Los terremotos que devastaron a las regiones kurdas de Turquía y Siria ya produjeron miles de muertes. La socióloga kurda Azize Aslan habla sobre cómo su pueblo vive estos días de dolor y desidia estatal.
Por Leandro Albani para La tinta
El sábado 11 de febrero, la socióloga kurda Azize Aslan difundió una carta pública en la que solicitó la solidaridad internacional para su pueblo, afectado por los terremotos devastadores que se produjeron el lunes 6 de este mes en las regiones kurdas de Turquía y Siria. El principal seísmo ocurrió a 34 kilómetros al oeste de la ciudad de Gaziantep, en Bakur (Kurdistán turco, sudeste del país).
En la carta, Aslan no solamente pidió que las donaciones se canalicen a través de la Media Luna Roja Kurda (Heyva Sor a Kurdistanê), sino que alertó sobre la desatención sistemática que sufren las minorías golpeadas por el terremoto en Turquía. En el texto, la socióloga –que actualmente reside en México- advirtió que, en la zona más afectada, donde viven kurdos y alevíes, “las autoridades turcas no proporcionan ni ayuda ni servicio, ni coordinación; al contrario, están alimentando el racismo contra inmigrantes sirios y contra la gente que está tratando de impulsar iniciativas por sus propias fuerzas”.
Aslan, autora del libro Economía anticapitalista en Rojava. Las contradicciones de la revolución en la lucha kurda, habló con La tinta sobre la situación crítica que vive su pueblo. Las cifras de la destrucción, al cierre de esta edición, son escalofriantes: más de 37.000 personas fallecidas, decenas de miles de heridos y más de 7.000 edificios de todo tipo destruidos. Algunas fuentes citadas por medios internacionales arriesgaron que el total de víctimas mortales podría ascender a 100.000.
“Lo que sucedió es debido a un terremoto que viene de la naturaleza, pero hay que decir que la naturaleza no mata simplemente, sino que ahora las decisiones humanas están matando a la gente. Esas edificaciones sin controles sirvieron solamente para que crezcan los capitales que, a su vez, apoyan el sostenimiento del poder estatal”, afirmó Aslan.
Imagen: BBC
La desidia
Desde que se produjeron los terremotos y sus réplicas mortales, crecieron las denuncias por la falta de controles del Estado turco sobre las edificaciones en una de las zonas del mundo con más actividad sísmica. Lara Villalón, corresponsal en Turquía deeldiario.es, explicó que “todos los expertos coinciden en que una mala estructura es más mortífera que el terremoto en sí. Turquía se encuentra en una zona sísmica muy activa y, a pesar de que el Parlamento ha aprobado múltiples legislaciones que exigen a los edificios cumplir con estándares de seguridad, muchos contratistas han podido sortear estas normativas”. La periodista agregó: “El gobierno turco concedió, en 2018, amnistías a miles de empresas constructoras y edificaciones que no cumplían estos estándares. Según la Cámara de Urbanistas de Estambul, 75.000 edificios de la zona afectada por el terremoto han recibido en los últimos años este tipo de amnistías”.
Además, las voces que critican al gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan aumentan por la falta de coordinación en los rescates, el envío de ayuda y hasta hechos represivos por parte de las fuerzas de seguridad en las regiones afectadas.
Sobre este punto, Aslan señaló que “los primeros tres días (después de los sismos) eran muy importantes para encontrar gente viva”, pero el Estado trabó el envío de ayuda y también la posibilidad de que los propios pobladores se organizaran para hacer tareas de rescate. “Lo que pasa ahora es que toda esa zona huele a muerte –remarcó la socióloga, que se mantiene en contacto permanente con su familiares y amigos en Bakur como en Rojava (Kurdistán sirio)-. Los edificios que colapsaron fueron construidos durante el gobierno de Erdogan. Al 60 por ciento de esos edificios destruidos, se les permitió su construcción por este gobierno. No hubo ningún control en estas construcciones, no siguieron las reglas para prevenir los sismos. Es muy evidente que lo que construyeron fueron tumbas para las personas”.
Para la socióloga kurda, es evidente que el gobierno turco discrimina al pueblo kurdo. Esto, según Aslan, no es una novedad, sino que, en estos 100 años de la historia de la República de Turquía, siempre fue igual. “La gente dice que no mandaron ayuda porque son kurdos o alevíes, entonces no votan por el gobierno. Simplemente, los dejaron morir –puntualizó la académica-. El trato del Estado hacia esa zona, desde hace muchos años, nunca tuvo el objetivo de proteger la vida, salvar a la gente o desarrollar a la sociedad. Más bien, es usar toda la tecnología, toda su capacidad y políticas para generar muerte”.
Aslan recordó que, días atrás, habló con su cuñada, que vive en un pueblo cercano a Marash (Kahramanmaraş), una de las zonas más destruidas por el terremoto, y le contó que en el lugar, donde viven 350 familias, apenas cinco casas quedaron en pie. “Todo el pueblo huele a muerte y solo llegaron algunos soldados que no tienen ninguna capacidad para levantar esos edificios que colapsaron”, expresó la socióloga que, a su vez, recordó que el trato del Estado turco hacia el pueblo kurdo y otras minorías étnicas del sur del país siempre implicó “masacres, asesinatos, dificultar la vida cotidiana, asimilar o terminar con esas personas”.
“La gente piensa que los están dejando morir, porque desde hace años los están matando y despoblando los valles y las montañas. La gente está muy enojada y traumatizada. Esto es un colapso de la humanidad, no es simplemente el colapso de edificios”, aseveró.
Estado de emergencia
El gobierno de Erdogan se apresuró en decretar el estado de emergencia. Esta medida genera profundas sospechas, teniendo en cuenta las elecciones presidenciales que se tienen que llevar a cabo el 14 de mayo próximo. En Turquía, sigue presente el anterior estado de emergencia, que el Ejecutivo dictó después del intento de golpe de Estado en 2016. La medida, que en un principio también duraría tres meses, se extendió por más de un año y medio. En ese tiempo, el gobierno desató una cacería que llevó a miles de personas a las cárceles, el despido de funcionarios públicos y profesores y profesoras de las universidades, y la represión abierta en la zona kurda de Turquía.
Aslan explicó que, en 2016, “el Estado generó unas leyes de emergencia, pero que, en realidad, no eran leyes, sino, más bien, fue crear un Estado sin ley y, de ahí, aplicar una dictadura de dominación”. En Bakur, el estado de emergencia de ese año implicó la intervención masiva de los municipios gobernados por el Partido Democrático de los Pueblos (HDP, impulsado por el movimiento kurdo), la encarcelación de diputados y diputadas, y una militarización todavía mayor de la región, en la que viven aproximadamente 20 millones de kurdos y kurdas. La desarticulación de los municipios gobernados por el HDP, según Aslan, ahora se siente entre las personas, ya que la autonomía y la organización social alrededor de ellos fueron coartadas.
Al ser consultada sobre si el gobierno turco podría utilizar esta catástrofe para sacar ventajas en las elecciones (o, en el peor de los casos, suspenderlas y que Erdogan continúe en el poder), Aslan es clara: “Es muy triste pensar así, pero parece que sí”. La socióloga indicó que, si la oposición turca no se mantiene alerta, “Erdogan es capaz de usar todas las vías para cancelar las elecciones o crear hechos de corrupción durante los comicios”.
“Ahora, ya hay torturas, linchamientos de inmigrantes, militarización en la zona de destrucción. Los edificios colapsados, donde abajo todavía hay gente, ordenaron acordonarlos con soldados y nadie puede entrar para rescatar a las personas. Tampoco quieren que se rescaten los cadáveres. Es muy triste y doloroso ver eso”, aseguró Aslan.
Para la académica kurda, por estos días, “a la ayuda que viene de otros países, el gobierno le pone su nombre para utilizarla a su favor. El estado de emergencia permite hacer estas cosas. Para su política de sacar votos, sirve. Si llega una bolsa con el nombre del Palacio de Erdogan, el Estado ya está manipulando. El estado de emergencia sirve para militarizar, controlar y cancelar leyes, pero también para manipular a la gente. En Bakur, no es tan fácil manipular a las personas, pero no hay que dejar que ocurran estas cosas. El estado de emergencia se puede alargar y, entonces, se pueden cancelar las elecciones”, finalizó Aslan.
*Por Leandro Albani para La tinta / Foto de portada: Bulent Kilic – AFP.
Lydia de Leeuw, investigadora del Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales, se ha centrado en los últimos meses en la responsabilidad de las empresas en el genocidio contra el pueblo palestino. En esta entrevista, habla de las características de ese trabajo de documentación.
El 17 de diciembre, Frank Barat mantenía esta conversación con Lydia de Leeuw, quien lidera el litigio estratégico de SOMO, el Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales, por el que el objetivo es conectar la investigación con el trabajo de cientos de organizaciones de la sociedad civil y juristas. En esta entrevista, De Leeuw presenta las principales conclusiones del informe “Alimentando la injusticia. Explorando las consecuencias legales para los Estados y empresas que participan en el suministro de energía a Israel”. En el informe, se examina cómo el comercio exterior y la inversión en el sector energético de Israel pueden contribuir a las graves violaciones del derecho internacional perpetradas por Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Gaza. Considera las obligaciones de los Estados y las responsabilidades de las empresas involucradas en el suministro de energía a Israel.
Esta entrevista forma parte de una serie de diálogos que Frank Barat lleva manteniendo desde octubre de 2023 y que pueden encontrarse en su canal de YouTube subtituladas al castellano por el colectivo Viva Palestina Libre – Subtítulos contra la ocupación, que se encarga, además, de su edición en formato texto para este medio.
Frank Barat: Hola, Lydia. Me alegro de verte. Quería hablar contigo hoy porque SOMO, el Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales, la organización para la que trabajas, ha publicado un nuevo informe titulado «Powering Injustice«, que analiza las consecuencias legales para los Estados y las empresas involucradas en el suministro de energía a Israel. Diriges el litigio estratégico de SOMO y, por lo tanto, eres una de las principales personas detrás de este informe. Mi primera pregunta es: este informe se enmarca en torno a dos resoluciones hechas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2024. ¿Puedes decirme cuáles son exactamente y por qué fueron relevantes para empezar a trabajar en el informe?
Lydia de Leeuw: Sí. Gracias, Frank. De hecho, son dos resoluciones tomadas por la Corte Internacional de Justicia apenas este año. La primera fue en enero de este año, donde la Corte determinó en sus medidas provisionales que era plausible que Israel estuviese cometiendo genocidio en Gaza. Y la relevancia de eso para todo el mundo, para las empresas, para los Estados, para todo el mundo que tenga una conexión, que tenga cualquier forma de influencia, es que ponen sobre aviso que se está desarrollando un genocidio potencial. Eso significa que los terceros Estados tienen una obligación —no es algo que puedan elegir, hacer o dejar de hacer—, es una obligación activa de tomar todas las medidas razonablemente disponibles para prevenir el genocidio en Gaza. De hecho, puede que ya tuvieran el conocimiento o la información necesarios antes de la decisión sobre las medidas preventivas de la CIJ, pero, sin duda, deben tener ese conocimiento e información desde entonces. Y para nosotras, también fue una información relevante ver que ahora tenemos que mirar, todo el mundo tiene que mirar, más allá de los suministros de armamento que van a Israel, más allá de los bienes estrictamente militares. Tenemos que mirar de manera más coherente y holística qué tipos de cadenas de suministro permiten a Israel continuar con este genocidio.
La segunda resolución que creemos que es realmente relevante para el suministro de energía a Israel es la que se hizo en julio de este año, el 19 de julio. Esa fue una opinión consultiva, pero es una opinión muy autorizada del más alto tribunal del sistema de la ONU. Encontró que toda la ocupación, toda la presencia militar de Israel en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, es ilegal y debe terminar. Y lo mismo ocurre con la presencia de colonos, es ilegal y hay que acabar con ella. Con respecto a los asentamientos, eso ya se estableció o determinó en la opinión consultiva de 2004 de la Corte Internacional de Justicia, pero lo que la Corte también hizo esta vez fue detallar, muy explícitamente, todas y cada una de las obligaciones que tienen los terceros Estados de garantizar que sus Estados o las entidades dentro de su Estado, como las empresas, como no ofrecer ayuda para mantener esa situación ilegal creada por Israel. Así que, como acabas de decir, es importante para nosotras mirar holísticamente lo que está sucediendo y lo que está permitiendo a Israel, con total impunidad, cometer un genocidio en Gaza.
Frank Barat: Entonces, ¿cómo la energía, o el combustible para producir energía, juega un papel importante en la acción de Israel y en los crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza?
Lydia de Leeuw: Bueno, creo que un hecho clave a tener en cuenta es que Israel es extremadamente dependiente de la importación tanto de petróleo como de combustible. El 98,6% del petróleo de Israel se importa realmente del extranjero. Por tanto, esto nos dice algo acerca de la dependencia que el país tiene de las importaciones para permitir el abastecimiento de combustible de sus aviones, de sus tanques y otros vehículos del ejército que se utilizan en crímenes de guerra y en el genocidio contra el pueblo palestino. Así que uno de los ángulos que hemos analizado es de dónde proviene el petróleo y de dónde provienen los diferentes tipos de combustible, incluyendo el diésel y la gasolina. Y cuáles son las diferentes cadenas de suministro que podemos descubrir, que permiten establecer el vínculo con el ejército.
Luego, el segundo ángulo que examinamos en términos de suministro de energía son los diferentes recursos energéticos que contribuyen a la generación de electricidad en Israel. Y la razón por la que esto es importante es porque la red eléctrica a la que están conectados los asentamientos es la misma que la red eléctrica israelí dentro de las fronteras de 1948. Así que no hay distinción. Si estás exportando carbón a Israel que se utiliza para generar electricidad en una central eléctrica de carbón, ese carbón se va a utilizar para generar electricidad para toda la red. Así que, inevitablemente, va a alimentar una red contaminada por la ilegalidad.
Frank Barat: Y, durante la elaboración del informe, ¿qué países dirías que son los mayores proveedores de Israel, ya sea en armas o en energía?
Lydia de Leeuw: No hemos analizado las armas. Hemos mirado… quiero decir, lo más cercano a las armas sería el combustible para aviones militares porque eso sólo tiene un tipo de uso. Sólo puede ser utilizado por el ejército. La única cadena de suministro que encontramos es la que viene de los EE. UU. Se trata de contratos del Departamento de Defensa de EE. UU., por los cuales las empresas estadounidenses como Valero y Saltchuk Resources están exportando, o transportando, combustible militar a Israel, al ejército israelí. Otras cadenas de suministro desde el extranjero que hemos analizado son, obviamente, las de petróleo, debido a la gran dependencia. Y los principales proveedores de los principales exportadores de petróleo crudo son Azerbaijan, Kazajstán y Gabón. Pero también hay cantidades relativamente menores procedentes de Brasil, Nigeria y la República Democrática del Congo. No sólo nos hemos fijado en cuáles son los países exportadores, sino también cuál es el trayecto. Y ahí vimos que Turquía es un país de tránsito muy importante para el petróleo, por cuyos puertos se exporta el petróleo de Azerbaiyán, y el petróleo kazajo suele pasar por Rusia.
También es importante mencionar el papel de los Estados intermediarios, por así decirlo. Hemos visto diferentes tipos de combustible; diésel, gasolina, etc., que pueden ser utilizados en vehículos militares. Los mayores proveedores son Rusia y EE. UU., y, luego, cantidades mucho más pequeñas vienen también de Brasil, Grecia y Albania. Creo que es importante volver a mencionar el carbón. Esto está ligado a los asentamientos, no tanto al genocidio, y, en este caso, los proveedores son Rusia y Sudáfrica. Es bastante importante. Mucha gente se sorprende cuando escuchan Sudáfrica, debido a los increíbles esfuerzos que están haciendo para tratar de que Israel rinda cuentas por el genocidio. Pero sí, estamos viendo esto en un sentido más amplio. Tenemos que considerar la ocupación ilegal y la campaña genocida de forma holística. Luego, cuando se trata de otras cadenas de suministro de energía que están contribuyendo a la generación de electricidad, las energías renovables con inversiones extranjeras y el gas natural con inversiones extranjeras, también hemos analizado el papel de las empresas extranjeras.
Frank Barat: Entonces, ¿cuáles dirías que son las obligaciones de los Estados, pero también de las empresas, a la hora de suministrar energía a Israel?
Lydia de Leeuw: La obligación de los Estados es una obligación muy seria, especialmente, cuando se trata de la prevención del genocidio, porque el requisito que deben cumplir los Estados es que tomen todas las medidas razonablemente a su alcance para prevenir el genocidio.
Defendemos que, si desde su territorio se exporta petróleo o se exportan combustibles que podrían acabar en manos del ejército, o si empresas bajo su jurisdicción participan en esa cadena de suministro, deben tomar todas las medidas razonablemente disponibles para garantizar que sus cadenas de suministro no están, de hecho, alimentando crímenes de guerra y actos de genocidio. Y si no pueden afirmarlo al 100%, entonces, eso no es hacer tal contribución. Deben tomar medidas para detener esa cadena de suministro. Eso en relación a la prevención del genocidio. Pero, con respecto a la ocupación, de nuevo, de forma holística, la Corte Internacional de Justicia fue muy clara en su opinión consultiva del 19 de julio. Dijo que “los Estados deben abstenerse de hacer tratos económicos o comerciales con Israel, que puedan afianzar su presencia ilegal en el territorio”. Podríamos argumentar que, si van a garantizar el suministro de electricidad a los asentamientos, eso afianzaría la presencia ilegal. Hay otro requisito u obligación establecido por la Corte Internacional de Justicia que dice que “los Estados deben tomar medidas para evitar las relaciones comerciales o de inversión que ayuden al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en los territorios ocupados”. Entonces, eso significa que los Estados están obligados por el derecho internacional a tomar medidas contra sus empresas para impedir esas relaciones comerciales, esas relaciones económicas, que contribuyen a la presencia ilegal de colonos y militares. Porque debo decir que, en relación con la ocupación ilegal, se trata tanto de los asentamientos como del ejército. Además, el ejército se abastece de combustible por todo Israel y los territorios ocupados. De manera que las estaciones de servicio en las que los jeeps militares y los camiones cisterna pueden repostar están esparcidas por todas partes. También se encuentran en los asentamientos. Están localizadas por todo Israel dentro de las fronteras de 1948. Es una misma reserva, es una red, es un mismo suministro que se está alimentando o, más bien, que las empresas están alimentando.
Las responsabilidades de las empresas… las empresas no se adhieren a los convenios ni a los derechos humanos ni a los instrumentos del derecho internacional, pero las normas y parámetros que se aplican a las empresas, como los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, y las directrices de la OCDE para empresas multinacionales, obligan a las empresas a actuar con la debida diligencia y, especialmente, en las zonas afectadas por conflictos, tienen que actuar con la debida diligencia, lo que significa que tienen que identificar los riesgos, prevenir y mitigar los riesgos, y poner remedio cuando hayan causado un impacto. Y si no pueden hacer mitigación, si no pueden prevenir impactos perjudiciales y no pueden detenerlo, entonces, deben desvincularse responsablemente de esa relación comercial.
Entonces, yo diría que antes, del 7 de octubre del año pasado, los Estados tendrían que pensárselo muy bien para no contribuir a ninguna violación en el contexto de la ocupación. Pero con el genocidio en curso y la determinación explícita de que tanto los colonos como la presencia militar es ilegal, se vuelve, creo, muy, muy difícil para las empresas tener cualquier participación allí porque está manchada con la ilegalidad vinculada a la ocupación.
Frank Barat: Entonces, ¿cuáles son vuestras conclusiones? ¿Cuáles son las conclusiones de vuestro informe en relación a los Estados y en relación a las empresas? Y mi segunda pregunta sería, ¿pueden las empresas tomar medidas independientemente de los gobiernos? ¿O tienen el deber de actuar independientemente, incluso, si los gobiernos no toman las medidas adecuadas?
Lydia de Leeuw: Bueno, voy a empezar con los Estados. Los Estados tienen la enorme tarea de, como ya he dicho, examinar de forma holística la implicación que las empresas y los empresarios en su jurisdicción tienen en la ayuda al mantenimiento de la ocupación ilegal, los asentamientos, pero también en la contribución a que Israel pueda seguir cometiendo crímenes de guerra y genocidio. Los Estados son los principales titulares de obligaciones. Y creo que lo que debe ocurrir, a nivel nacional, es que estas obligaciones tienen que empezar a cumplirse. La gente protesta, la gente hace lo que puede para presionar a sus Estados, pero también creo que los tribunales tienen que empezar a tomar decisiones sobre si las cadenas de suministro se pueden mantener o si, de hecho, los Estados deben ser obligados a intervenir y tomar ciertas medidas políticas para detener, por ejemplo, las exportaciones de carbón, para detener la exportación de petróleo, para detener las exportaciones de varios combustibles.
Creo que estamos en el nivel que… las palabras sobre el papel son hermosas y estas opiniones consultivas y las medidas provisionales son hermosas, pero ahora se trata de traducir eso en acción y poner a prueba las políticas nacionales. Las empresas no tienen que esperar a que un tribunal les diga: “No pueden hacer esto”. Tienen su propia responsabilidad y se enfrentan a sus propios riesgos legales. Porque, por ejemplo, una empresa como Valero ha sido un proveedor constante de combustible para aviones militares a Israel. Han estado proporcionando ese combustible que se envía casi cada dos meses, creo, con pleno conocimiento de lo que está ocurriendo en Gaza y en Palestina en general. Así que esto plantea cuestiones relativas a la responsabilidad penal individual de los ejecutivos involucrados. Hemos escrito a la empresa y no han respondido a nuestras preguntas. Pero yo diría que es cuestión de tiempo hasta que ciertas empresas se vean involucradas en cuestiones de responsabilidad legal por su participación.
Frank Barat: Traes a colación mi última pregunta: ¿y si no se toman medidas? ¿A qué tipo de repercusiones podrían enfrentarse los gobiernos extranjeros —aunque quizá deberíamos centrarnos más en las empresas— y desde dónde?
Lydia de Leeuw: Voy a hablar muy teóricamente, porque dependerá de la capacidad y la voluntad de los sistemas jurídicos para actuar. Así que va a depender de la legislación que exista en determinados países y de lo que se pueda probar. Pero cuanto más se pueda probar sobre el conocimiento que estas empresas o sus ejecutivos tenían, y cuanto más se pueda probar sobre la naturaleza y la escala de su contribución a la comisión por parte de Israel de crímenes internacionales, crímenes de guerra, genocidio, crímenes contra la humanidad… Cuanto mayor sea la cantidad de pruebas, mayor será la posibilidad de que, en algún momento, los individuos tengan que rendir cuentas. Y realmente estoy pensando en, por ejemplo, empresas como Valero, que están enviando este combustible para aviones militares a Israel como si estuvieran enviando zapatos o calcetines. En ciertas jurisdicciones, las empresas también pueden ser consideradas responsables por su papel en crímenes internacionales. Así, por ejemplo, en los Países Bajos, tenemos una legislación que permitiría procesar a las empresas por su participación en crímenes internacionales. Ese tipo de legislación no existe en todas partes, por lo que debe estudiarse caso por caso.
Y luego creo que, como decirlo… me gustaría llamarlo “futuro idílico”, yo también esperaría y contribuiría con mi granito de arena para poder ver que los ejecutivos también estén en el foco de la Corte Penal Internacional. No hay nada en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que impida a la Corte perseguir a los actores corporativos, líderes corporativos individuales. Al igual que lo que sucedió después del Holocausto, donde líderes corporativos individuales fueron procesados y condenados por su papel en el genocidio de la Segunda Guerra Mundial. El Estatuto de Roma lo permite, pero, por desgracia, hasta ahora, el enfoque de la Corte Penal Internacional se ha centrado únicamente en el liderazgo militar y político. Pero creo que crímenes de esta envergadura no pueden producirse sin la complicidad de las empresas. Así que me gustaría que, en algún momento en el futuro, eso también se convierta en realidad.
Frank Barat: En realidad, ahora tengo otra pregunta. Supongo que lo que estás diciendo es que vuestro informe, y supongo que el informe de Amnistía Internacional, también son muy útiles porque si se puede demostrar que lo que la empresa está haciendo, si se puede demostrar que saben que está mal y que saben que podrían enfrentarse a consecuencias, este es uno de los aspectos más importantes, ¿verdad?
Lydia de Leeuw: Sí, exactamente. Como has dicho al principio, es difícil saber y ver que lo que estamos haciendo no está salvando vidas en este momento, ¿verdad? Creo que todo lo que todas estamos haciendo es tratar de asegurar que este genocidio se detenga lo antes posible. Cada día que se consiga que este genocidio se pueda detener antes, se salvan vidas. Pero también, el punto que acabas de mencionar. Para el futuro, para la rendición de cuentas, para el ajuste de cuentas, para la búsqueda de los hechos y la verdad, es crucial que sepamos quién sabía qué y quién hizo qué y quién debería haber hecho qué. Lo que siempre hacemos en SOMO cuando investigamos y antes de publicar información es ponernos en contacto con las empresas mencionadas, con todas las empresas nombradas en el informe, y les escribimos una carta indicando lo que hemos encontrado. Pero también exponiendo nuestro análisis sobre ciertas cuestiones. Por ejemplo, cuando publicamos conclusiones sobre la posible responsabilidad legal, se lo planteamos a la empresa y le damos derecho de réplica. También lo hemos hecho con este informe. Sólo hubo una empresa que respondió con una pequeña elaboración de los hechos. Pero, además de garantizar que la investigación que publicamos es objetivamente correcta y está revisada por las personas que escriben sobre ello, también se trata de más tarde poder decir: «Les informamos en las fechas X e Y de tales y tales implicaciones, que estaban implicados en relación con el genocidio o los crímenes de guerra que Israel está cometiendo”. Así que se trata de reunir documentación, de reunir archivos, si no es para la acción legal ahora, para el futuro. Creo que esa es también una de las razones por la que estamos haciendo esto.
Frank Barat: Gracias, Lydia. Ha sido muy esclarecedor y, obviamente, animo a todo el mundo a leer el informe. Y sí, como dices, creo que todas lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Todas nos esforzamos al máximo. Quiero decir, no todas, tal vez, pero muchas de nosotras. Y creo que, a pesar de que la situación sobre el terreno es catastrófica, horrible y paralizante, si miramos con perspectiva, no creo que Israel haya estado nunca en una posición tan mala. Nunca hemos tenido a la CIJ, a la CPI, las principales organizaciones de derechos humanos y de ayuda humanitaria publicando informes sobre el apartheid israelí, el genocidio israelí, las órdenes de arresto, un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia. Por desgracia, no está trayendo acciones directas concretas para salvar vidas en Gaza, pero en el futuro, esperemos, podría permitir cambiar esto.
Lydia de Leeuw: Sí. Y creo que Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU, también advirtió que la situación en Cisjordania está ahora en un continuo, que podría… que corre el riesgo de convertirse en un genocidio también. Esto es relevante para, creo, toda Palestina, el trabajo que se está haciendo ahora, pero también… ¿qué quedará del orden jurídico internacional o del sistema legal internacional cuando esto termine? Porque esto es la destrucción paralela del pueblo palestino en Gaza y del orden jurídico que supuestamente fue diseñado para garantizar que nunca más pudiera ocurrir un genocidio. Así que creo que estamos en un momento sin precedentes, un genocidio en directo, con los tribunales emitiendo conclusiones decisivas, mientras el genocidio sigue ocurriendo. Así que el nivel de aviso y el nivel de posibilidad y las obligaciones de los Estados para actuar e intervenir no creo que haya sido nunca más obvio y fuerte. Así que, sí, tenemos que seguir presionando.
*Por El Salto Diario para La tinta / Imagen de portada: A/D.
