La comisión de Arcioni para ignorar a las comunidades
El gobernador de Chubut, en su avanzada contra el pueblo y a favor de la megaminería, creó una comisión de tierras indígenas en la que las comunidades de la provincia no tendrían participación. Se trata de una embestida para realizar cateos mineros y construir represas.
Por Revista Cítrica
El jueves 8 de julio, más de 20 comunidades mapuche tehuelche de la provincia del Chubut iniciaron una acción penal ante el Superior Tribunal de Justicia contra el decreto 112/2021, firmado por el gobernador Mariano Arcioni en marzo de este año, por el cual crea la Comisión de Tierras Indígenas y designa a un funcionario de su gobierno, Romero Sayhueque (actual director provincial de Asuntos Indígenas) para presidir la misma. ¿Por qué las comunidades se oponen? Porque para la creación de la Comisión no se respetó, entre otras cosas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que establece el derecho y la obligación del Estado de aplicar mecanismos de consulta y participación previa con las comunidades indígenas en todo asunto que las involucre. Y más aún cuando se trata de un organismo que debe representar y canalizar los asuntos territoriales de las comunidades.
Días atrás, ya se había realizado una presentación similar al respecto por parte de la Defensoría Pública en representación de comunidades de la meseta y la cordillera chubutense. En total, son más de 35 comunidades que se han pronunciado al respecto. Denuncian que el gobierno está entregando permisos de cateo minero y reencauzando proyectos de represas hidroeléctricas en distintas partes del territorio, sin la consulta ni el permiso de las comunidades que habitan en las distintas zonas.
“La ley del IAC (Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural) establece que debe haber una comisión de tierras indígenas nombrada exclusivamente por las comunidades”, explicó el abogado Juan Manuel Salgado quien presentó la acción penal junto a Sonia Ivanoff. “El gobernador ha querido modificar esta ley para que la revisión de las adjudicaciones no las realicen las comunidades, sino un funcionario suyo que se hace pasar por representante del pueblo mapuche tehuelche”, agregó.
“La comisión de tierras indígenas está regulada hace 12 años en una ley y la provincia nunca la puso en práctica. Lo que hizo unilateralmente Mariano Arcioni es sacar este decreto que la pone en funcionamiento tan solo designando a un presidente. Todo es inconstitucional, por no respetar el derecho a consulta y participación de las comunidades. Tenían que consultar a las comunidades si querían formar (o no) esta Comisión y cómo elegir a sus miembros”, explica Ivanoff.
“La demanda es para que el decreto se declare nulo. Porque Arcioni lo hizo sabiendo que debía hacerlo con participación de las comunidades y las ignoró. Y al mismo tiempo, por querer modificar una ley mediante decreto, como si esto fuera una dictadura. Por eso, llevamos adelante este pedido”, concluye Salgado.
“No sé si hay registro de una acción tan colectiva de las comunidades. En la cordillera, se ha realizado una presentación también, con un número similar de comunidades. Lo que radica en concreto es el conocimiento que estamos teniendo de los derechos que están en el convenio 169 que son los máximos derechos que tenemos los pueblos indígenas a nivel internacional”, destaca Juana Antieco (Antu co), de la Comunidad Mapuche Tehuelche Costa del Lepa. “Argentina ha ratificado en todas sus partes al Convenio 169. Por eso, haciendo valer esta herramienta jurídica internacional, es que hemos decidido decirle, no solo al gobernador Mariano Arcioni, sino a los intendentes promineros que hay, a todos aquellos que quieran arremeter contra nuestros territorios, que estamos en pie de guerra, que estamos en pie de lucha, que no lo vamos a permitir. Porque no es que la minería va a afectar sólo la meseta; están haciendo actividades de cateo en todos los lugares”, asegura Antieco.
El intendente de Gualjaina, Marcelo Limarieri, anunció que va a realizar una represa en el río Costa de Lepa, el río que atraviesa históricamente a la comunidad Antieco y a muchas otras comunidades. Lo anunció sin consulta, ni previa ni informada, sobre qué impacto va a tener esa represa sobre la comunidad ni las consecuencias inmediatas y a largo plazo para las comunidades. Es un caso testigo de los que tiene que evaluar la Comisión de Tierras Indígenas. Se sabe que, si Sayhueque será quien presida la comisión, el futuro del río y de la comunidad estarán en riesgo. Hay muchos casos, otro ejemplo es el megaproyecto La Helena sobre el río Carrileufu. “Engañan diciendo que vamos a tener la energía eléctrica gratis todos, pero la realidad es que se van a beneficiar las empresas extractivistas que necesitan aumentar la producción y requieren de energía constante”, explica Antieco.
La integrante de la Comunidad Mapuche Tehuelche Costa del Lepa sostiene que es momento de defender el territorio de la provincia de Chubut, de defender un espacio en el que el pueblo no ha dejado desembarcar a la megaminería: “Comparemos con la provincia de Neuquén. Están llenos de pozos petroleros y, el otro día, una escuela voló por los aires y mató a docentes, pero al gobierno no le importa. Va a seguir con sus objetivos. Está en nosotros seguir saliendo y seguir luchando para que esto no siga pasando. Al margen de que a muchos compañeros los van a seguir deteniendo, los van a seguir judicializando y les van a seguir armando causas. Es una cuestión histórica que viene padeciendo el pueblo mapuche. Tenemos que redoblar esfuerzos y seguir combatiendo a estos usureros que lo único que piensan es en sus bolsillos. La crisis en Chubut la provocaron ellos, para que aceptemos sí o sí los intereses que están detrás de sus bolsillos”.
*Por Revista Cítrica / Imagen de portada: Luan Colectiva Fotográfica.