Monsanto y el conflicto por la Ley de Semillas: orígenes, protagonistas, y la batalla en torno al evento RR
En esta serie de notas analizamos los distintos aspectos del conflicto en torno al cobro de regalías por las semillas de soja GM que lleva abierto ya más de dos décadas en el país. Un recorrido por los actores, las pujas e intereses que constituyen los cimientos del modelo agrícola dominante hoy a escala global.
Por Nicolás Pérez Trento* para La tinta
A mediados de la década del ´90, a pesar de que aún no resultaba del todo claro si los países importadores de granos y derivados de soja iban a aceptar las semillas genéticamente modificadas (GM), la siembra de soja RR comenzó a avanzar en la Argentina a pasos agigantados: hacia el año 2001, apenas 5 años después de su lanzamiento comercial, la superficie sembrada con estas variedades superaba el 90% del total implantado con soja. Es en este contexto que se inició el conflicto por el cobro de regalías de semillas de soja GM. Detengámonos, a continuación, en los actores sociales que tomaron (y toman aún) parte en él.
Los actores sociales del conflicto
En primer lugar, tenemos a Monsanto , líder en el desarrollo de eventos biotecnológicos. Esta característica, sin embargo, es relativamente reciente: hasta finales de la década pasada, dicha empresa se especializaba en la producción de productos químicos, incluyendo agroquímicos. Se trata de una empresa que tiene un profuso historial de producción de compuestos químicos altamente tóxicos para la salud humana y contaminantes para el medio ambiente, entre los que pueden mencionarse los bifenilos policlorados (PCB), hoy prohibidos en todo el mundo por su alta toxicidad para la salud humana y el medioambiente, así como el insecticida DDT, que siguió el mismo camino. Hacia finales de la década de 1940, Monsanto comenzó a producir también los herbicidas 2,4-D y 2,4,5-T, así como la mezcla de ambos utilizada como defoliante en la Guerra de Vietnam: el infame Agente Naranja. A esto debe sumarse la contaminación ambiental vinculada a sus propias plantas de producción, y los permanentes esfuerzos por ocultar información y silenciar en relación a la contaminación ambiental y la toxicidad para el ser humano vinculadas a sus productos.
La reconversión de Monsanto hacia una empresa de “life sciences” (ciencias de la vida), aplicada en mucha mayor medida al desarrollo de biotecnologías que de agroquímicos, pareció constituirse en la base para dejar atrás esta oscura reputación. Sin embargo, la obtención de patentes sobre sus productos le permitió implementar prácticas comerciales de dudosa legalidad, mediante las que desplazó a sus competidores y adquirió un enorme control sobre la producción de semillas, cuyo precio se disparó en algunos mercados, particularmente el de los EE.UU. Del mismo modo, la empresa no titubeó a la hora de llevar a juicio a sus propios clientes si de lo que se trataba era de sentar jurisprudencia (y, de paso, infundirles miedo mediante la exhibición de un castigo ejemplar) contra lxs capitalistas agrícolas que habían osado desafiar las patentes de Monsanto. Estos juicios resultaron en un reforzamiento de los DPI vinculados a las patentes sobre eventos biotecnológicos. Menos simpatía aún despertaron otros métodos para enfrentar la reproducción ilegal de variedades RR, tales como la habilitación de una línea telefónica para que lxs capitalistas agrícolas denuncien a sus propios vecinos, el ingreso de inspectores a las explotaciones con el objeto de tomar muestras, e incluso el rociado de glifosato sobre cultivos.
Igualmente interesados en cobrar regalías se hallan los criaderos de semillas (esto es, los capitales semilleros que desarrollan sus propias variedades), agrupados en la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) . Su brazo administrativo lo constituye la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (ARPOV), encargada de gestionar las licencias y cobros a lxs capitalistas agrícolas.
Por su parte, la producción de granos de soja es realizada por individuos habitualmente referidos como “productores agrícolas» . Estos pertenecen, en realidad, a dos clases sociales distintas: en cuanto propietarios de tierras, son miembros de la clase terrateniente; en cuanto propietarios de los restantes medios de producción, de la capitalista. Ciertamente, nada impide que un mismo individuo reúna simultáneamente ambas condiciones, o que además se constituya como arrendatario, situaciones bastante usuales en la región pampeana. Sin embargo, resulta necesario diferenciarlos ya que, como veremos, el conflicto los afecta de distinto modo.
Tanto lxs capitalistas como lxs terratenientes agrarixs son representadxs a lo largo del territorio nacional por un gran número de asociaciones. Las de mayor alcance, sin embargo, se reducen a cuatro. La más antigua de ellas es la Sociedad Rural Argentina (SRA ), fundada en 1866, nucleó históricamente a lxs propietarixs de tierras de mayor escala, que en la mayoría de los casos fueron (y siguen siendo) también capitalistas ganaderxs. Por su parte, la Federación Agraria Argentina (FAA) nació como representante de lxs arrendatarixs agrícolas, enfrentados directamente a lxs terratenientes de la SRA en torno al pago y las condiciones de los arrendamientos.
Debido a las transformaciones recientes en la estructura agraria, sin embargo, la FAA nuclea hoy también a una gran cantidad de pequeñxs propietarixs de tierras, algunxs de lxs cuales son también capitalistas agrícolas mientras que otrxs no son más que puros rentistas. Ambas asociaciones encabezaron, con distintas estrategias, el enfrentamiento contra las exigencias de Monsanto. A ellas se sumaron ocasionalmente la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO) , que se constituyen como las otras dos organizaciones de alcance nacional.
¿Cómo afecta el conflicto, entonces, a estos actores sociales? A primera vista, los principales interesados en enfrentar las pretensiones de cobro de Monsanto parecerían ser lxs capitalistas agrícolas, quienes ven reducirse el costo de producir soja al no pagar las regalías exigidas por Monsanto. No obstante, en la producción agraria, la competencia hace que estas ganancias extraordinarias pasen a manos de la clase terrateniente bajo la forma de renta de la tierra. ¿Son los miembros de esta clase, entonces, los verdaderos beneficiarios del no pago de regalías?
Aquí conviene adelantar el rol jugado en el conflicto por otro actor no menor: el Estado argentino . Como veremos, las exigencias de cobro de Monsanto y los criaderos no fueron enfrentadas exclusivamente por estas asociaciones, que actuaron en defensa de los intereses de la clase terrateniente. También el Estado nacional, al menos durante la primera parte del conflicto, enfrentó las pretensiones de Monsanto. Se trata de una alianza bastante curiosa, debido a que, a lo largo de gran parte de los gobiernos kirchneristas, la relación entre estos y las asociaciones agrarias no fue precisamente armónica sino que, por el contrario, estuvo signada por múltiples enfrentamientos, cuyo punto más alto lo constituye sin duda el conflicto del año 2008. Cabe entonces preguntarse, por lo tanto, sobre qué se sustenta la conformación de esta alianza de hecho para enfrentar el pago de regalías por el uso de esta biotecnología.
La respuesta se halla en el carácter específico de la economía argentina (que comparte con gran número de países latinoamericanos). Aquí sobresale la presencia de filiales de algunos de los capitales extranjeros más concentrados del mundo. Estos, sin embargo, sólo producen en la reducida escala que corresponde al tamaño del mercado interno, lo que implicaría que obtienen una tasa de ganancia menor. No obstante, son capaces de compensar este déficit de distintas formas. Entre ellas, destaca la apropiación de porciones de renta de la tierra, esto es, de la masa de riqueza que obtienen los propietarios de tierras a cambio del arrendamiento de éstas, y que resulta particularmente alta en parte de los suelos argentinos debido a su fertilidad. Así, mediante políticas económicas que pone en marcha el Estado nacional, tales como la sobrevaluación de la moneda y las retenciones a la exportación, la renta de la tierra no es apropiada en su totalidad por la clase terrateniente, sino que una fracción es desviada de los bolsillos de esta clase para apuntalar la acumulación de aquéllos capitales (para una argumentación más amplia y sustantiva de este enfoque respecto de la especificidad de la economía argentina, pueden consultarse especialmente los trabajos de Juan Iñigo Carrera).
Un último actor social, asimismo, fue también ganando peso en el conflicto: se trata de un abigarrado mosaico de organizaciones sociales vinculadas principalmente a la defensa del medio ambiente y de las poblaciones afectadas por esta forma específica de producción agrícola. A medida que el enfrentamiento recrudecía, éstas últimas lograron aglomerarse para hacer oír su propia voz.
Orígenes del conflicto
El lanzamiento comercial de las variedades de soja RR, que fue aprobada en la Argentina en 1996 mediante un trámite sumamente irregular (ya que no se realizaron estudios propios ni se dio a conocer el expediente), trajo como consecuencia una expansión de la circulación ilegal de semillas: en el año 2001, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca estimaba que sólo el 35% de las semillas sembradas se hallaba fiscalizada (esto es, había sido adquirida por los canales legales) y que otro 35% se enmarcaba dentro del derecho de uso propio, con lo cual la venta ilegal de semillas ascendía a un 30%.
En este escenario, ARPOV lideró la carga por el cobro de regalías, lanzando en 1999 el sistema de “regalías extendidas”. Se trató de un contrato implícito en la venta de semillas por el cual los compradores de variedades protegidas se obligaban a pagar regalías por el uso propio. Dicho contrato, por otra parte, facultaba a ARPOV a ingresar a las explotaciones para tomar muestras de granos con el objeto de fiscalizar su procedencia. El sistema despertó fuertes críticas por parte de las asociaciones agrarias, que argumentaron que ningún contrato podría anular la gratuidad del uso propio gratuito establecida en la Ley de Semillas (LS). Del mismo modo, ARPOV fue también blanco de críticas por arrogarse el poder de policía que es exclusivo del INASE.
Pero este sistema permitía el cobro de regalías por el uso propio no sólo a los criaderos, sino también a Monsanto. Ocurre que, debido a que los eventos biotecnológicos se protegen por patentes, la reproducción para uso propio de las variedades que los contienen se ve impedida. Sucedió, sin embargo, que Monsanto jamás logró hacerse de las patentes correspondientes al evento RR en la Argentina, debido a que presentó tardíamente la solicitud de patentamiento. El evento, por lo tanto, pasó al dominio público, lo que significaba que no había impedimento legal para reproducir variedades RR para uso propio.
Este pequeño detalle estuvo lejos de amilanar a Monsanto, que luchó por cobrar regalías, literalmente, al precio que fuera.
Primera fase del conflicto: la batalla en torno al evento RR
La primera batalla comenzó a desarrollarse hacia finales del año 2001, aunque no estuvo vinculada a las semillas sino al glifosato. Tras la expiración de la patente del herbicida en los EE.UU. en el año 2000, Monsanto perdió allí un gigantesco mercado cautivo. La oportunidad fue aprovechada inmediatamente por los capitales chinos de la rama de agroquímicos, que demoraron muy poco en inundar el mercado estadounidense con formulaciones de menor precio. Lo mismo sucedió en el mercado argentino, en donde las ventas de Roundup, que Monsanto fabricaba localmente, comenzaron a mermar. Monsanto buscó entonces detener la importación alegando ante la Comisión Nacional de Comercio Exterior que el glifosato chino ingresaba a precios de dumping, es decir, se vendía por debajo de su precio comercial con el objeto de eliminar a la competencia, pero obtuvo su primer revés.
A mediados del año 2003, y ya bajo el gobierno de Néstor Kirchner, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGPYA) señaló que no iba a convalidar el sistema de regalías extendidas, y cuestionó las atribuciones de policía que se arrogaba ARPOV. En este escenario, Monsanto comenzó a presionar al Estado argentino anunciando la suspensión de una inversión de 40 millones de dólares y, actuando en acuerdo con los criaderos en el seno del INASE, buscó modificar la LS de tal forma que el uso propio fuera eliminado o restringido.
Los intentos no prosperaron, y en enero del 2004 Monsanto volvió a golpear: lo hizo anunciando su decisión de poner fin a su programa de mejoramiento de semillas de soja y dejar de comercializar sus propias variedades. Paralelamente, amenazó con realizar juicios en países extranjeros, en los que sí poseía las patentes correspondientes, para cobrar las regalías reclamadas.
En este contexto, se configuró un escenario en el que existieron múltiples intentos de resolución. Por una parte, el gobierno nacional buscó conciliar posiciones para la modificación de la LS o la creación de un impuesto a la venta de semillas cuya recaudación se destinaría al pago de regalías a los criaderos y, por intermedio de ellos, a Monsanto. Paralelamente, Monsanto intentó apropiar regalías independizándose del cobro reclamado por los criaderos: en primer lugar, procuró alcanzar un consenso con las organizaciones agrarias para cobrar al momento de embarcar los granos; posteriormente, quiso hacerlo de manera compulsiva requiriendo a los capitales exportadores la retención en su nombre de 3 US$ por cada tonelada exportada al momento del embarque. Nada de esto prosperó.
Por su parte, el secretario de Agricultura, Miguel Campos, denunció en una conferencia de prensa la “extorsión” a la que buscaba someterlo la empresa: “No me importa si es una alícuota baja o alta, rechazo el método […] de cobrar bajo amenaza a la salida de los barcos. Monsanto no ha hecho beneficencia en la Argentina, ha invertido, y lo valoro, pero el tamaño de sus inversiones lo comprometen más en buscar soluciones estructurales e institucionales, en vez de atajos facilistas bajo amenaza […] no soy anti-Monsanto. Acabamos de aprobar un evento de esa firma y reconozco su aporte en aras de una agricultura moderna y rentable”.
Poco después, a mediados del 2005, el Secretario buscó apoyo entre sus pares del Cono Sur para rechazar de manera conjunta el intento por cobrar sobre la venta de granos, valiéndose del Consejo Agropecuario del Sur, integrado por Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Éste emitió una declaración en la que se establecía que las regalías debían pagarse en la comercialización de semillas, pero al poco tiempo los Ministros de Brasil y Paraguay buscaron bajar el tono del acuerdo, lo que fue atribuido a presiones de la empresa. Campos recibió también presiones de la Secretaría de Agricultura estadounidense, que argumentaba la existencia de competencia desleal debido a la caída en los costos de producción que resultaba de no pagar las regalías.
Poco tiempo después, Monsanto llevó a cabo su amenaza de iniciar demandas contra los importadores europeos por daños y perjuicios, lo que dio lugar al incautamiento de varios cargamentos de harina de soja. El gobierno argentino reaccionó ante este escenario tomando parte en el litigio. En enero del 2006 se presentó ante la corte europea como parte afectada, indicando que lo que se hallaba en juego constituía una “cosa de Estado”. Posteriormente, la SAGPYA contraatacó iniciando un pleito local (que acabaría perdiendo) contra la empresa en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, alegando que el reclamo planteado en la UE configuraba una conducta anticompetitiva. El conflicto alcanzaba así su cenit.
A principios del 2007, la salida de Campos de la SAGPYA resultó en una renovación de los intentos por consensuar una nueva LS. Las discusiones con ASA, sin embargo, pronto se empantanaron, y el proyecto tampoco llegó a presentarse en el Congreso. A lo largo de los siguientes tres años, por otra parte, Monsanto perdió también la partida judicial que jugaba en la Unión Europea. Tras perder litigios en España e Inglaterra, acabó retirando las demandas que aún quedaban pendientes de resolución. Esta derrota judicial constituyó, ciertamente, uno de los reveses más fuertes que enfrentó Monsanto en los últimos años.
Pero si bien Monsanto había perdido esta batalla, la guerra estaba lejos de haber terminado. En efecto, por una parte, la alianza entablada entre el gobierno y las organizaciones agrarias había sido eficaz a la hora de impedir la apropiación de regalías biotecnológicas por parte de esta empresa respecto del evento RR. Para este momento, sin embargo, las patentes de dicho evento se hallaban cerca de expirar en el resto del mundo. El conflicto desatado en torno a (la ausencia de) DPI sobre el evento RR no había hecho sino postergar la resolución del verdadero problema de fondo: el diseño de un mecanismo de cobro de regalías para eventos biotecnológicos patentados, así como la puja por el pago de regalías por el uso propio de las variedades desarrolladas por los criaderos. La segunda fase del conflicto, que permanece aún abierta, gira en torno a estas cuestiones.
* Por Nicolás Pérez Trento para La tinta. Doctor en Ciencias Sociales (Universidad Nacional de General Sarmiento / Instituto del Desarrollo Económico y Social) y becario postdoctoral (Universidad Nacional de Quilmes / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)
