Histórica Marcha de la Unidad de los Pueblos Originarios de Salta
Hoy, los pueblos originarios de Salta inician una Marcha de Unidad desde Santa Victoria Este y hacia la capital provincial para exigir una mesa de diálogo intercultural con el gobierno local. La pandemia agudizó el abandono y la violencia que viven las comunidades, que exigen -una vez más- que los gobiernos atiendan y garanticen con urgencia los derechos humanos básicos como el acceso a la salud y al agua potable.
Por Redacción La tinta
“Olhamelh ta ohape’én wichi olhaitatwek wet oyhiken, ot’úke onayhij ta is alho’o: nosotros, los wichí, nos unimos todos y nos vamos caminando en busca de nuestros caminos y derechos”. La Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo, presidida por Abel Lutsej Mendoza (primer político indígena de la nación wichí), fue creada a fines del mes pasado y realizó un Plenario en el que se aprobó un petitorio de los temas fundamentales y urgentes, y en el que evaluaron las próximas medidas de acción, una de las cuales es la Marcha que arranca hoy.
La caminata -sin precedentes e histórica- reunirá a los pueblos wichí, chorote, chulupí, tapiete, qom, guaraní, chané, kolla, diaguita. Los caciques del norte salteño anunciaron el evento en su propio idioma en las redes sociales y publicaron un comunicado que expresa con claridad los motivos de la Marcha.
“Marchamos ante la ausencia de políticas reales e interculturales, que solucionen la profunda crisis sanitaria y social en nuestras comunidades, agravada por el COVID. La pandemia dejó al descubierto la realidad que vivimos hace tiempo: la ausencia de recursos sanitarios, la desnutrición, la mortalidad infantil, la falta de agua y de asistencia médica intercultural, el saqueo de nuestro territorio, la quema intencional y la tala del monte nativo sin control, la contaminación de los ríos que afecta nuestra soberanía alimentaria, la falta de educación intercultural de calidad, la violencia de la fuerza de seguridad, la precariedad jurídica y la ausencia de diálogo político”, afirmaron en el comunicado.
No es novedad que ningún gobierno ha atendido ni atiende las urgencias de los pueblos originarios. Las comunidades exigieron en el mismo documento “una nueva política de Estado intercultural, transparente, participativa y digna en la provincia. Alertamos a las autoridades de la imperiosa necesidad de dialogar respetando la diversidad cultural, el idioma indígena, la representación originaria y la participación ciudadana que nos compete como salteños y salteñas”.
En un artículo publicado por la Revista Alfilo de la UNC, Mariana Espinosa (antropóloga, socióloga e investigadora del CONICET) hace un informe sobre las situaciones de violencia y desamparo del Estado que viven los pueblos originarios frente a la pandemia, los desmontes ilegales y los desalojos de sus tierras ancestrales. “Los desmontes se hacen no sólo sobre ‘propiedades privadas’, sino también en tierras estatales o comunales. La ‘liberación’ de restricciones para el desmonte está acelerando, entre otros problemas, los desalojos. En lo que va de la pandemia y la cuarentena, todos los días (¡sí, todos los días!) hay noticias de amenazas, desalojos, encarcelamientos. Algunos ejemplos: el 23 de julio, sin orden judicial, cien efectivos de la policía de Orán desalojaron a 90 familias de la comunidad guaraní CheruTumpa ubicada en Colonia Santa Rosa. En Tartagal, el 21 de octubre a las 5 de la madrugada, la comunidad wichí Yokwespehen fue violentamente desalojada por la Policía de Salta que montada a caballo llegó con una notificación firmada por el juez Aramayo y a pedido del supuesto propietario Jorge Panayotidis. Desde entonces, 15 familias con 40 niños y niñas están viviendo a la intemperie a la orilla de la Ruta Nacional 86. Mientras escribo esta nota, los hermanos del Pueblo Wichí Pozo Pajarito de Ballivián podrían estar siendo desalojados por la policía de Salta a pedido de los ‘propietarios’ Daniel Darío Karlen y Juan José Karlen, quienes, tiempo atrás, fueron ‘condenados tras haber desmontado más de 11.000 hectáreas de manera ilegal’. No existe justicia social sin justicia ambiental y viceversa. Hace décadas que las comunidades originarias ven atacada la soberana y libre reproducción de sus culturas debido a la expropiación de la naturaleza sobre la cual se funda su cosmovisión, donde se hunden sus raíces, donde yacen sus cementerios”, escribe Espinosa.
“Pasan los presidentes, los gobernadores, intendentes, legisladores y, aunque todos dicen ayudar, el auxilio no llega y, cuando lo hace, también carga la mala fe del racismo: un pozo de agua hecho en un lugar erróneo, una avioneta que no aterriza para entregar alimentos y los lanza desde el aire”, recalca la especialista. Espinosa hace foco en el explícito pedido de las comunidades, que no esperan un Estado tutelar, sino que demandan conformar una mesa de diálogo: “Sus cosmologías sustentan un admirable espíritu de grandeza que les permite ir a fondo: reclamar que las autoridades y la sociedad reconozcan su pre-existencia al Estado-Nación, que restituyan sus tierras, que se respete su derecho a la autodeterminación y que se valore la diversidad cultural que encarnan”, finaliza la antropóloga para Alfilo.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Unión Autónoma de Comunidades originarias del Pilcomayo.
