¡Basta de gatillo fácil! Debates abiertos en medio del dolor
El asesinato de Valentino Blas Correas sacudió a una Córdoba acostumbrada a silenciar los abusos cotidianos de la Fuerza Policial, institución con extenso prontuario en la violación de Derechos Humanos. #JusticiaPorBlas
Por Redacción La tinta
El miércoles 6 de agosto de 2020, amanecimos con una noticia que conmocionó a la provincia: Valentino Blas Correas de 17 años fue asesinado por agentes de la Policía de Córdoba en un control policial. Se trata del quinto caso de gatillo fácil desde el comienzo de la cuarentena, sin embargo, la onda expansiva de este hecho entró en la mayoría de las casas y desacomodó algo que parecía estar en orden. El asesinato en manos de la Policía era un destino posible para los pibes de sectores populares de los barrios más pobres, una población que lleva de estigma su color de piel, su estética y su empobrecimiento. Sólo así se explica que las escandalosas cifras divulgadas por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y denunciada desde diversos sectores no generen empatía o indignación.
En lo que va del 2020, CORREPI registró cinco casos de gatillo fácil en Córdoba Capital, dos en los barrios Villa la Tela y San Roque, provocando la muerte de Gastón Mirabal y de Fabián Perea. Gastón fue asesinado de un disparo por la espalda por una pareja de policías y a Fabián lo mataron miembros de las fuerzas que atienden una pizzería, también de un disparo y desarmado, según indicaron desde CORREPI. En Ciudad Evita, Franco Sosa fue asesinado por balas policiales en un confuso hecho y, hace pocas semanas, enterraron a José Ávila de Villa El Libertador. En Río Tercero, un gendarme mató a Lorenzo Rodríguez, mientras, en Córdoba, CORREPI dio cuenta de la situación de Alejandro Amaya de 15 años, herido de gravedad por balas policiales, y de Horacio Romero, atropellado por un patrullero, brutalmente golpeado y encerrado sin recibir atención médica adecuada por violar la cuarentena.
El caso de Blas visibiliza en la agenda pública una situación de mayor gravedad, especialmente, por la situación económica y social de su familia. Esto permite debatir el accionar de la fuerza y poner en duda la versión policial, muchas veces, racismo mediante, la única que se tiene por legítima.
Pandemia y control policial
Diversas organizaciones e instituciones vienen alertando por el aumento de la violencia institucional en el contexto de pandemia y cuarentena. La doctora y abogada Valeria Plaza, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), habló con La tinta y subrayó la importancia de “considerar que no es un caso aislado, sino que tiene que ver con un contexto de profundización de la violencia institucional que se ha dado en el marco de la pandemia, teniendo al actor policial como garante de la no circulación”. Explica, además, que, en Córdoba, una vez instalado el aislamiento y distanciamiento social, “las prácticas que veníamos observando en el territorio como de baja intensidad se profundizaron”.
En el relevamiento sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en nuestra provincia, realizado con organizaciones sociales, detectaron la profundización de la intensidad -para determinados sectores sociales- del hostigamiento policial. “Por otra parte, observamos cierta expansión punitiva relacionada a la interacción policial violenta que empezó a abarcar otros sectores sociales -que no habían sido abarcados previo la pandemia- como los sectores medios y otros barrios que no eran los tradicionales barrios con interacciones frecuentes”, enfatizó Plaza.
Nuevos viejos debates
El caso de Blas Correas evidencia debates que, si bien no son nuevos, no preocupan cotidianamente a la sociedad. Asistimos a la visibilización, y desde otro ángulo, de una problemática que tiene décadas.
“El caso de Valentín no hace más que desnudar ciertas prácticas que hemos visto en otros casos. En los anteriores, se presenta la escena como un supuesto enfrentamiento con jóvenes que estaban cometiendo un delito. Esas versiones son rápidamente compradas desde muchos sectores sociales y no pudo ser instalada en el caso de Valentín, lo que genera justamente los interrogantes necesarios”, explica Plaza.
En general, la voz legitimada es la de las fuerzas de seguridad con relatos que, en la mayoría de las ocasiones, distan de las narrativas de los testigos, pero que el silencio cómplice del racismo social admite sin objeciones.
Para la abogada, este hecho hace que nos preguntemos «cómo puede ser que la única versión en estos casos sea la policial y que eso no pueda ser cuestionado socialmente, ni ser analizado desde el control ciudadano y desde el control judicial, que pueda ser observado y examinado en detenimiento para poder individualizar en qué casos hubo abusos de la fuerza”.
Gatillo Fácil: la pobreza como condena
Uno de los debates que ocupó las redes sociales fue el alcance del concepto de Gatillo Fácil, que, en muchos casos, evidenció una línea divisoria entre clases sociales, la construcción de un “otro” que le pasan “otras” cosas. El 7 de agosto, el político cordobés Luis Juez, actual diputado nacional por Juntos Por el Cambio –alianza que, en su paso por el ejecutivo nacional, impulsó la cuestionada Doctrina Chocobar-, publicó en Twitter: “Lo de Blas Correas no se puede meter en la bolsa indiscriminada y rutinaria del Gatillo Fácil. Fue un ASESINATO”. ¿Qué fibras sensibles se apagaron para que no nos escandalice que un político en ejercicio diga con total naturalidad que el Gatillo Fácil es “rutinario”? ¿Cuál es esa diferenciación que propone Juez? ¿Asesinato es más que Gatillo Fácil? ¿Qué condenas cargan esas palabras? ¿Qué justificativos habilitan?
Lore Barraza es referente en la lucha contra el Gatillo Fácil desde que el policía Pablo Álvarez mató a su hermano Ezequiel Barraza, de 22 años, el 24 de marzo de 2014. Junto con Nancy Sosa, mamá de Ismael Sosa, fueron impulsoras de movilizaciones y espacios de organización de familiares de víctimas de Gatillo Fácil.
“Con Blas, se me movió todo”, dice Lorena y explica que el color de la piel y el barrio en que vivís condicionan el accionar policial. “A mi hermano se le paró la moto y lo fusilaron, cambiaron la escena del crimen, baldearon la calle, movieron la moto y no pasó nada con eso”, subraya.
“Estos policías han sido acusados por la posición social de Blas, porque, si hubiese sido un ´negro de mierda´ como nosotros, los policías estarían libres y acomodando todo como quisieron hacer: que los de la moto eran choros, que fue una persecución, les quisieron plantar un arma, pero, como no son pobres, es distinto”. Para Lorena, es claro que, cuando un policía mata, se trata de Gatillo Fácil y “son asesinos, no héroes, y son discriminadores, no hay igualdad”.
Consultamos a la abogada de Derechos Humanos, Victoria Siloff, quien explica que estas personas diferencian entre casos de Gatillo Fácil y otros casos que son considerados “peores”; son quienes definen el Gatillo Fácil como “el homicidio policial cometido frente a una víctima que es una persona que representa a ‘un enemigo’, que es un pibe pobre que era delincuente o parecía”. Para la abogada, el centro del debate “tiene que estar en cómo cambia el tratamiento que tienen las causas tanto a nivel mediático, político y judicial cuando la víctima es otra, cuando es aquella persona ´que no merecía morir así´ porque era inocente”.
Protocolos
La visibilidad del caso de Blas también deja al descubierto cómo llegan los procedimientos a la fiscalía, “después de horas que se da anuncio, lo que da lugar a la alteración de la escena del crimen”, dice Valeria y propone “pensar un nuevo protocolo de investigación y actuación para la justicia, donde inmediatamente intervenga otra fuerza y no se permita que se altere lo ocurrido, de modo que el poder judicial pueda actuar de la manera más transparente posible”.
Victoria Siloff explica que “existe normativa al respecto, pero el problema es que no se aplica. Las fuerzas son formadas, aunque en un brevísimo tiempo, en la legislación del Código Penal como en la normativa provincial y la Ley del Personal policial, la ley de Seguridad Ciudadana provincial y los tratados internacionales, donde están los protocolos de actuación policial, que regulan el uso del arma de fuego, y son parte de nuestra ley, pero casi no se aplican en el ámbito del poder judicial”.
Esa normativa determina límites y modos de obrar de los agentes de las fuerzas, haciéndonos ver “cuándo obra al margen de toda esa ley, y, por eso, está cometiendo una violación a los Derechos Humanos donde el responsable es el Estado, y cuándo es un homicidio agravado y no una legítima defensa o un ejercicio legítimo del cargo, como intentó llevarlos para ese lado Bullrich en su momento”, concluye la abogada.
Medidas de gobierno
Un día después del asesinato de Blas, el Gobierno de Córdoba dispuso el relevamiento de una parte de la cúpula provincial de la fuerza. El Ministerio de Seguridad de la Provincia, a cargo de Alfonso Mosquera, nombró a la Comisaria Mayor Zárate Belletti como directora general de Seguridad.
“La medida de remover la cúpula policial es una medida que siempre se toma ante casos repudiables políticamente y para evitar un costo político”, expresa Siloff.
Entiende que son “lavadas de cara” porque la cúpula policial responde al Ministerio de Seguridad, es decir, al Poder Ejecutivo “que es quien ordena las políticas criminales, en este caso, y también es quien debe controlar a las fuerzas de seguridad. Remover las cúpulas no soluciona el problema si en realidad hay prácticas racistas que responden al Estado, a su naturaleza, a sus miembros, a la clase dominante que los contiene y están dentro del Estado”.
Este nuevo caso de violencia letal refleja una “expansión punitiva y la expresa en su peor faceta”, explica Plaza, “porque ya no hay posibilidad de reversión o prevención, sino solo queda la posibilidad de sanción, tanto individual, pero, sobre todo, institucional”. La remoción de la cúpula no resolverá los problemas estructurales de la fuerza policial, “pero es importante reconocer la rapidez de la medida, que, en otros casos, no se había hecho”, agrega. Reflexiona también sobre una necesaria modificación de las políticas implementadas: “Esto no se va a resolver de un día para otro, es un trabajo largo de modificación de violencia estructural”, concluye.
Para Barraza, “lo mejor que podría pasar a partir de este caso es que a todos los policías que matan se los saque de la fuerza y sean condenados, porque son asesinos”. Además, demanda una prueba “anti-doping” periódica, entendiendo que el consumo de sustancias agudiza la problemática.
“Que nadie se confíe con la policía, ellos quieren marcar el autoritarismo en la sociedad… nunca creamos que no nos va a pasar, porque eso quedó claro, nos puede pasar a todos”, termina Lorena.
*Por Redacción La tinta.
