Vicentin y la soberanía alimentaria
La medida de expropiación de la empresa cerealera Vicentin S.A.I.C. fue celebrada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Unión de Trabajadores Rurales y la Unión de Trabajadores de la Tierra, quienes apuestan a profundizar las medidas para debatir el modelo actual de producción de alimentos.
Por Anabella Antonelli para La tinta
“Los dueños de esta empresa, junto con la participación de Javier González Fraga, han estafado al pueblo argentino apropiándose de más de 18.000 millones de pesos del Banco Nación en plena corrida financiera”, expresaron en un comunicado público la Unión de Trabajadores Rurales (UTR) en la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Córdoba.
Vicentin S.A.I.C. es un grupo empresarial que gozó de fuerte expansión en los últimos cuatro años, apuntalado principalmente por un gran uso de créditos irregulares, llegando a ser la principal cerealera argentina en los años macristas. No es casual, los directivos de la empresa tendrían un estrecho vínculo con el gobierno del PRO siendo parte del armado partidario santafesino y aportando millones de pesos a las campañas. En un comunicado de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), explicaron que la cerealera “en el año 2015, ocupaba el puesto 19 entre las compañías de mayor facturación en Argentina. A fines del 2019, asciende al 6to lugar y exporta alrededor del 10% de los cereales, oleaginosas y subproductos de nuestro país. Además de otros negocios relacionados con carne vacuna, curtiembres, lechería, la industria algodonera, entre otras, a la vez que posee el puerto de San Lorenzo”.
La medida de expropiación avanza ante el incumplimiento de pagos a créditos del Banco Nación Argentino, además de otras deudas millonarias con productores, instituciones cooperativas proveedoras y otros bancos. La estafa que pretendía hacer la empresa iba de la mano con la extranjerización, vendiéndola a un bajo precio. “Su expropiación la transforma en un instrumento estratégico para la búsqueda de la estabilidad cambiaria y el acceso a divisas, dos elementos esenciales para cualquier política de reactivación económica y cambio de paradigma productivo que tenga como actor central a la economía popular y al movimiento agroecológico”, explicaron desde UTR.
Los espacios de lucha por la tierra y la soberanía alimentaria celebran la iniciativa del ejecutivo nacional, como un paso importante ante el quiebre y vaciamiento. Siendo Vicentin una empresa nacional con participación del Estado, se abre la posibilidad de regular el comercio exterior incidiendo en los precios tanto para productorxs como para consumidorxs y en las condiciones de exportación de granos y oleaginosas. Las organizaciones tienen claro que es un escenario más favorable, pero que queda mucho por delante. “La finalidad de una política de este tipo, además de asegurar un instrumento de control frente al sector del agro-negocio, debiera ser la consecución de la soberanía alimentaria de nuestro pueblo”, explicaron desde UTR y proponen que la infraestructura del complejo agro-industrial de Vicentin, con diversas sub-empresas en el interior del país, se transforme “en una plataforma de desarrollo de los sectores trabajadores, de la agricultura familiar, campesina, indígena y del movimiento cooperativo, desde la cual promover la soberanía alimentaria, la preservación de los socio-ecosistemas y el arraigo de las comunidades rurales”.
Soberanía alimentaria
La expropiación de Vicentin transformándose en una empresa de utilidad pública podría ser un importante paso hacia la propuesta de Soberanía Alimentaria que tiene larga data. Para el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), esta propuesta nació como respuesta a las políticas neoliberales y al concepto de “seguridad alimentaria” y “revolución verde”, “imponiendo la explotación de la tierra, a través de monocultivos, agrotóxicos y OGM en manos de transnacionales como Syngenta, Bayer-Monsanto, Dupont y otras”.
Hoy, es un proyecto político colectivo y una estrategia para terminar con el hambre en el mundo, reconocida en la Declaración de Derechos de las y los campesinos y personas que viven en zonas rurales, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2018.
“La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir sobre su modo de producir alimentos, teniendo en cuenta el territorio, culturas, semillas propias, garantizando, en los mercados locales, alimentos sanos, variados, accesibles, cuidando la madre tierra”, explica el MNCI. Para ellxs, se trata de un proyecto que apunta a fortalecer el arraigo en los territorios, volver a la tierra, al campo, sembrar y multiplicar las semillas nativas, ser guardianxs de la madre tierra, desarrollando “sistemas productivos comunitarios, agroecológicos que garanticen la salud de la población, el intercambio de conocimientos, saberes, genética, descomprimir las grandes ciudades, terminar con el hambre, la pobreza, las desigualdades sociales y de género, construir un país más justo”.
En un país profundamente desigual en materia distributiva, con un avance despiadado del agronegocio desplazando a la población rural y con un campo que, escasamente, produce alimentos para el pueblo, la medida de expropiación puede ser un paso interesante para atacar de lleno el modelo productivo, en un país que, se supone, produce alimentos para diez veces su población, pero donde la mitad de las personas conocen muy de cerca qué significa pasar hambre. Es una importante punta del ovillo para desandar la matriz actual de propiedad de la tierra, debatiendo integralmente el derecho a la alimentación del pueblo, más allá de la asistencia a comedores populares que, en general, no llegan a niveles nutricionales mínimos.
Para lxs integrantes de la Unión de Trabajadores Rurales de Córdoba, junto con el movimiento popular rural, además de avanzar en la investigación de la deuda contraída y de que el Estado Nacional controle el capital accionario de Vicentin, se deben fortalecer y desarrollar líneas de financiamiento para PyMEs, agricultores familiares, campesinxs y comunidades indígenas desde el Banco Nación.
Solicitan “participación de les trabajadores, agricultura familiar, campesina, indígena y del movimiento cooperativo en la gestión de la empresa, y avanzar hacia la regulación del Comercio Exterior en beneficio de les productores nacionales y del pueblo consumidor de alimentos”.
Soberanía alimentaria, para el MNCI, “es construir todos los días una reforma agraria integral, feminista y popular para el buen vivir de los pueblos”.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: La tinta.
