La larga espera desde el acampe indígena frente a Casa Rosada
A pesar del decreto de Alberto Fernández para prorrogar la Ley de Ordenamiento Territorial, todavía quedan deudas pendientes para las comunidades indígenas de Argentina. Frente a Casa Rosada, Lucía, representante de su comunidad ubicada en la localidad Colonia Francisco Muñiz, en el pueblo llamado La Lomita, provincia de Formosa, se encuentra hace cuatro meses en Buenos Aires junto a otras comunidades sosteniendo un acampe y reclamando que se atienda la urgencia territorial.
Por El Resaltador y Enfant Terrible para Prensa Comunitaria de Córdoba
Frente a Casa Rosada y sobre Plaza de Mayo, representantes de comunidades indígenas del norte argentino se turnan para sostener un acampe comunitario, una larga vigilia que, desde principio de este año, viene anticipándose al vencimiento de la Ley de Ordenamiento Territorial Indígena (26.160).
Cuando nos acercamos al acampe, nos recibió Lucía, integrante de una comunidad ubicada en la localidad Colonia Francisco Muñiz, en el pueblo llamado La Lomita, provincia de Formosa. Ella está hace cuatro meses sosteniendo la medida.
“Estamos hace 10 meses sin ninguna respuesta. Hemos presentado notas, pedidos de audiencia al presidente, pero nunca fue respondida. Seguimos esperando a ver si nos atiende, pero hasta ahora nada”.
La Ley de Ordenamiento Territorial Indígena es, por ahora, la única normativa que garantiza la seguridad de las comunidades “protegidas” por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). El relevamiento de propiedades comunitarias y ancestrales -paso previo y estratégico para poder avanzar en una Ley de Propiedad Comunitaria- se encuentra incompleto. Desde la reglamentación en 2006 de esta ley hasta el presente, han sido relevadas solo 745 propiedades comunitarias, habiendo pendientes otras 1.000 (mil).
Si bien la posibilidad de prorrogarla por cuarta vez ya venció el pasado 23 de noviembre, el presidente Alberto Fernández aún sostiene su vigencia con la firma en el Decreto 805/2021. Al haber perdido estado parlamentario luego de no haberse votado a tiempo en la Cámara Baja, deberá presentarse nuevamente para que los votos de ambas cámaras garanticen la continuidad de la normativa, más allá de la voluntad del oficialismo.
Además de las sucesivas prórrogas, existe falta de implementación, tal y como vienen expresando las comunidades desde distintos puntos del país. Los desalojos que impide la normativa tienen que ver con el avance de distintos emprendimientos del Estado y/o privados, -las forestales, las mineras, las agroganaderas, las petroleras o inmobiliarias- que impactan y destruyen la biodiversidad, y por ende, al núcleo de subsistencia de las comunidades indígenas.
“Los principales reclamos son el territorio, la falta de agua, desnutrición, están sacando pedazos que venden a gente de otros países. Ya no podemos sacar nuestra materia prima para hacer nuestras artesanías, no podemos sembrar, no podemos sacar nuestras medicinas del campo, porque hoy en día está todo privado, porque la gente que compra tiene su título de propiedad. Nosotros como indígenas también pedimos tener un título de propiedad de las tierras que habitamos hace muchísimos años”.
Como ha sucedido sucesivamente desde la colonización, las comunidades han sufrido al avasallamiento sobre sus territorios, cultura y tradiciones, obligados a ingresar al orden colonial. Por los motivos que Lucía menciona arriba, esto se ha visto cada vez más dificultado, destruyéndose no solo el trabajo, sino también la identidad.
“Por ahora, lo único que estamos haciendo es seguir con las artesanías, pero ya con todos los materiales descartables, juntan botellas para hacer los canastos, juntan abrigos de lana para desarmar y hacer las yikas, que anteriormente hacíamos con hilo de chaguar que sacábamos del monte. Tenemos que, de alguna forma, salir adelante, seguir con nuestra tradición”, expone.
“Como nosotros somos del territorio, sabemos y queremos facilitar el trabajo para que puedan cumplir con cada función que tienen. Nosotros teníamos el Consejo Consultivo, estábamos trabajando con las comunidades y recibíamos notas con pedidos de todos lados. A nivel nacional, articulábamos con los ministerios y nos cortaron todas las posibilidades de, por lo menos, mostrar las necesidades de las comunidades. Teníamos una oficina en el predio de la Ex-Esma, pero nos sacaron todo, computadoras, expedientes, documentaciones de las comunidades que hoy en día están desaparecidos y, cuando cerraron, quedaron todas las cosas ahí”.
Las comunidades continuarán con la medida de fuerza hasta tener respuestas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo responsable de realizar el relevamiento que ordena la 26.160.
* Por El Resaltador y Enfant Terrible para Prensa Comunitaria de Córdoba.
