Violencia de género e institucional en Catamarca: “¿A quién vas a llamar? ¿al 911?”
¿Cómo desmontar la impunidad de los policías sin un cambio estructural? Esta nota pretende ser una alarma feminista que resuene en los teléfonos de cada funcionario y operarixs responsables de crear y aplicar políticas públicas que garanticen una vida libre de violencias a las mujeres y disidencias.
Por Observatorio Feminista de Catamarca para La tinta
Desde el Observatorio Feminista de Catamarca, realizamos esta nota de forma colectiva y colaborativa con Laura, una compañera sobreviviente de la violencia policial y de género ejercida por su ex marido, agente de las fuerzas policiales de la provincia, como así también por parte de una institución que lo respalda. Hablamos de violencia de género y violencia institucional de forma interseccional, interpeladas por la vivencia de nuestra compañera quien acudió a nosotras y a las redes feministas de la Asamblea Ni Una Menos Catamarca, en pedido de ayuda.
Si googleamos las palabras “policía–femicidio”, inundan el buscador innumerables noticias sobre hombres policías-militares (activos o fuera de servicio) que han asesinado a cientos de mujeres, utilizando muchas veces sus armas reglamentarias. Las notas resaltan cifras y estadísticas realizadas por diversas organizaciones (CELS, MUMALÁ, CORREPI, LA CASA DEL ENCUENTRO, entre otras) donde se manifiesta la gran cantidad de femicidios cometidos por integrantes de las fuerzas represivas del Estado (policía federal, provinciales, militares, etc.). A su vez, estos informes expresan continuamente la necesidad de capacitaciones y acciones específicas para actuar en casos de denuncias por violencia de género que involucran a los miembros de las fuerzas, como las leyes ya lo estipulan desde hace años, pero no se cumplen.
Sabemos que las leyes no constituyen comportamientos, por lo cual consideramos que la problemática de la violencia machista-institucionalizada debe ser abarcada tanto desde las organizaciones, como por parte de la sociedad en su conjunto, además de las demandas al Estado. Desmontar las lógicas violentas y misóginas que estructuran las prácticas de “seguridad” estatal, en cualquiera de sus niveles, implica sentar postura e involucrarnos con las transformaciones necesarias para que nuestras vidas dejen de estar en peligro.
Una historia, muchas historias comunes
Laura narra que luego de soportar durante más de cinco años la violencia de su expareja Felipe Manuel Varela, logró realizar la denuncia en la Unidad Fiscal de Violencia Intrafamiliar y de Género, el 9 de junio del corriente año, cuando la situación llegó a su límite tras amenazas públicas de muerte –en redes sociales- por parte de Varela.
Esta denuncia, una nota periodística que mediatizó el caso y la presión social-feminista de la Asamblea Ni Una Menos Catamarca sobre el ministro de Seguridad Hernán Martel, posibilitó una intervención que el Poder Judicial no realizó de forma inmediata como lo especifica la Ley Provincial 5.434 de Violencia Familiar y de Género, en su artículo 49, inciso 6: el retiro del arma reglamentaria al policía. Sin embargo, hasta el día de hoy no sabemos con certeza la situación laboral de Varela, si se realizó su pase a disposición como lo establece la Ley.
Desde el inicio del procedimiento de la denuncia, Laura ha sufrido la constante revictimización y exposición por parte del Estado, los funcionarios sin capacitación en género y los medios de comunicación hegemónicos, adentrándose así en el espiral lento del mal actuar de la justicia patriarcal catamarqueña.
Como bien señala Laura cada vez que hablamos, su caso es ejemplo de lo que le sucede a muchísimas otras mujeres. Nuestra lucha y la de ella es sentar un precedente en la provincia para evitar que más mujeres sufran las mismas violencias.
Luego de golpearla, amenazarla y violentarla emocional, física y psicológicamente, Laura denuncia que Varela -quien trabajó los últimos dos años en el comando que recibe las denuncias- le preguntaba: “¿A quién vas a llamar, al comando, al 911?”. La impunidad que le otorgaba trabajar en el comando donde se reciben las llamadas de urgencias aumentaba el miedo y las posibilidades de seguir hostigando a Laura. Su poder pasaba por pertenecer a las fuerzas policiales, trabajando en Jefatura de Policía, en varias comisarías como la 2da, la 10ma, la 9na, entre otras, y siempre utilizando el “¿vas a llamar a la policía?” como amenaza cargada de un sarcasmo que roza lo psicópata.
Pasaron varios años hasta que Laura se animó a llamar a las redes feministas de Catamarca, donde encontró el espacio seguro para contar lo que le estaba pasando y poder decidir de forma acompañada realizar la denuncia penal que hoy está en curso.
Sin embargo, como bien conocemos las mujeres y disidencias, la denuncia no garantiza un actuar correcto por parte de la Justicia. A su vez, esta denuncia y las medidas adoptadas frente al agresor no lograron frenar sus formas de amedrentamiento ya que su entorno asegura que Varela continúa escribiéndole mensajes a ella y su familia, sin respetar las restricciones.
Proporcionalmente, el miedo de la denunciante no cesa, y el nuestro tampoco, al igual que nuestra fuerza, nuestra rabia y nuestro amor por defender nuestras vidas. No vamos a esperar a que Varela cumpla con sus amenazas para actuar para recién ahí volver a reflexionar sobre la violencia de género de los hombres uniformados y armados por el Estado en Catamarca y en todos los territorios.
Exigimos ahora que la provincia elabore, en conjunto con organizaciones feministas y antirepresivas, un protocolo de actuación frente a denuncias –formales e informales- respecto a violencias de género ejercidas por integrantes de sus fuerzas de seguridad y se encargue de monitorear la continuidad de los procesos.
Potenciales femicidas armados por el Estado
Desde el Observatorio Feminista de Catamarca sostenemos que Felipe Manuel Varela se presenta como un potencial femicida de uniforme que portaba un arma reglamentaria. Desde hace más de cinco años, la sobreviviente comenzó a identificar cómo su ex pareja hacía y hace uso del poder e impunidad que le otorga la institución policial, la cofradía masculina, y toda la estructura estatal represiva que enseña la violencia como forma de relacionamiento y como justificativo ante “quienes no acaten órdenes”.
Según relata Laura, hay una amenaza recurrente de Varela que es la que repiten muchos machos manipuladores: “Te mato y después me mato yo”. Otras veces la amenazó con violentar a su familia, a sus hermanxs, a su madre. En este sentido, CORREPI en sus archivos también ha expuesto la cantidad de femicidios vinculares, aquellos en los que el violento mata a otros para provocarle un daño infinito a ella, ampliando la mirada sobre las formas de violencia ejercidas por dichos hombres.
Cabe destacar que la CORREPI contabiliza como víctimas de la represión estatal las muertes (de mujeres, lesbianas, travestis, trans, +) ocasionadas por femicidas integrantes de una fuerza de seguridad. Según este relevamiento desde 1992 hasta 2019 en Argentina hubo 349 femicidios cometidos por el aparato estatal represivo, siendo la primera causa de muerte de mujeres en el marco de la violencia institucional (frente a muertes por causas de gatillo fácil, torturas en cárceles o comisarías, asesinatos en represiones a la protesta u otras modalidades contempladas).
Sin ir más lejos, en diciembre de 2019 el Oficial Inspector de la Policía catamarqueña Walter Mariano Tula asesinaó a Antonella Aybar –también integrante de las fuerzas-, con el arma reglamentaria de ella. Luego Tula se suicidó. Estos casos no son aislados, se repiten en nuestro territorio, en cada pueblo, a lo largo y ancho del país. Policías femicidas que acaban con la vida de sus parejas, exparejas, amigas, hijxs, y luego, muchos, se suicidan.
Acompañamiento feminista y denuncia a la justicia patriarcal
La violencia machista es un fenómeno estructural, constituye las bases ontológicas de la sociedad en la que vivimos. Nuestras prácticas feministas de acompañamientos acuerpados y amorosos, hace parte de las transformaciones y rupturas de ese gran cimiento patriarcal que nos somete día a día. Sentir que no estamos solas, que podemos sanar lo que la justicia no puede ni pretende reparar, es una de nuestras fortalezas como colectiva. En ese caminar estamos, y desde ese sentir escribimos.
Exigimos la implementación de la Ley Micaela de forma efectiva y continuada a los diversos agentes estatales involucrados en estos casos. Celebramos el accionar colectivo de las organizaciones feministas. Sin embargo, es necesario recordar que éste caso es uno entre cientos más, en donde mujeres y sus hijes se encuentran sometidas a la violencia machista e institucional, por las cuales seguiremos luchando.
*Por Observatorio Feminista de Catamarca para La tinta / Imagen de portada: Colectivo Manifiesto.
