¿Y si el cielo ya cayó?
Por Ana Mendes para Bocado
Las epidemias, esas poderosas e implacables armas de destrucción masiva que facilitaron la colonización exterminando millones de indígenas en todo el continente, tienen un nuevo e inesperado capítulo con la COVID-19. Sin recuentos oficiales y prácticamente abandonados por el Estado, los indígenas guaraníes tienen las mayores tasas de contagio y muerte de Brasil, el país con más contagios y muertes de toda la región. Una realidad brutal que parece calcada de las leyendas que se cuentan por ahí, entre cielos que caen y diablos blancos.
“Un día, el cielo se caerá. Truenos, lluvias y enfermedades van a acabar con todo”, afirma el rezador Tito Vilhalva, de la Tierra Indígena Guyraroká, en el municipio de Caaarapó, en el Centro-Oeste de Brasil. La Era de las Catástrofes ya está siendo profetizada hace tiempo por el pueblo guaraní y kaiowá, la segunda mayor población indígena en Brasil. Fruto del modo de vida de los karai, los blancos, los brotes de epidemias son previstos por los indígenas en sus historias orales.
Hace casi un siglo, Tito y sus parientes testimonian la tala de los bosques y los desplazamientos de sus aldeas ancestrales para dar lugar a la expansión territorial, al monocultivo y a la agroindustria, en uno de los estados con la mayor tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Mato Grosso del Sur, donde viven 60 mil guaraníes y kaiowá, es uno de los frentes de expansión de la soja, del maíz y de la pecuaria que hacen del agronegocio un fiador político cada vez más relevante para sucesivos gobiernos.
Entre las violaciones de derechos de las cuales son víctimas, la falta de alimentación y nutrición adecuada es una de las principales, y está directamente relacionada al confinamiento y a la apropiación ilegal de sus tierras ancestrales. El poco espacio en el que fueron restringidos en el inicio del siglo XX, cuando el gobierno de Getulio Vargas (1930-45) desplazó de manera forzada a la totalidad de la población a ocho Reservas Indígenas, es el motivo por el cual esa población depende hoy de cerca de 13 mil canastas básicas donadas por los gobiernos federal y provincial.
Esa Era de las Catástrofes ya venía en formación hace tiempo cuando se encontró con Jair Bolsonaro y la COVID-19. La Constitución Federal de 1988 determinaba un plazo de cinco años para que todas las Tierras Indígenas fuesen demarcadas, una medida incumplida, en mayor o menor medida, por todos los gobiernos. Pero nada que pueda compararse al actual presidente, que se eligió en el rastro del voto de electores blancos, de las clases medias y alta, con una retórica armamentista y contraria a los pueblos tradicionales.
“En lo que de mí dependa, no habrán más demarcaciones de Tierra Indígena”, prometió Bolsonaro, y cumplió, junto con la desarticulación de los órganos ambientales que ha transformado a Brasil en un inmenso territorio de talas e incendios. Ya de inicio, la política bolsonarista dejó claro qué se proponía: el gobierno se empeñó en presentar líderes indígenas entusiasmados con la idea de explotar económicamente las tierras para mineración, extracción vegetal y agronegocio, una ofensiva que no tiene respaldo legal.
Hay más de doscientos estudios de identificación y delimitación en progreso en la Fundación Nacional del Indio, Funai, institución vinculada al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Mientras dure el gobierno Bolsonaro, la previsión es que esos estudios queden paralizados.
Como era de esperarse, la pandemia del nuevo coronavirus no atenuó las políticas anti indígenas. Al contrario. Aunque la propia Secretaría Especial de Salud Indígena, vinculada al Ministerio de la Salud, afirme que los pueblos originarios son más vulnerables, la gestión federal deja esas poblaciones más expuestas, aprovechando el momento de crisis para poner en práctica las promesas de campaña, renovadas constantemente, que amenazan la supervivencia física y simbólica de los pueblos y atiende a las necesidades de sectores productivos. Desasistidos, pueblos y comunidades intentan poner en acción medios legales para tener acceso a derechos ya establecidos y se articulan de manera independiente para proteger mínimamente sus territorios de la proliferación del coronavirus.
El 7 de julio de 2020, casi cuatro meses después del inicio de las políticas de distanciamiento social en Brasil, Bolsonaro sancionó la Ley 14.021, que creó el Plan Emergencial para Enfrentamiento al COVID-19 en los Territorios Indígenas. Simbólico que haya sido el proyecto de ley más vetado de la historia del país, con 22 artículos bloqueados por el presidente. Un mes después, el Congreso Nacional revirtió 16 de los 22 vetos, garantizando derechos a las poblaciones indígenas, quilombolas y otros pueblos tradicionales. Con la redacción a cargo de la única parlamentaria indígena, la diputada Joenia Wapichana, la ley establece que los parámetros de enfrentamiento al COVID-19, prevención del contagio y diseminación del virus, con previsión de acceso al agua potable, material de higiene y la instalación de barreras en la entrada de las aldeas donde vivan poblaciones en aislamiento voluntario.
La negativa del gobierno federal en crear una política pública específica para los pueblos tradicionales llegó al Supremo Tribunal Federal, la principal corte del país, que determinó una serie de parámetros que deberían ser adoptados. Pero, otra vez, la gestión Bolsonaro resistió a dar cualquier paso concreto.
A causa de la disonancia entre el Estado y las necesidades urgentes de los pueblos indígenas en medio a la pandemia, las comunidades han autogestionado el cierre de sus territorios. Los guaraní y kaiowá declararon Estado de Emergencia, en carta dirigida a la sociedad civil, con el cierre de aldeas y la implementación de las propias barreras sanitarias. Cuarenta y cuatro puestos en veinte municipios están siendo sostenidos por ellos a través de contribuciones de apoyadores y colectas online, con un coste mensual de R$ 90 mil (alrededor de US$ 15 mil).
El Estado se ha eximido incluso de contabilizar correctamente a los indígenas muertos y contaminados por coronavirus. Eso porque adoptó medidas restrictivas y no lleva a cabo la identificación étnica de personas que viven fuera de áreas regularizadas, es decir, no entran en la cuenta los indígenas que viven en contexto urbano y en tierras no reconocidas por el Estado. De esa manera, la cuenta más cercana a la realidad ha sido hecha por una organización indígena, Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib). El 31 de agosto, el sitio de la organización registraba 757 indígenas fallecidos a causa de COVID-19, 28.815 contaminados y 156 pueblos étnicos afectados. Mientras tanto, el sitio del gobierno calculaba 377 muertes y 22.923 contaminados, sin especificar pueblos étnicos afectados.
En enero de este año. Apib entró con una acción ante la Fiscalía General de la República (PGR en portugués) contra Bolsonaro por crimen de racismo. El presidente, en una transmisión en directo en sus redes sociales, dijo que “el indio está evolucionando, cada vez más es un ser humano igual a nosotros”.
No es la primera vez que se apela a la Justicia para tratar de racismo vinculadas a Bolsonaro. En 2017, cuando aún era diputado federal, dijo en una palestra en Río de Janeiro que había ido a un quilombo —quilombo, o tierra de quilombolas, son espacios tradicionalmente habitados por esclavos que huyeron o fueron liberados—. Dijo entonces: “El afrodescendiente más liviano pesaba siete arrobas. ¡No hacen nada! Creo que ni para procreador sirve ya”. Acusado de racismo, Bolsonaro fue absuelto en segunda instancia en junio de este año. El defensor sostuvo que se trataba de humor y el beneficio de la inmunidad parlamentaria del diputado. Libre de culpa, Bolsonaro volvió a hacer esa afirmación en agosto durante una de sus tradicionales transmisiones online.
Canastas básicas y los guaraníes y kaiowá
Los kaiowás y guaraníes son asistidos por dos programas, uno provincial y otro federal. El primero entrega canastas básicas a los indígenas que están en tierras homologadas, es decir, en las tierras regularizadas, que son las Reservas Indígenas y las Tierras Indígenas, las TIs. El segundo programa envía las canastas básicas a la población que está en tierras no demarcadas y en las retomadas, que son ocupaciones emprendidas por los indígenas en territorios tradicionales con tierras de haciendas particulares superpuestas. En esos sitios, viven familias en contextos de altísima vulnerabilidad social. Es en esos sitios donde ocurren los conflictos agrarios que frecuentemente llevan al asesinato de liderazgos indígenas —como el que se dio en 2016, durante la retomada Kunumi Poty Verá, en la cual murió el agente de salud Clodiodi Aquileu de Souza—.
El programa de la provincia de Mato Groso do Sul, el Vale Renta Indígena, “atiende 18 mil familias con sus canastas de alimentos”, explica Elisa Clelia Pinheiro, secretaria provincial de la Secretaría de Derechos Humanos, Asistencia Social y Trabajo de Mato Grosso do Sul. Las canastas básicas a las cuales se refiere son direccionadas también a otras etnias que viven en la provincia. Para los guaraní y kaiowá, llegan solamente 10.800 canastas.
A su vez, el programa federal, ADA, Acción de Distribución de Alimentos, es coordinado por la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), vinculada al Ministerio de la Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (Mapa). La donación es de 2.997 canastas, pero el órgano público no sabe informar cuántas van a los guaraní y kaiowá. La distribución por el programa federal se suspendió a finales de 2019 y solo volvió a ocurrir por fuerza de una decisión judicial expedida por la Justicia Federal de Mato Grosso do Sul em mayo de este año, que exigía, además de la vuelta “de la entrega de alimentos del Programa de Seguridad Alimentar y Nutricional a todas las familias indígenas residentes en las áreas identificadas administrativamente o no”, también “la vuelta inmediata del registro de todas las familias indígenas que residen en territorio de Mato Grosso do Sul”.
Arroz, frijoles, aceite de soja, sal, fideos, azúcar, harina de maíz, leche en polvo, harina de yuca y charque es básicamente lo que compone esas canastas básicas distribuidas por el gobierno provincial y federal a los guaraní y kaiowá. “El cuerpo guaraní y kaiowá se vuelve débil con esa comida de blancos”, es lo que afirma Eliel Benites, profesor indígena de la Facultad Intercultural Indígena, Fanid, de la Universidad de la Gran Dorados, la UFGD.
“La canasta está muy lejos de garantizar seguridad alimentaria y nutricional”, afirma Nayara Cortés Rocha, asesora de derechos humanos y nutricionista de FIAN Brasil, Organización por el Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuada. “Una canasta que no tiene alimentos frescos no es completa”, apunta. La ingesta de industrializados con exceso de sal, azúcar y grasas, y bajo índice nutritivo está aumentando los casos de hipertensión, diabetes y cáncer entre los indígenas.
“La obesidad, que ya es un problema crónico principalmente entre los Terena, progresivamente viene instalándose también en las demás comunidades guaraní y kaiowá”, dice el médico del Polo Base de la ciudad de Dourados, Zelik Trabajar.
Viviendo en campamentos o Reservas Indígenas superpobladas, son pocas las experiencias de alimentación saludable en acuerdo con el modo tradicional de plantar, el potyrõ, un sistema de plantío comunitario en el cual varias familias se involucran en el cultivo del maíz, de la patata y de la yuca, rezando, cantando y bautizando semillas y tubérculos para que crezcan saludables.
“Para nosotros todo es rezar”, cuenta Anastacio Peralta, de la Tierra Indígena Panambizinho, ubicada en el municipio de Dourados. “Dios, cuando hizo la tierra, el mundo, el suelo, la luna, las estrellas y el agua, mandó a los kaiowá para rezar. Es por eso que cuando se va a realizar el preparo del suelo, nosotros rezamos para pedir permiso a mba’ijara, el dueño, para que podamos usar la tierra”. Él cuenta que el maíz es el jefe de las semillas. Solamente después de plantarlo es que el frijol, la yuca y la patata crecen sanas. “Después del plantío, nosotros rezamos para que llueva, porque la semilla fue a la cuna, pero está allá durmiendo. Entonces, después de todo el acompañamiento, si el maíz no crece, hay que rezar. Es distinto del hombre blanco, el blanco pone veneno”.
Y el veneno del blanco no es pulverizado solamente en las plantaciones. Hay muchos casos de dispersión criminal sobre las aldeas indígenas que están en las cercanías de monoculturas. En 2017, una investigación realizada por Larissa Mies Bombardi, profesora de Geografía Agraria de la Universidad de São Paulo (USP), apuntó que la población indígena de Mato Grosso do Sul es la tercera del país más contaminada por pesticidas.
Intentando contabilizar las sub notificaciones, ella afirma que, “llevando en cuenta otros 50 no notificados, tenemos 300 casos por cada 10 mil. Eso indica 3% de la población indígena intoxicada”. Fue lo que ocurrió con la aldea retomada Tey’i Jussu, en el municipio de Caaarapó, en la cual los indígenas fueron intoxicados por un avión que roció el fungicida Nativo, de Bayer, en 2015. “Mi hijo tuvo secuelas. Hasta hoy, tiene problemas en uno de los ojos”, cuenta Kunumi, uno de los afectados. En enero de este año, él y sus parientes fueron indemnizados en 150 mil reales (alrededor de US$ 25 mil) por daños morales colectivos, en una acción sin precedentes. Después que el veneno dejó de ser rociado, los indígenas pudieron volver a plantar y, hoy en día, cosechan yuca, maíz y otros granos.
Los desafíos para tener un plantío en los moldes tradicionales y una alimentación saludable son, por lo tanto, varios. Pero la falta de espacio aún es el principal problema de los guaraní y kaiowá, pues la mayoría de ellos viven en áreas muy pequeñas. La Reserva Indígena de Dourados (RID), en el municipio de Dourados, tiene 13 mil indígenas que dividen 3.500 hectáreas de tierra. Y como si no fuera suficiente el poco espacio para dividir entre ellos, son comunes allí, y en otras localidades también, los arrendamientos de tierra. “Pero nosotros no podemos hablar mucho sobre eso, es peligroso, ellos son agresivos”, cuenta un indígena que vive en la RID y no quiso identificarse.
Según datos del Consejo Indigenista Misionario, el CIMI, los guaraní y kaiowá reivindican la ocupación de menos de 900 mil hectáreas de tierra, lo que equivale a menos de 2,5% del territorio que corresponde a Mato Grosso do Sul. De ese total, poco más de 200 mil son reconocidos por Funai e, incluso llevando eso en cuenta, “las comunidades guaraní, kaiowá y ñhandeva ocupan o tienen posesión de apenas 29,04% de sus tierras”, afirma el último informe de Violencia Contra Pueblos Indígenas, con datos de 2018. El número impresiona aún más si se pone lado a lado con la cantidad de tierras dedicadas a pasto de ese estado, 28 millones de hectáreas, siendo 14 millones degradadas, según un levantamiento de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria, Embrapa, por sus iniciales en portugués.
Las canastas básicas son lo que Anastacio llama de «remiendo», pues, según él, “seguridad alimentaria es lo que la tierra produce, algo sostenible. Cuidas de la tierra y ella cuida de ti. Y vas llevando, plantando y cosechando comida saludable”, dice.
Nayara, de Fian, está de acuerdo: “El concepto de derecho humano a la alimentación tiene dos dimensiones básicas. Una es estar libre del hambre y la segunda es alimentarse de forma adecuada”. En 2013, Fian y CIMI realizaron una investigación sobre inseguridad alimentaria entre los guaraní y kaiowá y, como resultado, llegaron al alarmante índice de 100% de inseguridad alimentaria. En aquel mismo año, la población no indígena representaba 22,06% de inseguridad alimentaria, de acuerdo con datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.
En plena pandemia del nuevo coronavirus, los funcionarios de Funai, que son quienes entregan las canastas y acompañan el registro de nuevas familias, estaban prohibidos de entrar en áreas no homologadas por cuenta de una decisión interna expedida en noviembre de 2019. En esa época, la orden se filtró y fue revelada por los medios de comunicación. De acuerdo al Instituto Socioambiental, el ISA, la decisión impacta 236 tierras indígenas que están en proceso de demarcación en el país. Una nota técnica de la Abogacía General de la Unión, AGU, también de 2019, reafirma la adopción de medidas restrictivas y el posicionamiento político del actual gobierno afirmando que “cuando Funai presta auxilio logístico como el envío de canastas básicas a comunidades indígenas que usan el método de invasión y depredación de propiedades privadas para presionar a la propia entidad a demarcar un determinado territorio, ella está colaborando de forma directa o refleja para una condenación judicial de la propia Funai o de la Unión”.
Se estima que alrededor de 20% de los indígenas guaraní y kaiowá viven áreas aún no regularizadas. “Quedamos cuatro, cinco meses sin canastas, que luego obtuvimos a través del Ministerio Público Federal (MPF)”, cuenta Eliseu Lopez, líder indígena que hace parte del Consejo Aty Guassu Guaraní y Kaiowá. Eliseu vive en la Tierra Indígena Kurusu Ambá, un territorio que ya tiene iniciados los estudios de demarcación –pero no está homologado, es decir, no pasó por la penúltima fase del proceso, que consiste en por lo menos siete etapas-. De acuerdo a una nueva etapa interna de Funai, la aldea no puede ser asistida por la institución. Solamente por fuerza de una decisión judicial, las canastas volvieron a entregarse. “Pero ahora está retrasado otra vez, hace más de un mes”, se queja el líder.
En una audiencia pública que ocurrió en marzo de este año en la Asamblea Legislativa de Mato Grosso do Sul, en la capital, Campo Grande, titulada “En defensa del derecho humano a la alimentación adecuada de las comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul”, el diputado de la provincia Pedro Kemp (Partido de los Trabajadores, PT) afirmó que había comida estropeándose en la Conab local. “Fuimos aquí a Conab a hablar con el superintendente y él dijo ‘tengo alimentos, está todo acá en el almacén, pero no puedo distribuirlo, porque la orden de Brasilia es que no se distribuya’”.
La suspensión de los trabajos de Funai en las aldeas no perjudicó solamente a las familias que recibían canastas básicas. Como cuenta la secretaria Elisa Clelia, a pedido del Ministerio Público Federal (MPF), un procedimiento de registro y actualización de registro de las familias guaraní y kaiowá que deben ser atendidas por dos programas estaba siendo realizado por ellos también se suspendió. “La actualización del registro sería realizada en tierras demarcadas y no demarcadas con el apoyo de Funai. Cuando vino ese decreto, ya no pudimos entrar a las tierras no demarcadas”, cuenta ella. “Nosotros solamente podremos entrar cuando eso se resuelva”. La retomada inmediata de la actualización del registro, una medida fundamental para garantizar el acceso a esas canastas básicas, fue determinada judicialmente, pero la orden está siendo incumplida.
“Nosotros somos agroecologistas innatos”, cuenta Anastacio, haciendo una aproximación entre el modo tradicional de plantar y el sistema de producción libre de pesticidas y diversificado, del sistema de los blancos. Anastacio se graduó en 2012 en el curso de Licenciatura Indigena Teko Arandu, de la Facultad de Estudios Indígenas de la Universidad Federal de Grande Dourados (UFGD), con la presentación del artículo “Plantío y sostenibilidad de la aldea Panambizinho”, en la cual describe las distintas etapas del plantío tradicional. “El pueblo sabe hacer, pero debe recibir incentivos”, afirma, criticando el veto de Bolsonaro a una línea de crédito específica para pueblos indígenas y quilombolas para el Plan Safra 2020. “El Estado no está a servicio de la comunidad, el Estado esta al servicio de la colonización. Esas son estrategias para diezmarnos, es claramente exterminio”.
*Por Ana Mendes para Bocado / Imagen de portada: Ana Mendes.
*Este reportaje forma parte de una serie de notas producidas por la red de periodismo Bocado
