La Universidad Nacional de Río Tercero en peligro: fragmentos del presente amenazado
El 27 de febrero, el Gobierno nacional publicó una resolución firmada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en la que anunció el proceso de revisión sobre cinco universidades nacionales creadas por ley en 2023. Entre ellas, se encuentra la Universidad Nacional de Río Tercero. La noticia generó conmoción en la comunidad cordobesa, que embanderó la universidad como una «reparación histórica» frente al atentado en la Fábrica Militar en 1995, suceso comprobadamente planificado y ejecutado por el mismo Estado.
Por Katrina Salguero Myers para La tinta
En octubre de 2023, el Congreso aprobó la creación de cinco universidades nacionales: la de Madres de Plaza de Mayo, Ezeiza, del Delta, Pilar y Río Tercero. La aprobación contó con el trabajo del oficialismo —peronismo y massismo— y de amplios sectores de Juntos por el Cambio, mientras que el sector de La Libertad Avanza presentó un abierto rechazo y votó en contra.
La demanda por la Universidad Nacional de Río Tercero «nació el 3 de noviembre de 1995», afirma Sergio Colautti —reconocido docente de la ciudad y activo integrante del Colectivo Cultural y Educativo—. Para quien, con esta idea, se explica la íntima unión entre aquellas jornadas de violencia planificada en 1995 y la universidad como punto de llegada para una reparación histórica, que significa, al decir del profesor, una reparación profunda, integral, intergeneracional. Desde la convicción de que «si esto lo hizo el Estado, entonces el Estado lo tiene que reparar», la Universidad se fue constituyendo con los años en un proyecto para re-armar tramas comunitarias, revitalizar una ciudad teñida de muerte y unir el pasado al futuro, porque con las explosiones «se había quebrado la historia». Para más información, pueden visitar el Informe Onda expansiva.
En el libro recientemente editado en Río Tercero, titulado Derivas Colectivas en el Tercer Río. El activismo de los colectivos culturales y educativos en Río Tercero (1995-2023) —disponible online—, se reconstruye ese largo camino de organización y compromiso que nació frente al horror y que desembocó en la lucha por la Universidad. Ese es, ni más ni menos, el camino de casi treinta años que lleva a la profunda decepción presente ante la amenaza al proyecto. «Dolor», «tristeza», «preocupación» son las palabras que repiten diferentes actores comunitarios y estatales de Río Tercero, sentimientos que tienen que leerse necesariamente a la luz de todos esos años de trabajo, de reflexión y de compromiso colectivo que se ponen en riesgo con la resolución de Pettovello.
Carolina Goñi, directora de Educación de la Municipalidad de Córdoba e integrante del Colectivo Educativo Cultural, afirma que el trabajo ha sido incesante, con actuaciones documentadas desde el 4 de agosto de 2020. «Sin ninguna ingenuidad, la revisión es solo una dilatación. Sabíamos que esto podía suceder, porque sabemos lo que el presidente Milei propugnaba antes», detalló.
Desde la aprobación por Ley en octubre de 2023, comenzó otra etapa del proyecto de universidad, bajo la tutela del Estado nacional. Con el abogado bonaerense Pablo Yannibelli, como rector normalizador, precandidato a diputado por Juntos por el Cambio e integrante de Evolución Radical, muy cercano al vicerrector de la UBA —también radical evolución—, Emiliano Yacobitti. Con los pasos definidos por la Ley de Educación Superior, comenzó la planificación que tuvo como punto de llegada, escasos días antes de la suspensión, la entrega de un plan institucional de 2.400 páginas. Yannibelli explica: «En ese documento, se detallan desde la oferta académica con 22 carreras, 150 perfiles de docentes, 56 convenios de apoyos institucionales y colaboración con entidades del sector productivo, entidades de la sociedad civil, entidades educativa».
Entrevistado por La tinta, el rector suspendido sostuvo que el proceso de revisión planteado desde el Gobierno nacional se dio sin aviso, aunque no por ello fue una sorpresa. Sin embargo, Yannibelli avala la potestad del Gobierno de controlar estos procesos y afirmó estar confiado con el trabajo realizado, signado a su decir por una «solidez que marca el apoyo de toda la sociedad, el profesionalismo con el que se ha trabajado y la articulación con otras instituciones». Se muestra confiado del futuro próximo, sin embargo, en Río Tercero, la comunidad expresa incertidumbre, enojo y congoja.
En ese escenario, recorro tres alertas que se expresan en el caso de la UNRT, para pensar este conflicto localizado desde procesos más generales, para que cada pedacito de vida en común que se ve amenazada pueda ser defendida, pero tejiendo solidaridades y tramas desde las múltiples resistencias.
1. Problemas para la democracia: evitar el congreso como modus operandi
Un primer punto que llama la atención, y que los actores comunitarios de Río Tercero remarcan insistentemente, es que una Ley Nacional aprobada por ambas cámaras legislativas se pone en suspenso por una «resolución». Lo mismo sucedió la semana pasada con los anuncios respecto a la prohibición del uso de lenguaje inclusivo y de perspectiva de género en todas las esferas del Estado nacional. Las resoluciones parecen ser una vía de dudosa legalidad, pero muy efectivas para ir en contra de leyes vigentes —como la Ley Micaela n.º 27.499, la Ley de Identidad de Género n.º 26.743, entre otras—. En ese hiato abierto entre la ley y la resolución, se perfila un espacio de grises que, golpe a golpe, va clarificando cómo La Libertad Avanza piensa gobernar en condiciones de amplia minoría legislativa. De hecho, el presidente, en la apertura de sesiones del viernes 1° de marzo, lo dijo con claridad: decretos y resoluciones como estrategias de gobierno.
El deterioro democrático e institucional se agudiza cuando, además, cada conflicto se va judicializando, como sucedió con la Ley Ómnibus, el DNU y ahora con la Universidad de Pilar. La rectora de esa casa de estudios, creada en la misma jornada que la de Río Tercero, presentó un recurso de amparo que sostiene que la resolución del martes contra las universidades «vulnera garantías protegidas por la Constitución Nacional que consagra la autonomía universitaria». La Justicia le dio la razón y la puso en suspenso. Pero, en el camino, todo conlleva un fuerte desgaste social y se multiplican las realidades jurídicas paralelas y desordenadas en las que las personas tienen que habitar.
«La ley sigue estando», dice Guillermo Vigliecca, integrante del Colectivo Cultural y Educativo, y parte de un amplio sector ciudadano que embanderó el reclamo de reparación histórica. La existencia de la ley mantiene abierto un campo de posibilidades futuras, especialmente para la lucha comunitaria y desde abajo.
2. «No va a hacer todo lo que dice»: el sentido común con sus peligros
El discurso político en general hace una oda al sentido común: sus verdades son verdades de Perogrullo y mejor forma de argumentar es insistir en que es evidente, «es obvio». Milei lo repitió hasta el hartazgo en la apertura de sesiones legislativas. El congelamiento de las universidades parece una conclusión obligada en tiempos de «no hay plata». Sin embargo, cada idea autoevidente debería encendernos las alarmas y mirar para dónde se recorta y para qué.
Una idea que se escuchaba repetidamente antes del ballotage de 2023 era que Milei no iba a hacer todo lo que decía. Una extraña idea que consagra la creencia extendida en el sentido común de que los políticos mienten: justamente, porque mienten, podíamos votarlo a Milei, porque no estaba diciendo la verdad. Como casi toda regla, la realidad resultó más compleja. Por un lado, aunque el presidente prometió ajustar a la casta y no a las «personas de bien», la clase trabajadora activa y pasiva está siendo brutalmente empujada hacia la pobreza y la indigencia. Pero, en el caso de la Universidad Nacional de Río Tercero, el presidente Milei cumplió. Como diputado, votó en contra de su creación y, en su tercer mes de gobierno, avanza congelando su funcionamiento. Y, extrañamente, en Río Tercero no parece haber contradicción abierta.
Sergio Colautti recuerda que, en las campañas electorales locales y provinciales, el tema no fue bandera de ningún partido, quizás porque el futuro era incierto y el tema no podría ser trofeo de ningún partido en particular. Sin embargo, dice el docente y activista, «La Libertad Avanza votó en contra, entonces no hay sorpresa».
3. Todxs somos chorrxs
Una última dimensión clave en esta doctrina de ultraderecha liberal que afecta hoy a la UNRT es la acusación constante de corrupción, mal uso de fondos públicos, derroche y «orgía fiscal», que les corresponde a todxs, menos a quienes gobiernan. Organizaciones sociales, derechos humanos, sindicatos, obras sociales, comedores comunitarios, universidades: toda forma colectiva es tildada de corrupta. Explicado por la periodista Anabela Antonelli en la nota sobre la estrategia de operaciones mediáticas como antesala de los cierres o recortes de programas, describiendo los casos del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) o la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU).
La mañana en que se anunció la resolución de revisión de las universidades, la diputada de LLA y periodista, Marcela Pagano, publicó en su red social X: «Se terminó ‘el curro’ de las universidades como caja para hacer política», y sigue. La idea de que toda intervención estatal es espuria y espacio de negocios personales no para de repetirse. Carolina Goñi reflexiona sobre las implicancias de estas declaraciones: «Le están diciendo al Congreso que aprobaron un sistema de corrupción. Es muy grave (…) Poner semejante peso a un sistema universitario que es de prestigio en toda Latinoamérica es muy injusto, muy doloroso y es un engaño».
En la conferencia de prensa del martes 27, el vocero presidencial Manuel Adorni lo dijo con claridad: «En dos de estas universidades, se habían transferido 800 millones de pesos que queremos saber efectivamente cuál fue el destino de estos fondos». Sólo con lanzar al aire el manto de sospechas alcanza para justificar la motosierra. Pero este modo de atacar, como venimos argumentando, no se refiere sólo a las casas de estudios creadas en 2023. El congelamiento a las partidas presupuestarias de las universidades nacionales, en general, destapa un escenario de abierta crisis. La cultura, la música, el cine, el teatro; todos se presentan como gastos innecesarios.
Como recupera Mark Fisher de Alan Badiou: «Se nos presenta como si fuera algo perfecto, un estado de cosas brutal y profundamente desigual en el que toda existencia se somete a ser evaluada en términos puramente monetarios. Pero, para justificar su conservadurismo, los partidarios del orden establecido no pueden en realidad describirlo como perfecto o maravilloso. Por eso, prefieren venir a decirnos que todo lo demás fue, es o sería horrible».
Caminos por-venir
Los actores de Río Tercero ven diferentes escenarios abiertos. El próximo miércoles 6 de marzo, la ministra Pettovello recibirá a las 15 horas a la diputada Gabriela Brouwer de Koning (UCR-Juntos por el Cambio, oriunda de la localidad cordobesa), al intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer (UCR-Juntos por el Cambio), y al rector suspendido, Pablo Yannibelli.
El camino de la negociación política individual corre el riesgo explícito de darle la razón a la operación oficialista: en Río Tercero se hizo todo bien, entonces aquí debe permitirse que la Universidad avance. Pero el manto de sospecha sobre las otras universidades, y sobre todo lo público, se mantiene y refuerza. Sergio Colautti cree que, de acá para adelante, «el reclamo debe ser comunitario». Frente a la justificación que eligió el intendente Ferrer de que «hasta ahora costó cero pesos», Colautti sostiene que «el argumento tiene que ser siempre la defensa del presupuesto universitario como garantía de derechos».
Años de lucha, de organización, reflexión y trabajo colectivo hoy están en alerta. Después de haber sido literalmente bombardeadxs en un atentado perpetrado por el Estado que destruyó el mundo material y simbólico de miles de familias en los 90; algunxs riotercerenses se nutren de aquel dolor colectivo para insistir en un futuro hecho de utopías y no de puro realismo derrotista. Demuestran que los seres humanos, muy a pesar de los deseos tecnocráticos, todavía vivimos de pasiones, de poesía, de amor y de muerte, de lazos sociales y afectivos, y de contradicciones ardientes.
El caso de la UNRT puede ser tomado como un reclamo local o puede ser leído como una pieza más en el mapa de conflictividad que es el presente, tramándose con otras universidades, con las resistencias desde la ciencia, la cultura y las organizaciones sociales.
Los principios que el presidente vocifera como de sentido común, especialmente «la escasez» —más ajuste— y la bondad del mercado —más libertad y más capitalismo—, están funcionando en estos tiempos de confusión y empobrecimiento de la vida como pilares de un realismo capitalista inviolable. Hoy deberemos ver cómo se tejen las utopías por-venir también desde el interior del interior.
*Por Katrina Salguero Myers para La tinta / Imagen de portada: A/D.
