Fronteras para “volver a casa”: la situación de las y los varados peruanos en Argentina
Por Álvaro Torero para La tinta
“Me quedé a la fuerza, sin poder reencontrarme con mis hijas”, fueron las primeras palabras de Cristina. Ella llegó a Córdoba el 18 de junio del 2019 desde Perú en un estado de salud delicado producto de la violencia de género que sufrió por parte de su ex pareja. Desde que llegó a nuestra ciudad no paró de tocar puertas para poder estar bien física y psicológicamente. Estuvo casi un mes internada en el Hospital de Clínicas por una cirugía y hasta el día de hoy recibe terapias psicológicas en el Polo de la Mujer, por las secuelas del maltrato. En marzo de este año, cuando esperaba los informes médicos finales para poder volver a Perú, se declaró el cierre de las fronteras por la pandemia del Covid-19 y no pudo regresar. Cristina quiere volver al Perú para reencontrarse con sus dos hijas, de 3 y 6 años, a quienes dejó al cuidado de sus suegros, pero se le niega esa posibilidad.
La historia de Cristina representa, paradigmáticamente, la situación de cientos de personas varadas en Argentina, es decir, aquellas que se movieron de un país a otro por varias circunstancias, sin la intención inicial de residir en el país de destino y ahora se ven atrapadas sin poder moverse. Las historias de cientos de peruanos y peruanas varadas se replican por el país. Sin obtener respuestas de los Estados –y de sus Consulados- construyen estrategias y redes de subsistencia, no solo acá en Argentina sino también en Perú para sostener sus familias, sus hogares, sus afectos.
Varada en Córdoba: la situación actual de Cristina
Cristina vive en una pensión que aloja a 6 familias peruanas frente a la cancha de Belgrano en Alberdi. Un portón inaugura un pasillo que desemboca en un lavadero y una cocina de uso colectivo. Una seguida de aberturas custodia el ingreso a todo aquel que sobrepase sus metales. Su habitación es la más pequeña de la morada, tiene apenas 6 metros cuadrados. Ahí, habita con ella un televisor de 21 pulgadas que pasa las horas sobre una mesita de madera y una cama de una plaza donde duerme con su hijo mayor.
También tiene un placard que logró conseguir a $500 pesos gracias a la solidaridad de las vecinas y vecinos del barrio. Aquel ropero guarda decenas de documentos, diplomas, pasaportes, denuncias, pero, sobre todo, certificados médicos que muestran sus vicisitudes. Cristina no tiene un trabajo estable, solo hace “cachuelos” o “changas” para poder solventar sus gastos. Cuando su estado de salud era crítico, su hijo mayor viajó a la Argentina, para poder acompañarla en su recuperación y ayudarla económicamente.
Cuando Cristina arribó a nuestra ciudad pasó más tiempo en los pasillos del Hospital de Clínicas que en su pieza. Entre turnos, exámenes y largas entrevistas, conoció a gente dispuesta a ayudarla. El 14 de noviembre del 2019, la Oficina de Derechos Humanos
del Poder Judicial le “sugirió” al Consulado del Perú en Córdoba que la exima del pago de los antecedentes penales para iniciar la regularización de su situación migratoria y así poder tener un “efectivo acceso a la salud”. El pedido -que fue aceptado- se realizó a pesar de que según la ley de Migraciones 25.871 del 2003 reconoce en el artículo 8° que: “No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria”. Si bien es cierto, nunca dejaron de atenderla, cada vez que iba realizarse algún examen médico, recibía comentarios xenófobos como “si no tienes el documento no existís para nosotros”. El día que fue a hacerse una colonoscopia la médica que la atendió le dijo “este examen es caro para nosotros, porque no te lo haces en tu país”.
Cristina obtuvo la residencia temporaria el 07 de julio de este año. Un mes antes, ella solicitó al Consulado ayuda para volver al Perú. Desde el consulado le informaron que los vuelos de repatriación están pensados para “turistas varados” y por eso tienen un costo aproximado de USD360 dólares, además de los gastos de traslado hacía Buenos Aires, desde donde sale el vuelo. Asimismo, la administración pública le recordó que según la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial ella es residente y que puede recurrir a
ellos u a otra organización local, si necesita ayuda.
La historia de Cristina: la indolencia del Estado
El barbijo que tiene puesto no deja ver su rostro a plenitud. Cristina es una mujer pequeña, lleva el pelo marrón y más bien largo, peinado hacia un costado; su ceño fruncido le da un aspecto extraño, entre afligido y feroz. Cristina nació en Espinar, una provincia de la “Ciudad Imperial” del Cusco a casi 4000 msnm, en el Perú. Su idioma natal es el quechua. El día que decidió ir a Lima para terminar la secundaria y profundizar el castellano, se despertó antes del amanecer, desayunó y caminó 2 horas descalza hacía la escuela junto a sus hermanas. Un día antes, denunció a un profesor por acoso y las autoridades del centro educativo no la escucharon. Recuerda que, en los años 80, tiempos en que Sendero Luminoso arrasaba pueblos para abastecerse, no había puentes ni carreteras para poder acceder al pueblo más cercano. El único medio de información disponible era una radio que su papá cargaba todo el tiempo.
La primera vez que Cristina pisó el suelo de la capital estaba muy emocionada, caminó por horas mientras veía confusa los edificios de las zonas más urbanas de la “Ciudad de los Reyes”. Todo era como su padre se lo había contado. Lima era una metrópoli sobrepoblada
y caótica envuelta por un cielo gris donde el sol siquiera se asoma y las nubes brillan por su ausencia.
Cristina terminó el secundario a los 18 años en el colegio San Francisco, en Lima. La dificultad con el idioma no fue impedimento para lograr el bachillerato. Estudió computación en un instituto y cumplió su sueño de formarse como educadora de nivel inicial; aunque sus posibilidades de ejercer estuvieron atravesadas por muchos escollos.
En el año 2000, cuando tenía 20 años, Cristina se enamoró de un muchacho de la capital. Oscar es el nombre del sujeto que la abandonó en el mismo instante que se enteró de su embarazo. Cristina lo denunció por omisión a la asistencia familiar en el juzgado de familia y consiguió que se hiciera cargo de un porcentaje de la manutención de su hijo. Ese año la Marcha de los Cuatro Suyos en contra del régimen autoritario de Fujimori y la aparición pública de los Vladivideos dieron inicio al ocaso de la red de corrupción y crisis institucional más grande que sufrió el Perú en toda su historia republicana.
A través del programa habitacional Techo Propio que impulsó el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) Cristina consiguió una vivienda para ella y su hijo en la Ciudadela Pachacútec en Ventanilla. Cambió las montañas y los animales, por el mar y los arenales. En el año 2009, en el mismo Pachacútec, compró un terreno a bajo precio donde fundó una asociación sin fines de lucro y cristalizó uno de sus grandes sueños: ser educadora. Al principio en la Asociación Educativa Formativa – Pachacútec Integral Temprana no había
luz ni agua, pero en su mejor momento, le brindó ayuda educativa y alimentaria a 50 niños y niñas.
En el año 2011 Cristina conoció a Alexander, se casaron y tuvieron 2 hijas. Al principio, su marido la apoyó en la escuelita y en sus nuevos proyectos. Poco después, comenzó a burlarse de su físico, de su forma de hablar y de sus costumbres. El maltrato físico y psicológico que Cristina sufrió en esos años por parte de su esposo, fundamentalmente, empeoraron su estado de salud. Sin un diagnóstico médico, sufría severos dolores de espalda y luchaba contra prolongados periodos de fiebre. A partir del consejo de algunos amigos tomó la iniciativa de viajar a Córdoba, con el propósito de mejorar y regresar al Perú, para seguir con sus sueños y proveerles un mejor porvenir a sus hijas. Ella ahora está preocupada por sus hijas, teme por ellas y tiene “la urgencia de retornar”. En sus palabras: “prácticamente me siento que me he quedado a la fuerza, sin poder reencontrarme con mis hijas”
¿Permiso para volver a casa?
La situación de Cristina refleja años de desidia de los Estados, que se actualizan (o se recrudecen) en estos tiempos de confinamiento. En el transcurso de estos casi cinco meses de “cierre de fronteras”, las personas varadas necesitan abrigo para pasar el invierno (ya que vinieron con ropa de verano), otras comidas para no pasar hambre y ayuda para pagar los hospedajes donde viven. No hay datos oficiales de cuantos peruanos y peruanas hay varados en Argentina, menos para el caso de la provincia de Córdoba. Desde la Consejería Migrante del Nuevo Perú informan que están ayudando a unas 50 familias, ese el único dato concreto que se maneja. Sin embargo, los pedidos de ayuda se replican día a día: llamadas de teléfono para coordinar bolsones de comida, encontrar lugares donde dormir, conseguir abrigo, etc. Éstas son las estrategias diarias entre varadas/os y organizaciones sociales para sobrevivir.
Mientras tanto los Consulados frente al pedido de ayuda hacen la vista a un costado, construyen (supuestamente) listas de “repatriación humanitaria” (en promedio a unos 300 dólares el pasaje) y detallan que no tiene recursos ni capacidad de asistencia. Lo único claro hasta el momento, no es si Cristina podrá volver a casa con sus hijas, sino que este sistema desigual e injusto deja a su paso un tendal de personas sin acceso, no solo a la salud pública, sino a los recursos más elementales para poder seguir viviendo.
*Por Álvaro Torero para La tinta / Imagen de portada: Álvaro Torero.
*Quiero agradecer a Cristina por contarme su historia y a Angélica Alvites Baiadera por encaminar éstas líneas.
