Inclusión laboral trans: «No hay una real inserción laboral en el sector público provincial»
La referente de ATTTA-Córdoba, Lara Godoy, habla de acceso laboral y de políticas integrales que hoy necesita la comunidad travesti trans para hacer efectivos sus derechos.
Por Redacción La tinta
Al 30 de septiembre de 2022, en el país, se registraron apenas 480 personas trans empleadas en el Sector Público Nacional, según el Registro Único de Aspirantes Travestis, Transexuales y/o Transgénero. El acceso al trabajo sigue siendo una quimera para muchxs, aún luego de la sanción de la ley de cupo laboral en Argentina -que establece un cupo “no inferior al 1%” para estas personas en los tres poderes del Estado nacional-. Hace un año y ocho meses, Tehuel de la Torre salía de su casa a una entrevista laboral de la cual aún esperamos que vuelva. No acceder a un trabajo les pone en peligro, limita sus posibilidades de desarrollo y autonomía, cristaliza otras vulneraciones de derechos.
En el informe regional «Invisibles Nunca Más» de REDLACTRANS, se puntualiza son muy pocos las personas trans travesti que logran acceder al trabajo, «y aún más si hablamos de empleos registrados, bien remunerados y en condiciones dignas. La principal actividad laboral que desarrollan las personas trans en el país, es el trabajo sexual», que si bien no está penalizado, tampoco está reconocido como actividad laboral.
Los históricos mecanismos de regulación, control y vigilancia hacia esta población, el estigma y la discriminación, sumado a las condiciones de desigualdad y pobreza que aún hoy atraviesan, generan profundas dificultades en el acceso a derechos básicos como a la identidad, la educación, la vivienda, la justicia, el trabajo y la salud.
A pesar de los logros en materia de ampliación de derechos LGBTTTIQNB+, las desigualdades estructurales insisten y se acentúan cuando los esfuerzos están puestos en iniciativas superfluas, parciales o insuficientes, que no interpelan ni contienen a las personas a las que están dirigidas. La planificación de políticas para una comunidad cuyos derechos fueron negados sistemáticamente, y que ha construido resistencia desde la organización, debe ser integral, transformadora y expansiva. Las iniciativas no pueden partir sino de las propias realidades de las mujeres travesti trans, sus vivencias, experiencias, posibilidades e interseccionalidades. Las estrategias de ampliación de derechos no pueden ser sino desde sus propias construcciones e implementadas junto a elles.
Acceso a la educación, acceso al trabajo
Hace dos semanas, lanzaron en Córdoba un registro único para personas travestis, transexuales y transgénero que aspiran a trabajar en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) creó este Registro, sostuvieron, con el objetivo de promover la igualdad real de oportunidades, aplicar la Ley 27.636 de promoción del acceso al empleo formal “Diana Sacayan – Lohana Berkins” y eliminar los obstáculos de ingreso al Poder Judicial a esta población en particular.
Los requisitos para postularse a trabajar en el Poder Judicial son: ser travesti, transexual o transgénero, mayor de edad y estudiante de la carrera de Abogacía con al menos seis exámenes finales aprobados, o bien ya estar graduade de esa carrera con nivel universitario y título oficial. Las inscripciones se toman a través de este formulario.
Algunas organizaciones de trabajo por los derechos de las personas travesti trans celebraron la iniciativa, pero advirtieron que es restrictiva y excluyente, y propusieron mejoras.
Restrictiva, porque no tiene en cuenta la larga cadena de vulneraciones de derechos de las personas travesti trans, que produce que los índices de acceso y terminalidad universitaria sean muy escasos: “Para nosotras, es sumamente importante que se tenga en cuenta la brecha educativa. La mayoría de nosotras no ha podido acceder al derecho básico de la educación. El 80% de nuestra población no tiene completados sus estudios secundarios. Desde nuestra organización, hace mucho que venimos visibilizando este tema y también apoyando la terminalidad educativa de muchas compañeras”, comenta Lara Godoy, dirigente de ATTTA-Córdoba, además de ser la primera y única mujer trans que trabaja en Tribunales actualmente. Luego de una veintena de años dedicándose al trabajo sexual, hace apenas dos, fue la primera mujer trans en ingresar a la Fiscalía Federal n.° 1, su primer empleo formal.
Además, porque entre los requisitos de la iniciativa, se solicita firmar una declaración jurada que certifique la identidad de género, cuando la ley misma especifica en su artículo 2 que la identidad corresponde a la vivencia personal e individual del género, más allá del DNI.
«En el ámbito público en la provincia de Córdoba, hasta el momento, no tenemos una real inserción laboral de la comunidad trans. Lo que tenemos son becas, programas y contratos que, si bien apañan nuestras necesidades en algún punto, no cubren el real derecho al trabajo. Tenemos varias compañeras trabajando en Vialidad, Banco Nación, Ministerio Público Fiscal… es decir que hay respuesta del Estado nacional, pero no del provincial. A nivel provincial, lo único que tenemos hasta ahora es la respuesta del sector privado, que nos está incluyendo de manera formal y real al trabajo”, sostiene Lara.
En cuanto a lo excluyente de la iniciativa, se debe a que no se les contactó para comentar ni acordar la iniciativa: «Desde ATTTA, hace más de 15 años que venimos luchando por el reconocimiento de todos nuestros derechos y la real implementación de las leyes que tenemos ganadas. Lo que nosotras pretendemos y queremos es que, desde el Estado provincial y todes quienes quieran hacer lugar a la población trans, tengan en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil que, como nosotras, venimos luchando y resistiendo hace 15 años en Córdoba. No está bueno que hablen de nosotras sin nosotras, queremos ser partícipes de las acciones, que nos tengan a nosotras como referencia”, remarca la dirigente de ATTTA-Córdoba.
Es por eso que, desde el organismo, proponen la creación de un comité de seguimiento del registro integrado por personas trans y organizaciones disidentes, que ayude a generar bolsas de trabajo para que las compañeras puedan acceder a convocatorias según sus aptitudes; que se generen puestos de trabajo para personas con estudios universitarios, pero también para tareas que no los requieran, como administración o maestranza; y que brinde apoyo y seguimiento a las incorporaciones a los ámbitos de trabajo.
“Para nosotros, es sumamente importante que diputados, diputadas, senadores y senadoras tengan en cuenta nuestras problemáticas y hagan lugar a la Ley Integral Trans para que no quede ningún derecho afuera. Aún no podemos acceder a la vivienda, al trabajo, a la educación”, concluye Lara. El proyecto de Ley Integral Trans es una iniciativa que procura se garantice la inclusión social y los derechos en igualdad de condiciones para la población trans, teniendo en cuenta las leyes ya logradas en Argentina, como la Ley de Identidad de Género y la del Matrimonio Igualitario.
¡Inclusión laboral ya!
Contratá trans, programa integral para mejorar las condiciones de inserción sociolaboral de esta población, identifica en su Diagnóstico sobre la situación laboral de personas travesti trans en Latinoamérica y el Caribe algunas buenas prácticas tanto en el sector público como en el privado de la región: formación de cooperativas de trabajo entre personas trans, con reconocimiento estatal; normativas de cupo laboral en el sector de la administración pública o en todos los poderes de Estado; políticas de capacitación en perspectiva de género y diversidad en el sector privado; bolsas de empleo; transferencias monetarias como seguros de desempleo y subsidios; becas para la calificación profesional; programas estatales de reconocimiento a empresas que trabajan en la inclusión y no discriminación de personas en situación de vulnerabilidad; iniciativas privadas como el Pride Connection y Red de Empresas por la Diversidad de Argentina -redes internacionales empresariales-; la creación de Cámaras de Comercio Gay Lésbicas o LGBT; visibilización de experiencias laborales exitosas de personas trans; incentivos económicos para empresas inclusivas.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: La tinta.
