Derechos laborales en cuarentena: recortes y suspensiones
Siete trabajadorxs de empresas privadas y dependencias provinciales cuentan cómo fueron avasallados sus derechos laborales con estrategias y excusas que van desde el clásico “ponerse la camiseta de la empresa” hasta sesiones de coaching ontológico como método de coersión. Algunxs realizaron denuncias al Ministerio de Trabajo, otrxs callan el abuso para sostener sus salarios en medio de la crisis.
Por Redacción La tinta
La crisis desencadenada por el cese de actividades laborales frente a la pandemia de coronavirus golpea fuerte a lxs laburantes. A pesar del Decreto de Necesidad y Urgencia 329/2020 dictado por el Estado Nacional luego de que Techint -propiedad del hombre más rico de Argentina según Forbes- suspendiera a casi 1500 operarios, las patronales empresarias se empeñan en evitar pérdidas a costa de sus trabajadorxs.
En algunos casos se viola de lleno DNU que prohíbe los despidos y suspensiones sin causa justa hasta el 31 de mayo, pero en otros el trabajo es más fino: aferrándose a una excepción que permite las suspensiones «acordadas» colectiva o individualmente, las empresas fuerzan a sus trabajadorxs a firmar acuerdos de conformidad. Bajo amenazas más o menos explícitas de perder sus puestos laborales una vez que pase la cuarentena, aseguran un resguardo legal para recortar salarios, reducir jornadas de trabajo, pedir recibos de sueldo falsos, exigir que los gastos que requiere el trabajo corran por cuenta de lxs mismxs trabajadorxs, pretender una disponibilidad laboral de tiempo completo («ya que estás en casa…»).
Desde que comenzó el Aislamiento Social ya se iniciaron más de 100 expedientes de conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo, y las denuncias particulares no cesan. Han resonado los casos de Techint, Mc Donald’s, Burger King, Starbucks, Teatro Colón, Flybondi, Freddo, Proa, Neverland, Grimoldi, Publiexpress, Cinemark, Puma, Farmacity, Dánica, YPF… la lista es interminable. Pero ¿qué pasa en Córdoba?
Siete trabajadorxs de empresas privadas y dependencias provinciales contaron a La tinta cómo fueron avasallados sus derechos laborales con estrategias y excusas que van desde el clásico “ponerse la camiseta de la empresa” hasta sesiones de coaching ontológico como método de coersión. Algunxs realizaron denuncias al Ministerio de Trabajo, otrxs callan el abuso para sostener sus salarios en medio de la crisis: temen ser identificadxs y perder sus puestos laborales. Por esta razón, hemos resguardado sus identidades.
Ponerse la camiseta (a la fuerza)
“Llamaron a los empleados pidiéndoles que se pongan del lado de la empresa y que no se iban a adecuar al decreto presidencial porque, según ellos, tiene muchos ‘grises’”, cuenta A., profesional de la salud que trabaja en relación de dependencia en el Centro de Salud Conci Carpinella. “El 27 de marzo nos dijeron que se veían obligados a suspender de manera temporaria el contrato de trabajo de 400 trabajadorxs por el mes de abril y que como empresa iban a hacer el ‘gran esfuerzo’ de abonarnos el 25% del sueldo”, recuerda A. y agrega: “El 2 de abril me pidieron que firmara un acuerdo expresando mi conformidad con ese 25% del sueldo y con la suspensión, y que si no lo hacía me estaba poniendo en contra de la empresa. A todo esto, el acuerdo tiene fecha del 30 de marzo, cuando en realidad nos lo hicieron firmar el 2 de abril”. Lxs trabajadorxs Conci Carpiella realizaron la denuncia correspondiente en el Ministerio de Trabajo, que consideró las suspensiones ineficaces, aunque aún no han recibido noticias de la empresa. Siguen suspendidxs. “Hace años nos vienen diciendo que están en una crisis y que se van a declarar en quiebra si no ayudamos. Ya han pagado sueldos y aguinaldos en cuotas y nunca nos pagaron el aumento de enero ni el bono de fin de año”.
B. que trabaja en una academia de formación extra-curricular que tiene varias sedes en Córdoba. “Primero nos amenazaron con que peligraban nuestros sueldos y que probablemente haya reducción de personal. Que dependía de nosotrxs conservar nuestro trabajo. Después nos hicieron asistir a una reunión el sábado de semana santa que empezó con una sesión de coaching ontológico y terminó diciendo que iban a mandar un mail donde teníamos que aceptar en conformidad la reducción del horario laboral, y que esperaba que todos aceptáramos. Que si no le hablemos por privado o renunciemos. Nos dijo hasta cómo debíamos contestar el mail”, relata B. A pesar de la reducción en un 30% de su carga horaria habitual (y con ello, claro, de su salario), la empresa le exige una disponibilidad total. “Además de trabajar las horas que trabajábamos antes, sin la reducción horaria, nos dieron muchísimas tareas algunas de las cuales ni siquiera corresponden a nuestro área. Y todo el tiempo tenemos que asistir a reuniones fuera de nuestro horario habitual”.
No es problema de la empresa
C. trabaja en Chexa, Concesionario oficial de Chevrolet en Córdoba, hace un año aproximadamente. Al declararse el aislamiento social, “la empresa despidió a algunxs compañerxs y a otrxs lxs suspendieron sin goce de sueldo». Dice que en total, son unxs 60 damnificadxs: “Con esta situación implementaron teletrabajo y al estar en casa nos obligan a estar pendientes casi 24 hs. Además tenemos que hacer los llamados telefónicos con nuestro dinero y a compañerxs que se quedaron sin línea o sin minutos, justamente por no tener dinero para pagar, les dicen que no es problema de la empresa, que busquen otra forma de continuar llamando”. «Denuncia al Ministerio de Trabajo de por medio, logramos que finalmente nos pagaran el mes de marzo a casi quince días del mes siguiente”, conncluye.
Lo mismo le dijeron a D. que trabaja hace más de un año en un call center de la ciudad: “Antes de la cuarentena nos hicieron una encuesta sobre qué materiales teníamos en casa: computadora, headset [auriculares con micrófono para llamadas] e internet 20 megas. Yo respondí que no tengo nada de eso en casa. Cuando empezó el aislamieto obligatorio, intenté trabajar con una computadora prestada, auriculares que no son aptos para la tarea y con una conexión a internet que no se bancaba el trabajo. Se los informé y me dijeron que no me iban a mandar herramientas, que estaba suspendida y que me iban a pagar una suma no remunerativa equivalente al 65% de mi remuneración bruta. Entonces me fui hasta Cofico, a la casa de una amiga a ver si ahí podía, pero tampoco pude trabajar por la conexión a internet. Finalmente, terminé trabajando en la casa de un vecino que no conocía y me levantaron la suspensión, aunque me aclararon que los 12 días que no trabajé no me los van a pagar”.
E. trabaja en una librería local hace varios meses. Cuenta que trabajó hasta la tercera semana de marzo y que fue sorpresivo lo bien que se facturó ese mes, casi mejor que en navidad. “Hace dos semanas me llamaron y me dijeron que en abril me iban a pagar $5.000, que es el 21% de mi sueldo habitual. También me dijeron que no sabían cuándo me podría pagar el resto porque los bancos no les dan créditos”. E. está “más o menos en blanco”: la empresa declara a AFIP solo el 60% del monto de su sueldo.
La tijera estatal
Hace 15 días el intendente de Villa General Belgrano, Oscar Santarelli despidió por decreto a la Secretaria de gobierno, Verónica Wagner, y dispuso que la Dirección de Políticas Sociales bajo su órbita pasara a depender de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano. “El martes pasado el equipo que conformamos la Dirección de Políticas Públicas fuimos convocadxs a una reunión de reorganización de tareas. A la semana siguiente nos llegó un mensaje de whatsapp donde se nos notificaba el despido de 8 trabajadoras: 3 abogadas, 3 trabajadoras sociales y 2 psicólogas. El equipo era de 14 personas, ahora quedan 5”, cuenta F., una de las despedidas. Dice que entre las justificaciones del despido se encuentran el haber sido contratadas por una persona que ya no forma parte del equipo «pero en realidad nosotras somos trabajadoras de la Municipalidad. También nos dijeron que no somos trabajadoras formales por no tener contrato y que por la emergencia del coronavirus se prescinde de nuestros servicios”, cuando sus servicios son más necesarios que nunca: realizan acompañamientos e intervenciones relativas a las adicciones, género, diversidades, niñez y adultxs mayores. “Otro de los argumentos fue antigüedad y lugar de residencia, que es irrisorio. Ninguno de esos criterios se ve reflejado en quiénes hemos sido despedidxs y quienes no», concluye F.
Una situación similar están viviendo 7 trabajadoras monotributistas que desde 2017 se desempeñaban en el Programa provincial “Córdoba con ellas” destinado a la contención, asesoramiento, protección, capacitación y empoderamiento de las mujeres en todos sus ámbitos. En diciembre 2019 el programa fue absorbido por el Ministerio de la Mujer de la Provincia de Córdoba y, cuenta G.: “El 13 de marzo nos notificaron por teléfono que nuestros convenios finalizaron el último día de febrero y los directivos, desde ese día, no han concretado la firma del nuevo convenio. Desde principios de febrero venimos tratando de reunirnos con las autoridades que nos aseguraron que el convenio se renovaría. La información que nos han dado ha sido desde el inicio confusa, contradictoria y sin confirmación en relación a nuestro sueldo del mes de marzo ni nuestra continuidad laboral”. Su situación se ve agravada por el aislamiento social, por lo que las trabajadoras exigen inmediata reincorporación a sus espacios laborales y que se les abone el mes completo de marzo.
Decretos necesarios, peligrosas lagunas
El Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” para todxs lxs trabajadorxs, salvo lxs de sectores esenciales, y en su art. 8 estableció que lxs trabajadorxs del sector privado tienen derecho al goce íntegro de sus salarios habituales. Si bien este artículo parece entrar en contradicción con la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, que prevé que el empleador puede suspender a su personal basado en causas de fuerza mayor (entre las cuales podría ubicarse la pandemia de Covid-19), en estos casos la ley especial debiera derogar la ley general, así como la ley posterior debiera derogar la ley anterior, por lo que en las actuales circunstancias prevalecería el derecho de le trabajadorx a percibir su salario sobre el derecho de la patronal a suspender al personal sin goce de sueldo por causa de fuerza mayor. Más aún tomando en cuenta la Ley Nacional 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 329/2020 publicado en el Boletín Oficial el 31 de marzo, prohibió por 60 días los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. También prohibió por 60 días suspensiones unilaterales sin goce de sueldo mientras dure la cuarentena. Si la patronal hiciese caso omiso, no tendría efecto y las relaciones laborales continuarían vigentes. Sin embargo, este Decreto dejó una laguna fértil para el oportunismo capitalista que habilita a las empresas a suspender a su personal bajo los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, permite suspensiones “pactadas individual o colectivamente” con el pago de prestaciones no remunerativas “que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada”.
En palabras simples: si bien el DNU prohibió las suspensiones sin goce de sueldo por causas económicas decididas unilateralmente por el empleador, habilitó suspensiones con reducción de sueldo por el plazo de 60 días siempre y cuando hayan sido “acordadas” ya sea con el sindicato o con le trabajadore. De este modo, las empresas retienen al personal esperando la normalización, no afrontan indemnizaciones y solo están obligadas a pagar aportes y contribuciones de salud. Por otro lado, el Decreto estableció que le trabajadorx que puede trabajar en aislamiento debe recibir salario completo, pero no es tan claro respecto de quienes no pueden realizar las tareas desde el lugar de aislamiento.
Denunciá
Si sos trabajadorx formal y tu empleador está violando tus derechos laborales, podés hacer una denuncia. También si te coerciona a aceptar recortes o amenaza con despedirte una vez que pase la cuarentena. Si sos trabajadorx informal y tu empelador te despide o suspende por la cuarentena, o decide no pagarte el salario, también podés iniciar un reclamo laboral para lograr el blanqueo del empleo. Si sos obligadx a facturar como monotributista estás en una situación similar a la anterior, ya que se tu empleador está encubriendo la relación laboral -mejor llamado fraude laboral-.
En cualquiera de estos casos, consultá con un abogado laboral o comunicate con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Para realizar denuncias, podés enviar un correo electrónico a denuncias@trabajo.gob.ar o comunicarte al 0800-666-4100 (opción 1, luego opción 2, de lunes a viernes de 8 a 20 hs). Para realizar consultas, comunicate al Centro de Orientación al Ciudadano en consultas@trabajo.gob.ar o telefónicamente al 0800-666-4100 (opción 1 y luego opción 6 de 8 a 20 hs). Tené en cuenta que mientras dure la cuarentena obligatoria, es posible que solo estén habilitadas las casillas de correo electrónico.
En Córdoba, podés requerir asesoramiento gratuito en materia laboral, en las oficinas de Asesoría -Rivadavia 646- de lunes a viernes de 8 a 20 hs. Lamentablemente, en la página web del Ministerio de Trabajo de Córdoba no hay información alguna que oriente a la ciudadanía en cómo denunciar este tipo de ilegalidades en tiempos de cuarentena.
*Por Redacción La tinta.
