825 causas de aborto y 37 posibles eventos obstétricos criminalizados en doce provincias del país
Una investigación nacional relevó las causas iniciadas por abortos y por otros eventos obstétricos que fueron criminalizados. El resultado es enorme, más si se tiene en cuenta que el registro es sobre la mitad del país. Las claves para interpretar el fenómeno, en esta nota.
Por LATFEM
“Liliana” estaba presa hacía cinco años en el penal de San Martín, tenía 40 años y dos hijes. Había perdido un embarazo a los cinco meses de gestación y había sido condenada en un juicio abreviado por homicidio agravado por el vínculo. Su salud dentro de la cárcel se deterioró a un punto sin retorno. Después de meses de pedir arresto domiciliario y atención médica, murió.
De distinta manera, el CELS, el Centro Universitario San Martín (CUSAM) y las investigadoras Gloria Orrego-Hoyos, María Lina Carrera y Natalia Saralegui habían estado vinculadas a Liliana y su muerte las puso ante el desafío de investigar cuántas más como Liliana había en la Argentina. Para eso, se sumó también la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, no solo por su compromiso militante, sino también por sus enormes redes federales.
La investigación también remite a la historia de Belén y las preguntas que surgieron: ¿hay presas por aborto en la Argentina?, ¿por qué figuras penales fueron detenidas?, ¿cómo identificarlas? Si Belén había estado presa por un aborto espontáneo, pero acusada de homicidio, lo que se consideraba como la política penal hacia el aborto hasta ese momento estaba equivocado. Belén obligó a repensar todo.
Lo que encontraron hasta el momento son 825 causas iniciadas por aborto en doce jurisdicciones del país y 37 posibles casos de eventos obstétricos, ocultos bajo la figura de homicidio o abandono de persona. Las provincias de las que tenemos datos son Santa Fe, Río Negro, Chaco, Chubut, Córdoba, Neuquén, Formosa, Catamarca, Corrientes, Tucumán, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En paralelo, la investigación coordinada por Vanina Escales y Santiago Nabaes se propuso un acercamiento cualitativo a los casos, a través de notas de prensa. De esa manera, hicieron una caracterización de las mujeres criminalizadas -no encontraron varones trans o personas no binarias en los datos relevados-. La conclusión es que la actual política penal es selectiva y está concentrada en las mujeres más pobres, y tiene como consecuencia el miedo extendido a ser criminalizada o a perder la vida.
Se trata de una política que, en su implementación, ejerce distintos tipos de violencias sobre esas mujeres por su género y por su clase social. Una de las cuestiones más llamativas de la investigación es que la criminalización “no debe ser entendida solo a partir de las condenas. La condena en estos casos no es un elemento imprescindible para la imposición de un castigo”. El informe “La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en la Argentina” hace hincapié en un dispositivo de castigo.
“Cuando hablamos de un dispositivo de castigo, nos referimos a la red que se establece entre discursos, instituciones estatales como policías y poder judicial, medios de comunicación, instituciones médico-científicas, fuerzas de seguridad, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, posiciones morales, que en conjunto producen efectos de castigo y estigmatización sobre las personas imputadas. Esa red crea una racionalidad, produce formas de subjetividad, se inscribe en los sujetos y orienta sus prácticas”, señalan en el informe.
Ese dispositivo lo vemos en funcionamiento en los hospitales, con los maltratos verbales, la exposición a imágenes shockeantes, la culpabilización, la negación de tratamiento para el dolor y otras formas de violencia obstétrica. Lo vemos también en “la proactividad y el ensañamiento que caracterizan a las intervenciones de integrantes de las fuerzas de seguridad y del poder judicial en los casos que resultan criminalizados”. Muchas veces desde hospitales y desde la policía, filtran los nombres de estas mujeres. Entonces, se suman los medios de comunicación cuando hacen coberturas morbosas de esos hechos. “El impacto en términos de estigma acompaña a la mujer, luego a sus contextos sociales y familiares, incluso aunque nunca sea condenada penalmente. Por eso, el dispositivo del castigo tiene efectos disciplinantes, aleccionadores, no solo sobre una mujer específica, sino sobre el colectivo de las mujeres”, concluyen.
La investigación tiene una serie de recomendaciones. La primera: legalizar el aborto. La última: generar información oficial sobre la criminalización de eventos obstétricos, ocultos bajo tipos penales de homicidio agravado por el vínculo, abandono de persona.
*Por LATFEM / Imagen de portada: La tinta.
