro país es uno de los mayores consumidores de bebidas azucaradas a nivel mundial (con 131 litros per cápita anuales) y comparte podio con México y Chile en la ingesta de productos ultraprocesados, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Esta situación encuentra su correlato en un cambio de patrones alimentarios a nivel mundial, donde la presencia de este tipo de alimentos (de alto valor energético y bajo valor nutricional) incrementó considerablemente en las últimas décadas. Es decir, no se trata de un fenómeno exclusivamente argentino, aunque hagamos muy bien la tarea. Factores como el ritmo de vida (marcado por el crecimiento de las grandes ciudades), las formas de comercialización, el marketing y la publicidad han sido decisivos en esta transformación.
A ese problema estructural que es el hambre debemos sumar el de la malnutrición, principal causa de sobrepeso y obesidad en niños, jóvenes y adultos, y en estrecha relación con las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT de ahora en más) que representan el 73,4% de las muertes en nuestro país (junto a otras causas como el sedentarismo, el uso nocivo del alcohol o el consumo de tabaco).
Frente a todo esto, el Etiquetado Frontal de Alimentos emerge como política pública necesaria, aunque el debate se trunca en la metodología e implementación. El etiquetado es una herramienta que ofrece al consumidor información sobre el nivel de nutrientes críticos (azúcar, grasas y sodio) que posee dicho alimento. A priori, la gran diferencia con la regulación actual del Código Alimentario Argentino (CAA) (que ya dispone la obligatoriedad de la información nutricional) es que la misma debe colocarse en el frente de los envases, de manera clara y visible.
Sin embargo, los actores que discuten sobre su puesta en marcha aportan miradas contrapuestas en cuanto a sus objetivos y metodología de aplicación: mientras que algunos centran su mirada en educar al consumidor, otros directamente buscan desincentivar la compra de aquellos alimentos en cuya composición prevalezcan nutrientes críticos. De esta manera, y aunque podemos distinguir múltiples modelos de etiquetado en todo el mundo, en esta nota vamos a mencionar a los dos sistemas más representativos del debate actual: las Guías Diarias de Alimentación policromáticas (GDA con colores) y el Sistema de Advertencias.
El GDA con colores (ver figura 1) es un sistema que muestra porcentajes recomendados de consumo diario de energía (valor en kilocalorías) y nutrientes (azúcares, sodio y grasas) en una porción de producto. Utiliza un código de colores (verde, bajo; amarillo, medio; rojo, alto) para indicar la proporción de estos nutrientes relacionados con las ECNT. Según el informe de Etiquetado Frontal de Alimentos elaborado por la Secretaría de Salud en 2018, solo la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y el Ministerio de Producción y Trabajo (más precisamente la Secretaría de Gobierno de Agroindustria y Secretaría de Comercio) fueron quienes, en aquel momento, sugirieron este sistema de etiquetado en caso de que avanzara su implementación.
En 2017, la COPAL -que representa a más de 36 industrias alimenticias- elaboró un documento donde dejó sentada su propuesta de manera integral. Algunas de sus premisas señalan que el consumidor debe hacer “una elección informada” y que el etiquetado debe permitir “la libre elección y empoderamiento” a la hora de comprar. Por otro lado, se posiciona en contra de la “demonización” de los alimentos al considerar que “no hay alimentos buenos o malos” sino que todos pueden ser incluidos en la dieta “siempre y cuando sean consumidos en una cantidad y frecuencia que garanticen variedad y equilibrio, y estén acompañados de actividad física”. Como se mencionó líneas arriba, centran su enfoque en la educación del consumidor.
¿Por qué el documento de COPAL habla de evitar la demonización de los productos? Porque en la vereda de enfrente se encuentra el Sistema de Advertencias (ver figura 2), un modelo de Etiquetado que boga por colocar avisos que indiquen de manera directa e impactante la presencia de nutrientes críticos en exceso, utilizando sellos octogonales de color negro con letras blancas en el frente del envase. Este sistema también ofrece información al consumidor, solo que -argumentan las instituciones que lo avalan- lo hace de manera más simple y clara, facilitando la interpretación de las etiquetas en una menor cantidad de tiempo -teniendo en cuenta que cada vez dedicamos menos tiempo a evaluar lo que comemos- y motivando la elección de alimentos más saludables a la hora de comprar.
En este caso, el objetivo es disuadir el consumo de los productos envasados con exceso de sodio, grasas o azúcares, e incluso incentivar a las empresas a reformular la composición de los mismos hacia un perfil más saludable. Este modelo es apoyado por instituciones como la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN), la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios (SAOTA), el Centro de Investigaciones sobre Problemáticas Alimentarias Nutricionales (CISPAN), la Coalición Latinoamérica Saludable (CLAS) y la Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas (FENAOMFRA), entre otras.
“Los modelos de advertencia solo otorgan una leyenda ‘alto o exceso en’ sin ofrecer información sobre el contenido de ese producto. Nosotros queremos que el consumidor pueda elegir informado y llevar una dieta equilibrada según su propia rutina. No todos consumimos lo mismo, ni hacemos la misma cantidad de actividad física, ni la misma dieta. Ahí radica la mayor diferencia entre ambos proyectos”, dice a InterNos Karen Feldman, Jefa del Departamento de Normativa Alimentaria de COPAL.
En América Latina el Sistema de Advertencia se utiliza en Chile desde 2016 y en Perú desde 2018.
El modelo de etiquetado frontal de advertencia es cuestionado por “subestimar” al consumidor. Sin embargo, otros actores del debate se oponen con fuerza a esa concepción. Carlos Otrino, secretario de la Federación Nacional de Operadores de Mercados Fruhortícolas (FENAOMFRA), considera que “no tiene sentido dar lugar a las críticas que identifican a los sellos negros como una acción proteccionista extrema del consumidor”. Para el dirigente, de larga trayectoria en la promoción del consumo saludable desde su lugar en los mercados de frutas y verduras, la advertencia «logra llamar la atención del consumidor para que luego, en su propia determinación y libre albedrío, el mismo decida si comprar o no el producto, según su preferencia”.
En el mismo sentido, Victoria Tiscornia, nutricionista e investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC Argentina) opina que “educar al individuo no sirve si no se modifican los entornos obesogénicos” y que “es imposible generar cambios cuando no sabemos qué estamos comiendo porque el etiquetado confunde”. Respecto a esto último, vale mencionar que uno de los aspectos más criticados al sistema GDA es la necesidad de conocimientos previos para hacer una lectura certera de su información, que se expresa en valores numéricos, con porcentajes y que añade incluso una paleta de colores que puede resultar confusa. Por caso, el amarillo puede ser asimilado, en términos de representación mental, como un consumo “no tan grave” cuando en realidad de por sí representa la ingesta de un nutriente crítico.
Si bien ambos sistemas parten desde la perspectiva del derecho del consumidor (en la cual cada comprador tiene derecho a conocer qué está consumiendo), el modelo GDA con colores brinda una valoración global de cuan saludable es considerado un alimento, lo que impide reconocer de manera sencilla la presencia de grasas, azúcares o sodio. Por el contrario, los sistemas de advertencia apuntan simplificar el mensaje y a evitar ambigüedades con la aparición de claims o anuncios que incorporen nutrientes positivos en el frente del empaque (como “alto en fibras”), ya que no hay evidencia de que su presencia reduzca el impacto que tiene el azúcar en la salud, por ejemplo.
El ya citado estudio de la Secretaría de Salud concluye, luego de analizar los resultados de las disímiles experiencias en América Latina, que el etiquetado de advertencia es “el más comprendido por niños, niñas, adolescentes y personas de menor nivel educativo, lo cual es central para contemplar la perspectiva de inequidad en la política pública y proteger especialmente a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad, que son quienes más padecen obesidad, malnutrición y enfermedades crónicas en general”. Este punto no es menor si se considera que Argentina posee el mayor porcentaje de obesidad infantil en menores de cinco años de América Latina, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque el dato puede ser incluso más gráfico: en nuestro país, 4 de cada 10 niños y adolescentes en edad escolar tiene sobrepeso u obesidad, según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) de 2019.
“A veces el tema de la alimentación saludable aparece como un tema de elite, pero cuando entras en contacto con las situaciones barriales podés ver que quienes más padecen una mala alimentación son los sectores populares. Hay una brecha de desigualdad que hay que romper entre la calidad de los alimentos de los más pudientes y la calidad de alimentación de las mayorías populares”, dijo a este medio Florencia Lampreabe, diputada nacional por el Frente de Todos que semanas atrás presentó un nuevo proyecto de ley para discutir el Etiquetado Frontal, bajo una perspectiva de Sistema de Advertencias.
Al ser consultada sobre las trabas que encuentran los proyectos de etiquetado a la hora de ser tratados por los legisladores argentinos, Lampreabe consideró que el tema todavía no tomó el suficiente protagonismo para instalarse en la agenda pública y social. “Hay que entenderlo como un debate transversal. Muchas veces se piensa: ‘Primero resolvamos el hambre, luego la calidad de los alimentos’. Esas son construcciones del sentido común que no siempre se realizan con mala intención, pero que impiden dimensionar el potencial que tiene este debate”, analiza la diputada.
Pero retomemos la discusión sobre estos dos modelos de etiquetado. Uno de los principales argumentos que tiene “la industria” para oponerse al Sistema de Advertencia es que la normativa se presenta como un obstáculo al comercio regional de alimentos envasados. ¿Por qué? Porque actualmente el rotulado de alimentos se encuentra regulado por el Código Alimentario Argentino (CAA), armonizado con las disposiciones del Mercosur. Por eso, desde COPAL afirman que aprobar este modelo por fuera del bloque podría poner en peligro el intercambio comercial. “Para nosotros es primordial evitar que las medidas unilaterales se conviertan en un obstáculo técnico de comercio entre los países que integran el Mercosur, lo cual reviste de esencial importancia dado el peso que tiene el mercado de alimentos en el comercio regional”, dice Karen Feldman al respecto.
En la vereda de enfrente, Victoria Tiscornia asegura que la normativa Mercosur es un piso -no un techo- para discutir este tipo de medidas y se apoya en los Tratados Internacionales que priorizan siempre las condiciones de salud pública por sobre el comercio. Andrea Graciano, presidenta de la Federación de Graduados en Nutrición (FAGRAN), aporta en línea con Tiscornia: “El deber del Estado es garantizar el máximo grado posible en materia de derecho a la información y a la salud. Cada país es soberano y puede avanzar en la implementación de marcos normativos adicionales más allá del acuerdo Mercosur”, explica y cita el caso de Uruguay, paradigmático por ser el primer país dentro del bloque que avanza concretamente en un Sistema de Advertencias. También podría mencionarse el caso de Chile, que lo emplea desde 2016, pero cabe aclarar que dicho país no es Estado parte, sino Estado asociado del Mercosur.
No obstante, cabe mencionar que Uruguay, que estaba listo para dar los primeros pasos en un etiquetado de este tipo con el gobierno anterior, decidió desde la asunción de Lacalle Pou postergar -mediante un decreto del Poder Ejecutivo- la obligatoriedad de su implementación por seis meses. La medida, según informa el diario El País, se frenó en marzo de este año por un expreso pedido del sector empresarial quien solicitó “alinear la normativa a las disposiciones del Mercosur”. ¿Cómo siguió esa historia? Tres meses después, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas anunció que finalmente “se llegó a un consenso político para mantener el rotulado frontal de alimentos”, aunque con un ajuste importante: las etiquetas no dirán «exceso en» sino «alto en». La industria deberá adaptarse hacia el 2021, cuando comenzarán las fiscalizaciones.
Para oponerse o para tratar de imitarlo, el modelo chileno es sin dudas la gran referencia en América Latina. “El resultado de países como Chile, donde se demostró la efectividad de la política, es lo más poderoso en cuanto a evidencia científica”, opina Tiscornia, de FIC, al respecto. En un artículo publicado por The Guardian se informa que el etiquetado de advertencia en este país redujo la venta de bebidas azucaradas un 23,7% en niños. Además, un documento publicado por el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional de Chile, analizó que las regulaciones alimentarias dirigidas a disminuir la obesidad estaban surtiendo efecto en quienes tienen la decisión de compra: padres y madres.
“Las madres describieron que sus hijos pidieron alimentos más saludables y que usaron los sellos ‘Alto en’ para distinguir fácilmente los alimentos más saludables de los menos saludables. Como resultado, muchas dijeron que han cambiado los alimentos que compran para sus hijos”. Para combatir la obesidad, Chile salió a la cancha no solo con el etiquetado frontal, sino con restricciones de marketing dirigido a niños y medidas de regulación de entornos escolares.
Quienes buscan que se apruebe un modelo de etiquetado informativo como el GDA con colores, niegan la efectividad del sistema de advertencia como política para reducir la obesidad y el sobrepeso. Uno de los argumentos que exponen desde COPAL en este sentido es que el etiquetado frontal solo se aplica a productos ultraprocesados, cuando la dieta total de una persona está formada tanto por envasados como por alimentos de preparación casera o comida para llevar (delivery), siendo estas últimas opciones las que aportan mayor cantidad de nutrientes críticos.
Además, cuestionan que se expresen los valores de nutrientes cada 100 gramos y no por porción, ya que consideran que esta última es la cantidad real de consumo. En cuanto al uso de colores en su propio modelo y la acusación de ambigüedad, señalan que el sistema se basa en la normativa Mercosur y toma como referencia internacional al Codex Alimentarius. (NdE: Codex Alimentarius es un conjunto de normas y prácticas alimentarias que busca “proteger la salud del consumidor y asegurar la aplicación de prácticas equitativas en el comercio de los alimentos”. Es un organismo subsidiario de la FAO y la OMS).
“El argumento de la industria es que la advertencia no va a mejorar el patrón de consumo de Argentina. El tema es que la política en sí sola no va a ser suficiente para cambiar la obesidad, pero es el puntapié para promover un paquete de políticas de manera integral”, observa Tiscornia. En este sentido, el proyecto de ley presentado por la diputada Lampreabe (quien fue asesorada por FIC y otras entidades de la salud) toma las discusiones previas de la región: el objetivo es que la normativa no se quede en la exclusiva modificación del envase, sino que regule también otros puntos clave para desincentivar el consumo de ultraprocesados. Por ejemplo, prohibir cualquier tipo de publicidad de los productos que posean un sello negro o más, como así también su venta en las instituciones educativas de nivel inicial y medio. Además, podrían establecerse políticas de desincentivo fiscal sobre estos productos o excluirlos de los planes alimentarios que se ofrecen en escuelas o comedores comunitarios.
Otro de los puntos sensibles en discusión es cuánto aporta cada modelo a la reformulación de los productos con exceso de nutrientes críticos. Desde COPAL consideran que el sistema de advertencia, al evaluar solo un criterio (exceso) hace que en algunos casos la reformulación no tenga sentido. “Una disminución de un nutriente crítico, que en un producto con GDA pasaría del rojo al amarillo, hace que el mismo continúe permaneciendo en el rojo, lo que anula el esfuerzo realizado por el elaborador”, argumentan.
La evidencia del caso Chile, sin embargo, no dice lo mismo. Según un informe citado por FIC, una evaluación sobre el impacto de la implementación de los sellos negros reflejó que el 20% de las industrias reformularon sus productos para cumplir con el perfil establecido y así evitar los sellos de advertencias en los envases.
La información recolectada en países como Brasil, Ecuador y Uruguay ha demostrado que, a menor nivel educativo, menores serán las posibilidades de comprender la información de los sistemas GDA con colores. La propia Secretaría de Salud afirmó que este sistema es comprendido casi exclusivamente por la población de niveles educativos superiores, algo que no escapa al rotulado nutricional actual en el reverso de los alimentos.
Por otro lado, niños, niñas y adolescentes se encuentran dentro del rango poblacional más influenciable en cuanto a técnicas de marketing y publicidad, hecho que las empresas alimentarias conocen a la perfección. Para su libro Malaleche, la periodista Soledad Barruti recorrió un supermercado junto a la médica y neurocientífica Jimena Ricatti con el objetivo de visibilizar algunas de las técnicas de manipulación sensorial que estos productos tienen sobre el gusto.
“El problema es que las marcas conocen mejor que nadie cómo funciona el sistema de recompensa. (…) No crean alimentos, sino perfectas trampas sensoriales, con efectos especiales que activan este sistema de un modo más violento”, dice Ricatti sobre la calidad de los alimentos. Y agrega: “Las marcas procuran agarrar a los chicos lo más chicos posible. Porque en la primera infancia es cuando el sistema de recompensa se fija. Y, si logran engancharlos, los convierten en clientes para toda la vida”.
En Argentina, con demora…¿intencional?
América Latina es un continente de avanzada en cuanto a la implementación de etiquetados frontales. Ecuador (Semáforo), Chile (Advertencia), Bolivia (Semáforo), México (actualmente posee Guías Diarias de Alimentación, pero irá hacia el modelo de Advertencia), Perú (Advertencia) y Uruguay (Advertencia), son los países que ya han incorporado esta política.
Si el clima de la región es viento a favor para discutir la medida, ¿qué pasa con Argentina? En febrero de este año, el ex Secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, citó una nota en Twitter donde un medio peruano destacaba el impacto positivo que tuvo el sistema de advertencias sobre los hábitos de compra de los habitantes de Lima. Rubinstein reforzó la idea con el siguiente comentario: “Resultados del etiquetado frontal de advertencia de alimentos en Perú. En Salud no pudimos avanzar por los obstáculos de la industria alimentaria y su influencia sobre la Secretaría de Comercio. ¡Una asignatura pendiente de nuestros legisladores!”.
Sus dichos generaron revuelo porque dieron cuenta de la gran cantidad de influencias que circulan frente a una normativa de este tipo. Además, que lo haya visibilizado un exfuncionario de la Nación, yendo incluso contra un área de su propio gobierno, puso sobre el tapete el conflicto de intereses que representa el Etiquetado Frontal. Sin embargo, no es una cuestión partidaria: el lobby que las organizaciones de la salud denuncian por parte de la industria trasciende a los gobiernos. La participación de las empresas alimentarias en las mesas intersectoriales, aseguran, tienen como objetivo ralentizar u obturar la concreción de la política.
Resultados del etiquetado frontal de advertencia de alimentos en Peru. Ya está en Chile, Peru, Uruguay y Mexico. En @msalnacion no pudimos por los obstáculos de la industria alimentaria y su influencia sobre la sec de comercio. Una asignatura pendiente de nuestros legisladores! https://t.co/CqZimkwd8C
— Adolfo Rubinstein (@RubinsteinOk) February 7, 2020
“Hablan en pos de la salud pública, pero en realidad están defendiendo intereses de la industria. Esto obstaculiza el debate porque en la mesa de diálogo no ves a Coca Cola argumentar, sino a un profesional de la salud que te está diciendo todo lo contrario a lo que uno quiere proponer. Lo único que hacen es confundir a la población y a los tomadores de decisión para retrasar la implementación”, dice al respecto Victoria Tiscornia, quien cita el caso del laboratorio ILSI, en cuyos aportantes se encuentra la reconocida marca de gaseosas multinacional. Este informe elaborado por la Secretaría de Salud incorpora la declaración de conflicto de interés de las organizaciones que participan en el debate.
Un cambio de signo político en el gobierno puede representar modificaciones en las correlaciones de fuerza, un reordenamiento del tablero de juego. Por eso, Revista InterNosse comunicó con la actual Secretaría de Comercio para conocer su postura en caso de que el tratamiento de este proyecto prospere. “Según nuestros técnicos el proyecto desde el punto de vista sanitario es muy solvente porque se basa en la mejor evidencia disponible y en la experiencia de Chile y Uruguay, donde se demostró que el sello negro es la mejor estrategia para combatir la obesidad y los problemas que acarrea. Nosotros estamos evaluando toda la información y vamos a establecer un diálogo con todos los actores”, comunicó una vocera del área a este medio.
La tensión entre salud y economía
Son extensos los contrapuntos que pueden plantearse entre ambos modelos y sería imposible reflejar su totalidad -y complejidad- en este artículo. La discusión se enriquece con las experiencias en otros países del mundo, donde incluso se incorporan otros sistemas (Semáforo o NutriScore, por ejemplo) con resultados diversos, sobre poblaciones diversas y con patrones de consumo específicos. Sin embargo, todos los actores confían tener “la mejor evidencia disponible” y para un lector poco o nada informado en el tema la interpretación puede resultar tediosa. En ese sentido, resulta valioso leer la situación transparentando posiciones, intereses particulares y objetivos propuestos, dando prioridad al contexto sanitario que está llevando a muchos países de la región a impulsar medidas de este tipo.
Tarde o temprano Argentina avanzará hacia un etiquetado frontal de cara a los peligrosos índices de sobrepeso y obesidad que presenta, los cuales ya no pueden ser entendidos como un problema secundario. En tiempos de Coronavirus, es preciso recordar que la obesidad se ha ganado el mote de “epidemia silenciosa”: se calcula que causa 4 millones de muertes al año en todo el mundo. Hoy, cuando más que nunca escuchamos las recomendaciones de la OMS por el COVID-19, resulta preciso conocer que en Argentina el consumo de sal es el doble y el de azúcar agregado el triple del máximo recomendado por dicha organización.
Sin dudas, la definición del modelo a implementarse estará signada por una tensión entre economía y salud. Lejos de simplificar el debate entre “privados y públicos”, es posible observar que el mismo Estado es quien encuentra barreras para llevar adelante una discusión sin cruzar intereses dentro de su propia estructura. Por otro lado, las empresas alimentarias se resisten a un etiquetado que impacte sobre sus volúmenes comercializados respaldándose en la educación del consumidor, sin prestar la suficiente atención a los números de mortalidad que las ECNT -asociadas a una mala alimentación- están generando en nuestro país.
“Me preocupa que la industria comience a meter presión para avanzar en la implementación de un etiquetado frontal que no sirva. Hoy sabemos que es peor tener una mala ley que no tenerla”, opina sobre este punto Andrea Graciano, presidenta de FAGRAN, entidad cuyo posicionamiento a favor de las advertencias fue consensuado de manera federal junto a todas las Asociaciones y Colegios de nutricionistas que la integran.
Pero, además de la voluntad política ¿qué otros aspectos son importantes para que una ley de este tipo, que pone en jaque grandes intereses y propone cuestionar la forma en que nos alimentamos, finalmente se apruebe? Graciano aventura una respuesta: “Creo que en la sociedad no está pasando con el etiquetado lo que pasó en su momento con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, por ejemplo, donde muchos ciudadanos se apropiaron de la causa y comenzaron a exigir su implementación. Nos falta estar lo suficientemente sensibilizados para que haya una movida fuerte en la exigencia de un etiquetado obligatorio de advertencia. En la medida en que la situación no nos sensibiliza, la industria puede hacer y deshacer a gusto. Necesitamos actores fuertes que hagan contrapeso, desde los medios y la sociedad”.
Hablar de etiquetado frontal es una deuda pendiente para la sociedad civil, porque al igual que las campañas para reducir el tabaquismo o el consumo de alcohol, es al fin y al cabo una política de salud pública, y debe ser entendida así en toda su plenitud: su objetivo es atacar de lleno la epidemia de sobrepeso y obesidad que afecta a nuestra población. Por eso, más allá de los factores comerciales -que sin duda tienen que considerarse en el debate- la adopción del etiquetado frontal tiene la tarea urgente de desincentivar el consumo de aquellos alimentos con exceso de nutrientes críticos. La educación, por supuesto, será necesaria a mediano y largo plazo, pero el aumento de las enfermedades no conoce de burocracias ni tiempos legislativos.
Esperar que los consumidores sean conscientes de sus acciones es válido, pero también ingenuo, en un contexto donde la publicidad y el marketing tienen presencia en los medios de comunicación veinticuatro horas los siete días de la semana. Para el Estado, decretar una política en este sentido significaría además reducir considerablemente el gasto público que representa hoy en el sistema de salud el tratamiento de las ECNT. Si la pandemia habilitó nuevos interrogantes sobre nuestras dietas y rutinas, quizás también sea momento de este instalar este debate con la importancia que realmente merece. ¿Por qué no?
*Por Guido Lautaro Padin para InterNos / Imagen de portada: InterNos.
