Bruno Bracchi tiene 30 años. Vive en Godoy Cruz, Mendoza. Su vida cambió en 2013, cuando comenzó a perder peso rápidamente. Hoy, sufre de malabsorción intestinal, recurrentes zumbidos en oídos, fatiga crónica, movimientos involuntarios de músculos e insomnio crónico.
«El doctor Blas López Rueda dijo que una de las causas de intolerancia de alimentos y malabsorción puede ser la intoxicación con metales pesados. Me hice un análisis en un laboratorio, que analizó los minerales y me enteré de la desagradable noticia. Pese a que jamás estuve trabajando con uranio ni viví en zonas peligrosas ni cercanas a ellas. Debe venir del agua, aire o alimentos», relató Bruno a ANRed.
El Hospital de Toxicología de Mendoza rechazó su análisis porque «no tiene validez científica», por lo cual no puede acceder a un tratamiento desintoxicante. «Ellos deberían averiguar de dónde viene mi uranio elevado, porque es una cuestión de Estado, que puede afectar a muchas personas», remarca.
Hoy, lucha contra el fracking en su provincia, técnica extractiva que utiliza mucha agua, aumenta el riesgo de sismos y usa una gran cantidad de tóxicos, algunos radiactivos, como algunos tipos de uranio.
ANRed – Bruno, ¿podés contarnos tu historia?
Bruno Bracchi – A finales del 2013, perdí muchos kilos, tuve diarreas crónicas e iba con sangre. Me realizaron muchos estudios y detectaron enfermedades autoinmunes, colitis inespecífica, o sea, tu cuerpo se autoataca. En mi caso, al tracto digestivo y puede generar muchos problemas potencialmente graves, como malabsorción de nutrientes, problemas en ojos, páncreas, huesos e, incluso, la muerte en casos graves. Además, probablemente celiaquía y alguna enfermedad autoinflamatoria (pero no hay tecnología en Argentina para detectarla). Actualmente, tengo mala malabsorción intestinal, bajo peso, a veces zumbidos en oídos, fatiga crónica, movimientos involuntarios de músculos e insomnio crónico, entre otros.
Allí, empecé a investigar a científicos. No los que salían en la TV, sino, por ejemplo, a Pedro Carrera Bastos, experto en nutrición e inmunología, o el bioquímico Oscar Picazo. Allí, cambié la forma de ver el mundo, mis hábitos de vida y descubrí que la pirámide de alimentación, en realidad, es la pirámide de la “enfermedad”. No sólo con muchos artículos científicos, sino probándolo en mi propio organismo. No es lógico evolutiva ni históricamente que el pan industrializado, refinado, con agrotóxicos, sea la base de la “alimentación”, porque lo empezamos a consumir hace 100 años aproximadamente y, mucho menos aún, comida con aditivos o resaltadores de sabor.
Entre las investigaciones, leí que el doctor Blas López Rueda dijo que una de las causas de intolerancia de alimentos y malabsorción puede ser la intoxicación con metales pesados. Allí, investigué y me hice hacer un análisis de pelo en un laboratorio, que analizó los minerales y me enteré de la desagradable noticia. Pese a que jamás estuve trabajando con uranio ni viví en zonas peligrosas ni cercanas a ellas. Toda mi vida viví en Godoy Cruz y dos años en Capital. Yo supongo que el uranio pude venir de Sierra Pintadas en San Rafael, que nunca se desechó correctamente. Debe venir del agua, aire o alimentos, aunque no analicé ninguna de estas porque es muy caro realizarlo.
Lamentablemente, consulté al Hospital de Toxicología de Mendoza y me dijeron que mi análisis “no tiene validez científica”, pese a que hay artículos científicos que demuestran lo contrario. Además, conozco casos que mejoraron luego del tratamiento.
Por eso, no puedo acceder a un tratamiento desintoxicante, lamentablemente. Además, solicité ayuda legal en el colegio de abogados y la abogada me dijo que ‘un doctor debía demostrar que el uranio causó mis enfermedades», cosa que ningún doctor va a hacer. Si niega mi resultado, mucho menos va a certificar eso para poder defenderme. Absurdo, pero real. Ellos deberían averiguar de dónde viene mi uranio elevado, porque es una cuestión de Estado, que puede afectar a muchas personas.
ANRed – ¿Por qué hoy estás luchando contra el fracking?
Bruno Bracchi – Primero, porque estamos en Mendoza, donde hay crisis hídrica y un pozo de fracking puede usar hasta 36 millones de litros de agua. Segundo, porque, según la doctora Bruno, ‘hasta el 2% son sustancias toxicas’, es decir, que si un pozo usa 36 millones de litros de agua, el 2% son 720 toneladas de tóxicos, que, más tarde o temprano, contamina el agua o el aire o ambiente. Tercero, porque puede aumentar el riesgo de sismisidad y acá es una zona sísmica. Además, porque creo que ese dinero debería utilizarse para energías limpias. También puede contaminar radiactivamente el ambiente y hay un tipo de uranio que lo es. Y por último, porque el derecho a la salud es un derecho constitucional y, mientra más fracking haya, más chances de enfermarnos habrá.
No quiero que a otras personas les pase lo mismo que a mí. No es casualidad que haya en Argentina un ACV cada cinco minutos promedio y tantas enfermedades autoinmunes como la Enfermedad de Hashimoto (tiroiditis crónica), artritis, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, vitíligo o Enfermedad de Crohn, entre otras. Debemos intentar no tapar síntomas con remedios, sino ir a las ‘causas’ de raíz para aliviar las enfermedades.
ANRed – ¿Cuál es tu mensaje final?
Bruno Bracchi – Que la gente tome conciencia de que la contaminación ambiental del agua o aire no es algo lejano ni abstracto. Probablemente, yo me haya intoxicado por uranio que nunca se desechó correctamente a 260 kilómetros. Y, aún así, estoy intoxicado.
* Por ANRed. Imagen de tapa: Revista Amor y Pólvora.
El trabajo del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) es fundamental ―desde hace 25 años― en la lucha por una vida digna en el campo, abarcando aspectos como la tierra, la educación y la salud. En alianza con Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), desde 2021, se han potenciado acciones en torno a garantizar los derechos sexuales y reproductivos, especialmente, en zonas rurales invisibilizadas. “Contar con redes ayuda a entender que la salida siempre es colectiva y con organización”, sostiene Camila Recalde, médica y militante del MCC.
Desde hace 25 años, el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) trabaja por el acceso a una vida digna, enfocándose en derechos fundamentales como la salud, la educación y la tierra en las comunidades rurales. La articulación y el trabajo colaborativo con la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), a partir del 2021, fortaleció el plan de acción orientado al acceso a derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas del colectivo LGBTQ+ que habitan la ruralidad. En esta nota, integrantes de las organizaciones reflexionan sobre los avances alcanzados y los desafíos que aún persisten en la construcción de un futuro más justo.
Camila Recalde es militante del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) e integrante de los equipos de Salud y Feminismo. En diálogo con La tinta, comparte la experiencia de su organización, que lleva un cuarto de siglo de trabajo territorial en el norte y noroeste de la provincia de Córdoba. La médica destaca que el MCC se ha enfocado en visibilizar a lxs campesinxs y en luchar por el acceso a la tierra y a una vida digna en el campo. Hablar de «vida digna» abarca aspectos fundamentales del desarrollo humano, como la salud, la educación, la producción, el acceso al agua potable, la tierra y el trabajo.
«En todo el recorrido, hemos visibilizado y trabajado sobre el rol de las mujeres en el campo, una multiplicidad de acciones que ahora podemos poner bajo la bandera del feminismo campesino indígena popular, pero que, en aquellos tiempos, ni siquiera hablábamos sobre feminismo”.
Imágenes: Diana Hernández para Católicas por el Derecho a Decidir.
Entre las múltiples iniciativas, destacan las campañas de papanicolau, el acceso a métodos anticonceptivos, jornadas de atención sanitaria, espacios de formación para mujeres, promotoras de salud, promotoras territoriales contra la violencia de género, escuelas populares de género, talleres sobre economía feminista “y muchas otras acciones que, a lo largo de este tiempo, demuestran que la constancia del trabajo organizado genera que las políticas que se piensan o se articulan con el Estado y ONG puedan llegar de manera oportuna a los territorios”.
Camila hace énfasis en que, desde el MCC, siempre tuvieron en claro que son una organización social y que el Estado es quien debería encargarse de gestionar la política pública para el sector. “Pero como ha sido un sector históricamente invisibilizado, hemos estado ahí para señalarlo, reivindicarlo y no dejar de demandar nunca lo que nos corresponde”, dice la médica y celebra como una victoria del movimiento que exista un programa como Familia Rural Sana, donde se ha podido pensar, construir y sostener conjuntamente políticas públicas de salud para una parte del campesinado cordobés, sabiendo y reconociendo que queda mucho territorio por cubrir.
“Contar con estas redes generadas en el contexto que estamos viviendo ayudan a entender que la salida siempre es colectiva y con organización”, agrega la militante. A lo largo de estos 25 años, explica, el MCC ha ido encontrándose con otros actores que reconocen su trabajo y que apoyan la lucha campesina y la mirada feminista, como CDD.
Imagen: Diana Hernández para Católicas por el Derecho a Decidir.
Tejer las redes para una vida digna
Ana Morillo, coordinadora del área Salud de Católicas por el Derecho a Decidir, relata que la articulación con el MCC ya tiene varios años, más precisamente, desde el 2021. Con apoyos institucionales, planificación de acciones concretas o encontrándose como activistas feministas y trabajadoras de la salud en la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir ―para la implementación integral de la Ley n.° 27.610 IVE―, ambas organizaciones tienen un trayecto recorrido en conjunto que potencia y fortalece el trabajo.
Morillo destaca una actividad que realizaron en coordinación con la UNC: «Hicimos un mapa de Córdoba plasmando en papel una georeferenciación de servicios y de organizaciones que atendían y acompañaban mujeres que habían decidido interrumpir el embarazo ―u otras cuestiones de salud reproductiva, pero, principalmente, de IVE-ILE―. Marcamos con puntos verdes donde había servicio para la atención. Y, después, decidimos hacer puntos violetas para los lugares donde existían organizaciones que acompañaban… Y ahí, en ese mapa, se vio, hermosamente, cómo las sedes donde había organización de mujeres campesinas del Movimiento daban acompañamiento donde no había verde. Eso fue una foto muy importante para pensar ―aún más― en el fortalecimiento de las organizaciones acompañando a las mujeres y, más que nada, a las mujeres campesinas, mujeres que viven a kilómetros de los servicios de salud y con caminos muy difíciles de transitar”.
En septiembre de 2023, se organizó un encuentro entre el MCC, CDD y la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR), con la presencia de Valeria Isla, directora en ese momento de dicha repartición. El evento tuvo lugar en la radio comunitaria “Radio Pueblo”, en una de las localidades del norte cordobés, donde también funciona una extensión de la escuela para adultos destinada a la terminalidad de la secundaria, y participaron promotoras de diversas localidades del norte de la provincia ―como Deán Funes, El Tuscal y Mansilla del departamento Ischilín―, así como miembros del MCC de los departamentos de Cruz del Eje, Minas y Traslasierra.
Con la necesidad planteada de seguir articulando esfuerzos para consolidar la garantía de derechos en todos los territorios rurales de Córdoba, el trabajo conjunto entre el MCC y CDD se intensificó durante 2024.Las acciones buscan asegurar el acceso a métodos anticonceptivos, la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y la promoción de la salud sexual y reproductiva en comunidades rurales y barriales que, históricamente, han estado excluidas del sistema de salud pública.
El 2 de noviembre, se llevó a cabo en la sede del MCC en Cruz del Eje ―en el barrio La Rinconada― una campaña de colocación de implantes subdérmicos, producto de la articulación con Católicas por el Derecho a Decidir y la Fundación CIGESAR de Buenos Aires, jornada en la que se colocaron 50 implantes y se ofreció consejería a las mujeres de la zona. También se realizó en Ciénaga del Coro, incluyendo a comunidades cercanas como Tosno, Guasapampa y La Higuera. En total, se colocaron 49 implantes y, además, se ofrecieron consejerías sobre salud sexual y reproductiva a las participantes.
Otra de las campañas tuvo lugar en Cerro Colorado, donde, por cuarto año consecutivo, se realizó una jornada de salud sexual integral que incluyó consejerías, testeos de ETS y la colocación de implantes. Realizada en articulación con el MCC, Redes Cuidadas del Norte, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el colectivo de mujeres del norte, se recibieron más de 40 consultas que fueron acompañadas de manera personalizada y se llevó a cabo un taller titulado «Desdibujando violencia», abierto a la comunidad, donde se buscó reflexionar sobre la violencia de género y las herramientas para erradicarla.
Finalmente, a finales de noviembre, se llevará a cabo otra campaña en Los Pozos, que incluirá un taller de prevención y erradicación de la violencia de género, así como un espacio dirigido a las infancias para promover un entorno libre de violencia.
Imagen: Diana Hernández para Católicas por el Derecho a Decidir.
Las promotoras de salud, ese fuerte hilo conector
Jesica Otazua es militante del MCC de la Ciudad de Cruz del Eje. En la ciudad del norte cordobés, existen nueve barrios populares donde la organización trabaja con el equipo de feminismo: «Desde el inicio de las experiencias barriales en el año 2018, nos inclinamos a la formación de promotoras de género y en acompañamiento de IVE/ILE en articulación con los organismos estatales. Actualmente, con la presentación de un proyecto político de desmantelamiento del Estado, los derechos conquistados se fueron achicando y las legislaciones vigentes se relegaron a las voluntades políticas de quienes gestionaban la salud y al acompañamiento de las organizaciones sociales”,historiza.
Las campañas internas, puestas al servicio de la comunidad, dice Jesica, se vaciaron de contenido cuando los recursos del Estado dejaron de llegar a las comunidades y barrios. “Y ahí es donde nos seguimos organizando para poner parches a la desregulación. Un entramado de redes construidas históricamente desde nuestro movimiento es lo que legitima hoy, un proceso del cual depende el acceso a la salud de nuestras comunidades campesinas y barrios populares”, sostiene Otazua y afirma: “El acceso a los métodos anticonceptivos y a consejerías, en barrios donde el acceso a la información y donde la economía familiar está denunciando la emergencia alimentaria, son inherentes. Y, sin embargo, están siendo recursos que el poder político plantea como un despilfarro, carente de respaldo. El derecho a la anticoncepción gratuita no está siendo rentable para el interés económico”.
La campaña de Cruz del Eje, asegura Jesica, “dejó en evidencia la importancia de la jornada para una ciudad que cuenta con numerosos centros de salud y un hospital regional a donde no llegan recursos suficientes. Así, entendemos que la organización colectiva es la respuesta en estos tiempos. Apelar a las redes tejidas y a los feminismos como construcción política nos garantiza una vida más digna”.
Ana Morillo señala que, para estas últimas dos campañas de colocación de implantes, se coordinó, por primera vez, con las promotoras: «Ellas se involucraron en la captación de las mujeres, en que llegaran allí… Por ejemplo, en Ciénaga del Coro, las fueron a buscar casa por casa para que estuvieran. Bueno, esto fue una articulación muy fuerte y un hermoso encuentro con las compañeras, para lograr que mujeres y jóvenes de esos barrios llegaran a obtener el método anticonceptivo”.
Imagen: Diana Hernández para Católicas por el Derecho a Decidir.
Las promotoras de salud, como Carina Reynoso y Yamila Nieto, tienen un papel fundamental en el acompañamiento y educación de las mujeres en las zonas rurales. Ambas son productoras campesinas y hacen el famoso dulce de leche de cabra que se vende en el local Monte Adentro en la ciudad de Córdoba.
Carina trabaja en la comunidad de Piedrita Blanca, en el departamento Minas. La promotora destaca el impacto que han tenido los servicios médicos del programa Familia Rural Sana: «Los médicos rurales, en nuestras zonas aledañas, son muy importantes, tanto para adolescentes y jóvenes como para mujeres mayores, porque se pudo lograr llegar a los métodos de anticonceptivos, como así también los PAP. También a los controles y al llenado de fichas médicas para que cada niño cuente con su control. Visitamos periódicamente las viviendas y, entre charlas, vamos hablando sobre lo importante que es estar sanos. Comer bien y hacer actividades físicas. Para mí, es una gran oportunidad para que, como comunidad, vivamos mejor en el campo”.
Yamila,de El Duraznal, cuenta cómo el MCC comenzó a trabajar en salud comunitaria desde principios de los años 2000. «Comenzamos aprendiendo a tomar la presión, a colocar inyecciones, todas esas cosas que hacía por ahí un grupo de médico y enfermero… Y también se empezó a plantear el tema de la salud integral de la mujer y, después, se pudo llevar a cabo venir con algunos de los equipos médicos y hacer PAP. Allá, en los primeros años, se usaba un botiquín comunitario acá, donde se conseguían anticonceptivos y se podían repartir a las mujeres. También otra cosa para decir es que, ahora, se han logrado un montón de cosas, las mujeres de acá, de la zona rural. Las promotoras podemos sacar un turno y, de ahí, dirigirse hacia el hospital Aurelio Crespo y poder hacer el circuito de la mujer, todo en un solo día, así que fueron logros y cosas que se fueron avanzando”, concluye Nieto.
*Por Soledad Sgarella para La tinta / Imágenes: Diana Hernández para Católicas por el Derecho a Decidir.
