El 26 de junio pasado, el Juzgado Federal N° 3 (Av. Concepción Arenales y W. Paunero 7º y 8º piso. Tel: 0351- 4334629) a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, procesó por el delito de “usurpación por despojo” a 27 estudiantes de distintas facultades, que formaron parte de la ocupación del Pabellón Argentina entre el 28 de agosto y el 27 de septiembre del 2018. Además, dictó la falta de mérito a la abogada Leticia Celli que participó de las protestas.
En la conferencia de prensa, lxs estudiantes expresaron que los procesamientos han sido apelados por las distintas defensas que participan de la causa, en busca del sobreseimiento. Como la apelación tuvo lugar, actualmente, se está a la espera de la designación de una Cámara de Apelación para continuar con el proceso.
Contexto
Julián del Caño, uno de lxs estudiantes procesadxs, dijo a Desafíos Urbanos que, desde el primer momento de la toma del pabellón, “hubo intención por parte de las autoridades de la UNC de criminalizar la protestas”, ya que, dos días después de la ocupación del edificio, el 30 de agosto, se abrió un expediente contra lxs estudiantes. El vicerrector Pedro Yanzi Ferreira se contactó, antes que con lxs estudiantes, con la Justicia Federal, que tomó su presentación como denuncia. Recién el 14 de septiembre, se comunicó con lxs estudiantes a través de una acta en el cual las autoridades se mostraban dispuestas a destrabar el conflicto y abrir una mesa diálogo. Sin embargo, Del Caño señaló que “la mesa de diálogo sólo se utilizó para extraer nombres, apellidos y documentos con el fin de judicializar a lxs jóvenes”.
En ese marco, el rector Hugo Juri se encontraba negociando el presupuesto universitario con 50 dependencias universitarias ocupadas en todo el país, sin hacerse eco de las demandas y protesta de lxs estudiantes movilizados. Del Caño indicó que el Rector de la UNC “acató al ajuste que tenía planificado el Gobierno nacional. Un ajuste que implica que, entre 2018 y el 2019, el presupuesto universitario ha perdido más del 17% con respecto a la inflación”.
Además, Del Caño recordó que, a partir del 18 de septiembre del 2018, la fiscal federal de instrucción Graciela López de Filoñuk realizó diversos pedidos a los distintos decanatos, solicitando datos sobre destrozos y roturas por las ocupaciones, las cuales siempre fueron negadas. “Había toda una intención persecutoria para tratar de judicializar y criminalizarnos. Simultáneamente, había amenazas de bomba en el Pabellón Argentina, una sentada contra nosotrxs que se suponía pacífica y fue muy agresiva, amenazas de todo tipo de los dueños del bar que tenían ilícitamente la concesión del mismo. Es decir, sucedieron una serie de cosas para desgastar y deslegitimar el movimiento estudiantil, porque ya tenían la decisión de judicializar nuestra lucha”, finalizó el estudiante.
*Por Desafíos Urbanos.
**Fuentes en red: La tinta, Hoy día, La Izquierda diario.
