“Vamos a seguir luchando por esta casa y por la salud de Villa El Libertador”
Hace cuatro meses que el Equipo de Atención Comunitaria de Salud Mental del barrio está cerrado. El ejecutivo provincial desarmó el equipo interdisciplinario a partir de un reclamo por condiciones de higiene por parte de sus trabajadorxs en plena pandemia y cerró la vivienda con la promesa de refacciones que nunca sucedieron.
Por Redacción La tinta
El achicamiento del Estado Provincial a paso de hormiga -y de elefante- no es ninguna novedad y, en el ámbito de la Salud Mental, los reclamos de usuarixs del sistema público de salud, trabajadorxs y vecinxs vienen siendo sólidos y múltiples.
El Equipo de Atención Comunitaria (EAC) en Salud Mental de Villa El Libertador, que depende de la provincia de Córdoba, funciona hace dos décadas en una vivienda de la calle Tilcara. En abril, se produjo el cierre arbitrario del edificio a partir del reclamo de lxs propixs profesionales integrantes del Equipo de Salud Mental que denunciaron el desmantelamiento del espacio y reclamaron por condiciones dignas para cumplir sus funciones, como barbijos y alcohol en gel.
A partir de ese momento, tanto desde el gremio -la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-Córdoba)– como desde agrupaciones de vecinxs organizadxs avanzaron en una lucha que, hasta hoy, no tiene frutos. En mayo, el Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones (CCHSMyA), donde participa el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos, publicó una declaración describiendo la crítica situación de la Salud Mental en Córdoba: “En el Primer Nivel de Atención, preocupa la situación del Equipo de Atención Comunitaria de Barrio Villa el Libertador, que fue desarticulado por el gobierno provincial a partir de un reclamo por condiciones de higiene por parte de sus trabajadores/as.
Además de la desarticulación del equipo, esta medida implicó el cierre del centro de atención comunitaria y el traslado compulsivo de sus trabajadores/as hacia otras instituciones. Tras el reclamo de distintos organismos y organizaciones sociales, el gobierno restituyó a dos trabajadoras a sus funciones en dicho barrio, pero se mantuvo la desarticulación del equipo interdisciplinario en tanto las otras tres trabajadoras fueron destinadas a otras instituciones de salud».
«Esta situación obstaculiza la continuidad de las acciones que este equipo ha desarrollado durante más de 35 años en este barrio con una población de 100.000 habitantes”.
A casi cuatro meses, las refacciones del edificio no han comenzado y la exigencia por la reapertura continúa fortaleciéndose. ATE había planeado una olla popular y una radio abierta frente a la casa del EAC, pero tales manifestaciones no pudieron realizarse por las últimas disposiciones sanitarias del COE para la ciudad. Por lo mismo, trabajadorxs y vecinxs filmaron un video para redes sociales (realizado desde las inmediaciones de la casa cerrada) donde exigen “el respeto y el derecho a la salud mental, y el acceso al servicio de salud”.
Claudia Casas es vecina del barrio y referente de la Organización Social UNIDHOS. “Necesitamos que el EAC se reabra porque la pandemia nos tiene en situación de aislamiento a muchxs vecinxs, niñxs, jóvenes y adultxs con diferentes patologías que tienen que ver con el encierro, la violencia intrafamiliar, ataques de pánico y angustia, adicciones, etc. No aceptamos los traslados compulsivos, el destrato y manoseo a las trabajadoras. Es un barrio que les dio casi 100 mil votos, aquí ganaron ampliamente y hoy ni siquiera se están haciendo las obras prometidas”, dice en diálogo con La tinta.
Casas asegura que la casa no se está reabriendo por una decisión política. “Se pensaron que nosotros íbamos a decir: Bueno, llévenla, muden la casa, basta que la deje por acá alrededor, o no hace falta la casa, no sabíamos que existía. Sin embargo, no podemos revelar la cantidad de vecinas que han venido a decir: Yo la necesito. Y por casos gravísimos, y eso no se puede contar ni se puede escribir en ningún lado porque los casos son secretos. Eso se pensaron. Que no iba a haber respuesta del barrio, ninguna, a que la cerraran. La necesitamos, más en esta época, que es un tiempo muy particular para el mundo y que, así seamos un lugar pequeño, la cantidad de población que hay es exorbitante, somos 100.000 habitantes», relata.
«Aunque hay otros centros de salud, tienen una sola psicóloga y, en el hospital, una psiquiatra. En el centro de salud de Santa Isabel, tienen una psicóloga. En Inaudi, también tienen una psicóloga… pero es una población grande para tener puchos de psicólogos desperdigados por diferentes lados. Las profesionales nos atienden a toda hora y no hay forma de no expresar nuestro agradecimiento por lo que han hecho durante este tiempo en el barrio, pero están desbordadxs y son pocxs”, afirma Claudia.
Además, desde UNIDHOS, denunciaron procedimientos policiales “de amedrentamiento” y “conductas patoteras” ocurridas el viernes pasado, cuando realizaban una intervención mural en la vivienda y en la calle para visibilizar la lucha.
“Hablamos de patotas que tienen órdenes, como quien dice, de romper cualquier lucha para no dañar la cara de Llaryora y la gestión de Schiaretti. Brava la patota. Brava porque es muy bajo ir, irrumpir en la casa, romper carteles. Eso se hacía en las épocas más feas de este país, cuando la militancia era perseguida. Imaginate Schiaretti que lloraba en el juicio de lesa humanidad por los compañeros desaparecidos y hoy tiene esta patota que es verdaderamente vergonzosa, que va contra todos los derechos de los trabajadores… cuando realmente el peronismo tiene otros ideales de justicia social. Y debo decir que yo no soy peronista”, finaliza Casas.
*Por Redacción La tinta.
