Repudian la suspensión del PIP
Ayer, el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar de la Provincia de Córdoba informó la suspensión- desde el primero de abril- de los programas en ejecución PPP, PIP, XMí y PILA debido al contexto de emergencia sanitaria. Ante esa medida, las y los beneficiarios del Programa de Inserción Profesional emitieron un comunicado donde repudian el anuncio de la cartera provincial.
Por El Resaltador
Según informaron desde la prensa del Gobierno, durante el período que dure la suspensión, los beneficiarios de dichos programas no percibirán la asignación estímulo correspondiente prevista en función de la imposibilidad de realizar las prácticas formativas y el entrenamiento laboral correspondiente. Las personas con discapacidad serán atendidas mediante los programas específicos.
“En el actual contexto de crisis sanitaria, social y económica, muchos trabajadores y trabajadoras subsistimos gracias a ese sueldo estímulo”, puede leerse en el comunicado de las y los damnificados por la decisión gubernametal.
¿Qué solicitan quienes estaban dentro del Programa de Inserción?: Que se rectifique la medida anunciada, garantizando que beneficiarios/as de los programas de empleo provincial continúen desarrollando sus tareas y percibiendo el sueldo estímulo; que los Colegios Profesionales se expidan en contra de la medida adoptada; que se generen políticas de empleo genuino; que se arbitren las medidas necesarias para garantizar aportes previsionales, obra social, Boleto Obrero Gratuito (BOS), entre otras.
En el comunicado, beneficiarios organizados, visibilizaron algunas situaciones e incongruencias con respecto a la decisión comunicada oficialmente, por ejemplo, resaltan que son trabajadores y profesinales recibidos.
“No nos están entrenando, nos están empleando como a cualquier trabajador/a, y hoy vulneran, nuevamente, nuestros derechos laborales al suspender este programa”, explica el texto. Aclaran, que el Estado Provincial paga una parte del salario, las empresas o particulares para quienes trabajamos, otra.
En relación al párrafo anterior, remarcan que bajo este nuevo tratamiento que le deciden dar al programa, quedan sin ningún amparo ya que no son considerados ni trabajadores, ni beneficiarios. Repudian que ahora cambien la perspectiva del PIP para llamarlo un “programa de entrenamiento”.
“La situación de suspensión de este programa, deja a la vista una realidad muy difícil: los profesionales nos vemos obligados a aceptar las condiciones de trabajo informal por parte del Estado, trabajando por muchísimo menos de la mínima, sin aportes, a lo que ahora se le suman los riesgos de ser suspendidos y suspendidas sin goce de sueldo”, explica el documento.
A los beneficiarios, el Estado les abona $7500 por la media jornada laboral, la cifra está muy por debajo del salario mínimo, vital y móvil que hoy establece que por jornada completa el trabajador debe cobrar $16875 de bolsillo, descontando las cargas sociales.
“Esta medida, además, resulta incoherente con las decisiones del gobierno nacional, comunicadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia 329/2020, que prohíbe despidos y suspensiones hasta fines de mayo”, sostiene el comunicado de los y las beneficiarias autoconvocadas.
Sostienen que los han dejado a la deriva, sin saber qué hacer ni a quién recurrir. Por eso, exigen políticas genuinas de trabajo y no al recorte del PIP.
*Por El Resaltador / Imagen de portada: El Resaltador.
