El Poder Judicial contra la Educación Pública
Por la toma del Pabellón Argentino, el fiscal federal Maximiliano Hairabedián solicitó que 27 estudiantes sean juzgados en un juicio oral y público. La Asamblea Interfacultades convoca a una reunión el próximo viernes 26 de febrero en Ciudad Universitaria.
Por Emi Urouro para El Resaltador
El Poder Judicial avanza contra quienes se posicionaron a favor de la educación pública durante el 2018. Las y los estudiantes, que acompañaron los reclamos salariales del gremio docente, están procesados.
Desde la Asamblea Interfacultades de la UNC, enfatizan que no van a dejar que la Justicia siga con ese avasallamiento y convocan a una instancia de debate, el viernes 26 a las 18, en Ciudad Universitaria, frente al edificio de la FUC (Avenida la Reforma).
Se levantó la Feria Judicial y se dio a conocer la decisión del fiscal Maximiliano Hairabedián, lo que generó un panorama complejo, también por la altura del año entendiendo los tiempos estudiantiles.
“Pero eso no quita la organización previa que venimos construyendo. Estamos trabajando hace ya un tiempo con el Comité por la Libertad de lxs Presxs Políticxs de Córdoba en una campaña internacional de solidaridad con lxs estudiantes criminalizades de la rebelión educativa del 2018 tomando los casos de Río Negro, Jujuy y Córdoba”, explica desde la Asamblea.
En esa línea, sostienen que no es casual que de un conflicto que fue masivo en toda la Argentina, donde se llegaron a ocupar alrededor de 90 dependencias universitarias, tengan un saldo tan alto de estudiantes perseguidos/as políticamente.
“Por eso siempre decimos que este caso es una forma de aleccionar las luchas que denuncian la precariedad de las universidades. Entonces, vamos darlo vuelta organizades y haciendo presión en las calles”, sostienen desde la Asamblea Interfacultades de la UNC.
Denuncian además que los problemas del 2018 continúan y hoy son aún peor por el contexto de crisis sanitaria. Por eso, van a seguir con las asambleas, y para demostrar que las y los estudiantes que dan batalla para que la educación sea verdaderamente pública no van a ser callados.
—¿Esperaban que la fiscalía solicitará que vayan a juicio las y los 27 estudiantes procesados?
—Sí lamentablemente lo estábamos esperando. Como venimos viendo hace tiempo, las causas judiciales tanto de Córdoba (UNC) como Río Negro (UNRN) que se abrieron para criminalizar al movimiento estudiantil por la rebelión educativa del 2018 se mueven juntas. Hace unos días nos hablaron les compañeres de Fiske Menuko avisando que tenían un plazo de 10 días para juntar prueba para el juicio oral.
En relación al párrafo anterior, contaron que esas personas enfrentarán la posibilidad de tener una pena de 13 años de cárcel. Ante este panorama, en Córdoba ya imaginaba qué hilo corría la Justicia provincial.
“Lo que queremos resaltar también es la irregularidad con la que se viene manejando el Poder Judicial. Esto es algo que se sostiene desde el día 1 en que el Vicerrector Yanzi Ferreira entregó los nombres de quienes firmamos el acta de la mesa de diálogo que el mismo había propuesto, al Tribunal Federal N°3″, denuncia la Asamblea.
Otra crítica que hace el movimiento estudiantil es sobre el manejo de información. Por ejemplo, con esta última novedad judicial, los medios hegemónicos, como diario Perfil, difundieron la solicitud del fiscal antes de que sean notificadas las abogadas y abogados que defienden al estudiantado. “Esto es gravísimo porque lesiona el derecho a la legítima defensa, mostrando claramente el eje político que persigue esta causa”, agregaron.
Advierten que hasta el armado de la causa es irregular, porque se describen los hechos de la ocupación del pabellón a través de recortes de diarios hegemónicos y el relato del Vicerrector -quien no estuvo presente en los hechos- y sin determinar quiénes, cómo, dónde, se le atribuye la culpabilidad 30 días después a quienes firmaron la mesa.
Por último, desde la Asamblea repudiaron que las propias autoridades Universitarias “entreguen estudiantes a la Justicia Federal mediante los acotados canales de diálogo que ellos mismos proponen”. Y agregaron: “Lo que muestra su poca predisposición al diálogo, algo que ya vivimos, entre otras veces, con la contra-reforma del 2016 en la UNC”.
* Por Emi Urouro para El Resaltador
