Taym: dos responsables elevadxs a juicio, pero un Estado cordobés que sigue sin responder
El miércoles pasado, el fiscal de Instrucción de Alta Gracia elevó a juicio, como responsables del desastre de marzo de 2017, al gerente de Taym César Ernesto Ripsky y a María del Milagro Araoz Ferrer, quien fuera la jefa técnica. Hace 4 años, caudalosas precipitaciones provocaron el derrumbe de un terraplén de contención de la planta de tratamiento de residuos peligrosos, arrastrando material altamente tóxico e irregularmente tratado por la empresa de Roggio, contaminando suelos, napas de agua subterránea, aguas superficiales y la planta potabilizadora que abastece de agua al 30% de Córdoba capital. La Asamblea Santa María Sin Basura seguirá solicitando que la Fiscalía Anticorrupción acepte a vecinxs de Santa Ana como querellantes y que tome medidas contra lxs funcionarixs públicxs que aprobaron la instalación de la planta.
Por Redacción La tinta
La semana pasada, el fiscal de Instrucción de Alta Gracia, Alejandro Peralta Ottonello, firmó el requerimiento de elevación a juicio a dos responsables de Taym en Córdoba por contaminación ambiental culposa, a 4 años del desastre ecológico ocasionado por el desborde de la planta, en marzo de 2017.
Cuando la Cámara de Acusación dejó en firme, el año pasado, las imputaciones a los directivos, también confirmó la validez del estudio pericial interdisciplinario (elaborado por un equipo interdisciplinario de biólogxs, geólogxs, ingenierxs hidráulicxs y químicxs, y médicxs) que demostró que los contaminantes de Taym fueron desplazados por el agua de escorrentía fuera de la misma, llegaron hasta el canal abierto Los Molinos-Córdoba e ingresaron a la Planta Potabilizadora. El informe pericial encargado por Peralta Otonello es contundente: se encontraron sustancias por encima de los valores permitidos en la banquina de la ruta 36 (por fuera de la planta Taym), en el canal Los Molinos-Córdoba y en el suelo dentro de la planta, encontrando Hierro (agua y suelo), 2-4-6 Triclorofenol (agua del canal), Aluminio (agua del canal) y Ditert-butilfenol (agua del canal y suelo).
“Al existir un peligro potencial de la llegada del agua desde la planta, y al resultar insuficiente el análisis practicado sobre la misma, se asume que pudieron pasar a la red sustancias que no se miden regularmente según los protocolos de Aguas Cordobesas, tampoco el agua debió haber ingresado al canal, ya que, si bien la prestataria del servicio no tuvo margen de acción para ello, durante el episodio en cuestión, los barrios allí acumulados producto del evento pudieron haber quedado naturalmente con resabios de esta contaminación y potencialmente contaminar en un futuro la planta potabilizadora. Por otra parte, muchos de estos contaminantes podrían fijarse a los alimentos cultivados en las inmediaciones y pasar sin controles específicos, ya que los controles convencionales no influyen en la variada lista de sustancias tóxicas y peligrosas presentes en la empresa Taym, poniendo en riesgo la salud poblacional”, expresaron lxs camaristas en la Resolución 586 del 2020.
Peralta Otonello considera responsables del desastre ecológico a César Ernesto Ripsky el -apoderado y gerente de la planta- y a María del Milagro Araoz Ferrer -jefa técnica-, y aunque no se desconoce que la tormenta (que acumuló 150 milímetros en tres horas) fue un “evento extraordinario”, las inspecciones y sus resultados realizadas antes de marzo del 2017 dan cuenta de la “responsabilidad penal” de las autoridades de la empresa.
El documento de requerimiento de elevación a juicio tiene más de cien páginas, pero en una, Peralta Ottonello sintetiza con claridad -en 11 puntos- sus convicciones:
—La planta de Taym no debió haber sido autorizada a instalarse en ese predio.
—La zona donde se instaló la planta Taym es altamente inundable.
—La forma en que se venía desenvolviendo la planta no era la adecuada ni reunía los elementos de seguridad necesarios para el depósito, reciclaje, tratamiento, etc., de los residuos peligrosos que allí se almacenan.
—Los controles realizados por las diversas autoridades nacionales y provinciales no dispusieron las medidas de seguridad que correspondían para evitar o contrarrestar al menos un episodio como el sucedido, a pesar de haber encontrado numerosas irregularidades.
—La precipitación del día 28 de marzo de 2017 fue extraordinaria.
—La planta Taym no puede continuar recibiendo o tratando nuevos residuos peligrosos en ese predio.
—Las responsabilidades de la contaminación leve, de tipo múltiple, difuso, muy extendido, de duración variable, de distribución variable, no aparecen como atribuibles a una sola persona –entendido como autoridades públicas, empresariales–.
—Se necesitará una amplísima discusión para arribar a un estado intelectual de convicción –positiva o negativa– para arribar a una resolución definitiva.
—Claramente, los imputados subestimaron la importancia de la acción hídrica por el terraplén Oeste, ya que el día del hecho este se encontraba en etapa constructiva. En cuanto al ubicado al costado Sur, presentaba una abertura al mismo nivel del camino exterior, funcionando como canal de escorrentía. Estas cuestiones contribuyeron al ingreso, sin contención suficiente, del agua proveniente de la precipitación extraordinaria.
—La circunstancia de encontrarse una sola muestra positiva ya demuestra que se produjo contaminación y, por lo tanto, daño ambiental.
—El agua con los contaminantes llegó al canal Los Molinos-Córdoba.
Cordobesismo, corrupción y contaminación
La historia de Roggio con el Estado cordobesista es vieja. Benito Roggio Ambiental (BRA) es uno de los grupos económicos más grandes del país y tiene contratos con Córdoba hace décadas: desde ser el grupo empresarial propietario de Aguas Cordobesas hasta tener a cargo el cierre de la Circunvalación o ser concesionaria de la recolección de la basura hasta el 2008. Así, la historia continúa.
La Agencia Córdoba Ambiente dio la autorización para construir la planta de tratamiento de residuos peligrosos de Taym, perteneciente a BRA, a fines del año 2000. Se sabía que era una zona inundable, pero un documento firmado por Fabián López, ministro hasta hace poco tiempo de Ambiente, Agua y Servicios Públicos de la Provincia y quien, en el 2000, era director de la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (DIPAS), habilitó la construcción de la planta.
Según la Asamblea Santa María sin Basura (el colectivo de vecinxs autoconvocadxs conformado en 2016 para denunciar y resistir la instalación de un megabasural en las inmediaciones de Villa Parque Santa Ana), un año antes del derrumbe, Taym amplió su planta sin tener licencia ambiental y construyó más fosas y edificios, operando ilegalmente. “Un informe de policía ambiental de un mes previo a la inundación señala la existencia de materiales a la intemperie, tachos de DDT, lagunas de lixiviados colapsadas, bermas rotas, instalaciones funcionando sin autorización”, asegura la Asamblea.
El pasado 22 de marzo, Santa María sin Basura convocó a una concentración frente a la Fiscalía Nro. 2 de Alta Gracia para solicitar la inmediata elevación a juicio de la causa y para “denunciar públicamente el sistemático encubrimiento operado por el Fiscal Anticorrupción Franco Mondino, de los funcionarios públicos responsables de la inundación y colapso de la Planta de tratamiento de residuos peligrosos”. Liliana Lacombe, abogada y vecina de Santa Ana, dijo en distintos medios: «En estos cuatro años de investigación, está más que probado el delito de contaminación y las responsabilidades empresariales y políticas. Recordemos que fue el propio gobernador Schiaretti quien prometió a todos los cordobeses que debía caerle todo el peso de la ley. Pero hoy solo tenemos dos empleados de la planta imputados», planteó la integrante del colectivo de vecinxs autoconvocadxs.
Desde la Asamblea, aseguran que, aún teniendo las pruebas obrantes, Mondino garantiza la impunidad de los funcionarios. “Desde el año 2000, autorizaron de manera irregular la instalación de la Planta Taym en un lugar inundable, y luego, permitieron que la Planta funcionara procesando residuos peligrosos de todo el país con graves irregularidades; incluso en instalaciones sin licencia ambiental. ¿Por qué la Fiscalía en lo Penal y Económico (“Anticorrupción”) no ha avanzado nada en 4 años ni ha admitido a los ciudadanos afectados como querellantes? ¿Por qué los responsables políticos del desastre de Taym siguen ostentando importantes cargos públicos a pesar de que el gobernador Schiaretti pidió que ´cayera todo el peso de la ley sobre los responsables de este desastre ambiental´?”, expresaron lxs vecinxs.
El biólogo Raúl Montenegro, de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), dijo a la Revista Matices en el 2017: “Primero, es necesario explicar cómo es el funcionamiento de la planta Taym. Nosotros hablamos de impericia tanto del Estado como de la empresa. El sitio donde se encuentra Taym es un terreno con escorrentías. Allí es donde CORMECOR también quiere instalar la planta. Por la ubicación, por el agua y la velocidad, Taym debería haber tenido un sistema antisísmico (desconozco si lo tiene) y uno resistente a volúmenes de agua, volúmenes de agua incluso mucho mayores que este. Esta no fue una lluvia de las más intensas”, y agregó que “Taym funciona como un ‘aguantadero’ porque no es una planta de tratamiento, sino un depósito, es decir, se mantienen ahí los residuos mientras se paga un canon”.
Montenegro aclaró también en esa nota que sólo cinco provincias en todo el país permiten el ingreso de residuos industriales. Córdoba lo permite y, por su ubicación en el centro del país, aquí se concentra gran parte de la basura industrial del resto. “Por ejemplo, podemos encontrar residuos petrolíferos del sur. Tiene una capacidad de 7.500 toneladas al año de diferentes tipos de residuos. De las 40 variedades listadas por ley, Taym tiene autorización de depositar 30 que son tan variadas como productos farmacéuticos, desechos de producción y utilización de plaguicidas, mezclas y emulsiones de aceites e hidrocarburos, tintas, colorantes, pinturas y barnices. Se producen mezclas complejas de composición muy variadas totalmente impredecible. Además, estamos hablando de una empresa con un propio historial de irregularidades, multas y presentaciones judiciales. No estamos hablando de una empresa modelo que, además, está ubicada en una zona que, por las características propias de escorrentías fuertes y violentas, debía tener un sistema de protección de residuos en fosa”, concluyó el investigador.
Como dicen desde la Asamblea, más de un millón y medio de personas podríamos haber consumido agua contaminada, y aun no se han calculado cuántas hectáreas han sido afectadas por el corrental que llevó consigo tóxicos kilómetro a kilómetro, envenenando agua y tierra.
“Los contaminantes no degradables, como los metales pesados arrastrados por la escorrentía, continúan dispersos en un territorio indeterminado. Por lo que el delito no ha cesado y continuará afectando a las futuras generaciones. Justicia por nuestra casa común, por la preservación de los recursos vitales como el agua y la tierra para nosotros y futuras generaciones”, concluyen lxs vecinxs, que llevan años de luchas colectivas en una provincia donde la corrupción y el negociado atenta, cada vez más, contra la salud y la vida.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Santa María sin Basura.
