En el Ngulumapu (Wallmapu del lado “chileno”), 27 presos políticos mapuche desarrollan una huelga de hambre, algunos, desde hace meses, y otros, incluso en huelga seca, lo que ha despertado fuertes movilizaciones en solidaridad y ha vuelto a instalar con fuerza las demandas del pueblo nación mapuche: territorio y autonomía. La respuesta de la violencia, esta vez, no sólo ha venido de parte del Estado y el gobierno, sino que incluso una respuesta racista de grupos minoritarios de las comunas de la Araucanía. Fuerte contraste con este Chile que, desde octubre de 2019, aparecía como una referencia de lucha a nivel regional.
Por Cabildo de Chilenes para Huerquen
Poner el cuerpo
En la huelga de hambre, el cuerpo mismo es el que hace de bandera, el cuerpo entero como ofrenda de lucha. Con la potencial promesa de una conquista, el cuerpo se carga de secuelas como falla hepática, cardiaca y renal.
En el Ngulumapu -el lado del Wallmapu que está dentro de lo que hoy se conoce como Chile-, un grupo de 9 Presos Políticos Mapuche (en adelante, PPM) lleva cerca de 100 días en huelga de hambre en las cárceles de Temuco y Angol. A ello, se suman los 11 PPM de la cárcel de Lebu, que van a cumplir un mes en huelga de hambre y Jones Huala junto a seis PPM más de la cárcel de Temuko que se sumaron el 20 de julio. El 5 de agosto, un grupo de ellos radicalizó la medida, declarándose en huelga seca.
Lo que exigen es el respeto al convenio 169 de la OIT al que suscribió Chile en 2008, el que estipula que, al momento de aplicar sanciones legales a miembros de los pueblos originarios, se tenga en cuenta sus características culturales. Con eso en cuenta, se solicita, por un lado, el cambio de medida cautelar para quienes cumplen prisión preventiva sin ser condenados aún, pasando de la prisión preventiva a domiciliaria y, por el otro, que para aquellas personas cumpliendo una condena, puedan cumplirlas en sus territorios. El pedido se hace más acuciante en este contexto en que las instituciones cerradas, donde además hay hacinamiento y malas condiciones higiénicas -como las cárceles- son caldo de cultivo para el coronavirus, lo que se agrava al con las nulas medidas tomadas por gendarmería al interior de los penales.
Entre este grupo de 20 PPM, está el Machi Celestino Córdoba, una autoridad espiritual del pueblo mapuche acusada de participar en el incendio en que murió el matrimonio Luchsinger-Mackay.
En ese bullado caso, se desarrollaron dos procesos, uno en 2013 y otro en 2017. En total, fueron formalizadas una docena de personas. Todas mapuche. En el primero, sólo fue formalizado y condenado el Machi Celestino sin contar con pruebas y con tremendos vacíos en la investigación. En el segundo, de las 11 personas formalizadas, casi todas resultaron absueltas, tras haber cumplido cerca de 2 años en prisión preventiva, incluida la Machi Francisca Linconao, mientras que José Tralcal, Luis Tralcal y José Peralino fueron condenados. Son tantas las irregularidades del proceso que no es difícil pensar en persecución política: la condena se sostiene, principalmente, en el testimonio dado por Peralino, quien luego denunció que había sido torturado para firmar un testimonio escrito por policías y Fiscalía. Además, José y Luis llevan años siendo perseguidos por su rol en reivindicaciones territoriales. Ejemplo de ello es que, previo este caso, habían sido acusados en el caso Tur bus, donde resultaron absueltos, tras haber cumplido años de presidio.
Ser preso político
Al hablar de PPM en Chile, se busca denunciar el castigo por portación de rostro, la persecución a un modo de vida, un modo de producción y a una cosmovisión que pone en tensión el modelo de desarrollo y que limita el avance de la frontera extractivista de las forestales, de las hidroeléctricas y de los empresarios agrícolas.
O sea, hablar de PPM es desnudar que la venda que carga esta mujer que tiene en sus manos la balanza de la justicia es la venda del racismo y el colonialismo. Que la severidad de la represión, las detenciones, las formalizaciones, las cautelares y las sanciones serán proporcionales a un ranking epidérmico. Esto se expresa también en el despliegue de montajes para inculpar a mapuche (por ejemplo, la Operación Huracán, tan imbricada que, si se siguen sus tentáculos, se llega hasta Jones Huala y a la misma Patricia Bullrich), procesos judiciales alterados basados en testimonios y confesiones bajo presión de fuerzas de seguridad y, por sobre todo, la Ley Antiterrorista, una ley que es aplicada casi exclusivamente a mapuche -y no a chilenes-, que define de manera muy amplia el delito terrorista y que, por sobre todo, no garantiza el debido proceso. Cabe mencionar que esta ley, que data desde la dictadura de Pinochet, ha sufrido múltiples modificaciones. Quizá una de las más importantes es la reforma de 2010 que se logró tras otro proceso de movilización importante motivado por una huelga de hambre de PPM y que logró que menores de edad no puedan ser acusados de terrorismo.
En Chile, existen PPM, por más que el recientemente nombrado ministro de Interior, Víctor Pérez, abierto defensor y colaborador del pinochetismo y defensor de Colonia dignidad (ese refugio nazi que se instaló en el centro sur de Chile, que funcionó como centro de tortura en dictadura y donde hasta hubo pedofilia) niegue la existencia de presos políticos en Chile.
El que no salta es mapuche
La huelga de hambre de los PPM desencadenó un nuevo período de movilizaciones del pueblo mapuche, acompañado por chilenes que se solidarizan en Chile y el mundo, que siempre son respondidas con lacrimógenas, perdigones, golpes y detenciones, deteniendo incluso a la abogada defensora del Machi.
Una de las formas de protesta fue la toma de municipalidades en distintas comunas de la Araucanía. En las comunas de Curacautín, Ercilla y Traiguén, surgió una respuesta del racismo organizado: una jauría de decenas de chilenxs fueron a desalojar las municipalidades. Fueron armados de palos, gritando “el que no salta es mapuche” e “indios culiaos”, apedreando y prendiendo fuego el municipio de Traiguén y autos de comuneros, e incluso golpeando en patota a los comuneros desalojados. Esto ocurrió en pleno toque de queda -sí, en Chile desde hace meses que hay toque de queda- y a vista y paciencia de carabineros. O sea, es violencia civil, pero también institucional, no sólo por la inacción de carabineros, sino también por el rol del Ministro Pérez como instigador y la implantación de la ridícula “evidencia” que fue mostrada en televisión: rarísimas “bombas molotov” hechas a partir de tazas y un pedazo de tela. Reír para no llorar.
Estas escenas tipo Ku Klux Klan aterran porque tiene la forma (o, al menos, la sombra) de racismo paramilitar organizado.
*Por Cabildo de Chilenes para Huerquen / Imagen de portada: Agencia Causa.
