“El gobierno cordobés está muy lejos de la realidad de las escuelas”
El paro convocado por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) alimenta el clamor que, desde hace semanas, recorre la provincia en el ámbito de la educación, la salud, la economía popular y otros sectores populares, golpeados por la escalada inflacionaria y el ajuste. Asambleas por escuela, reclamos edilicios, salariales, territoriales y estructurales. El gobierno en modo elecciones y les docentes luchando siguen enseñando.
Por Santiago Torrado para La tinta
Ante el intento de aumentar por decreto y la baja -ampliamente por detrás de la inflación- del salario de les educadores de Córdoba, la UEPC convocó a un paro en toda la provincia para el próximo miércoles y jueves. Además, habrá asambleas por escuela la semana próxima. Durante el mediodía de ayer, un grupo de docentes autoconvocados fueron violentados por efectivos de la policía de Córdoba al intentar instalar una carpa blanca en el centro de la ciudad, como medida de lucha para sumar adhesiones a la pelea por mejores salarios y condiciones edilicias en los colegios y establecimientos educativos.
“El aumento por decreto implica un desconocimiento de la negociación salarial paritaria y refleja la miseria que nos están ofreciendo -en cuotas-. Es, además, un acto de autoritarismo que no cierra la negociación. Al contrario, les docentes estamos respondiendo con un paro provincial por 48 horas y toda una serie de acciones para profundizar el plan de lucha”, señaló Sandra, integrante del Colectivo de Educadorxs del Sur, en diálogo con La tinta.
Por su parte, el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad publicó recientemente un informe que evidencia en qué grado se ha deteriorado el poder adquisitivo de les trabajadores de la educación en Córdoba. Los números hablan por sí mismos: desde 2018 hasta hoy, cada docente de la provincia perdió 1.336.888 de pesos. Asimismo, el informe detalla que la provincia disminuyó en los recibos de sueldo los ítems no bonificables (por ejemplo, adicional remunerativo, estado docente, aportes de material didáctico, entre otros).
No es solo el salario
En el actual cuadro inflacionario, la depreciación salarial pega fuerte y la educación se resiente con contundencia. Sin embargo, Sandra señala que no es sólo la pérdida de poder adquisitivo lo que motiva el actual estado de alarma y movilización entre les educadores provinciales.
“En el Valle de Punilla -y en otros territorios también-, vemos la falta de presupuesto educativo para construir o reparar establecimientos educativos. Vemos cómo se perpetúa un eterno pasarse la responsabilidad entre la provincia y los municipios. Muchas partidas presupuestarias, como el programa PROA, nunca llegan a destino. Son fondos que vienen de un endeudamiento provincial con bancos como el Deutsche Bank y que, después, no se ejecutan. Queremos presupuestos genuinos. Con aulas superpobladas no se puede enseñar ni se puede estudiar”, enfatizó. A esto, añadió que “más allá de lo salarial y de lo edilicio, también hay una discusión importante con los cargos docentes, la titularización y la estabilidad laboral de les compañeres, y con una pelea integral que estamos dando contra la sobrecarga administrativa”.
“El ministerio, las inspecciones provinciales, están muy lejos de la realidad de las escuelas. El gobierno no está interesado en resolver los pedidos que hacemos. Es un auténtico peregrinaje sin respuesta intentar que nos arreglen los techos, los baños, etcétera”, explicó Sandra.
Mientras los aparatos políticos del oficialismo bailan al son de las comparsas electorales, aquello que es fundamental para el funcionamiento de la sociedad queda relegado a un último plano: la salud y la educación. Sin embargo, no cabe pensar que el desmanejo y el vaciamiento, el abandono y la inoperancia del gobierno de Juan Schiaretti en estas dos áreas claves son fruto de la más simple y llana negligencia, sino, en realidad, de la más cruda y calculada decisión política.
El Colectivo de Educadorxs del Sur lo explicó con meridiana claridad: “Nuestros reclamos contrastan, por ejemplo, con la velocidad que ha tenido el tratamiento de la Autovía de Punilla. Algunas obras avanzan con tanta celeridad mientras, por ejemplo, el IPEM 190 ‘Carande Carro’ lleva años esperando finalizar, mientras la Autovía avanza, incluso, con varios amparos colectivos vigentes. Nos duele ver que la educación y la salud son las últimas prioridades”.
“Les trabajadores de la educación precarizades seguimos enseñando a pesar de todo, porque luchando enseñamos. Porque este avance contra los derechos de los docentes son avances pedagógicos, disciplinadores. Con el ajuste contra les docentes, buscan ejemplificar lo que se viene”, indicaron desde el Colectivo.
A propósito de las prioridades presupuestarias en materia educativa, OTES finalizó su informe sobre la educación con un dato que asusta por su pura crudeza: “Según señalan estadísticas recogidas por Coordinación General de Estudios de Costos de la Nación, en 2020, Córdoba fue la provincia que más proporción de la masa salarial destinó a la educación privada, destinando el 21,5% de la masa de salarios a pagos de docentes privados. Esta proporción está por encima del promedio nacional que alcanza el 13%”. El dato invita a una reflexión ineludible: el problema para el gobierno parece ser lo público.
*Por Santiago Torrado para La tinta / Foto de portada: A/D.
