Inmobiliarias, jueces y matones contra la comunidad Ticas
En una conferencia de prensa llevada a cabo este fin de semana en Quisquisacate, comunidades Ticas denunciaron hostigamiento sistemático por parte de desarrolladores inmobiliarios, patotas armadas, incendios de bosque nativo y amenazas de violencia física y sexual. La respuesta de la justicia local fue imputar a cuatro personas de la comunidad por «turbación de la posesión». Para reclamar su derecho ancestral a la propiedad comunitaria, junto a otras comunidades de la provincia, el 17 de septiembre realizarán una caminata en Córdoba.
Por Lautaro Palacios para Enfant Terrible
La comunidad Ticas, perteneciente al pueblo ancestral comechingón del territorio Quisquisacate, en la localidad de Bialet Massé, invitó a una conferencia de prensa el pasado sábado 28 de agosto en su territorio ancestral. Allí, relataron que desde hace seis años vienen sufriendo prácticas de hostigamiento y persecución en sus territorios como la que denunció la comunidad Pluma Blanca la semana pasada, que incluyó el asesinato de dos animales y la colocación de un artefacto explosivo casero.
El primero en tomar la palabra fue Aldo Gómez, nawan de la comunidad Ticas y representante del pueblo comechingón ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y miembro del Consejo Provincial Indígena, junto a otras comunidades.
Entre otras autoridades comunitarias de distintos territorios comechingones, se encontraban Juana Manuela López, Casqui Curaca de la comunidad Hijos del Sol, comechingón y primera autoridad transgénero; la nawan de la comunidad Isqon Killa Nueve Lunas de San Esteban del Pueblo Camiare; y más integrantes de la organización territorial Kami Henen.
Antes de comenzar con la conferencia, Aldo pidió esperar a completar el círculo de fuego, un círculo de protección al espacio y las personas presentes. Luego, comenzó relatando que hay cuatro personas imputadas por la Fiscalía de Bialet Massé por turbación de la posesión: «Estábamos trabajando y aparece un móvil policial. Nos cita, preguntamos por qué y nos dice que, cuando lleguemos a la policía, se nos iba a informar. Cuando llegamos, nos dicen que no nos pueden informar porque es secreto de sumario».
Hace alrededor de un mes, presentaron una querella en la Fiscalía de Cosquín solicitando la unificación de las causas, ya que desde 2015 hay más de 12 de denuncias hechas a distintas personas que han intentado introducirse en el territorio. Hasta el momento, la fiscalía no ha dado respuestas: «La semana anterior, la abogada había presentado nuevos requerimientos a la fiscalía sobre cuál era la situación de ese pedido, pero resulta que no, se nos imputa».
«Hasta ahora, sabemos que se nos acusa de turbación de la posesión, pero no sabemos de qué posesión, ¿nuestra propia posesión? La misma fiscalía que realiza esta acusación tiene desde 2015 toda la documentación de nuestra presencia ancestral en este territorio, tiene todo para no dar lugar a esos requerimientos (…) Se está desconociendo la posesión ancestral de la tierra».
Detrás de la mesa que comparten, a sus espaldas, se expande el monte y las sierras de fondo: «Este territorio es parte de un territorio mucho más amplio, el Quisquisacate, la traducción es Pueblo de las Tunas, como le dicen ahora. Para nosotros, el territorio es la vida, es donde se desarrolla la vida, pero no únicamente la vida de las personas, es todo (…) Sabemos que los beneficios de la defensa de los territorios no termina en la comunidad, porque van incluso a los mismos grupos que nos están atacando y han cosificado a la naturaleza y la humanidad».
Aldo cuenta que «hace 30 años, no existían los pueblos indígenas en Córdoba», porque un decreto de fines del siglo XIX dio por desaparecidos a los pueblos comechingón, sanavirón y ranqueles. De igual manera, sostienen que «ese desconocimiento sistemático de los pueblos indígenas, ya sea a través del decreto, no puede terminar con la vida de los pueblos, como tampoco le da vida a los pueblos».
Pasaron 100 años hasta que la comunidad Ticas demostró ser una comunidad y un pueblo vivo. Este reconocimiento forma parte de «un proceso de recuperación y valoración cultural».
«Para nosotros, es muy importante, porque de forma reivindicatoria fuimos al Estado y le peleamos. Logramos un informe antropológico, diciendo que, tras las formas campesinas, había una unidad cultural que era los comechingones, se demostró después con pruebas genéticas y reconocimientos que hoy son más de 70.000 en Córdoba».
El reconocimiento legal sobre la posesión ancestral rige tanto a nivel nacional como provincial, gracias un proceso de organización fuerte. «Esta diversidad -reflexiona Aldo- como personas y como comunidades, como agrupaciones, no nos puede apartar. Esa diversidad debe aportar, para caminar juntos desde esa fortaleza, creemos en la fortaleza de la unidad. La defensa de la vida debe ser uno de los ejes que nos unen».
«Es evidente que es mentira la promesa del sistema de darnos una mejor vida a través del desarrollo. No hay mejor vida, hay más soledad, más distanciamiento, hay más pobreza, hay más enfermedades. Creemos absolutamente que los pueblos indígenas, teniendo formas ancestrales, han podido trascender el tiempo y el espacio, y hoy son la opción para defensa de la vida. Incluso hay algo que nos trasciende a nosotros (…) Pachacamas nos están pidiendo que nos involucremos y que defendamos la vida. ¡Marichiweu! ¡Uncunucuy! ¡Camichingón!».
Ruralidad como trinchera de vida digna
Pide permiso para tomar la palabra y agarra el micrófono Melina Dassano, acompañante e integrante de la comunidad Ticas en procesos de conflictos y avances «hacia adentro y hacia afuera de la sociedad». También es integrante de la Unión de Trabajadores Rurales (UTR) junto a una cooperativa de economía regional y campesina: «Las imputaciones vienen a poner en duda y silenciar la identidad indígena y la propiedad comunitaria que sí existe, que es pacífica, que es ancestral, pública y continúa en las generaciones presentes y futuras, porque no nos han matado».
Meli explica que se vulneran una serie de normativas, como la Ley 26.160, de emergencia en la posesión y propiedad tradicionalmente ocupada por las comunidades indígenas, así como la Ley 10.208 (Ley de Política Ambiental). También la normativa 27.118 sobre reparación histórica de la agricultura familiar.
«Estamos recuperando la ruralidad con campesinos también afectados y dos comunidades: La Cocha y Ticas, afectados por este atropello desarrollista».
Dassano denunció además que «están siendo modificadas las zonas rurales sin ningún tipo de planificación conjunta con los pueblos, arrasando el bosque y el patrimonio arqueológico, como amenaza la Autovía de Punilla».
Asimismo apuntó que, desde la mayoría de las instituciones de la Provincia de Córdoba y sobre todo desde la Secretaría de Ambiente, «no proyectan un ordenamiento territorial histórico, debiendo clausurar obras con más de 300 lotes, aunque denuncian que pretenden seguir avanzando, incluso con distintos mojones encontrados la semana pasada adentro del territorio. Son más de 200 hectáreas pretendidas desde el año pasado, junto con el trazado de la Autovía, y ninguno está autorizado en la Secretaría de Ambiente ni en el Municipio tampoco. Trajeron la luz y se la pusieron ellos».
Son 30 los habitantes de este territorio que subsisten a pesar de que no hay agua. Sin embargo, sí hay incendios, represas privadas, arroyos contaminados y patotas apropiándose de territorios protegidos por ley. «Se acercan para negociar y prometernos una vida digna, mandando gente a espiarnos», afirma Dassano.
En esta zona, los ganaderos, cabriteros, agricultores, la poca cultura rural que queda, se encuentran vulnerables, las sesiones de derecho se dedican a avanzar con el negocio inmobiliario. Por eso, Melina insiste: «Tenemos una vida digna. Acá hay trabajo digno que se está pregonando, hay economías de vida, hay recursos naturales y culturales a los cuales protegemos y nos alimentamos».
Las cuerpas como territorio
Toma la palabra Carmen Espinosa, compañera de cooperativa y comunidad, quien mantiene una custodia policial desde hace un año, debido a las constantes agresiones que denuncia por parte del empresario Miguel Ángel Girles: «Llegó hace un año, nos ha robado, amenazado de muerte y de violarnos», afirma Carmen. Tanto Girles como su pareja Renata Barontini, estarían procesados por estafa en la comercialización de casas prefabricadas.
«Tienen más de 50 denuncias por intentos de apropiación de terrenos, robos de postes y alambrados. Fueron los que empezaron los incendios el año pasado. Y aún así, ponen en duda la dignidad de este territorio y de tantos campesinos que viven desde siempre», señala Espinosa.
Carmen dice que se siente amenazada y agredida por personas contratadas por Girles. Además de acompañar a las comunidades y la cooperativa, ha realizado denuncias de manera particular en la Comisaría de Bialet Massé: «Por hacer denuncias de apropiación ilícita de los terrenos colindantes a la casa donde yo vivo, recibí amenazas por parte Miguel Ángel Girles. Actualmente, su socio, Gustavo Ariel Pizzichini, es quien más está poniendo la cara en estos tres últimos meses, porque además es corredor inmobiliario o martillero».
«El año pasado, de repente, hubo un fuego, vinieron los bomberos. Estábamos ahí y actuamos a tiempo, si no, no existiría nada de esto. Aprovecharon la pandemia. Esa misma semana, estaban alambrando, clavaron una casilla y una cámara, nos vigilan de forma permanente. Saben que me voy, entonces pueden hacer lo que quieran».
Además, Carmen relató que personal de la propia Policía de Córdoba boicoteó sus intentos de denuncia: «Cuando me acompañó Sole, esperamos cuatro horas. No pudimos bajar en el Polo de la Mujer con la gente en el teléfono, nos nos dejaban bajar para hacer la denuncia, los tipos estaban ahí. Cuando bajamos a hacer la denuncia, ellos se fueron. Después, nos cortaron la luz de la Comisaría, entonces no podíamos hablar por teléfono».
Carmen denuncia que recibe amenazas desde el año pasado: «Al principio, era del mismo Girles. Después, como hice una denuncia en el Polo de la Mujer y salió a mi favor, me hicieron firmar un acta diciendo que el tipo no se podía acercar a mí». Sin embargo, Girles «contrata y realiza intercambio permanente de peones para que puedan venir a amenazarme. Estos señores cuentan con gente armada, peones, sicarios sería el nombre apropiado».
«Sobre todo, vienen contra mí porque soy yo de esa parte. Hace poquito, me enteré que lo muestran y lo venden como loteo, trajo compradores y dijo ‘Acá hago el loteo’. Yo vivo en la casa donde quieren hacer negocios. He recibido empujones de los peones, incluso con el maquinista. Trajeron 3 o 4 maquinistas distintos. Incluso de Pizzichini. Amenazas directas ni te cuento, que me iban a desaparecer… Me dijo: ‘Mirá, Carmen, que yo no tengo nada que perder, que por ser de otro país, tranquilamente me podía desaparecer y nadie me iba a reclamar’. También desde el año pasado, entraron con armas y dispararon a los tanques de agua. A los animales también, a los perros. Son los mismos procederes de Pluma Blanca», indicó.
«Nos amenazaron que nos iba violar en un callejón cuando nos encontraran solas. Nos dijeron: vas a tener que convencer mucho al juez porque la denuncia no es vinculante».
En ese momento, Aldo comparte un encuentro con una de las personas contratadas: «Me decían que si tenían que matar iban a matar, y tengo testigos, era un chico de no más de 18 años. Se les llenaban los ojos de lágrimas, me decía que no tenía nada que perder: ‘No tengo quien me defienda y él (Girles) me está dando trabajo’. Está haciendo uso de la vulnerabilidad del chico a beneficio de él».
Patrones de violencia y respuesta colectiva
El diálogo en la conferencia se abre para recordar que no se trata de casos aislados, sino un modus operandi, como el caso de Casa Bamba donde se instalan, empieza a robar, agredir, buscando echar a la gente. Existe una organización que trabaja para liberar territorios. La colonización ha cambiado los métodos, pero no los fines: excluir y apropiarse de todo.
Frente a este combo de violencias, las comunidades se preparan para movilizarse el próximo 17 de septiembre en la ciudad de Córdoba, territorio Camiare.
Los pueblos indígenas de aquella Córdoba colonial han decidido unirse más de 100 años después, junto a otras organizaciones territoriales, ambientales y sindicales, para decir que se encuentran presentes a pesar del exterminio sistemático persistente hasta el día de hoy.
* Por Lautaro Palacios para Enfant Terrible / Imágenes: La tinta
