Opero, luego ajusto: difamaciones del Gobierno para recortar políticas públicas
Mentiras, difamaciones, ataques directos. El gobierno nacional, sin pudores, echa mano de estas herramientas para avanzar con el ajuste, apoyado en un ecosistema mediático que funciona como brazo ejecutor. Esta vez, el Fondo de Integración Socio Urbano y los Centros de Acceso a la Justicia, políticas a favor de los sectores populares, están en el ojo de una tormenta operada.
Desde el 10 de diciembre pasado, el flamante gobierno nacional pretende mantenernos en shock. Aunque la estrategia no resulta novedosa, el ritmo frenético de las medidas, amenazas, difamaciones y declaraciones del presidente y su entorno, es una media que se revolea y no se sabe hasta dónde va a salpicar, ni cómo. En los últimos días, operado por grandes empresas mediáticas, dos políticas públicas que atienden demandas populares fueron el blanco de ataques con falsas acusaciones: las que se encargan de facilitar el acceso a la justicia y las que dan respuesta al déficit habitacional y las condiciones de precariedad de los barrios populares. Sin pruebas, pero apelando a instalar sentidos en una sociedad cada vez más polarizada, las notas de periodistas alineados con el gobierno actual hablan de supuestas cajas negras, dirigentes de organizaciones enriquecidos, contrataciones fraudulentas a cooperativas de los movimientos sociales, malversación de fondos y un etcétera que por malicia, ignorancia o apatía, oculta el valioso trabajo de miles de personas en lugares donde casi nada llega.
“Quieren avanzar en desmontar, desfinanciar, despedir y recortar políticas que por sesgo ideológico a este gobierno no le interesan -explica a La tinta Sergio Job, Coordinador regional de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (DNPFAJ)-. Y agrega: “El problema es cómo lo hacen. Porque si quieren dar una discusión sobre qué políticas públicas deben sostenerse y por qué, que lo hagan sobre números reales, y no que se construyan operaciones mediáticas, algo que se repite desde el macrismo, porque cada vez que sectores de derecha se hacen del gobierno recurren a estos nuevos modos de ataque donde se alían empresas de incomunicación masiva con sectores del gobierno y, en algunos casos, sectores del poder judicial”.
Los CAJ funcionan en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Son espacios destinados a asesorar, orientar y acompañar a personas con dificultades para acceder a sus derechos, construyendo una red de patrocinio para que las personas más empobrecidas puedan acceder a representación letrada. “Se trata de combinar esto de ser una ventanilla única del Estado, algo que es útil y necesario, con equipos activos, donde llevemos adelante un gobierno de calle, cerca de las más castigadas de la patria”, decía Job en una entrevista a La tinta.
Según Clarín, el actual Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Mariano Cúneo Libarona (“obsesionado con los resultados de la múltiples auditorías”) habría demostrado que el ente gasta en los CAJ, “millones de pesos en alquileres de varias de las más de doscientas sedes que tiene en diferentes ciudades de todo el país”, algunas pagando sumas elevadas o siendo sede de “punteros políticos”. Sin embargo, existen 108 dependencias en todo el territorio nacional, “y sólo 18 tienen alquileres. En la región centro, de los 9 CAJ existentes, solo uno tiene sede, en barrio San Vicente de Córdoba. Son insignificantes los alquileres, es imposible que sean 200 si existen 108 CAJ”, explica Job.
Sin ceder a la tentación de responder al periodismo que hace las veces de vocero del gobierno, resulta interesante entender el alcance que ha tenido esta política en los sectores históricamente excluidos de las instituciones judiciales. De julio a diciembre de 2023, solo en los tres CAJ de la ciudad de Córdoba, donde trabajan quince profesionales, se realizaron 9548 gestiones. “Es una política barata que le resuelve problemas diarios a miles de compatriotas de los sectores más castigados. Sólo en la itinerancia rural que realizamos desde el Refugio Libertad, el año pasado resolvimos 482 gestiones de personas que no tienen otro acceso a derechos porque no hay presencia estatal”, señala el abogado.
En los últimos tres años, creció un 118% la cantidad de consultas sobre temas como el acceso a la documentación personal y certificaciones (DNI o partida de nacimiento), planes o programas sociales y prestaciones de la seguridad social (acceso a la jubilación o a una pensión específica) y relaciones de familia, principalmente conflictos por el incumplimiento de la cuota alimentaria. Desde estas dependencias se promovió el patrocinio de 3561 personas, otorgando representación legal gratuita y se llevaron adelante más de 20 mil mediaciones comunitarias, solucionando conflictos en forma participativa sin llegar a instancias judiciales.
Sin dudas, la dependencia hoy más duramente atacada es la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU). “La operación de prensa que están haciendo para ensuciar el Fondo de Integración Socio Urbano (FISU), el cual evidentemente algunos quieren anular en el marco del ajuste brutal que se está llevando a cabo, cruza todos los límites”, indicó Fernanda Miño en un posteo en redes sociales.
La SISU es la encargada de diseñar, financiar y monitorear proyectos de obras de acceso a servicios básicos, equipamiento comunitario y mejoramiento de vivienda en los más de 6000 barrios populares del país, en conjunto con municipios, provincias y organizaciones de la sociedad civil. En 2018 se aprobó la Ley de Integración Socio Urbana, apoyada por un amplísimo arco político e impulsada por movimientos sociales. Con la gestión de Fernández tuvo presupuesto, cuando se destinó al FISU el 9% del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) y luego el 15% del Aporte de las Grandes Fortunas.
Las políticas desplegadas han sido un gran avance frente a la crisis habitacional de larga data. A noviembre de 2023, se invirtieron 308.878 millones de pesos en obras, como salones de usos múltiples, playones y polideportivos, veredas, cordón cuneta y arbolados; y casi 80 mil millones en programas de mejora habitacional, con más de 250 mil mujeres beneficiarias. Se realizaron cerca de 180 mil conexiones a servicios básicos y se entregaron certificados de vivienda a vecinos y vecinas de los barrios populares. Desde el espacio aseguran que las obras fueron auditadas por entes externos a la SISU, revisando aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y sociales. “Cientos de estas obras se terminaron y otras cientos están en peligro de no terminarse porque el gobierno no se decide a continuarlas”, explicó Miño.
La frustrada ley ómnibus que quiso aprobar el oficialismo, pretendía sacar el financiamiento destinado a estas obras de urbanización. En su artículo 179, la fracasada normativa establecía la quita del porcentaje del impuesto PAIS y buscaba financiarlas a partir de las multas a protestas sociales. El cinismo no tiene fin.
En una serie de notas, empresas mediáticas afines al gobierno denuncian un manejo irregular del FISU, como una “caja negra” sin control, acusando a las personas de la cartera que participan en movimientos sociales y a cooperativas de trabajo ligadas a organizaciones. No es extraño que no crucen esos dichos con la información pública disponible. “Yo trabajé a destajo junto a un equipo de excelencia ética y técnica reconocido federal e internacionalmente -sigue Miño-. Durante cuatro años viajé por todo el país, impulsando obras en todas las provincias, articulando con gobernadores, intendentes, organizaciones sociales, ONGs e iglesias de todos los colores políticos habidos y por haber. En estos años, ni yo ni nadie de mi equipo se enriqueció. Pueden venir a ver cómo vivimos (…) para mí la política es un servicio, yo nunca hice negocios espurios. Como no tienen pruebas, mandan a instalar mentiras en los medios, mentiras que tendrán que rectificar en la justicia, tarde o temprano”.
Desde la Mesa Nacional de Barrios Populares, una articulación que fue parte de la lucha por la Ley de Integración Socio Urbana, explican que fueron los principales auditores del cumplimiento “ya que esto supone trabajo para nuestro pueblo y obras para nuestros barrios”, resaltando que la misma normativa estipula que un 25% de las obras deben realizarse mediante cooperativas de construcción.
“Hay mucha mucha gente en este mundo que hace cosas gratis por los demás, por sus convicciones e ideales, que piensa, crea y siente distinto a vos ´gratis´”, le respondió en X Juan Grabois al empresario mileísta Marcos Galperín, cuando éste replicó que el FISU era una “caja negra” del dirigente social. Ante la cruzada anti colectivismo y anti militancia de la actual gestión del gobierno nacional, es interesante constatar en los territorios la potencialidad de las obras cuando hay grupos de vecinos y vecinas organizadas. Para muestra, basta un botón, o tres: en barrio San Alberto, en Córdoba, la SISU construyó un salón de usos múltiples. Allí, una organización armó una consejería contra la violencia de género, destinando parte del espacio a la acogida de personas que atraviesan esas situaciones (en un momento donde desfinancian los programas de acompañamiento a víctimas). En el barrio 12 de Septiembre, levantaron un polideportivo donde funciona un proyecto social y cultural con todo tipo de talleres abiertos, gratuitos y solidarios para la comunidad (en medio de un brutal recorte a la cultura). En Parque Las Rosas, al proyecto de urbanización lo llevaron adelante los mismos vecinos y vecinas del barrio, nucleados en una cooperativa de construcción, lo que significó una apropiación diferencial del espacio y trabajo para un sector con altos niveles de desocupación (problemática sin respuesta desde el gobierno).
Respecto a las personas que integran estas dependencias y la obsesión con la militancia, Sergio Job explica que “más allá de las posiciones políticas, ideológicas, éticas respecto del mundo y del país, desde la labor que llevamos adelante, primero tenemos la responsabilidad de trabajar como Estado, la única militancia que se lleva adelante es que el Estado esté presente solucionando los problemas de las comunidades y de las personas”. Señala, además, que buena parte de la planta ingresó durante el macrismo y que, al ser una política federal, articula con todos los gobiernos locales, provinciales, más allá del signo partidario.
“Acusar de cierto sesgo ideológico-político a una política como la de los CAJ o, me atrevo a decir, como la de la SISU, es falso y es una canallada, porque tenemos clarísimos que no somos funcionarios de una organización, de un partido, de una orientación política, sino que somos funcionarios del Estado y, como tales, trabajamos para todos y todas con una ética inquebrantable”, concluyó.
*Por Anabella Antonelli para La tinta / Imagen de portada: Centro de Acceso a la Justicia.
