Impuestos a la riqueza para cerrar brechas de género
La conversación sobre el aporte solidario de las grandes fortunas es regional. Desde Paraguay, Verónica Serafini Geoghegan, asesora de Latindadd, aporta argumentos para pensar este tema desde la economía feminista: una doble oportunidad para la justicia de género.
Por Verónica Serafini Georghegan para LATFEM
El impuesto a la riqueza constituye una oportunidad para reducir las profundas desigualdades económicas y de género que persisten en América Latina y el Caribe (ALC). Estas constituyen un obstáculo al crecimiento económico y al bienestar de las personas.
En las mujeres, se acumulan todas las formas de desigualdad. En promedio, en la región, ellas ganan alrededor del 20% menos de ingresos que los hombres, por diversas razones, entre las que se encuentran la menor disponibilidad de tiempo para dedicarse al trabajo remunerado, la sobre-representación en ocupaciones desvalorizadas y, por ende, subremuneradas y, en tercer lugar, por creencias prejuiciosas y sin base empírica sobre su menor productividad o mayor “costo” derivado de la maternidad.
Una parte importante de estos problemas está relacionada con la sobrecarga de trabajo no remunerado en los hogares debido a la división sexual del trabajo. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las encuestas de uso del tiempo señalan que las mujeres trabajan cada semana entre 20 y 30 horas más que los hombres realizando trabajo doméstico y de cuidado.
En materia de educación, si bien se observa paridad en las coberturas, se mantienen las brechas en ciertos ámbitos como su participación en disciplinas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) y en los sistemas nacionales de investigación dando cuenta de los problemas que enfrentan para integrarse, recibir reconocimiento y avanzar. El Foro Económico Mundial en 2017 estimaba que, en América Latina y el Caribe, existe una brecha de género del orden de 30% en este ámbito.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada tres mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia sexual, lo que alcanza la categoría de epidemia. El incremento de los feminicidios en ALC resulta alarmante reflejando retrocesos evidentes: pasó de 1.477 feminicidios en 2014 —con información de 18 países— a 2.081 en 2018 —con información solo de 14 países—.
Muchos de estos problemas se agudizan cuando se analizan grupos de mujeres particulares, como las que se encuentran en situación de pobreza, viven en el sector rural o son indígenas o trans, y se acumulan cuando ellas están en más de uno de estos grupos. Por ejemplo, las mujeres indígenas que viven en el sector rural son doble o triplemente afectadas por ser mujer, por ser parte de un grupo étnico y vivir fuera del área urbana donde los servicios públicos tienen mayor cobertura.
En la pandemia, estos problemas se profundizaron. Los primeros dos efectos de las medidas de confinamiento para prevenir la enfermedad fueron el aumento del trabajo no remunerado y de la violencia, ya que se vieron obligadas a convivir más tiempo con sus agresores en condiciones de mayor vulnerabilidad por el aislamiento social.
La falta de políticas públicas o los limitados recursos invertidos en las existentes impiden mejoras en las condiciones de las mujeres y la reducción de las desigualdades. En general, América Latina no cuenta con medidas activas de empleo con enfoque de género, servicios de cuidado o políticas contra la violencia integrales y de amplio alcance.
Una de las principales razones es la escasa prioridad fiscal otorgada a estos temas. La recaudación tributaria es baja en la mayoría de los países latinoamericanos y la mitad de la misma proviene de impuestos indirectos, que es otra fuente de desigualdad. Las mujeres, al ser las principales administradoras del presupuesto familiar y estar concentradas en los estratos de ingresos más bajos, son particularmente afectadas por los sistemas tributarios injustos.
Por eso, decimos que el impuesto a la riqueza constituye una doble oportunidad para la justicia de género. Por un lado, permitirá recaudar más recursos, financiar más y mejores políticas indispensables para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, y reducir las desigualdades que se mantienen entre ellas y con respecto a los hombres.
Por otro lado, contribuirá a reducir las desigualdades económicas, ya que este gravamen, al estar dirigido a las personas que se encuentran en la punta de la pirámide de los acaudalados, afectará principalmente a los hombres, dado que las mujeres se concentran en los estratos de menores recursos.
Definitivamente, el impuesto a la riqueza aporta a la reducción de las desigualdades tanto por la vía de los ingresos tributarios como porque dota de fondos para las medidas económicas y sociales adecuadas. De esta manera, la política fiscal cumple con la función de redistribución que le compete al Estado y que no puede ser delegada al mercado.
*Por Verónica Serafini Georghegan para LATFEM / Imagen de portada: Solange Avena.
