La organización Vecinos por el Ambiente Punilla comunicó que el equipo de paleontología que trabaja en la obra de la Autovía de Punilla Alternativa Ruta 38, al servicio del tramo correspondiente a la Empresa SACDE, identificó y retiró un fósil de «Scelidotherium».
“Hemos conformado brigadas de vecinos que recorren la zona del trazado para ver lo que está sucediendo y así fuimos controlando los trabajos de prospección arqueológica. Los trabajos van avanzados en la zona del arroyo Matacaballos. Se trata del equipo de paleontólogos que trabaja al servicio de la empresa SACDE”.
“Scelidotherium, perteneciente a la fauna extinta, es parecido en la actualidad a un oso hormiguero. Tiene más de un millón y medio de años.Encontraron parte de la mandíbula, la falange, el tórax y costillas. Esto forma parte del capital y el valor que tiene esa zona en lo arqueológico y lo paleontológico”.
“Esto forma parte de los bienes públicos de la comunidad, de nuestro patrimonio y nuestra riqueza cultural. No vimos indicio de que hubiera una revisión del recorrido. No pararon las maquinas. Esto forma parte del saqueo cultural y nos viene a decir la impresionante biodiversidad que tenía la zona”.
*Por Agustín Fontaine para CDM Noticias / Imagen de portada: Juan Genaro Yacobs.
Se reunieron hoy ante los Tribunales Federales para solicitar que se reabra la causa y exigen a las autoridades que se hagan cargo de las investigaciones: «Esta no es una cuestión únicamente afectiva, subjetiva o familiar; es una cuestión social e, incluso, antropológica», expresó una de las firmantes.
Varios familiares de detenidos y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar se concentraron esta mañana ante Tribunales Federales para solicitar ser incorporados como querellantes en la causa “Averiguación de enterramientos clandestinos periodo 1976-1983”, que se tramita en el Juzgado Federal n.º 3 de Córdoba.
Según los solicitantes, el pedido se fundamenta en tres cuestiones principales. En primer lugar, demandan que los crímenes de desaparición forzada de personas no cesan desde la detención o el secuestro hasta la aparición de sus cuerpos. Además, exigen que se cumpla la legislación internacional a la que Argentina adhiere: “La Organización de las Naciones Unidas establece nuestro derecho a participar en la búsqueda de nuestros desaparecidos”.
Constituirse como querellantes, aseguran, les permitirá participar en la investigación de la causa, aportando pruebas, testimonios, peritos y líneas de investigación.
«También habilitará el trabajo de especialistas expertos en la materia que podrán contribuir en la búsqueda», recalcan. En este sentido, los familiares apelaron a la responsabilidad de las autoridades: «Naciones Unidas establece también que las autoridades tienen que diseñar estrategias que incluyan a las víctimas, sus familiares y las organizaciones que los representan». Además, los afectados reclaman su derecho a la verdad y al duelo.
Equipo de Antropología Forense trabajando en fosa común. Imagen: Télam.Imagen: Télam.
Una causa eterna
La causa judicial conocida como «Enterramientos clandestinos» se inició en mayo de 2001, cuando la Asociación para la Recuperación Histórica Argentina (ARHISTA) presentó una denuncia ante el Juzgado Federal n.º 3, entonces a cargo de la jueza Cristina Garzón de Lascano.
La demanda respondía a un reporte de 1976, que aseguraba la existencia de centenares de cadáveres en fosas comunes en el Cementerio San Vicente de Córdoba. En 1984, la delegación Cordobesa de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) confirmó la existencia de ocho cadáveres y se tramitó una solicitud preguntando sobre el personal militar involucrado en los hechos.
No fue hasta diciembre de 2002 cuando peritos judiciales, el Equipo Argentino de Antropología Forense y especialistas del Museo de Antropologías de la Universidad Nacional de Córdoba comenzaron con los trabajos de exhumación en las fosas comunes. No obstante, la causa fue cerrada años más tarde y los familiares de los desaparecidos piden ahora que sea reabierta.
Es el caso de María del Carmen Torres, quien continúa con la búsqueda de su hermano y también de su compañero de vida, desaparecidos en 1975 y 1976 respectivamente. «La causa cerró, pero no quedó archivada, por lo que pedimos que se reactive y que la Justicia se ocupe de buscar los cuerpos de los 30.000 desaparecidos sin tumba que tenemos en este país», señaló en diálogo con La tinta.
Asimismo, Torres lamenta que la causa quedó parada por falta de recursos: «Faltan recursos humanos y recursos para tecnología. Queremos que la Justicia arbitre esos recursos para continuar las investigaciones de los enterramientos clandestinos».
Imagen: Ezequiel Luque.
La demandante afirma que las familias sumarán querellas de organizaciones de derechos humanos: «La organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba está en condiciones de constituirse como querellante, y así lo solicitará. También lo harán 26 querellantes particulares y Abuelas posiblemente también». Y aclara: «Estamos en un comienzo del proceso judicial y tratando de entender y generalizar este pedido; todavía no sabemos cómo se desenvolverá».
«¿Qué son una sociedad y un gobierno que justifican la existencia de los desaparecidos y el terrorismo de Estado?», se pregunta María del Carmen Torres. «Esta no es una cuestión únicamente afectiva, subjetiva o familiar; es una cuestión social e, incluso, antropológica», concluye.
*Por Iñaki Rubio Mendoza para La tinta / Imagen de portada: Ezequiel Luque para La tinta.
