Juicio a las fumigaciones en Ituzaingó: la Justicia demora, la vida no espera
La Cámara a cargo de la denominada “Causa Madre” de Ituzaingó Anexo informó que se suspendió el inicio del histórico juicio, previsto para el 31 de marzo, debido a nuevos recursos presentados por la defensa. Después de casi dos décadas de denuncias y reclamos, lxs vecinxs deberán ahora seguir esperando una respuesta judicial ante las muertes y enfermedades que sufren en el barrio.
Por Lucía Maina para La tinta
El próximo 31 de marzo era la fecha fijada para el inicio del juicio por fumigaciones de la denominada «Causa Madre» de barrio Ituzaingó, un hecho histórico que lleva casi dos décadas de espera. Sin embargo, el viernes 6 de marzo, la Cámara 12° del Crimen a cargo de la causa notificó a las partes que se suspendió el comienzo del juicio y que más adelante se fijará un nuevo día para empezar con las audiencias. La decisión se debe a recursos presentados por lxs abogadxs de lxs imputadxs. Así, a 18 años de las primeras denuncias por fumigaciones en su barrio, lxs vecinxs de Ituzaingó Anexo deberán ahora continuar esperando una respuesta de la Justicia.
“Sabíamos que no iba a empezar, no nos sorprendió, porque son tantos años de lucha que ya nada nos sorprende. Los tiempos de la Justicia no son los mismos que los nuestros”, dice ante la noticia Chavela Lindón, querellante en el juicio e integrante del Grupo de Madres de Barrio Ituzaingó Anexo.
En total, son seis las personas imputadas por el delito de contaminación ambiental dolosa y contaminación ambiental dolosa reiterada en el nuevo juicio que debía iniciar a fines de marzo. Los más comprometidos son el productor agropecuario Francisco Parra y el aeroaplicador Edgardo Pancero, quienes ya fueron condenados en el primer juicio realizado en 2012 y que, de recibir una segunda condena en esta instancia, deberían ir a prisión.
La causa abarca, por un lado, fumigaciones realizadas en 2004 en Ituzaingó y, por otro, aplicaciones ocurridas entre 2006 y 2007 en la Comuna Los Cedros, camino a Alta Gracia. Uno de los recursos presentados que generó esta nueva demora del juicio fue realizado por la defensa de Parra, involucrado en el primer hecho. El otro planteo provino de los ingenieros agrónomos de la empresa Tecnocampo, imputados por las fumigaciones en Los Cedros. Ambas presentaciones fueron realizadas al cierre del año pasado, cuando el Tribunal ya había dictaminado el inicio del juicio.
Teniendo en cuenta que estos recursos deben resolverse antes de empezar las audiencias, se trataría de una maniobra de la defensa para seguir dilatando un proceso que ya lleva años de demoras: desde que fue elevado a juicio en 2014, debió pasar diversas instancias, obstáculos y recursos de oposición. Es así que la causa acumula hoy decenas de cuerpos que incluyen las primeras denuncias y estudios realizados en el barrio a partir del año 2002 y las investigaciones iniciales del fiscal Carlos Matheu, actualmente reemplazado por Carlos Mariano Antuña.
“Los demás se siguen llenando los bolsillos, envenenando y matando gente, pero la vida no espera. Son tantas las personas que tienen cáncer, las personas que han muerto, que ya pasamos a ser un número. De los años que hemos venido luchando, yo digo que soy una sobreviviente”, dice Chavela.
El comienzo de este nuevo juicio es esperado con gran expectativa por vecinxs y organizaciones socio-ambientales, ya que el Poder Judicial deberá determinar si las muertes y enfermedades que afectan desde hace tiempo a lxs vecinxs en Ituzaingó Anexo están asociadas a las fumigaciones. A su vez, ese barrio de la ciudad de Córdoba se transformó en un símbolo de la lucha contra la aplicación de agrotóxicos, especialmente después de que las madres del lugar lograran realizar el primer juicio en el año 2012, que se convirtió en el primero de América Latina en considerar la fumigación como delito.
Los planteos
Según explica el decreto emitido la semana pasada por el Tribunal, integrado por Ana María Lucero Offredi, Gustavo Reinaldi y María Gabriela Bella, la postergación del juicio se debe a dos presentaciones de la defensa. Por un lado, la de Parra, que planteó que se trata de un hecho por el cual el productor ya fue condenado en el juicio de 2012 y, por tanto, no se lo puede someter a juicio nuevamente.
Ante esto, Darío Ávila, uno de los abogados de las Madres de Barrio Ituzaingó Línea Fundadora, expresó: “Suponemos que no debería proceder este planteo porque estamos hablando de dos hechos distintos, son fechas distintas y el modo es otro. La primera fumigación que se juzgó, por ejemplo, era terrestre y esta es aérea”. Cabe aclarar que el hecho que se deberá juzgar ahora fue una aplicación de agrotóxicos que habría sido realizada en marzo de 2004 a 400 metros del barrio.
La segunda presentación fue realizada por los abogados de los ingenieros agrónomos de la empresa Tecnocampo, Fernando Ramón Amuchástegui, Javier Eduardo Amuchástegui y Alejandra Mendizábal Pizarro, a quienes se les atribuye haber realizado dos fumigaciones con productos de alta toxicidad a una distancia de alrededor de diez metros de la comuna de Los Cedros. A pesar de tratarse de lugares distintos, este hecho está incluido en el mismo juicio que las pulverizaciones en Ituzaingó Anexo debido a que, en ambos casos, se encuentra imputado el aviador Pancello.
Los imputados de Tecnocampo presentaron un pedido para que el juicio no sea sometido a prueba, es decir, que no se pase a etapa de juicio oral y público, sino que directamente se proceda a dictar sentencia. Al respecto, Ávila explicó: “Esta es una herramienta que solo está prevista para delitos considerados menores, que tienen pena de hasta 3 años de prisión, y, en este caso, el delito que se imputa ahora es de 3 a 10 años de prisión. Otra condición es que los autores del hecho reconozcan la culpabilidad del hecho, que ofrezca indemnizar a los afectados en la causa y que los imputados no sean personas reincidentes”.
Además, recordó que, en 2012, los abogados de la defensa realizaron el mismo planteo de suspender el juicio y, en aquel momento, la cámara rechazó el pedido, entre otras cuestiones, por tratarse de un delito que involucraba un interés público relacionado al ambiente y la salud. “Si bien las cámaras son distintas, creemos y esperamos que sostengan el mismo criterio”.
Mientras tanto, hasta que el Tribunal no resuelva si acepta o rechaza estos planteos, no se podrá fijar la nueva fecha de inicio del juicio.
Voces con barbijos
En un principio, se había dado a conocer que eran 35 las personas afectadas por las fumigaciones que integraban la querella de esta causa. Sin embargo, en diciembre de 2019, se supo que 15 de ellas habían quedado fuera por no haberse constituido como querellantes particulares, entre las que se encontraban todas las integrantes del grupo de Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, a excepción de Chavela que sí pudo continuar en la querella.
En un comunicado emitido por este grupo y la Comisión de Apoyo al Juicio Causa Madre Ituzaingó Anexo, expresaron su preocupación por este cambio después de tantas dilaciones: “Estamos exigiendo la apertura de los expedientes, ya que consideramos inadmisible semejante falta de justicia para quienes, además de afectadas, han llevado la denuncia pública estos años”.
Recordaron también que, en las denuncias originales, estaban incluidos los funcionarios públicos (el entonces ministro de salud Oscar González), denuncias que quedaron prescriptas por el paso del tiempo. Además, reclamaron: “No admitimos que los afectados por el delito de contaminación no sean resarcidos civilmente por el daño que les han causado y les siguen causando, ya que no hay seguimiento ni tratamientos médicos”.
El próximo jueves 19 de marzo, el grupo de Madres de Barrio Ituzaingó Anexo hará una nueva Ronda de los Barbijos, concentración que realizan cada mes desde hace más de cinco años para pedir justicia ambiental y defender la vida de las fumigaciones, la contaminación, el desmonte y el desalojo.
*Por Lucía Maina para La tinta / Foto de portada: Medionegro.
