Los comuneros y comuneras, autoridades, delegados de base, miembros de los consejos de la Comunidad Originaria Diaguita Anconquija denuncian amenazas, usurpación y violación reiterada a la propiedad comunitaria indígena y a los protocolos sanitarios para el ingreso a la provincia de Catamarca.
Por Redacción La tinta
Habitantes de Chavarría-Alumbrera y el pueblo en general denuncian que sus delegados de base “están en riesgo de vida (…) debido al accionar impune e inescrupuloso de Luis Roberto Miranda, alias Coqué, oriundo de Tucumán, conocido por hacer su riqueza del robo de animales de los pobladores a partir de la usurpación de tierras en las Cumbres de Narváez”, explican en un comunicado público.
Puntualizan en los hechos ocurridos durante el primer fin de semana de noviembre, cuando Miranda habría ingresado “con arma de fuego después de romper el cartel comunitario, apacheta, y alambrado, hasta cercanías del puesto del delegado de base”.
Señalan como agravante que, por la pandemia, se ve limitada la posibilidad de que otras autoridades y comuneros vayan hacia el lugar. “Dicho sujeto y compañía están violando nuestra propiedad comunitaria indígena, leyes y controles, al circular por caminos entre Alpachiri y Escaba, y entre ambas provincias por nuestro territorio comunitario, generando un gran riesgo que se extiende hasta la ciudad de Andalgalá, a la que llegan a vender animales de dudosa procedencia”, señalan.
Solicitan control de los registros de circulación a la fecha, que se informe al pueblo sobre la situación y se restrinja el movimiento de estas personas “que, por su ambición ciega, amenazan y arriesgan nuestra vida, la de nuestros mayores y nuestros seres queridos”.
Los y las comuneras denunciaron situaciones similares en 2019 y 2020, en Anconquija y Andalgalá, provincia de Catamarca, y en Alberdi, provincia de Tucumán, “y ante la inacción de la justicia, responsabilizamos y exigimos la intervención urgente de las autoridades competentes: COE, policía de Aconquija y de Alberdi”, señalan.
Esperan que intervengan los organismos de Derechos Humanos provinciales, nacionales y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y que el Intendente y Gobernador hagan respetar los derechos de la comunidad.
“En el mes de nuestros antepasados y con su protección, seguiremos con la voz en alto, en la defensa de nuestro territorio ancestral con la verdad y por la justicia”, concluyen.
*Por Redacción La tinta.
