Salud en crisis: salarios atrasados, un sistema tensionado y el presupuesto más bajo de la última década
Según el último informe del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES), Córdoba opera con el presupuesto de salud más bajo desde 2016. Además, 1 de cada 10 cordobeses no cuenta con acceso a ningún tipo de cobertura de salud. Lxs trabajadores de la salud pública y lxs pacientes son lxs primerxs en percibir los efectos del desfinanciamiento: salarios deteriorados, sobrecarga laboral y copagos para garantizar la atención.
Por Lourdes López para La tinta
Ester enfrenta un posible diagnóstico de cáncer de colón. Llega a un centro de salud para realizarse una colonoscopia, un estudio complejo que su médico le había solicitado para descartar o confirmar la posible presencia de un tumor. Intentó al menos tres veces confirmar un turno que no logró. “Y si no puedo, no lo hago más”, dice. La resignación en su tono de voz sintetiza una sensación generalizada en todos los centros de asistencia pública.
En el Gran Córdoba, el 34% de los ciudadanos no cuenta con cobertura social de salud, esto equivale a más de 570.000 personas que dependen exclusivamente de la atención pública. Además, dentro del estrato social más vulnerable, el 81% de los cordobeses no accede a ningún tipo de cobertura médica. Estos son los datos que aporta el último informe del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES). En diálogo con La tinta, Pablo Díaz Almada, quien forma parte del equipo que elaboró este documento, sostiene que los datos condensan “un capítulo más de una larga película en la que al ajuste siempre lo pagan las personas más vulnerables”.
En Argentina, el sistema de salud se ordena alrededor de tres pilares de financiamiento: las obras sociales sindicales, las empresas de medicina prepaga y la salud pública. Cada una de ellas con sus particularidades y diferentes niveles de cobertura.
El descontento de prestadores médicxs y pacientes va en aumento y se fortalece. En el último año, luego de la desregulación total de los precios que impulsó el Gobierno nacional, los costos de cobertura aumentaron casi un 259%. Pero el problema va más allá del financiamiento; es estructural. Los pagos que las prepagas y obras sociales deben hacer a lxs médicxs y sanatorios llegan demorados, ante un contexto de alta inflación. Por ende, la rueda de hámster no encuentra salida. Y el Estado, en todas sus esferas, lleva adelante un fuerte ajuste a los presupuestos públicos.
Aun así, desde septiembre del 2023 que centros de salud privados y públicos solicitan el abono de un copago a los pacientes para su atención. Así lo vivió Julia que, hace pocas semanas, asistió a una consulta médica. Cuenta con una prepaga de las más conocidas a nivel nacional. Desde septiembre del año pasado a hoy, su cuota como abonada se triplicó. Aunque el aumento descomunal de las cuotas no le garantiza mayor cobertura, ya que, de todas maneras, debió abonar un extra de cuatro mil pesos sobre el valor total de la consulta.
Lxs trabajadores y profesionales de la salud también se ven afectadxs. Ana, Lorena y Mariana son trabajadoras sociales y se desempeñan en la Dirección de Atención Primaria de la Municipalidad de Córdoba. En diálogo con La tinta, sintetizan en primera mano las dificultades que atraviesan: desfinanciamiento, falta de acceso a medicamentos y empobrecimiento general de la población, que sólo dificulta aún más el poder mantener un buen estado de salud.
“Al malestar general que sentimos por parte de la gente, vemos cómo se ha ido intensificando el discurso de odio hacia lo público. Que somos ñoquis y no solo dentro del ámbito de la salud, sino también lo vemos con docentes”, dice Lorena.
Tienen compañeros y compañeras que hace años esperan una contratación por las tareas que prestan. Hoy, algunxs lo hacen bajo la figura de monotributistas o, incluso, becarixs. Aún no hay novedades. Tampoco las esperan en este contexto. A la precarización laboral, se añade otro factor que no es ajeno a otras ramas de trabajo: el atraso salarial y el bajo poder adquisitivo.
La semana pasada, la Unión de Trabajadores de Salud (UTS) llevó adelante un paro de 48 horas en reclamo por una recomposición salarial. Sin embargo, la paritaria aún no está cerrada y el conflicto parecería continuar en sintonía con el gremio docente de la provincia.
Gastón Vacchiani es delegado sindical. Trabaja en el Hospital Neuropsiquiátrico de la capital cordobesa. Particularmente, en su dependencia, la situación se agudiza y condice con lo expresado por Ana, Lorena y Mariana: la salud mental es afectada por la crisis y el desfinanciamiento afecta con especial fuerza a quienes dependen de la atención pública.
“El sistema público de salud tiene muchos déficits, sobre todo, por falta de personal. Y la situación se agrava en este contexto de crisis económica y social, cuando el sistema público se tensa más porque la gente pierde empleo y pierde sus obras sociales o cobertura, y se profundiza la falta de recursos”, observa Vacchiani en diálogo con La tinta.
Según el informe de OTES, el presupuesto destinado al Ministerio de Salud ha sufrido un recorte del 8,1% respecto al año anterior, alcanzando el nivel más bajo desde 2016. Díaz Almada hace otra observación importante; si la medición fuera de los últimos ocho meses, la caída ajustada por inflación es casi de un 40%. “Se está poniendo el objetivo de eliminar el déficit fiscal por encima de la vida de las personas”, insiste Díaz Almada de OTES.
La sobredemanda se profundiza ante la crisis. Las personas que pierden su empleo también pierden su cobertura médica. Y ante un escenario de tanta incertidumbre en la esfera pública, profesionales de la salud optan por desempeñarse en el ámbito privado. Hecho que se agrava al considerar los altos niveles de precarización ya relatados.
Aunque la atención no es lo único resentido. También lo es el acceso a medicamentos. Solo en el último año, la inflación en este rubro superó el 304% de aumento, según las propias mediciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). “Acá, contamos con un programa de farmacias adheridas, pero el paciente se va sin su medicamento y tiene que ir hasta otra dependencia a buscarlo, que, en muchas ocasiones, no tiene la totalidad de lo que se necesita o no le cubre la totalidad de la receta”, cuenta Lorena.
Podríamos decir que el escenario tampoco pareciera mejorar. Por el contrario, al profundizarse la recesión económica, sólo se ampliará el rango de personas que perderán su cobertura de salud y la demanda recaerá nuevamente en la esfera pública.
Los números son claros y las decisiones políticas en todos los niveles responden a una única directriz: no hay plata. Pero, a pesar de ello, Ester necesita aún hacerse una colonoscopía. Ana, Lorena y Mariana necesitan recursos para asistir a los pacientes más vulnerables de Córdoba. Las personas con discapacidad aún necesitan de sus pensiones. Y aunque los presupuestos no lo reflejen, la salud es un derecho humano básico, fundamental, prioritario que, a día de hoy, demanda actualizaciones urgentes.
*Por Lourdes López para La tinta / Imagen de portada: Ana Medero para La tinta.
