Variante Ruta Provincial N° 5: otra autovía que no es prioridad y sin licencia social
Hoy, a las 9 horas, comienza la Audiencia Pública Virtual por la construcción de la Variante Ruta Provincial N°5. Conversamos con Diego Aranda, integrante de la Asamblea de Paravachasca, para profundizar sobre qué está en juego con esta nueva obra pública que atraviesa zonas rojas y amarillas de conservación de bosques nativos y zonas que sufrieron incendios, así como valiosos cursos de agua.
Por Redacción La tinta
Habitantes del Valle de Paravachasca caminaron este domingo pasado, desde Anisacate hasta la plaza de La Memoria de La Bolsa, “al ritmo de los sonidos y colores del territorio que habitamos para exigir que se priorice la vida ante la especulación de cualquier otro interés”. Organizada desde la Asamblea de Paravachasca, esta caminata por el buen vivir fue un gesto de encuentro, un día antes de la audiencia pública virtual. “Este tipo de audiencias no son instancias legítimas de participación ciudadana, ya que no formamos parte del proceso desde el inicio como tampoco de la toma de decisiones. Salimos a las calles como propuesta real de participación, exigencia y visibilización de las demandas concretas que tenemos en la zona”, expresaron les asambleístas.
El gobierno provincial avanza en la construcción de una variante a la Ruta Provincial N° 5, la que actualmente traza la columna vertebral del Valle de Paravachasca desde Alta Gracia hasta Calamuchita. Estamos, una vez más, ante un proceso de decisiones de espalda a las comunidades vinculadas. Conversamos con Diego Aranda, integrante de la Asamblea de Paravachasca, para que nos ayude a comprender los ejes centrales que generan preocupación y que vienen manifestando desde el espacio.
El 15 de diciembre, ingresó a la Legislatura Provincial el proyecto de expropiación de los bienes necesarios para la construcción de la “Variante Ruta Provincial N° 5 Tramo Alta Gracia – Intersección Ruta S-495”, mismo día que ingresó el proyecto de continuidad de la autovía de Punilla. El 23 de diciembre, se aprobaron ambos. La Ley N° 10.733 de Utilidad Pública, que incluye un croquis del trazado, autoriza la expropiación de los inmuebles necesarios para la construcción de la Variante Ruta 5. Aranda detalla que, durante el mes de enero, el jefe comunal de La Rancherita, Alejandro Sosa, manifestó su disconformidad en el trazado, ya que avanzaba sobre parte de la reserva comunal natural de dicha localidad. El trazado fue cambiado durante enero, sin pasar por la legislatura y por decisión del Ejecutivo provincial, información que se conoció cuando el gobernador Schiaretti lo anunció, el 1 de febrero en la apertura de las sesiones ordinarias de la Unicameral.
“Nunca se volvió a tratar el cambio de traza y es fundamental señalar esto, porque cada vez que hay un cambio en el trazado, se cambian los inmuebles -lotes, terrenos- que se van a expropiar. El estudio de impacto ambiental publicado en mayo y la audiencia pública de hoy es sobre el cambio de traza que carece de legalidad y legitimidad porque no tuvo tratamiento legislativo. Desde la asamblea, acompañamos el pedido que hizo el Bloque de Izquierda con Luciana Echevarría, el 26 de julio, para la derogación de ese proyecto porque no es el que se va a llevar a cabo. Aún no tuvo tratamiento parlamentario”, expresó Aranda.
Dos datazos para no olvidar: que la ley se trató en una semana, sin conocimiento de las localidades afectadas, y se sancionó, casi con la sidra navideña en mano. Y que entre Anisacate y Dique Chico -por donde pasaría la variante- hay solo 6 km. Y 17 km entre Anisacate y la autovía N° 36. Vale esta aclaración para quienes no conocen la zona, no hablamos de largas distancias o zonas sin rutas, entonces, ¿cuáles son los intereses en juego?
“Desde la Asamblea, junto con diferentes organizaciones territoriales y vecines autoconvocades, no nos oponemos a la traza de una autovía, sino a toda una lógica de ideal de desarrollo y progreso que históricamente viene salteando a los territorios y profundiza un modelo extractivista. La obra de la autovía en Paravachasca, como pasa en el Valle de Punilla, no tiene que ver con soluciones a las necesidades de las localidades, sino con una propuesta que principalmente responde, en primer lugar, a profundizar la especulación y el desarrollo inmobiliario sin ningún tipo de ordenamiento territorial y urbanístico, y en segundo lugar, avanza con el plan nacional de conectividad de transporte de carga para la conexión de diferentes territorios y da continuidad a la extracción y saqueo de los bienes comunes, llevándolos hacia puertos, en este caso, de Chile. Tal como pasa con la autovía de la ruta 38 que corresponde al plan IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) y esto lo hemos documentado en presentaciones de la asamblea”, detalló el integrante de la Asamblea.
Desde la Asamblea, expresaron con contundencia: la autovía no es una prioridad ni una necesidad y ponen en duda el diagnóstico que se hace. “Según el estudio de impacto ambiental, el proyecto de esta autovía es para responder a dos objetivos: el congestionamiento del tránsito en época turística y fines de semana largos; y ante eventuales emergencias sanitarias. Los mismos argumentos utilizados para la justificación de la autovía en Punilla. Lo que decimos que está claro es el objetivo de conectividad para el transporte de carga desde el sur hacia el norte, uniendo la ruta 38”.
En realidad, la congestión de tránsito no tiene que ver con el Valle de Paravachasca, sino con Calamuchita, producto de un proceso de expansión inmobiliaria sin ningún tipo de ordenamiento territorial y urbanístico. “La autovía no va a ir sobre la raíz de esas problemáticas. El proceso de desarrollo no tiene ningún tipo de consulta a los territorios y a los habitantes de los mismos. Si hablamos de prioridades, por ejemplo, Anisacate tiene dos barrios -La Marianita y Villa Río- que son los más habitados y que no tienen agua potable. Todo el Valle, así como el departamento de Santa María, lleva sus residuos al basural de Piedras Blancas, que debería estar cerrado hace un año y sobre lo cual no hay ninguna propuesta alternativa. Tenemos solamente un Hospital Regional localizado en Alta Gracia que atiende a casi 100.000 habitantes de todo el Valle. Existen un conjunto de problemáticas que sí son prioridad. Entonces, la autovía, más bien, es una prioridad para la profundización de un modelo de desarrollo y progreso que no coincide con las necesidades de la gente”, afirmó el entrevistado.
Desde la Asamblea Paravachasca, pusieron a disposición información resumida del análisis desde diferentes dimensiones del Estudio de Impacto Ambiental sobre el proyecto de autovía, de valiosa utilidad para la participación en la Audiencia que comienza hoy. Y manifestaron que la Audiencia Pública Virtual es ilegítima, antidemocrática y no participativa, ya que en ningún momento las comunidades afectadas fueron informadas ni consultadas por este proyecto. “Las audiencias públicas, en general, son instancias que no tienen ningún tipo de vinculación a la hora de la toma de decisiones y, al ser virtuales, profundizan aún más la inaccesibilidad. Para inscribirse e informarse, tenías que tener CIDI Nivel 2, además de las dificultades de conectividad que existen en la zona que hacen que no todas las personas que quieren estar puedan hacerlo”, dijo Aranda.
De continuar el proyecto, se avanza sobre zonas roja y amarilla de bosque nativo, como así también sobre distintos arroyos y otras fuentes de agua. Desde la Asamblea, señalaron que algunos tramos pasarían sobre zonas incendiadas el año pasado. Aun con la vigencia de la Ley Nacional N° 27.604 de “anti-fuego”, que penaliza a todo aquel que pretende ejercer determinadas actividades en zonas donde ocurrió un incendio sobre bosque nativo. “El proyecto de la Autovía de la Alternativa Ruta 5 avanza sobre bosque nativo de alto valor de conservación, atraviesa la cicatriz de los incendios 2020 y la principal fuente de agua del Valle de Paravachasca. Por estos motivos, decimos que la Autovía no es prioridad y que, sin licencia social, no hay ni habrá licencia ambiental”.
El perjuicio ambiental será inmenso, pero también la fragmentación del territorio. Es necesario también poner en debate lo que pasa en el después de las construcciones de las autovías en los territorios con las necesidades reales de la población. Una constante en esta provincia de cemento, autovías e impunidad.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Asamblea Paravachasca.
