Juez nombrado por Macri: la familia Maldonado pide la nulidad de la causa
El secretario privado de Mauricio Macri anotó junto al nombre del juez, Gustavo Lleral, a cargo del caso Maldonado, «lo nombramos nosotros, está bien». La familia de Santiago va a recurrir a la Corte Suprema para que anule lo actuado. Este año, se cumplirán cuatro largos años del hecho y la causa por muerte de Santiago Maldonado continúa impune.
Por Juan Alonso para Nuestras Voces
La causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado el 1 de agosto de 2017 en Cushamen, provincia de Chubut, podría quedar nula de toda nulidad. El acto de represión ilegal en territorio mapuche por parte de la Gendarmería Nacional, dirigida por Patricia Bullrich y Pablo Noceti, que derivó en un acto procesal que tambalea, instruido y cerrado por los jueces federales Guido Otranto y Gustavo Lleral.
¿Por qué?
Tras el apartamiento dispuesto por la Cámara del magistrado Otranto –señalado por parcialidad manifiesta a favor de Gendarmería-, el expediente quedó en manos de Lleral. ¿Qué hizo? Se comunicó con la madre de Santiago y le dijo que entendía su dolor, pero, al mismo tiempo –según las escandalosas revelaciones del peritaje al teléfono celular de Darío Nieto, secretario privado del ex presidente Mauricio Macri-, habría recibido la gentil visita de Juan Bautista Mahiques, actual Procurador de la CABA. Nieto anotó a Lleral como “un juez propio” en su teléfono. O sea, de Macri.
La investigación de los colegas de El Destape le corre el velo de impunidad de la mesa judicial macrista y la casta del fuero federal, que este cronista viene denunciando en tiempo real desde el instante mismo de aquellos funestos acontecimientos desde la Patagonia. Un trabajo periodístico que quedó plasmado en el documental El camino de Santiago, dirigido por Tristán Bauer con guión de Omar Quiroga y Florencia Kirchner, que recibió dos premios internacionales en La Habana y en Yale.
Dos biblias
La abogada Verónica Heredia, que representa a Sergio Maldonado, el hermano mayor de Santiago, resume este repugnante manejo judicial de los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo de entonces en conexión con jueces y lobbistas. “Vamos a recurrir a la Corte para que declare nulo todo lo actuado por el juez Lleral. Porque la muerte de Santiago se dio en el marco de una desaparición forzada y es esa la figura penal que debe investigarse. Por eso, vamos a pedir un juez imparcial que nunca jamás hemos tenido y, a la vez, vamos a pedir el avance en causas y situaciones conexas como las escuchas ilegales a Sergio por parte de Javier María Leal de Ibarra y la DaJuDeCo a pedido de Otranto, los seguimientos de la AFI y las reuniones de Otranto con Pablo Noceti de la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Estos señores pincharon los teléfonos de la familia en vez de salir a buscar a Santiago por una clarísima desaparición forzada donde el Estado es responsable y el Poder Judicial fue cómplice de los ejecutores”.
Desde Bariloche, Sergio Maldonado está convencido de que hubo una trama macabra para encubrir a los responsables de la desaparición forzada y la muerte de su hermano en Chubut: “El juez Otranto se sentaba con Claudio Avruj (ex secretario de Derechos Humanos y “Pluralismo Cultural” durante la mini era neoliberal macrista) y no nos recibía a nosotros. Esta gente nos pinchó los teléfonos y nunca nos recibieron. Después, llegó el juez Lleral y, con esa impronta de que llamó a mi vieja y a mi hermano, montó un espectáculo. Pero Lleral asumió para hacer aparecer el cuerpo de Santiago y le confesó a mi mamá que tenía que cerrar la causa porque estaba siendo apretado. ¿Quiénes lo estaban presionando? ¿Mahiques, Nieto o el propio Macri?”, se pregunta Sergio, indignado.
Este año, se cumplirán cuatro largos años del hecho y la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado continúa impune.
A Sergio Maldonado no le resulta suficiente la demanda que realizó la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien acusó a la cúpula de la Gendarmería y a Noceti. Para Maldonado, la máxima responsable de la represión ilegal seguida de muerte de Santiago fue la actual jefa política del Pro, Patricia Bullrich, que ahora milita la propagación del virus del COVID-19 y asiste en cuerpo presente a las manifestaciones de lunáticos frente a la Quinta de Olivos y seres vestidos de amarillo en la Plaza de Mayo.
“La denuncia de Frederic le cayó a Lleral y esto se parece a una comedia espantosa”, dice Sergio.
Resumiendo: la Cámara de Casación, con el juez tenista Mariano Borinsky como máxima luminaria de la inmoralidad procesal y personal, dictó que Lleral debía seguir a cargo del expediente y es uno de los jueces y fiscales que concurrió a Olivos para ver a Macri. Fue 15 veces y así lo denunció el ministro de Justicia, Martín Soria. ¿Cuál es la posición del Ministerio? Teniendo en cuenta que el propio Soria es el máximo denunciante de la mesa judicial macrista, pareciera que la posición de la familia Maldonado podría obtener cierto respaldo institucional.
Ahora bien, ¿todo lo actuado por Lleral en la causa Maldonado puede considerarse nulo?
Una cosa es la presunta intromisión de Macri en la causa Maldonado y otra, la probable aparición de una orden suya para direccionar el expediente y dirigirle órdenes al juez Lleral a través de Mahiques. De aparecer este tipo de prueba fáctica, la nulidad sería concreta.
Por eso, algunos juristas opinan que la familia Maldonado hace bien en pedir la nulidad de todo lo actuado.
Para Luis Hipólito Alen, director de la Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos de la Universidad de Lanús, “debería considerarse nula toda medida tomada por el juez Lleral en la causa Maldonado”.
Sin embargo, el abogado Maximiliano Rusconi advierte una leve disidencia de criterio: “Normalmente, los planteos de recusación por imparcialidad se realizan hacia futuro, acá el problema es que ya se tomaron decisiones por parte de los jueces. De todos modos, se puede pedir la nulidad y la toma de medidas de pruebas”.
AFI, escuchas y la Corte
En septiembre de 2019, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia reabrió la investigación por la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, y ordenó profundizar algunos puntos clave: “Nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos. De allí que corresponda ampliarse la investigación a efectos de verificar o descartar la existencia de alguna otra hipótesis delictiva”, dijo la Cámara que preside Leal de Ibarra.
El fallo que llevó la rúbrica del camarista responsable de la oficina de escuchas telefónicas que depende de la Corte Suprema, Leal de Ibarra, dijo que, contrariamente a lo que había dispuesto el juez Lleral, “la investigación no se encuentra agotada”.
¿Pero a quién le dieron la causa las sucesivas instancias?
Al propio Lleral que se excusó en un acto patético del espejo del revés.
¿Y la AFI con los verdes de Gendarmería? El “Potro” Jorge Domínguez, comandante mayor que fue director de Inteligencia Criminal de la Gendarmería y pasó a revistar en la AFI macrista, fue la pieza clave de la ex ministra Bullrich para realizar operaciones de espionaje ilegal vinculadas al caso Maldonado. También participó de la persecución a las comunidades mapuche y en el armado de la hipótesis del enemigo interno impulsada por Macri.
Ante la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, Domínguez admitió que viajó a Chile por el G20 y se fue por las ramas cuando le preguntaron sobre Santiago Maldonado y la intervención de los servicios de Inteligencia. Dijo que fueron sus superiores quienes le ordenaron viajar a Esquel el 12 de agosto de 2017 -a 11 días de la desaparición de Maldonado-, aunque remarcó que él no halló el sentido a la permanencia del director de inteligencia en el área, por lo que decidió seguir viaje hacia Temuco en un auto de la Gendarmería para mantener una reunión con los Carabineros de Chile, con quienes todo indica que intercambiaban información para alimentar las versiones delirantes con las que Bullrich aparecía en los medios hegemónicos. Y así consta en el documental “El Camino de Santiago”. Bulrrich aseguraba que Santiago no estaba en la Ruta Nacional 40, cuando estuvo desde el primer piquete por el reclamo de la liberación del líder mapuche, Facundo Jones Huala, y siguió mintiendo que había escapado a Chile o habría resultado herido con un arma blanca por parte de un puestero de Epuyén. Todo era mentira.
Todas estas operaciones judiciales y mediáticas fueron completadas con el aval del primer juez del caso Guido Otranto y la fiscal Silvia Avila.
Mientras esto sucedía, la oficina de escuchas telefónicas que depende de la Corte y está a cargo de Leal de Ibarra escuchaba las conversaciones de Sergio Maldonado. ¿Se entiende esto?
Pese a ello, total normalidad en Narnia.
Sergio Maldonado denunció, ante el Juzgado Federal de Daniel Rafecas –propuesto por el Presidente Alberto Fernández como Procurador en reemplazo del interino eterno Eduardo Casal-, que habría sido seguido ilegalmente por el aparato de seguridad y de inteligencia macrista.
¿Qué pasó en esa causa?
El juez Rafecas no encontró pruebas fácticas de sus dichos y un hilo conductor de los hechos. A saber: Sergio dijo que lo había parado un retén en la ruta y resultó ser que fue un control aleatorio de Gendarmería. Luego, manifestó que alguien estaba en una mesa de forma sospechosa, se verificó y se descartó. También sostuvo que, en el hotel del Sur donde estaba alguien, activó la grabación de un teléfono de una niña. Se hizo la investigación y resultó ser una familia común y corriente pasando sus vacaciones. Lo propio sucedió en una habitación de un hotel de CABA donde se escuchó –según Sergio- que hablaban del caso Maldonado. La pesquisa confirmó que no hubo elementos que reafirmen que hubo un plan de seguimiento sistemático contra la familia Maldonado.
Fuentes judiciales consultadas por este cronista desconocían, al cierre de esta edición en plena pandemia, si fue verificado que Eugenio Burzaco y Cristian Ritondo (dirigentes macristas) hayan cometido el presunto delito de coacción en contra del intendente 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo, en 2017, como habría denunciado la querella de Maldonado en Comodoro Py.
En 25 de Mayo nació, se crió y fue enterrado Santiago Maldonado.
La misma Corte que empoderó al fenecido juez Claudio Bonadío como inquisidor de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de sus hijos y ex funcionarios a quienes llevó a la cárcel sin pruebas, con la teoría del “derecho creativo” y las preventivas porque sí; la misma Corte que iba de festejo a la embajada de EE.UU. con jueces, fiscales, y la prosapia en formol del fuero federal con Martín Irurzun y demás rutilantes de la toga deberá resolver un caso paradigmático de la violencia institucional del neoliberalismo.
“Que las armas cedan a la toga”, dijo alguna vez Cicerón y murió asesinado a los 64 años en el 43 antes de Cristo por sicarios de Marco Antonio.
Una de las virtudes que enseñó Cicerón fue el estoicismo y la honestidad.
Todo un dilema para esta Corte.
*Por Juan Alonso para Nuestras Voces / Imagen de portada: Nuestras Voces.
