El paro convocado por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) alimenta el clamor que, desde hace semanas, recorre la provincia en el ámbito de la educación, la salud, la economía popular y otros sectores populares, golpeados por la escalada inflacionaria y el ajuste. Asambleas por escuela, reclamos edilicios, salariales, territoriales y estructurales. El gobierno en modo elecciones y les docentes luchando siguen enseñando.
Por Santiago Torrado para La tinta
Ante el intento de aumentar por decreto y la baja -ampliamente por detrás de la inflación- del salario de les educadores de Córdoba, la UEPC convocó a un paro en toda la provincia para el próximo miércoles y jueves. Además, habrá asambleas por escuela la semana próxima. Durante el mediodía de ayer, un grupo de docentes autoconvocados fueron violentados por efectivos de la policía de Córdoba al intentar instalar una carpa blanca en el centro de la ciudad, como medida de lucha para sumar adhesiones a la pelea por mejores salarios y condiciones edilicias en los colegios y establecimientos educativos.
“El aumento por decreto implica un desconocimiento de la negociación salarial paritaria y refleja la miseria que nos están ofreciendo -en cuotas-. Es, además, un acto de autoritarismo que no cierra la negociación. Al contrario, les docentes estamos respondiendo con un paro provincial por 48 horas y toda una serie de acciones para profundizar el plan de lucha”, señaló Sandra, integrante del Colectivo de Educadorxs del Sur, en diálogo con La tinta.
Por su parte, el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad publicó recientemente un informe que evidencia en qué grado se ha deteriorado el poder adquisitivo de les trabajadores de la educación en Córdoba. Los números hablan por sí mismos: desde 2018 hasta hoy, cada docente de la provincia perdió 1.336.888 de pesos. Asimismo, el informe detalla que la provincia disminuyó en los recibos de sueldo los ítems no bonificables (por ejemplo, adicional remunerativo, estado docente, aportes de material didáctico, entre otros).
No es solo el salario
En el actual cuadro inflacionario, la depreciación salarial pega fuerte y la educación se resiente con contundencia. Sin embargo, Sandra señala que no es sólo la pérdida de poder adquisitivo lo que motiva el actual estado de alarma y movilización entre les educadores provinciales.
“En el Valle de Punilla -y en otros territorios también-, vemos la falta de presupuesto educativo para construir o reparar establecimientos educativos. Vemos cómo se perpetúa un eterno pasarse la responsabilidad entre la provincia y los municipios. Muchas partidas presupuestarias, como el programa PROA, nunca llegan a destino. Son fondos que vienen de un endeudamiento provincial con bancos como el Deutsche Bank y que, después, no se ejecutan. Queremos presupuestos genuinos. Con aulas superpobladas no se puede enseñar ni se puede estudiar”, enfatizó. A esto, añadió que “más allá de lo salarial y de lo edilicio, también hay una discusión importante con los cargos docentes, la titularización y la estabilidad laboral de les compañeres, y con una pelea integral que estamos dando contra la sobrecarga administrativa”.
“El ministerio, las inspecciones provinciales, están muy lejos de la realidad de las escuelas. El gobierno no está interesado en resolver los pedidos que hacemos. Es un auténtico peregrinaje sin respuesta intentar que nos arreglen los techos, los baños, etcétera”, explicó Sandra.
Mientras los aparatos políticos del oficialismo bailan al son de las comparsas electorales, aquello que es fundamental para el funcionamiento de la sociedad queda relegado a un último plano: la salud y la educación. Sin embargo, no cabe pensar que el desmanejo y el vaciamiento, el abandono y la inoperancia del gobierno de Juan Schiaretti en estas dos áreas claves son fruto de la más simple y llana negligencia, sino, en realidad, de la más cruda y calculada decisión política.
El Colectivo de Educadorxs del Sur lo explicó con meridiana claridad: “Nuestros reclamos contrastan, por ejemplo, con la velocidad que ha tenido el tratamiento de la Autovía de Punilla. Algunas obras avanzan con tanta celeridad mientras, por ejemplo, el IPEM 190 ‘Carande Carro’ lleva años esperando finalizar, mientras la Autovía avanza, incluso, con varios amparos colectivos vigentes. Nos duele ver que la educación y la salud son las últimas prioridades”.
“Les trabajadores de la educación precarizades seguimos enseñando a pesar de todo, porque luchando enseñamos. Porque este avance contra los derechos de los docentes son avances pedagógicos, disciplinadores. Con el ajuste contra les docentes, buscan ejemplificar lo que se viene”, indicaron desde el Colectivo.
A propósito de las prioridades presupuestarias en materia educativa, OTES finalizó su informe sobre la educación con un dato que asusta por su pura crudeza: “Según señalan estadísticas recogidas por Coordinación General de Estudios de Costos de la Nación, en 2020, Córdoba fue la provincia que más proporción de la masa salarial destinó a la educación privada, destinando el 21,5% de la masa de salarios a pagos de docentes privados. Esta proporción está por encima del promedio nacional que alcanza el 13%”. El dato invita a una reflexión ineludible: el problema para el gobierno parece ser lo público.
*Por Santiago Torrado para La tinta / Foto de portada: A/D.
Dos intendentas en la mira de las comunidades que gobiernan. Adela Arning, titular en Mendiolaza por el PRO, y Natalia Contini, en Anisacate, asumida por el PRO, ahora confesa de La Libertad Avanza, ambas enfrentan un pedido de revocatoria de su mandato por incumplimientos en las gestiones locales. En Anisacate, la Justicia Electoral frenó el pedido, mientras que avanza en Mendiolaza. Para estas comunidades, la revocatoria de mandato se presenta como una opción legítima y necesaria ante el incumplimiento de las promesas de campaña y gestiones con graves retrocesos para el pueblo.
«Con nuestras firmas, la podemos sacar, no por cuestiones políticas, sino por la inacción y la falta de respuestas por parte del Ejecutivo a todos los problemas que tenemos como comunidad”, expresaron vecinos de Mendiolaza semanas atrás. Palabras similares expresaban vecinos de la localidad de Anisacate, en el Valle de Paravachasca, donde cada vez hay más malestar, enojo y menos tolerancia. “Al principio, la gente decía: ‘Es nueva, hay que darle tiempo’, pero viendo como es su accionar, la gente ya no está teniendo tanta paciencia”.
Adela Arning es intendenta de Mendiolaza y, desde el año pasado, es la vicepresidenta de la Asamblea Nacional PRO Argentina. Asumió el 10 de diciembre del 2023 y tiene mandato hasta el 2027, con el 25,8% y una diferencia de apenas 28 votos en relación con el segundo candidato, el justicialista Nicolás Martínez Dalke. Sustituyó al radical Daniel Salibi, que gobernó la ciudad del cordón de Sierras Chicas durante 24 años consecutivos. Conserva la figura de ser “apadrinada” por Mauricio Macri y ella misma ha manifestado que se involucró en política por él, en 2015. El año pasado, recibió al exmandatario, que construye una casa en la localidad. «Todos saben que siento a Córdoba mi provincia. Estoy feliz porque, producto de la insistencia y la persuasión de Manuel (Tagle), estoy construyendo una casa en Córdoba, por lo cual voy a pasar más tiempo en Córdoba. No empiecen con las especulaciones de si voy a ser gobernador. Por ahora, voy a disfrutar de El Terrón», expresó Macri en octubre del año pasado.
Con su tono sobrio y el slogan de campaña de “vivir de manera ordenada, segura, sustentable y sostenible en el tiempo”, y la alternancia, capacidad e idoneidad como valores del ejercicio político, pasado el año y medio, no le ha sido simple la gestión a Adela Arning. Se ha enfrentado a múltiples conflictos, cuestionamientos y un pedido de revocatoria en marcha avalado por la Justicia Electoral.En una nota al diario Perfil, dijo: «Somos mujeres del PRO que les ganamos a hombres fuertes de la política, ellos ahora trabajan de esa forma y nosotros, desde el día uno, no dejamos de ordenar lo que dejaron».
Imagen: La Política Online.
Se registraron grandes protestas en la ciudad frente a la intención de aumentar las tasas en un 165%, los despidos en la planta de empleados, la cuotificación de los sueldos de concejales y una crisis institucional en su equipo. Además, quejas sobre el servicio de recolección de basura o cambio de luminarias, denuncia por defraudación al fisco, el proyecto de ordenamiento territorial, entre una lista larga.
El pedido de revocatoria fue impulsado por el vecino Alberto Dalmazzo, quien, en diálogo con La tinta, comenta el inicio del proceso: “Yo había empezado a recolectar firmas individualmente, tenía muchas, pero saltó el tema de que, en Anisacate, no prosperó el pedido de revocatoria a la intendenta porque había alguna irregularidad en la presentación. Entonces, consulté a unos abogados amigos que me asesoraron y, posteriormente, me presenté con los escritos en la Junta Electoral Municipal, ya que la jueza de paz también es la jueza electoral”.
En primera instancia, la jueza no le quiso recibir el escrito, luego, lo recibió, pero le manifestó que no podría darle una respuesta por el momento, ya que no estaba constituida la Junta Electoral local. La notificación se envió al juzgado electoral de Córdoba y, el 11 de marzo, la doctora Marta Vidal dio instrucción de rehacer la Junta Electoral municipal. “A los pocos días, me comunican que ya estaba constituida la junta, presenté otros escritos y, a partir de ese momento, comenzó el proceso de recolección de firmas. Con las firmas de entre 3 y 5% del padrón electoral, y con los argumentos que motivan la revocatoria, nos presentamos al Juzgado Electoral local para que ratifiquen todas las firmas ―únicamente pueden firmar las personas que hayan participado en la última elección―. Luego, tenemos 15 días hábiles para juntar el resto de firmas que equivalen al total del 10% y quedaría formalmente efectuado el pedido de revocatoria de Arning”, detalla Dalmazzo.
Se habilitaría así un proceso donde asumiría algún concejal, mientras, en un plazo de entre 15 y 30 días, se realizaría un nuevo llamado a elecciones.
Imagen: Letra P.Imagen: Natalia Contini.
Natalia Contini asumió como intendenta de Anisacate el 10 de diciembre de 2023, tras ganar por 19 votos las elecciones en las cuales se presentó con el PRO, como parte de la línea halcona que lideraba Patricia Bullrich. Dejó atrás los 30 años de gestión de Ramón Salazar del PJ cordobés, quien judicializó el resultado electoral en su momento. Asumió y cumplió con dos de las promesas de campaña: sacó la estatua de Néstor Kirchner de una de las plazoletas sobre la ruta y comenzó una auditoría interna de la gestión anterior.
A los pocos meses de iniciada su gestión, instaló un local y creó el espacio Juntos por la Libertad, diciendo que sería el punto cero de la unión del PRO y LLA. Desde ambos espacios políticos, eluden su adscripción y, más bien, pareciera transitar un limbo de institucionalidad partidaria. Desde el inicio, ha replicado formas y prácticas mileístas, y en una entrevista reciente en La Voz dijo: “Yo me pasé sin pedir permiso desde el día que decidí apoyar al presidente en su gobierno. Confío plenamente en su plan desde que asumió, porque demostró que estaba haciendo lo que dijo que iba a hacer”.
Una de las integrantes de Vecinxs Autoconvocadxs de Anisacate, quienes llevaron adelante el pedido de revocatoria a la intendenta Contini, en diálogo con La tinta, nos cuenta que se fue volviendo tema de conversación en muchos grupos las múltiples situaciones de retrocesos que se viven en la localidad desde que asumió. De las charlas, se pasó a la conformación de un grupo virtual al que se fueron sumando más personas. “Alguien comentó que existía la posibilidad de revocatoria mediante la ley provincial y que era accesible a la ciudadanía para solicitarlo. Hicimos circular un cuestionario y comprobar que muchas personas querían adherir a la revocatoria. Así se decidieron a iniciar el trámite”.
Con buena fe, se acercaron a pedir información y comentar lo que iban a hacer al juez de paz local subrogante, quien también representa la Junta Electoral y quien les trabó el trámite en el comienzo. Tras negarse a iniciar el trámite, estuvo de licencia y no se pudo concretar el inicio del pedido de revocatoria. Pero, además, una de las vecinas fue intimada con pedido de restricción por una denunciada realizada por la intendenta por violencia de género, la que fue desestimada rápidamente por la fiscalía. Esta acción fue leída por lxs vecinxs como una práctica para infundir miedo, ya que cuenta con una articulación de todos los medios para poder hacerlo.
“Logramos presentar el pedido de revocatoria, no sin sospechas de qué podría pasar ante tantos obstáculos que tuvimos y si efectivamente podría prosperar o quedar archivado en un cajón. La jueza en reemplazo es quien dio inicio al proceso que estaba parado y, a partir de ahí, debían arbitrarse los medios para las firmas. Sin embargo, la jueza de paz, Marisel Ocampo, declaró inválido el proceso de convocatoria por falencias formales. Entre ellas, la certificación de las firmas. Necesitaban un motivo para que la revocatoria se cayera, ya que generó mucha inquietud ante muchos jefes comunales e intendencias que alertaron al Gobierno provincial de lo que podría generar este antecedente de prosperar”.
La comunidad autoconvocada sigue organizando cuáles serán las próximas acciones. En la presentación que hicieron, 20 hojas ocupaban la lista de incumplimientos e irregularidades de la función pública de Contini. «En estos días de lluvias, las calles son intransitables, 300 estudiantes no tienen cómo llegar a la escuela ―algunos están a 7 km― porque sacó el transporte escolar gratuito, con un aviso apenas 72 horas antes del comienzo del ciclo lectivo a través de TikTok. En lo que va de gestión, las tasas subieron casi el 600% el valor; si dos meses no pagás la tasa municipal, te llega un mensaje por WhatsApp de judicialización de la deuda.
Apenas asumió, despidió a 80 empleados municipales antes de la Navidad e intervino un centro vecinal. Otro de los temas centrales es el abuso de autoridad y la persecución política; ante cualquier opinión externa que no le gusta, realiza una denuncia o el bloqueo en redes, también el mal manejo de las cuentas públicas, entre muchos otros temas”, detallaron vecinxs.
Referéndum revocatorio como la posibilidad de subsanar las estafas electorales
Dalmazzo insistió en que su accionar es “sin banderías políticas, de ningún tipo, no lo hago bajo ninguna presión política y no quiero que nadie se quiera apropiar de esto políticamente, porque hay muchos que se quieren colgar de este tema. Pero esto es algo propio, sano de los vecinos, no quiero que la política ensucie este proceso, somos simplemente vecinxs”.
Más allá de los resultados que puedan darse en ambas localidades, hay algo que están mostrando estas acciones y es un creciente malestar ciudadano y una respuesta ante ello, el uso de mecanismos legales para la evaluación de los gobiernos municipales.
Paralelismos
Nicolas Calvi es abogado y secretario general de Anisacate en Común,único partido vecinal de la localidad. En diálogo con La tinta, analiza estas prácticas que se están dando en las dos localidades: “La revocatoria de mandato es el remedio más eficaz contra las estafas electorales. En democracia, el voto es un contrato social entre la ciudadanía y sus representantes, elegimos a quienes gobiernan con la esperanza de que cumplan con lo que prometen. Pero ¿qué sucede cuando ese contrato se rompe? Cuando un candidatx dice una cosa en campaña y, al asumir, hace exactamente lo contrario, esto no puede ni debe ser gratuito. El referendo en un revocatorio es la herramienta que la ley provincial nos otorga para recomponer esa situación. Se trata de un instituto de democracia semidirecta que permite a la ciudadanía evaluar la gestión de un funcionario electo y, si corresponde, revocar su mandato”.
En Córdoba, la Ley 8102 sobre el régimen de municipios y comunas establece en su capítulo 3 lo que concierne a revocatoria popular como mecanismo de control social y popular sobre quienes ejercen el poder. “A nivel municipal y comunal, este tipo de herramientas han tenido una mayor acogida legislativa, esto es así porque en el ámbito local, donde las relaciones de vecindad hacen más evidente la necesidad de rendición de cuentas de los funcionarios, lxs intendentes no son figuras lejanas, lxs vecinxs los conocen, los ven en la calle y sienten de manera inmediata el impacto de sus definiciones en su vida cotidiana”, detalló Calvi.
Para el integrante del espacio Anisacate en Común, es preocupante cómo destruyó la diversidad política de la comunidad. Hay un profundo malestar en quienes confiaron en su promesa de cambio y, hoy, se sienten traicionados. “Muchos consideran que su gobierno no es más que una gestión de ajuste y atropello, y en vez de ofrecer soluciones en un contexto económico crítico, actúa con autoritarismo y desprecio hacia quienes lo necesitan, y persiguiendo a quienes piensan distinto. En este escenario, la revocatoria de mandato se presenta como una opción legítima y necesaria. La democracia no se agota en las elecciones, es un ejercicio constante de participación y control ciudadano, y la revocatoria es la herramienta que nos permite corregir el rumbo cuando quienes gobiernan se olvidan de a quiénes representan y de qué prometieron. El poder no es un cheque en blanco. Cuando la política traiciona, el pueblo puede decir”.
