Cárceles: “No son motines, son un reclamo por los derechos elementales de las personas detenidas”
Las visitas de familiares a las personas privadas de su libertad se reanudaban este último fin de semana de octubre. Sin mediar ningún tipo de diálogo institucional, el SPB, el viernes por la noche, decidió dar marcha atrás en la medida provocando el malestar y posterior reclamo de cientos de detenidos y detenidas en las diferentes unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires. Docenas de familiares se enteraron de la decisión del SPB en la puerta de los penales. Nuevamente, se pone en evidencia la situación crítica que atraviesan las cárceles y las personas que se encuentran en ellas alojadas, agravadas aún más por la pandemia de COVID-19.
Por ANRed
Pasadas las 22 horas del último viernes, el SPB bonaerense comunica a las personas detenidas en la U.31 del complejo carcelario de Florencio Varela que las visitas del día sábado se suspendían, provocando el malestar y desconcierto de cientos de detenidos quienes no reciben visita por parte de sus familiares desde el mes de marzo, cuando comenzó la cuarentena por la pandemia de COVID-19. La decisión a principios de marzo fue tomada por lxs mismxs detenidxs, para así proteger a sus familiares. Pero teniendo en cuenta la extensión de la cuarentena, y que la visita de familiares y amigos no solo implica una cuestión sentimental, sino de supervivencia dentro de los penales (ya que es la visita quien acerca comida, remedios y elementos de higiene a las personas detenidas), el no tenerlas se volvió una carencia enorme.
En comunicación con Marta, mamá de una de las personas privadas de la libertad de la U.31, nos relata que “me avisó mi hijo tarde en la noche que no fuera, tenía todo listo ya, con muchas ganas de verlo, hace meses que no lo veo. El servicio siempre verduguea, mi hijo no tiene barbijo, tiene los papeles atrasados para los beneficios, con el esfuerzo que implica llevarle cosas, ahora tengo la mercadería acá y sin verlo”.
Ante las protestas y reclamos por la decisión del servicio, sin mediar diálogo institucional, el SPB ejecutó una feroz represión en la cárcel 31 de Florencio Varela: “Esto causa el Servicio Penitenciario, queremos ver a nuestras familias”, manifiesta uno de los detenidos en un video. Desde tempranas horas de la mañana del sábado, comenzaron las medidas de protesta ante la suspensión de visitas y la falta de solución de las autoridades competentes ante este problema, y también debido a las condiciones de vulnerabilidad nutricional, sanitaria y de hacinamiento en la que se encuentran las personas alojadas en las cárceles bonaerenses. El viernes por la noche, solicitaron la presencia del Ministerio de Justicia, pero no obtuvieron respuestas. “Nosotros no causamos nada de todo esto. El Servicio Penitenciario nos vino a ‘proponer’ visita para hoy sábado. Ayer, las familias ya estaban preparadas. Anoche a las 10 de la noche, nos dicen que no íbamos a tener visitas”, relatan.
“El miércoles pasado, a las 16, el jefe del Complejo Penitenciario de Florencio Varela citó a todos los referentes de los pabellones de las seis unidades a su cargo (entre 1.200 y 1.500 detenidos cada una) y coordinó los días de visitas para cada pabellón. Explicó que la decisión de habilitar el regreso de las visitas había sido una decisión tomada por Areses“, dijo Sarlo
Esta situación pone en evidencia el estado y abandono por parte de las autoridades del Estado y de diferentes gobiernos con respecto a las cárceles. En diciembre del año pasado, había comenzado una huelga de hambre por parte de la mayoría de las unidades del SPB que duró varios días debido a que la gestión de la ex gobernadora de la provincia de Bs. As., María Eugenia Vidal, había dejado de pagar el sistema de viandas, el cual alimentaba a la población carcelaria. Las cárceles se encuentran superpobladas, donde el hacinamiento en las cárceles bonaerenses sobrepasa el 120%. Es el Estado quien continúa precarizando la vida de las personas privadas de su libertad, ya que, desde hace décadas, se encuentran en constante hacinamiento y la sobrepoblación bate récords históricos a nivel nacional, y de manera brutal en la provincia de Buenos Aires. En un informe emitido por la CPM, advierte esta situación y también advierte la gran crisis carcelaria; sólo en el año 2018: 50.500 personas permanecían detenidas en las cárceles bonaerenses, con un faltante de 22 mil plazas carcelarias y 1.000 camastros en las comisarías.
Inmediatamente, se sumaron varias unidades al reclamo, U.23, U.24, U.31, U.32 y U.54 de Florencio Varela, la U.40 de Lomas de Zamora, U.45 de Melchor Romero y U.9 de la Plata, U.46 y 47 de San Martín, también U.13 de Junín y U.21 y 41 de Campana, entre otras. “Queremos ver a nuestras familias, queremos que nos larguen, queremos ser libres, ya pagamos”. La comunidad privada de la libertad se subió a los techos del penal 31 de Varela para reclamar que se respete el derecho a visita que les corresponde y la respuesta estatal es la represión policial.
Ante esta situación represiva, y sumado a que muchos familiares se enteraron de que se habían suspendido las visitas en las inmediaciones de los penales, comenzaron a llegar a la puerta de los mismos para sumarse a los reclamos. “Los medios hablan de motines, no son motines, son un reclamo por los derechos elementales de las personas detenidas, porque el servicio los tiene todos amontonados, la justicia no avanza, la salud ahí adentro no existe”, reclama un familiar en las inmediaciones del complejo San Martín.
Tras varias horas de tensión y con varias personas privadas de su libertad heridas, las autoridades del SPB manifestaron que se pudo arribar a un acuerdo a través del funcionamiento de las mesas de diálogo que se conformaron en los penales de la Provincia y en donde participaron autoridades del Ministerio de Justicia y DD.HH., representantes del Poder Judicial y organismos de Derechos Humanos. El acuerdo consistiría en permitir las visitas (tras 8 meses) a partir del próximo sábado 14 de noviembre.
*Por ANRed / Imagen de portada: Santiago Filipuzzi.
