Necesitamos jurados populares con perspectiva de género(s)
«Juzgar sin perspectiva de género es no hacer justicia», es uno de los lemas que se resalta en el manual de «Conceptos Básicos para juzgar con perspectiva de género», que la semana pasada el Tribunal de Justicia de Córdoba (TSJ) aprobó para la formación de los jurados populares. Conversamos con Mayca Balaguer, abogada feminista, y con Gonzalo Romero, secretario de la Oficina de Jurados del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, para conocer sus miradas respecto de esta iniciativa y el impacto que podría tener sobre las sentencias futuras.
Por Redacción La tinta
La semana pasada, fue noticia la aprobación por parte del TSJ del manual de «Conceptos básicos para juzgar con perspectivas de género» para juzgados populares, elaborado por la Oficina de la Mujer en conjunto con Jurados Populares pertenecientes al Poder Judicial de la provincia. La propuesta se da en el marco de la implementación de la Ley Micaela -sancionada en 2019-, que establece la capacitación obligatoria en temas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en la función pública.
Uno de los pedidos insistentes desde los feminismos es una reforma judicial feminista. No solo por la lentitud, la ausencia de justicia, los fallos bochornosos contra los derechos de identidades feminizadas y disidentes, la dificultad en el acceso, la falta de formación, una corte suprema ocupada solo por hombres cis, etc.
Recientemente, en el inicio del juicio por Nora Dalmasso, el fiscal a cargo pidió que el caso sea juzgado con perspectiva de género.
En diálogo con La tinta, Mayca Balaguer, abogada feminista e integrante del Estudio Jurídico Juana Azurduy, refiere que: «Los jurados populares no son funcionarios o empleados públicos, pero sí ejercen una función transitoriamente, en cada caso en el que son convocados, con la función de impartir justicia. Es pertinente, entonces, que los alcance la Ley según los fundamentos de la resolución del TSJ y sean formados en esta temática».
El manual está complementado con cuatro videos a cargo de especialistas que explican conceptos básicos sobre géneros, desigualdades estructurales, entre otros. Una de las preguntas que proponen desde este material es “cómo hacer para que esa relación de desigualdad real y no jurídica (porque las leyes proclaman que varones y mujeres son iguales ante la ley), o sea, esa relación fáctica de desigualdad, sea considerada al momento de juzgar. Tenemos que aprender a visualizar cómo se manifiesta esa relación de desigualdad en las relaciones interpersonales que existen entre varones y mujeres”. Y detalla la realidad que atraviesa los fallos, “se juzga a dos personas como si fueran personas iguales y, en realidad, no están en la misma condición. Sino que una se encuentra en una situación de superioridad con respecto a la otra. Y, solamente juzgando con perspectiva de género, vamos a poder lograr que esta igualdad de derecho se transforme realmente en una igualdad de hecho cuando estas personas son sometidas a la ley y juzgadas”.
Mayca celebra la iniciativa del Tribunal y agrega: “Creo que la única manera de empezar a transformar la justicia es incorporando información y estas miradas que permitan atender la complejidad que implica las desigualdades de género. Si no tenés formación en género y no comprendés que las desigualdades están naturalizadas, podemos poner en duda las decisiones. Equilibrar esa desigualdad en un jurado popular es clave para que se imparta esta formación y se haga justicia”.
La abogada agrega que al leer el manual recordo el juicio de Dahyana Gorosito. «La acusaron de homicidio y fue encontrado culpable. La defensa hizo mucho hincapié y énfasis en las situaciones de violencia que atravesaba Dahyana por las cual era esperable que ella no hubiera podido actuar de otra manera. Pienso que es muy posible que esté jurado que le tocó no pudo comprender de manera completa y profunda esa situaciones de violencia que estaba atravesado».
Hay opiniones encontradas respecto a la existencia de jurados populares y también sobre la forma de implementar sus decisiones en un juicio. Hay quienes se oponen a que personas sin formación específica en derecho puedan dar un veredicto; quienes cuestionan que en Córdoba los jurados populares no deben llegar a unanimidad, sino que cada quien tiene un voto. Los delitos que se juzgan con esta modalidad son algunos y específicamente aquellos que pertenecen al fuero Penal Económico y Anticorrupción, y los que se llaman “Delitos Aberrantes”, que son aquellos que atentan contra la vida, que incluyen los intentos de homicidio, los homicidios, los femicidios y travesticidios.
El mecanismo de selección comienza con la citación de 24 personas del padrón a una audiencia y allí quedan seleccionadas 12 que serán parte del jurado: ocho titulares y 4 suplentes; que intervienen si, por algún motivo, algune de les titulares no puede participar. Ingresan a las audiencias sin haber tenido contacto con el expediente, con el caso ni con alguna de las partes. Su rol es de observación, no formulan preguntas y, a partir de las percepciones en esas audiencias, deliberaran conjuntamente y con dos jueces técnicos de la Cámara del Crimen del Poder Judicial. Un voto por persona, tanto integrantes del jurado como jueces. Al ser número par, en caso de empate, define el juez que preside el Tribunal. Justamente por el peso que tiene el jurado, es inminente que puedan valorar el proceso desde una perspectiva de género.
“Tengo una posición favorable hacia los jurados populares, desde la idea de democratización de la justicia que permite poner en manos de personas de a pie la evaluación de una situación y un conflicto jurídico. Es una forma de acercar la justicia a la ciudadanía y también es un tipo de garantía para quien atraviesa el juicio”, concluye Mayca.
Conversamos con Gonzalo Martín Romero, secretario de la Oficina de Jurados del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, quien aporta reflexiones sobre esta reciente iniciativa.
—¿Considera que es importante que exista este manual?
—Entiendo que el Poder Judicial de Córdoba, con la aprobación de este Manual, ha dado un importantísimo paso a fin de concretar el postulado de juzgar con “perspectiva de género”. Este manual contiene una serie de conceptos básicos, objetivos, fundamentales y, sobre todo, de fácil entendimiento para que los ciudadanos comunes que deben cumplir esta importantísima función puedan entender a qué se refiere esta novedad de “juzgar con perspectiva de género”. Este manual fue desarrollado conjuntamente con la Oficina de la Mujer del Tribunal Superior de Justicia, que tiene una amplísima trayectoria y experiencia en capacitaciones de género, basadas en los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; es decir que contiene los conceptos más claros y novedosos de la jurisprudencia del país.
—¿Cómo surge esta iniciativa?
Esta iniciativa surgió de la propia Oficina de jurados por cuanto compartimos muchos momentos con ciudadanos que intervienen como jurados populares y advertimos la necesidad especial de capacitación. Juzgar con perspectiva de género es una novedad en nuestro ordenamiento jurídico y, obviamente, los ciudadanos comunes debían recibir una instrucción especial al respecto. La Oficina de Jurados cumple una importantísima misión relacionada a las instrucciones necesarias para que los ciudadanos comunes puedan cumplir esta función de manera cabal. Indudablemente, la experiencia reunida en estos 17 años de funcionamiento de esta Oficina nos ha dado la experticia necesaria para poder también abordar esta temática tan importante, eso sí, siempre con la colaboración del equipo de la Oficina de la Mujer del TSJ.
—¿Han notado cambios en las perspectivas de los juicios relacionados con cuestiones de género?
Lamentablemente, los juicios con intervención de jurados populares, en estos últimos años, han sufrido un incremento notable. Digo lamentablemente, porque nos estamos refiriendo generalmente a juicios por los atentados contra la vida más graves del código penal, dentro de los cuales se encuentra el femicidio. Este flagelo se ha agravado notoriamente en estos años. Igualmente, como refería antes, también la propia ciudadanía se ha consustanciado más con este tema, de allí que sean los propios jurados populares quienes manifiestan con posterioridad a su intervención la necesidad de que les sea explicada especialmente la normativa relacionada a la violencia de género, tanto en su legislación provincial como nacional y los tratados internacionales que regulan la materia. Los ciudadanos han ido, de a poco, comprendiendo esta nueva dimensión del derecho como herramienta para proteger a los grupos vulnerables como mujeres o diversidades sexuales, víctimas de violencia de género.
—¿Qué opinión le merece el sistema de jurado popular de Córdoba y qué particularidades tienen?
—En lo personal, creo que la institución de jurados populares ha sido sumamente beneficiosa para la administración de justicia de nuestra provincia. Ha significado el ingreso de la ciudadanía directamente a los estrados judiciales, redundando en la transparencia del sistema de justicia y, en definitiva, de una mayor legitimidad de las resoluciones judiciales. La ciudadanía ha estado a la altura de las circunstancias y los jueces técnicos así lo han valorado; hay que tener especialmente en cuenta que, en el sistema de enjuiciamiento popular que rige en nuestra provincia, los ciudadanos no desplazan a los jueces técnicos, sino que se “integran” con ellos formando un grupo heterogéneo que funciona, podríamos decir, como una “célula” de la democracia. Allí, se conjuga la opinión de un juez con la de una ama de casa, un estudiante, un empleado de comercio, un desocupado, una jubilada, etc., etc., así, se logra una decisión con una pluralidad de miradas sin precedentes. Por ello es que los cordobeses debemos estar orgullosos de esta institución y debemos cuidarla y participar de ella, para lograr la definitiva consolidación del ciudadano común en la administración de justicia.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Florencia Salto.
