Autovía de Punilla: la comunidad Las Tunas lucha por sus tierras

Autovía de Punilla: la comunidad Las Tunas lucha por sus tierras
Anabella Antonelli
17 agosto, 2023 por Anabella Antonelli

La comunidad indígena de Cosquín Las Tunas, del pueblo camiare-comechingón, enfrenta dos juicios de expropiación de sus tierras para la construcción de la Autovía de Punilla. En ese contexto, el próximo sábado 19 de agosto presentarán allí el libro del historiador Pablo Reyna, que visibiliza la presencia indígena en el lugar desde la conquista e invasión, y sus derechos sobre el territorio, hoy vulnerados.

“No son tiempos fáciles para los pueblos indígenas que habitamos el territorio cercado que hoy se nombra como Argentina. Es más, desde la llegada del winca, no hemos tenido muchos respiros». Las palabras de Laura Misetich Astrada, mujer camiare de la Comunidad Comechingón Canchira, abren el libro Entre renaceres, autovías y títulos comunitarios de tierras. Una aproximación a la historia indígena de Cosquín (1573-2023), del historiador Pablo Reyna, miembro de la Comunidad Timoteo Reyna. El material, coeditado por la Universidad Provincial de Córdoba y el Centro de Investigación del Instituto de Culturas Aborígenes, permite develar los derechos de las familias indígenas coscoínas sobre las tierras que hoy están en disputa para la construcción de la Autovía de Punilla.

Jesús Díaz es parte de la Comunidad Las Tunas, quienes enfrentan dos procesos judiciales de parte de Caminos de las Sierras, empresa de mayoría estatal. En conversación con La tinta, explicó que “el primer juicio quiere expropiar tierras de varias familias que figuran en los registros provinciales a nombre de la Comunidad». Al otro juicio, ambos tramitados ante el Juzgado Civil y Comercial de Cosquín, «directamente lo inician contra una de las familias. En las dos causas, el juez a cargo negó la legitimación procesal de la Comunidad, restringiendo el acceso a la justicia para la defensa de nuestros derechos», sigue Jesús.

Además, se sumaron a una medida cautelar iniciada por otras entidades para la protección de los registros arqueológicos y el ambiente. «El paso de esta autovía, que consideramos ilegal y de la que nunca nos consultaron, atraviesa el territorio de nuestra comunidad y nos afecta de sobremanera. Nos cambia el estilo de vida porque nos quita mucho terreno que se utiliza para la agricultura y la ganadería familiar, que es el sustento de las familias -explica-. Cambia nuestro estilo de vida, tenemos que hacer cambios rotundos para adecuarnos a la nueva disposición, ya sea de entradas o salidas de caminos, la obtención del agua, cosas que no son contempladas en este proyecto de autovía». 

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En el libro que se presentará el sábado 19, Reyna busca visibilizar la presencia indígena en el territorio desde la conquista e invasión, analizando cómo se fueron generando derechos sobre las tierras en disputa. «Hay derechos que son ancestrales y que nos corresponden por ser pueblos preexistentes, pero hay derechos que se generaron durante la colonia por el mismo sistema administrativo colonial -explica el historiador-, porque a la colonia le hacía falta gente para que trabaje, entonces crea pueblos de indios o pueblos de reducción, lo que garantiza derechos como así también la supervivencia. En este caso, al pueblo de indios de Cosquín se le asignan tierras en 1694 ante la visita del oidor Antonio Martínez Lujan de Vargas».

En 1817, un año después de la independencia de las Provincias Unidas del Río de La Plata, la gente de Las Tunas, cansada de los avances sobre el territorio, compra sus propias tierras a la orden religiosa de los Padres Belermos y, aunque a fines del siglo XIX el liberalismo de Juárez Celman le cercena aún más el territorio, ellos quedan ahí con el título de tierras comunitarias de 1817, «algo inédito en Córdoba», explica Reyna y agrega: «Cuando va a pasar la autovía, las familias dicen ‘nosotros estamos acá hace rato’, se empiezan a organizar como comunidad y se dan con la existencia de ese título, aunque por tradición ya sabían que las tierras les pertenecían. Eso es un gran impulso para todo lo que se llama el proceso de recomunalización».

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(Imagen: La tinta)

El libro recupera, además, «la agencia política que ha tenido la comunidad de indios de Cosquín, porque, en relación a ciertos imaginarios que siempre nos han pensado como seres pasivos, por el contrario, en Cosquín, en algunas coyunturas, la gente llevó adelante prácticas políticas en las que subyace una noción política camiare de larga duración, bien particular de este pueblo, que permitió defender el territorio -sigue el historiador-. Esa dimensión política está siempre invisibilizada; cuando se habla de los comechingones, siempre se dice ‘hacían las vasijas’, ‘vivían en casas pozos’, ‘tenían una conexión con el sol’. Sí, pero la dimensión política es la que falta en ese tipo de abordaje».

«La presentación de este libro es una buena manera de hacer más visible y pública la situación y cómo nos están tratando, porque somos ninguneados por el Estado y la empresa. Con la presentación del libro, decimos acá estamos, sí existimos y les traemos un poco de nuestra historia, para dejar asentado y reflejado de dónde venimos, quiénes somos de acuerdo a los títulos que hay, la descendencia de los vecinos, los apellidos que se van manteniendo en la zona a través del tiempo, para hacer visible que estamos, que somos comunidad y que nos vemos fuertemente afectados», afirma Jesús.

La presentación del libro Entre renaceres, autovías y títulos comunitarios de tierras. Una aproximación a la historia indígena de Cosquín (1573-2023) y el conversatorio con la Comunidad Las Tunas se llevará a cabo el sábado 19 de agosto a las 10:30 h en la casa de Natividad Altamira, autoridad ancestral, en el Paraje Las Tunas, Cosquín.

*Por Anabella Antonelli para La tinta / Imagen de portada: La tinta.

Palabras claves: Autovía de montaña, comunidades indígenas

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Familiares de desaparecidos piden ser querellantes en la causa “Enterramientos clandestinos”

Familiares de desaparecidos piden ser querellantes en la causa “Enterramientos clandestinos”
11 abril, 2025 por Iniaki Rubio Mendoza

Se reunieron hoy ante los Tribunales Federales para solicitar que se reabra la causa y exigen a las autoridades que se hagan cargo de las investigaciones: «Esta no es una cuestión únicamente afectiva, subjetiva o familiar; es una cuestión social e, incluso, antropológica», expresó una de las firmantes.

Varios familiares de detenidos y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar se concentraron esta mañana ante Tribunales Federales para solicitar ser incorporados como querellantes en la causa “Averiguación de enterramientos clandestinos periodo 1976-1983”, que se tramita en el Juzgado Federal n.º 3 de Córdoba.

Según los solicitantes, el pedido se fundamenta en tres cuestiones principales. En primer lugar, demandan que los crímenes de desaparición forzada de personas no cesan desde la detención o el secuestro hasta la aparición de sus cuerpos. Además, exigen que se cumpla la legislación internacional a la que Argentina adhiere: “La Organización de las Naciones Unidas establece nuestro derecho a participar en la búsqueda de nuestros desaparecidos”.

Constituirse como querellantes, aseguran, les permitirá participar en la investigación de la causa, aportando pruebas, testimonios, peritos y líneas de investigación.

«También habilitará el trabajo de especialistas expertos en la materia que podrán contribuir en la búsqueda», recalcan. En este sentido, los familiares apelaron a la responsabilidad de las autoridades: «Naciones Unidas establece también que las autoridades tienen que diseñar estrategias que incluyan a las víctimas, sus familiares y las organizaciones que los representan». Además, los afectados reclaman su derecho a la verdad y al duelo.

Una causa eterna

La causa judicial conocida como «Enterramientos clandestinos» se inició en mayo de 2001, cuando la Asociación para la Recuperación Histórica Argentina (ARHISTA) presentó una denuncia ante el Juzgado Federal n.º 3, entonces a cargo de la jueza Cristina Garzón de Lascano.

La demanda respondía a un reporte de 1976, que aseguraba la existencia de centenares de cadáveres en fosas comunes en el Cementerio San Vicente de Córdoba. En 1984, la delegación Cordobesa de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) confirmó la existencia de ocho cadáveres y se tramitó una solicitud preguntando sobre el personal militar involucrado en los hechos.

No fue hasta diciembre de 2002 cuando peritos judiciales, el Equipo Argentino de Antropología Forense y especialistas del Museo de Antropologías de la Universidad Nacional de Córdoba comenzaron con los trabajos de exhumación en las fosas comunes. No obstante, la causa fue cerrada años más tarde y los familiares de los desaparecidos piden ahora que sea reabierta.


Es el caso de María del Carmen Torres, quien continúa con la búsqueda de su hermano y también de su compañero de vida, desaparecidos en 1975 y 1976 respectivamente. «La causa cerró, pero no quedó archivada, por lo que pedimos que se reactive y que la Justicia se ocupe de buscar los cuerpos de los 30.000 desaparecidos sin tumba que tenemos en este país», señaló en diálogo con La tinta.


Asimismo, Torres lamenta que la causa quedó parada por falta de recursos: «Faltan recursos humanos y recursos para tecnología. Queremos que la Justicia arbitre esos recursos para continuar las investigaciones de los enterramientos clandestinos».

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Imagen: Ezequiel Luque.

La demandante afirma que las familias sumarán querellas de organizaciones de derechos humanos: «La organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba está en condiciones de constituirse como querellante, y así lo solicitará. También lo harán 26 querellantes particulares y Abuelas posiblemente también». Y aclara: «Estamos en un comienzo del proceso judicial y tratando de entender y generalizar este pedido; todavía no sabemos cómo se desenvolverá».

«¿Qué son una sociedad y un gobierno que justifican la existencia de los desaparecidos y el terrorismo de Estado?», se pregunta María del Carmen Torres. «Esta no es una cuestión únicamente afectiva, subjetiva o familiar; es una cuestión social e, incluso, antropológica», concluye.

*Por Iñaki Rubio Mendoza para La tinta / Imagen de portada: Ezequiel Luque para La tinta.

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Palabras claves: Dictadura Cívico-Militar, Enterramientos clandestinos, Equipo Argentino de Antropología Forense

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