Pobres, invisibles y sin techo
Después de tres días de búsqueda, Maia, de 7 años, apareció viva. Se dijo y publicó mucha información. La única certeza que tenemos es que Maia y su familia fueron desamparadas por el Estado. Y que no es un caso aislado. ¿Qué solución les dan los gobiernos a las miles de personas que viven en la calle?
Por Natalia Arenas para Cosecha Roja
Maia apareció viva. Después de tres días desaparecida, la nena de 7 años fue hallada junto a Carlos S., el hombre que se la había llevado. La Policía no la encontró en el megaoperativo espectacular que armó y que los medios transmitieron en vivo durante horas: la encontró una vecina en inmediaciones de la estación Universidad de Luján del ferrocarril Sarmiento. La mujer llamó al 911 y dijo que la nena estaba durmiendo en ese lugar. El Comando de Patrullas de Luján de la Policía bonaerense fue hasta allí y la rescató. Carlos S. quedó detenido e imputado, por ahora, por el delito de sustracción de una menor.
Si bien, durante estos días, circularon datos, información, imágenes, videos sobre la familia de Maia, sobre Carlos S. y sobre la propia Maia, hasta ahora, la información certera es esa: Maia apareció, está viva y aparentemente sin signos de violencia.
Ahora es la Justicia la que deberá ponerse a trabajar.
La desaparición de Maia nos enfrentó a dos situaciones que no son nuevas y que los gobiernos no parecen tener herramientas para solucionar: la desaparición de niñes y la vulnerabilidad extrema en la que viven muches de elles.
Según el último relevamiento del Sistema Federal de Búsqueda de Personas, en 2018, había en la Argentina más de 10 mil personas desaparecidas. ¿Qué pasa con la desaparición de niñes?
“Tenemos tres o cuatro casos de menores perdidos por día, con el estímulo de que esos menores, en su gran mayoría, tienen un 90% de probabilidad de aparecer”, dijo esta mañana Ana Rosa Llobet, presidenta de Missing Children Argentina, en conversación con Radio Con Vos. “El 10%, un porcentaje que nos duele a todos, no se tiene más datos en muchísimo tiempo. Tenemos casos de menores que hemos perdido el rastro desde el 2004 y todavía no sabemos dónde están”, destacó.
Un caso paradigmático en nuestro país es el de Sofía Herrera, la nena de 3 años que fue vista por última vez en 2008 en un camping de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, y aún sigue desaparecida. En la búsqueda de Maia, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó el martes el Alerta Sofía, un programa de emergencia ante casos de niños, niñas o adolescentes desaparecidos que puedan encontrarse en grave peligro.
Un informe publicado el año pasado por Unicef reveló que, en el segundo semestre de 2019, la pobreza afectaba al 53 por ciento de les niñes de la Argentina y estimó que, recrudecida por la pandemia, esa cifra podía escalar al 58,6% para fines de 2020.
En la Ciudad de Buenos Aires, el último censo sobre personas en situación de calle se realizó en 2019. Ese año, eran 7.251 personas sin hogar. De ellas, 5412 no tenían acceso a paradores ni a establecimientos con convenio con el Gobierno de la Ciudad, es decir, que dormían en la calle. El 80% eran varones, el 19% mujeres y el 1% travesti o trans.
De la cifra total, 871 eran niñes y 40 mujeres embarazadas.
En 2017, el primer censo había arrojado que había 4.394 personas viviendo en las calles porteñas y 5.872 si se sumaban a esa estadística aquellas que dormían en paradores. En dos años, se incrementó un 23% la gente sin ningún tipo de acceso a políticas habitacionales.
No hay cifras oficiales, pero es lógico pensar que, con la pandemia, la situación en la Ciudad de Buenos Aires empeoró: familias que se quedaron sin ingresos de ningún tipo, que dejaron de pagar los alquileres y que, pese a que un decreto nacional lo prohibió, fueron desalojadas.
Así lo confirma Valeria Llobet, investigadora de CONICET y profesora de EHU-UNSAM: “En la pandemia, hubo un montón de familias que perdieron sus ingresos informales, changas, venta en la calle o ferias. Eso implicó un aumento enorme en la gente que está en la calle y se puede ver”.
“Las familias que estaban llegando a situaciones de calle porque estaban cada vez con mayor vulneración de derechos, sólo recibían, por parte del Programa Buenos Aires Presente, comida y colchones. Mientras estábamos todos resguardados en nuestras casas, las familias que estaban viviendo en la calle siguieron viviendo en la calle”, agrega la investigadora.
“A pesar de que se dijo que se habían hecho refugios específicos, estos estuvieron mal gestionados. Sólo enviaron familias a uno de los refugios”.
Los graves problemas habitacionales que sufren cientxs de miles de argentinxs se recrudecieron el año pasado y, ante la falta de respuestas del Estado, un ejemplo de las consecuencias fue la búsqueda de una solución en la ocupación de terrenos, como en Guernica. Se suma que los sectores más pobres tienen que lidiar con el desamparo judicial y policial. En el caso particular de Maia, su madre hizo la denuncia en la Policía y no se la quisieron tomar porque no habían pasado 24 horas de la desaparición. La Policía comenzó a buscarla recién cuando el caso se hizo público porque la propia familia y lxs vecinxs cortaron la Autopista Dellepiane a la altura de Escalada.
“Las familias más pobres suelen no ser aceptadas como víctimas de delitos, a pesar de que la mayoría de los delitos más comunes están en los sectores más vulnerables”, dice Llobet.
En el caso de Maia, ella lo ve claro: “Una policía que descree de una denuncia y que no actúa con protocolos de géneros ni de protección de derechos de niñes y adolescentes está incumpliendo con su deber. Si para la desaparición de personas la ley dice que hay que esperar 24 horas, en el caso de una niña, que conjuga dos ejes de vulnerabilidad, la infancia y el género, debería haber una reacción inmediata”, considera.
La feminización de la pobreza, además, no sólo está en los números. “Cuando se trata de niñes y sus madres, en general, la primera sospechosa es la madre. Sobre todo, cuando se trata de madres pobres: cuánto más pobre y con menor educación es la madre, más tiende tanto la Policía como el Poder Judicial a imaginar que la madre es responsable del delito”, reflexiona.
Para Llobet, hay un déficit de políticas públicas que permitan que las familias más vulneradas accedan a sus derechos. “Formalizar el acceso a las guarderías y a la educación inicial es una deuda pendiente por parte de la Ciudad. Las mujeres necesitamos apoyos institucionales para afrontar los cuidados: sólo el 4 por ciento de los niños más pobres y menores de 5 años tiene acceso al nivel Inicial”, explica.
“Si a eso le sumamos la interrupción del IFE, y la no actualización adecuada de la AUH, más la falta de políticas de vivienda y el avance de las urbanización de villas en la Ciudad, todo hace un combo que, en el marco de la pandemia, con la pérdida de ingresos y la pérdida de trabajo formales, más el cierre de las escuelas ha conducido a una enorme fragilidad por parte de las familias más pobres”, concluye.
*Por Natalia Arenas para Cosecha Roja / Imagen de portada: La tinta.
