Un diciembre sin Navidad en Chubut
Por Ivan Jeremias Manrrique Hughes para La tinta
Resistencia popular
Todos los años, la llegada de diciembre vaticina temor por el ambiente denso que se respira, producto de la crisis ya establecida en Argentina como moneda corriente en los últimos años y agudizada en la actualidad por una pandemia que azota con mayor violencia a las regiones más desiguales.
Pero en Chubut, diciembre es dueño de uno de los hitos más importantes en cuanto a la resistencia contra las formas aberrantes del modelo extractivista a larga escala. El pasado 4 del corriente mes, se cumplieron 18 años de lucha contra las multinacionales mineras que sobrevuelan la provincia, como aves carroñeras, a la espera de un cadáver del cual alimentarse. Ese cadáver aún no llega ni va a llegar.
El contexto actual no es muy lejano al de finales del 2002, donde las asambleas populares escribieron el destino de lucha de una provincia que pone el cuidado del ambiente como fundamento principal hacia el progreso, ganando una de las batallas más importantes.
Las últimas dos semanas estuvieron envueltas de movilizaciones masivas e históricas en cada ciudad, pueblo y comunidad de Chubut. Estas sirvieron para evitar el tratamiento del proyecto de zonificación minera, enviado por el depredador dispuesto a servir como carroña a su población, Mariano Arcioni, en el periodo ordinario del poder legislativo. A pesar de esto, se sumaron dos sesiones extraordinarias para los días 18 y 22 de diciembre por lo que el jolgorio de fin de año sigue siendo atravesado por la angustia e incertidumbre de cada habitante.
Convivir con el caos
Algo que es imposible de evitar a la hora de caracterizar el contexto actual de Chubut es mencionar las deudas de Arcioni con la población para la que oficia de gestor: dos meses de sueldo y el aguinaldo de junio a todos los trabajadores. Desde salud hasta educación, pasando por cada área pública.
Una de las principales características que viene demostrando el embate minero es la de cumplir con todos los prejuicios que ostenta. Cuando se denuncia la corrupción inherente al modelo extractivista, pareciera que tanto el gobierno como los capitales extranjeros han decidido cumplir con todos los ítems. Todos los días, surge un nuevo escándalo.
La temporada de corrupción comenzó con la denuncia por parte de un investigador del CONICET, sobre la malversación de un trabajo científico suyo, para adaptarlos a los estándares mineros, haciendo que se caigan a pedazos las palabras del mandatario principal cuando dice que el proyecto ostenta de un amplio sustento académico y científico.
Seguido a este paseo por la impunidad, nos encontramos con acampes de personas a cargo del gobierno en las casas de legisladoras cuya decisión es negarse a este modelo. Se presentaron como dirigentes mineros y vecinos de la meseta, pero, al pasar unas horas, se destapó que varios de los que organizaban el acampe tenían vínculos directos con el ministro de seguridad, Federico Massoni, quien se negó a actuar para detener este acto violento.
Si algo hizo el lobby minero es disparar repetidamente sobre sus pies. Días atrás, se viralizó un audio donde la diputada anti mina del interbloque, Leila Lloyd Jones, denunciaba el pago de 10 millones de pesos para los legisladores que le pongan precio a su voto positivo y, trae el recuerdo de Gustavo Muñiz en la sesión del 2014, quien fue fotografiado teniendo una amena conversación vía mensajes de texto con un empresario. Cuando esto parecía ser el fondo de todo, también se sumó un video en el que se lo ve al dirigente del PRO, Sebastián López, negociando para ser un brazo ejecutor del lobby minero en la región.
Todo esto contrasta con el pueblo organizado de manera interdisciplinaria e intergeneracional, el cual todos los días suma nuevos adeptos al rechazo del proyecto del gobierno para apoyar la Iniciativa Popular, diagramada desde una democracia y transparencia plena. En ese sentido, se destacan los pronunciamientos de fundaciones como Patagonia Natural, del sector científico con las firmas de las máximas autoridades del Inta, CONICET, la UNPSJB y la UTN pasando también por trabajadores de la salud, la Sociedad Argentina de Pediatría y el cuerpo de Guardafauna de la provincia.
La lista es verdaderamente extensa, ya que, sumado a estos sectores, también tomaron postura las distintas religiones, en nombre de sus respectivas instituciones, de pedir el rechazo mientras también las comunidades de la meseta, las cuales son usadas por los apoderados políticos de su voz como excusa de salvación, se manifestaron en rechazo.
Una grata noticia para el conflicto data en que se haya roto el círculo mediático en el que estaba encerrado todo para llegar a nivel nacional con el pronunciamiento del ganador del Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, distintos artistas y logrando el apoyo de organizaciones como Jóvenes por el Clima y Greenpeace.
Decisiones políticas llevadas a cabo
Durante todas estas semanas, son muchos los municipios que han decidido declararse anti mineros, apoyando a la Iniciativa Popular ya mencionada. Entre ellos, se destaca la ciudad de Trelew, por ser una de las más habitadas, quien derogó el “interés municipal” establecido por Máximo Pérez Catán en 2012 y se proclamó libre de megaminería.
En cuanto a los partidos políticos que actualmente ocupan sus bancas en la legislatura Provincial, tanto el PJ, la UCR y el PRO, emitieron comunicados pidiendo que no se trate el proyecto, interpretando que no hay licencia social luego de todo este tiempo continuo de movilización que la provincia acarrea.
Lo sorprendente -o, a esta altura, no tanto- es también cómo el Poder Ejecutivo acciona de manera totalitaria cuando, ni bien ganadas las elecciones, no pudo ni mantener su bloque en la legislatura, perdiendo a la mitad de sus integrantes, los cuales formaron un interbloque que está compuesto por diputados y diputadas de Madryn, Esquel y Trelew.
La única persona que puede retirar el proyecto de la discordia es Mariano Arcioni, quien dijo que no lo hará porque hay que debatir mientras solo se rodea de sus aplaudidores de siempre y niega toda oportunidad al diálogo.
Según se hizo correr en las últimas horas, el proyecto no tendrá su respectivo dictamen desde comisiones para ser tratado en las sesiones extraordinarias y quedará pospuesto hasta, al menos, febrero. Donde se plantea hacer uso de otra extraordinaria para sacar el tema adelante.
De confirmarse esto, puede considerarse como una primera victoria para terminar el año, pero lejos está de culminar el conflicto. Todo este tiempo, hasta que vuelva la embestida, será más que necesario reclamar por el retiro del proyecto y la aprobación de la Iniciativa Popular sin cambio alguno. Cada acción, desde las más pequeñas hasta las más grandes, congenian un todo que terminará generando un precedente histórico contra las multinacionales, que hacen gala de su destrucción en un planeta que necesita urgentemente un respiro.
*Por Ivan Jeremias Manrrique Hughes para La tinta / Imagen de portada: Emily Hughes.
