COVID-19: patentes y derecho a la salud
Ante la urgencia por acceder a tratamientos, vacunas y otras tecnologías médicas en el marco de la pandemia por COVID-19, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en derecho, salud pública y política internacional se reunieron en la virtualidad para reflexionar sobre el rol y las limitaciones del multilateralismo actual. Mientras tanto, en la OMC, analizan una propuesta de India y Sudáfrica para suspender la aplicación de los derechos de propiedad intelectual y así garantizar un acceso más justo a la salud.
La reunión del Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que monitorea el cumplimiento de ese acuerdo, analizará la propuesta de India y Sudáfrica que postula que se suspenda la implementación, aplicación y cumplimiento de determinadas obligaciones, incluyendo temas de patentes, derechos de autor, diseños industriales y protección de la información no divulgada para el tratamiento, prevención y contención que tengan relación con COVID-19.
En la Argentina, dos organizaciones civiles, las fundaciones Grupo Efecto Positivo (GEP) y Vía Libre, apoyan esta propuesta y le solicitaron al Gobierno que considere acompañarla, ya que facilitaría el acceso a medicamentos y tecnologías médicas imprescindibles para hacerle frente a la actual pandemia, incluidas las vacunas.
“Creemos que los gobiernos tienen que volver al marco de la OMC y recobrar esa soberanía sanitaria que cedieron a favor del mercado, ya que hay pruebas sobradas de que no está funcionando. En la región, hemos hablado con algunos de nuestros gobiernos, planteándoles la necesidad de sacar las tecnologías médicas del ADPIC, y nos dicen que puede haber represalias. Por eso, nos parece que es de una gran valentía que India y Sudáfrica estén liderando este proceso, representando a los pueblos de todos los países que estamos sufriendo este sistema”, dijo Lorena Di Giano, coordinadora de la Red Latinoamericana de Acceso a Medicamentos (RedLAM), durante el Congreso Global de Propiedad Intelectual que se desarrolló en forma virtual del 5 al 9 de octubre.
Establecido por la OMC durante la Ronda de Uruguay (entre 1986 y 1994), el tratado sobre los ADPIC obligó a los países miembros de ese organismo multilateral a adoptar leyes de patentes que, en el caso de las tecnologías para la salud, generaron la proliferación de solicitudes de esos títulos de propiedad intelectual por parte de empresas farmacéuticas extranjeras provenientes mayormente de los países desarrollados.
Las patentes otorgan a quienes las poseen la exclusividad de producir, distribuir y comercializar el producto patentado por un período mínimo de 20 años, aunque las empresas suelen recurrir a lo que se denomina prácticas de evergreening, mediante las cuales, a través de pequeñas modificaciones –que, en general, no cumplen con los criterios de patentabilidad–, intentan extender la vigencia dichos títulos y, de ese modo, mantener sus monopolios, que les permiten sostener precios muchas veces excesivos e incluso abusivos.
La intención al otorgar estos títulos “era promover la innovación, pero en el caso de los medicamentos y las tecnologías médicas, el tiempo ha demostrado lo contrario”, advirtió Di Giano, que es abogada especializada en derechos de propiedad intelectual, durante un encuentro regional organizado por RedLAM, que reunió a referentes de organizaciones de la sociedad civil y especialistas en derecho, producción de medicamentos, salud pública y política internacional, en el que reflexionaron sobre las limitaciones que genera el actual sistema de propiedad intelectual al acceso a las tecnologías médicas.
“Se dice que la OMS es el gobierno mundial en salud, pero no tiene posibilidad de legislar, aunque existen mecanismos en ella para que se hagan leyes sanitarias en materia internacional”, advirtió el especialista colombiano Germán Velázquez, asesor en Política y Salud de South Centre, y recordó que la OMC, en cambio, sí tiene sanciones vinculantes para países que no cumplan con normativas relacionadas con el comercio internacional. “Lo que está relacionado con la salud y con la vida y muerte de las personas todavía no es de carácter obligatorio”, cuestionó.
Di Giano recordó que, en el año 2012, el análisis de la Comisión Global del VIH y la Ley cuestionaba las consecuencias que generan las patentes sobre el acceso a la salud y, en su capítulo 6, recomendaba que los países miembros de la OMC suspendieran “urgentemente” los ADPIC relacionados con productos farmacéuticos esenciales, así como proponía una moratoria para que los países se abstuvieran de adoptar medidas ADPIC Plus en los tratados de libre comercio. Sin embargo, desde entonces, nada de eso ha ocurrido. Por el contrario, la irrupción de la actual pandemia ha puesto de manifiesto la debilidad de los sistemas de salud pública y la fortaleza del sector farmacéutico global, dominado por un puñado de empresas multinacionales que no tardaron en iniciar una carrera en busca de una posible vacuna.
Según datos de la OPS/OMS, al 2 de octubre de 2020, había 193 posibles vacunas en fase de estudio preclínico y 42 en distintas etapas de investigación clínica, es decir, que ya se están probando en personas. Entre ellas, al menos una decena están en la tercera fase de investigación, la última antes de poder ser aprobada para salir al mercado, que busca evaluar la eficacia y la seguridad de la inoculación. Por el momento, no hubo ningún anuncio de indique que estas vacunas no se patentarán, excepto las declaraciones que hizo el presidente de China, Xi Jinping, en la última Asamblea Mundial de la Salud, según las cuales, si este desarrollo se produce en ese país, será considerado un bien público. Por el contrario, según registros de GEP, hay al menos 188 patentes asociadas a las vacunas antisars y antimers con una respuesta inmune demostrada.
“Incluso, Bill Gates y la OMS han dicho que poner en pausa las patentes de vacunas sería destruir la innovación”, advirtió Velásquez y lamentó que todo indica que el denominado “nacionalismo de las vacunas” se producirá ni bien estén disponibles, dejando en desventaja a los países en desarrollo, que posiblemente tengan que esperar algunos años hasta poder acceder a ellas, similar a lo que ocurrió con el acceso a medicamentos antirretrovirales para tratar el VIH en África, adonde llegaron años más tarde de haber ingresado al mercado.
De hecho, se estima que las naciones ricas, con sólo el 13% de la población mundial, ya bloquean la mitad del suministro potencial de vacunas en el mundo: Estados Unidos, por ejemplo, ha invertido alrededor de 10.000 millones de dólares para asegurarse millones de dosis de las posibles vacunas de Pfizer y Moderna; China destinó fondos multimillonarios al desarrollo y producción de varias vacunas; Alemania invirtió 300 millones de euros en la compañía CureVac, de Tubinga; Gran Bretaña se aseguró millones de dosis de la vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford junto con AstraZeneca y la Unión Europea en conjunto prevé destinar una parte importante de los 2.700 millones de euros que conforman el Instrumento de Apoyo a la Emergencia, sumado a un apoyo adicional mediante préstamos del Banco Europeo de Inversiones, para concertar acuerdos con los distintos productores de vacunas para los países miembros.
Multilateralismo privado
La Argentina se inscribió en el denominado Covax, una iniciativa impulsada por la Alianza de Vacunas (GAVI), la OMS y la Coalición de Innovación y Preparación contra Epidemias (CEPI), que busca garantizar un acceso global equitativo a vacunas para COVID-19, a través de la entrega de 2.000 millones de dosis hasta fines del 2021 mediante donaciones de países con mayores ingresos a otros de ingresos bajos. Pero, ¿cuáles son las relaciones del Covax con las farmacéuticas y la Fundación Bill y Melinda Gates?
“Hay un silencio total sobre propiedad intelectual, precios y costos, con el agravante de que se trata de fondos públicos y, por lo menos, debería haber transparencia”, cuestionó Velásquez, que fue director del Departamento de Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual de la OMS, y repasó los cambios que ha atravesado este organismo durante las últimas décadas, en lo que considera un proceso de “privatización”. A esto, se suman cuestiones geopolíticas, que de algún modo dieron lugar a que actualmente la OMS se encuentre financiada en más del 80% por la Fundación Billl y Melinda Gates y que, por ejemplo, ya no se refiera a licencias obligatorias –una autorización que emite una autoridad pública que permite a terceros y gobiernos la importación, fabricación y comercialización de los productos patentados como elementos de diagnóstico, vacunas o medicinas, en especial cuando no tienen sustitutos– y que prefiera impulsar medidas voluntarias para las empresas.
Al respecto, Gonzalo Berrón, investigador asociado del Transnational Institute (TNI), coincide con que la pandemia encontró al mundo con lo que se podría definir como un “multilateralismo privado”, algo que es “peligroso” porque deja el gobierno del mundo en manos de empresas e intereses particulares. “La idea de que el empresario piensa solo en el lucro empieza a naturalizarse como solución y no como el problema. Y esta naturalización hace que una ONU desfinanciada necesite de otros espacios de financiamiento. Ahí entra la filantropía de las grandes empresas, que generan mecanismos de paragobiernos y nuevas alianzas como GAVI, que va a jugar un papel fundamental”, ejemplificó Berrón, que es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y director de Proyectos de la Fundación Friedrich Ebert en ese país.
Pedro Villardi, que forma parte de la Campaña Global por el Tratado Vinculante sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales, y coordina el Grupo de Trabajo sobre Propiedad Intelectual de la Asociación Brasileña Interdisciplinaria de SIDA (ABIA), también cuestionó que el acceso a medicamentos hoy se rija por una división entre reglas voluntarias y obligatorias. “Las obligatorias son todas para los países que tienen que respetar la propiedad intelectual, que se ven obligados a tener leyes que hagan valer una patente por un mínimo de 20 años, pero no hay obligatoriedad sobre las empresas. Para ellas, todo es voluntario, tienen muchos derechos, pero no obligaciones”, dijo Villardi, que es doctor en Ciencias Humanas y Salud por el Instituto de Medicina Social de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil. “¿Cómo eliminar a las patentes medicinales de la OMC en un momento en que el multilateralismo está desarticulado? La preocupación de la salud tiene que ser de los gobiernos y, por eso, es fundamental crear una nueva narrativa sobre qué tipo de multilateralismo queremos, que sea capaz de sacar la obligatoriedad de las patentes medicinales de la OMC. Para eso, necesitamos países con el coraje y la disposición de estar del lado de sus pueblos y no del gran capital”, concluyó Villardi.
*Por Vanina Lombardi para TSS / Imagen de portada: TSS.
