“Con la Empresa Pública de Alimentos, bajarían los precios de la canasta básica”
A raíz del anuncio de un proyecto de ley para crear una Empresa Pública de Alimentos, dialogamos con Eva Verde, responsable de la Misión Mercado de Consumo Popular (MeCoPo) y co-directora de la Dirección Nacional de Comercialización del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Por Pablo Solana para La tinta
Legisladores vinculados a organizaciones sociales dieron a conocer una iniciativa que busca crear una empresa nacional de alimentos. La idea, impulsada por Ciudad Futura y el Frente Patria Grande, se basa en la creación de plantas descentralizadas que fraccionen, empaqueten y construyan unidades nutricionales básicas. “Vamos a presentar un proyecto de ley y, al mismo tiempo, empezar a materializar mañana mismo el primer paso de esta empresa: plantas locales de fraccionamiento”, expresaron en un video que puede verse acá.
El proyecto define una primera etapa para 10 productos esenciales de cualquier dieta y que son fáciles de conservar: harinas, arroz, legumbres, fideos, yerba, azúcar, aceite, cereales, frutos secos y condimentos. La idea es que los alimentos salgan de las plantas de fraccionamiento con una marca propia y lleguen a mayoristas, instituciones, escuelas, centros comunitarios o directamente al consumidor en cajas nutricionales a las que se les puedan sumar frutas, verduras, lácteos y carnes. En esta etapa final del circuito, serán fundamentales las redes populares de comercialización.
Es larga la trayectoria de las organizaciones sociales en la producción y comercialización de alimentos desde emprendimientos cooperativos, por fuera del mercado hegemonizado por las grandes cadenas. Más reciente es, en cambio, la designación de referentes de la economía popular en puestos de la gestión estatal.
Desde que asumió el actual gobierno, fueron designados, en distintos cargos, militantes que mantienen el anclaje con las organizaciones y los procesos de producción y comercialización en donde desarrollaron su experiencia. Es el caso del actual secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, el sector político con mayor cantidad de cooperativas de trabajo organizadas; el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo local, Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, organización de amplia extensión territorial; el flamante director del Mercado Central, Nahuel Levaggi, fundador de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT); o el director de Comercialización y Abastecimiento, Rafael Klejzer, del Movimiento Popular La Dignidad, quien, además, es referente porteño de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
A esa lista, se suma Eva Verde, militante feminista y referente de la economía popular. Fue impulsora junto a sus compañeras y compañeros del Frente Popular Darío Santillán de la exitosa red de mercados populares MeCoPo (Mercado de Consumo Popular), que nació hace 5 años en Buenos Aires y proyecta abrir redes autónomas en 8 provincias. A propuesta de su organización, Eva integra la dirección de Comercialización del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; junto al equipo que la acompaña, habían dado un impulso fundamental al desarrollo de ferias de productores y consumidores en diversas ciudades del país. La cuarentena frenó momentáneamente esas iniciativas, pero las energías se reorientaron al fortalecimiento de las redes solidarias de consumo como MeCoPo y otras más; también al impulso de iniciativas políticas que beneficien al sector de la Economía Popular. “Para poder incidir en los precios finales de los alimentos, hay que incidir en toda la cadena productiva”, explica.
—¿Por qué proponen una Empresa Pública de Alimentos?
—Cuando uno quiere controlar los precios de los alimentos, existen varias opciones: una opción es regular e imponer precios máximos, precios cuidados, pero esta política tiende al fracaso, ¿por qué? Porque mira un solo eslabón de la cadena de alimentos, el precio final.
Si, además, analizamos esa política en profundidad, vemos que termina perjudicando al pequeño productor, porque los empresarios siempre quieren ganar altos márgenes y, entonces, la manera de ajustar el costo es ajustando las condiciones de compra a los productores. O sea que, a la larga, ese tipo de medidas se hacen insostenibles.
Lo que nosotros estamos proponiendo es algo que ya ha funcionado en otros países. Para poder incidir en los precios finales de los alimentos, hay que incidir en toda la cadena productiva.
Desarrollar, estimular y fomentar la producción de alimentos incidiendo en la cadena de producción es lo que puede generar beneficios en la generación de trabajo, la producción, el abastecimiento y el precio final de los alimentos.
El objetivo de una Empresa Pública de Alimentos tiene que ser el fortalecimiento y desarrollo de la producción popular, de la agricultura familiar, de pequeños productores, de cooperativas y de pequeñas fábricas. La estabilidad y control de precios en una consecuencia natural de tener políticas de precios justos en toda la cadena.
Es necesario fomentar un cambio de la matriz productiva que permita superar el patrón primario-exportador por un proceso industrializador y generador de valor añadido, generando trabajo y dinamismo en las economías locales.
Todo esto es lo que llamamos reconstruir la Soberanía Alimentaria, poder definir y planificar qué producimos, cómo producimos, para quién y a qué precio.
En un país productor de alimentos, comer debería ser barato. Hoy, eso no sucede porque existen intermediarios y grandes grupos concentradores que desvirtúan las cadenas de valor. Es indignante que solo existan una o dos grandes compañías de leche, o de azúcar, o solo seis grandes cadenas de supermercados. Con una Empresa Pública de Alimentos, bajarían los precios de la canasta básica.
—¿Se sabe qué porcentaje de la comida que llega a los hogares pasa por pequeños productores y redes alternativas de comercialización?
—El 60% de la producción agrícola proviene de la agricultura familiar, de pequeños productores y productoras, que, casualmente, son las más pobres. ¿Cómo es posible? Porque no tienen tierras y porque a su producción la compran las grandes empresas o intermediarios usureros.
En la Argentina, según el último censo agropecuario, los dueños del 1% de las explotaciones controlan el 36% de la tierra, mientras que miles de familias campesinas, pequeños productores y productoras alquilan tierras para producir los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos. El otro dato alarmante es que el 55% de las chacras más pequeñas abarcan sólo el 2% de la tierra.
—¿Qué pasó con las redes de comercio popular con la cuarentena? ¿Se paralizaron al no poder hacer ferias?
—La verdad es que hay muchísimas situaciones. Las ferias se vieron afectadas, por lo tanto, quienes subsisten con esa venta no han tenido ingresos este mes. Por otro lado, las comercializadoras de la economía popular han tenido gran demanda. Por ejemplo, MeCoPo, la comercializadora que impulsa el Frente Darío Santillán, actualmente, está ampliando los días de los repartos a domicilio, que han aumentado al doble a la vez que los almacenes populares siguen abasteciendo en los barrios populares. Esto se repite en la mayoría de las comercializadoras: muchas tuvieron que adaptarse y comenzar a hacer repartos a domicilio, la mayoría de ellas están trabajando entre un 40% y un 150% más que antes, aunque con algunas problemáticas con el abastecimiento.
En general, la circulación, la logística y la producción se vieron afectadas, no solo por el cese de actividades, sino también por la falta de insumos o por otras cuestiones sociales, porque son población de riesgo, porque son mujeres que tienen a cargo el cuidado de menores o por la dificultad para trasladarse hasta los espacios de producción. Tengamos en cuenta que mucha producción se encuentra con un gran nivel de informalidad en cuanto a papeles, debido a que nunca hubo una política seria de regulación que sea incentivadora y no punitivista. Todo eso se sumó a la gran crisis que venía soportando el sector durante los últimos 4 años.
—¿Qué lugar tendrían las redes de comercialización popular la Empresa Pública de Alimentos?
—La Empresa Pública de Alimentos tiene que articular y generar un gran dinamismo entre la producción y el consumo. Por lo tanto, quienes estén generando formas de comercialización de la economía popular serán parte de ese gran entramado, de allí, habrá que tomar los ejemplos y multiplicar.
Las comercializadoras populares tienen años de experiencia en abastecimiento a pequeña escala, han generado una gran red. Son quienes vienen aplicando el modelo basado en la democratización de las cadenas de valor, la transparencia, el trabajo cooperativo, la solidaridad y el precio justo que es el objetivo esencial de la Empresa Pública de Alimentos.
—A seis meses de asumido este gobierno, y pandemia de por medio: ¿Cómo evalúan la relación del Estado y las organizaciones populares en estos temas?
—Creo que hay un reconocimiento, que se vio expresado en el discurso de asunción de Alberto Fernández, donde, por primera vez en la historia, un presidente hace referencia a la economía popular. Eso es un reconocimiento y un gran logro colectivo. Es verdad que en la cancha se ven los pingos y, ahora, tocaba pasar del dicho al hecho, pero llegó la pandemia.
El problema más grande que veo es que no saben qué es y cómo funciona la Economía Popular. No somos la economía de los pobres, no somos la economía que hace mermeladas caseras, no somos la economía que quiere ser incluida como incluye el capitalismo.
—¿Qué es lo que el Estado no entiende de estas nuevas propuestas de organización popular?
Que tenemos otras formas de organizarnos, que son comunitarias, cooperativas. Tenemos otras escalas de valores y otros principios o formas de relacionarnos, y eso es difícil de entender. Es como los feminismos: cuestionamos el sistema porque nos parece injusto y, a la vez, nos proponemos ir construyendo otro orden. Proponemos maneras alternativas de organizar comunidad. Desarrollamos polos textiles, somos productores de alimentos, somos recicladores, hacemos escuelas populares, espacios comunitarios de cuidados, somos articuladores solidarios…
La Economía Popular va a crecer porque esta pandemia va a dejar a mucha gente afuera y el mercado no tiene la capacidad de emplear a los millones de personas en condiciones de trabajar. Hay que pensar en cómo se reactiva la economía generando trabajo y dinamismo, y, en eso, quienes tenemos experiencia somos nosotros, no las grandes corporaciones.
Los movimientos populares nacieron para defender el derecho a una vida digna y su relación con gobiernos como éste siempre tendrá coincidencias y tensiones. Lo cierto es que, hoy, se abre una nueva etapa donde el reconocimiento a la economía popular habilita a discutir también dentro del Estado políticas públicas para el sector.
Creo que venimos a aportar una mirada distinta, con todas las ganas y la experiencia de venir construyendo, día a día, un mundo distinto junto a los que menos tienen.
*Por Pablo Solana para La tinta / Imagen de portada: MeCoPo.
