Respondus en la UNC, por qué no: una mirada pedagógica
El debate en torno a la última adquisición de la gestión Jury cobró importancia en esta última semana: la compra e implementación del Programa Respondus para los exámenes universitarios es considerada una jugada en contra de los derechos de intimidad y privacidad de lxs estudiantes, agudizando las desigualdades de acceso existentes y afectando el vínculo pedagógico.
Por Redacción La tinta
Hace más de una semana, se conoció que la Universidad Nacional de Córdoba había adquirido la licencia del Software Respondus, un programa que pretende utilizarse a la hora de la toma de exámenes en todas las facultades de la Casa de Trejo, con una licencia por un año que le costó a la UNC 17.545 dólares.
Apenas se hizo pública la Resolución, distintas facultades, académicxs y grupos de estudiantes manifestaron su disconformidad, argumentando que Respondus es un software “riesgoso” que toma datos e información de las computadoras de lxs estudiantes mientras están en examen, inhibe la navegación por internet mientras rinden y recopila sus datos biométricos para certificar la identidad, filmando durante la evaluación para captar -mediante mecanismos de reconocimiento facial- presencia de tercerxs o movimientos “sospechosos” de lxs alumnxs.
María Cecilia Cargnelutti es integrante de Uritorco Libre y colaboradora de Libre Base Córdoba. La Docente y trabajadora en entornos de aulas virtuales de nivel terciario y superior habló con La tinta haciendo hincapié en que Respondus tiene distintos niveles de riesgo: “Hay un riesgo del usuario individual que tiene que ver con la seguridad de sus datos. Al ser un software privativo, qué se hace con los datos y qué tipo de datos se toman del computador en donde se instala el programa es imposible de auditar. Ese es el riesgo para el usuario final.
Ahora, en términos generales educativos, el riesgo es que este tipo de estrategias evaluativas (con un modelo con el foco puesto en el control más que en la enseñanza y en el aprendizaje) se instalen como forma estándar de trabajo y que, incluso, se instalen como norma donde la excepción sean aquellxs que no quieren usar el programa, por el motivo que sea o porque no puedan por motivos económicos. Entonces, que esto sea la norma y la excepción sea la seguridad y la garantía de derechos, y la apuesta a otra propuesta educativa son dos riesgos igualmente importantes.
Y hay un tercer riesgo, si se quiere, en términos docentes que es caer en la fantasía tecnológica/técnica de que se va a poder delegar trabajo en una máquina. Lo que hay que reclamar es mayor cantidad de cargos para cátedras numerosas, para que se pueda hacer el trabajo en conjunto y no esperar que con un docente se puedan sostener clases de 700 estudiantes. Eso es una ficción”, asegura Cargnelutti.
Por su parte, en diálogo con La tinta, Verónica Plaza -docente de la Facultad de Sociales- contó que, durante todo este tiempo de cuarentena, se viene trabajando mucho desde el Área de Tecnología Educativa y Conocimiento Abierto con lxs docentes, para que el obligatorio proceso de virtualización de las propuestas educativas sea lo más amigable posible y basado en la confianza.
“Porque también partíamos del diagnóstico que nuestros estudiantes no la están pasando bien. Hay mucha incertidumbre, inseguridades y desconocimiento en realidad acerca de cómo trabajar con estas propuestas que vienen a partir de dispositivos tecnológicos, entonces, trabajamos mucho en ese acompañamiento. Nos parece que la evaluación es parte de ese proceso educativo y que no puede pensarse por fuera.
Entonces, si venimos trabajando un proceso educativo desde este enfoque, pensar en implementar un sistema de evaluación basado en el control policial (porque les firman la cara durante el momento que hacen el examen, se meten a su computadora, es, además, un sistema privativo -o sea que no hay posibilidad de auditar- y no sabemos qué pasa con todos esos datos), ese el modo de pensar la evaluación, se contradice absolutamente con la perspectiva desde la que venimos pensando la propuesta educativa”, explica Plaza.
La doctora en educación hace referencia al comunicado que se publicó desde la propia Facultad de Ciencias Sociales: “En el pronunciamiento, estamos diciendo que no queremos ese tipo de evaluación y eso no significa que nos oponemos tajantemente a evaluar en la virtualidad. Pensamos que hay otros modos, otros software propuestos desde el movimiento del software libre para este debatir. La decisión de cómo se van a tomar los exámenes no puede ser impuesta a partir de un sistema de control: es algo mucho más complejo y si nos tiene que llevar más tiempo, nos llevará más tiempo, pero no podemos sumarnos a esta lógica. Esta es una argumentación desde lo pedagógico para pensar por qué no este sistema, que, además, es caro, es privativo y propone un vínculo entre lxs docentes y lxs estudiantes que no es el que queremos”.
En el comunicado al que se refiere Plaza, el Equipo de Gestión de la Facultad de Ciencias Sociales se pronunció en contra de la forma de evaluar exámenes de manera remota argumentando que programas informáticos como Respondus “seleccionan actividades sospechosas por parte de estudiantes en una instancia de evaluación, afectando la relación docente-estudiante y generando dilemas éticos, pedagógicos y hasta legales en esa relación”.
Los cuestionamientos son múltiples y provienen de distintos claustros. Mariana Palmero, docente del Taller de Práctica y Residencia del Profesorado en Comunicación Social plantea que, con este software, además, deja en evidencia un debate que es imprescindible dar, aún más en este contexto, donde las prácticas de la enseñanza necesariamente tienen que estar mediadas por algún tipo de instancia virtual y mediadas por alguna tecnología: “Es urgente un debate en relación a las propias prácticas docentes, a cómo se está evaluando. Este programa lo que hace es facilitar y favorecer estas prácticas de evaluación memotécnicas, o de contenidos, donde no se propician instancias para ver los procesos de aprendizaje integrales. La decisión de esta compra y de su implementación tiene que ver con una decisión político-académica de la UNC que se está posicionando en ese sentido y tiende a reproducir esas prácticas de evaluación tradicional”, finaliza la educadora.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: A/D.
