En la mesa de navidad faltan les preses
Desde hace años diversas organizaciones sociales antirrepresivas denuncian la situación cada vez más crítica, de las condiciones carcelarias. Las mujeres e identidades diverses se ven castigadas doblemente, por infringir supuestamente la ley, y por desafiar las normas del sistema patriarcal. En estas fiestas, en la mesa familiar, faltan elles.
Por Redacción La tinta
La condena es doble: no sólo se trata de violar la ley, sino también de desafiar los cánones patriarcales de una sociedad profundamente machista. Más aún, la violación de la ley es algo que se pone en duda en la mayoría de las situaciones, ya que según el informe de la Procuración Penitenciaria de La Nación (PPN), siete de cada diez mujeres privadas de libertad en Argentina se encuentra sin condena firme, es decir con prisión preventiva, porcentaje superior al de los hombres en la misma situación. Es claro también que la identidad de géneros es uno de los factores de la diferenciación, atravesado con cuestiones de clase, nacionalidad, étnicas, etáreas, que complejizan o empeoran las situaciones.
El 6 de diciembre la organización política y social Yo no fui publicó en redes sociales un comunicado apoyando la huelga de hambre pacífica de personas alojadas en varias unidades penales de la Provincia de Buenos Aires. Allí reclaman que se investiguen y sancionen los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se producen en los lugares de detención y encierro.
“La falta de alimentación adecuada, de atención médica, de la provisión de elementos básicos de higiene como el papel higiénico o toallitas femeninas, las condiciones de hacinamiento en las que viven, hace a la privación de sus necesidades básicas y coloca al Estado en el incumplimiento de obligaciones elementales en su tarea de custodia de personas privadas de su libertad”, expresaron desde la organización. Así mismo las mujeres exigen que se atienda sus demandas específicas en relación a las prestaciones de salud, como los estudios de control ginecológicos que hace años no existen, y la remoción de las trabas que el sistema penitenciario pone a las visitas de sus hijes menores, dificultando la vinculación con elles.
Si bien la proporción de mujeres en las prisiones de Argentina es inferior a la de los hombres, su tasa de encarcelamiento viene creciendo aceleradamente entre los años 2000 y 2017, aumentando más del 50%, y registrándose una tendencia más pronunciada a encarcelar mujeres que hombres.
El sistema penal y carcelario es fuertemente patriarcal, reproduciendo los cánones masculinos opresivos que sostienen la sociedad machista. Así, pese a los avances en materia de derechos que puedan comenzar a vislumbrarse actualmente, la situación carcelaria está muy por detrás de esas conquistas. Los patrones de género que se observan afuera de la cárcel se reproducen y profundizan adentro.
Como fue publicado por diversos medios hace algunos meses, las mujeres presas reciben menos visitas familiares, algo que transforma emocional y materialmente la situación de encierro, porque la visita y los elementos que pueda llevar, hace a la supervivencia de quien está en prisión. Si tenemos en cuenta que en la mayoría de las inspecciones a cárceles bonaerenses realizadas durante el 2019 por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), se constató que las personas privadas de la libertad padecen hambre, el sostén externo resulta fundamental.
Por otro lado, Eva Asprella desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explica que la utilización de celdas psiquiátricas en las protestas de las mujeres presas es una práctica común. “Hace tiempo observamos el uso de estos depósitos como método de castigo dirigido a las mujeres. Son ´celdas secas´, esto es sin baño y sin agua, donde pueden permanecer encerradas 24, 48 horas”. Esta lógica carcelaria no se registra en los penales de hombres y es utilizada en forma indiscriminada con la complicidad de psiquiatras. “Te ´portás mal´ o gritás y te tiran ahí, como sucedió el 8M de 2018”, cuando las presas reunidas pacíficamente conversando por la violación de las leyes laborales al interior del penal, fueron salvajemente reprimidas y llevadas a celdas de castigo y al pabellón psiquiátrico N°27 de la Unidad, conocido por ser el lugar donde drogan y golpean a las mujeres como parte del procedimiento.
En cada caso particular no se pone en juego sólo sus libertades individuales, son mensajes para todas y cada una de nosotras y de nosotres. Por eso muchas feministas insisten en que debemos ser conscientes de que cada mujer o identidad diverse con un proceso judicial persecutorio es la muestra de la maquinaria del disciplinamiento patriarcal, es una avanzada sobre las libertades de todas, es una respuesta a nuestras luchas.
La mala madre
Dahyana Gorosito se convirtió en un símbolo del castigo punitivo hacia las mujeres por no impedir que un varón violento matara a su hija recién nacida en un proceso lleno de irregularidades. En pocas palabras, se la acusó de no ser “buena madre”. Tal vez su experiencia nos ayudó a afinar el ojo y encontrarnos con muchas otras mujeres en procesos similares. Una fue Yanina Farías, detenida y encerrada dos años sin condena, acusada de “homicidio agravado por el vínculo, por omisión”, por no haber defendido a su niña Xiomara, de dos años, de los golpes de su ex pareja, en un contexto de cruda violencia. Además sufrió torturas en el encierro por parte de funcionarios de estado y de otras presas, y un juicio que terminó con su absolución en mayo de este año.
Miryam Bogado, una joven del pueblo mbya, pasó siete meses con prisión preventiva por la muerte de su hija sin evidencias en su contra, sin intérprete ya que no habla castellano, sin perspectiva indígena ni de género sobre los hechos. Fue detenida el 2 de febrero, después de que encontraran el cuerpo de su beba. Aunque nunca hubo evidencia que incriminara a Miryam, fue la única detenida por el caso, apartándola de su hijo de cuatro años y de su comunidad. Gracias a la presión de organizaciones, el 27 de septiembre la justicia ordenó su excarcelación.
Estos nombres resuenan en tanto el movimiento feminista y organizaciones sociales brindaron apoyo y los casos trascendieron, sin embargo hay muchas mujeres que mueren o padecen en el anonimato la violencia punitiva sobre sus cuerpos. Tal es el caso de Patricia Solorza, mamá de una niña de 4 años y un hijo de 14 con retraso madurativo. Ella vivía con su madre y su padre, un varón violento que la había golpeado desde pequeña. En 2014 Patricia quedó embarazada una vez más y tuvo un aborto. Una jueza consideró que había matado a una persona y la condenó a ocho años por homicidio agravado por el vínculo. La historia tiene muchas coincidencias con el caso de Belén de Tucumán, 29 meses presa por un aborto espontáneo, y pone al descubierto la maquinaria simbólica que opera en el poder judicial, y que articulando con el sector de la salud, convierten un evento obstétrico en un delito, enviando un mensaje claro sobre la autonomía de los cuerpos en un contexto de lucha por la legalización del aborto. Patricia siempre dijo que no supo qué le pasó, y murió en agosto de 2019, esperando la condicional.
Las presas de la crisis
La mayoría de las mujeres presas fueron detenidas por delitos no violentos, ya sea transporte, comercialización o tenencia simple de droga y, en segundo término, por hurto o tentativa de hurto. En los últimos años ascendió la cantidad de presas por narcomenudeo. Diversos especialistas coinciden al afirmar que en situaciones económicas de crisis, el menudeo es un medio de supervivencia.
Resulta pertinente señalar, como lo refieren desde el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV), que el 55% de las mujeres presas tuvo su primer hijo antes de los 18 años, y presentaban mayores índices de desempleo que los hombres. Además, se debe tener en cuenta para analizar estas situaciones, la carga de tareas de cuidado de las mujeres, que obligan a permanecer más tiempo en la casa sosteniendo la reproducción de la vida. El abuso de las prisiones preventivas por parte de la justicia, atravesado por la presión mediática y social que exige más cárcel, engrosa el número de presas por este delito.
A su vez, tal como lo muestra el informe Contextos de encierro en América Latina: una lectura de género, realizado por Carolina Bologna, Ana Safranoff y Antonela Tiravassi, el apresamiento de las mujeres tiene un mayor impacto del otro lado de los muros. Casi el 90% de las reclusas son madres pero el encierro excede los lazos biológicos. La mujer de sectores populares tiene a su cargo un número de personas que dependen de sus tareas de cuidado mucho más grande que el varón. Así apresando a una mujer se genera una expansión de la vulnerabilidad social en su comunidad.
Personas trans y travestis
Enfrentar el estigma es una experiencia cotidiana para las personas trans o travestis, pero dentro del sistema penitenciario la violencia pasa a ser una norma institucional. El castigo por su identidad y el disciplinamiento toman la forma de malos tratos físicos, verbales y psicológicos, desde golpes hasta discursos de odio. Si el sistema punitivo es estructuralmente patriarcal, el modelo binario y heteronormativo no contempla ninguna particularidad en las personas trans y travestis, a quienes se le agregan violencias específicas por su condición.
Según el primer informe elaborado por la Asociación Civil Otrans Argentina, presentado en octubre de 2019, la prisión preventiva está siendo aplicada al 86% de las personas trans detenides. Allí detallan que las vejaciones van desde el no reconocimiento de la identidad autopercibida y la falta de acceso a la salud y tratamientos hormonales, hasta abusos, violaciones por parte de detenidos y agentes penitenciarios, y violentas requisas. Además resaltan que desde 2016, se incrementaron en un 100% las detenciones arbitrarias, vejaciones y torturas a travestis en contextos de encierro. Se suma a esto que el 65% de las trans y travestis detenidas son migrantes, y el 16% no conoce su causa ni ha tenido contacto con su defensor.
En cuanto al alojamiento en las cárceles, en la mayoría de los casos la justicia o el sistema penitenciario sólo por observar la expresión de género de las personas decide cuál es el lugar para alojarlas, sin preguntar a les detenides cuál es su autopercepción o qué preferirían. Ser trans o travesti parece configurar un delito en sí mismo, o un agravante de las penas.
La mala víctima
Las mujeres pobres y jóvenes cargan otro peso específico, y la simple acusación se transforma en una condena. No son pocos los casos en los que se criminaliza a la víctima de violencias machistas y/o sobreviviente de violencia sexual de parte del poder judicial, como forma evidente de disciplinamiento. Por defenderse, por estar vivas, se las condena, y por no defenderse son asesinadas, les matan a les hijes o las violentan y abusan.
Brenda Micaela Barattini (Micky) es una de las malas víctimas, es de las que no denunciaron, de las que se defendieron. En un contexto de violencia psicológica agredió al varón violento lesionando sus genitales que fueron sanados completamente, y fue condenada a 13 años de prisión. Aunque la causa fue caratulada inicialmente por lesiones, no contar con antecedentes, tener domicilio fijo y dinero para la fianza, y aunque las pericias psicológicas arrojaron que no había peligro futuro, le negaron la posibilidad de esperar el juicio en libertad. Una real caza de brujas.
Otro caso que nos estremece desde hace pocas semanas es el de Flavia Saganis, condenada a 23 años de prisión por publicar en redes sociales un caso que la justicia dejó archivado: el abuso sexual de su hija de 6 años en manos de su ex pareja Gabriel Fernández. Al enterarse de la situación por lo publicado, su madre y hermano incendiaron la casa del abusador, y lo agredieron físicamente hasta dejarlo hospitalizado. La acusación que cayó sobre Flavia fue la de “instigar los delitos”. La sentencia evidencia la desprotección de las víctimas y la condena penal como única herramienta para resolver problemáticas sociales complejas. Además no existió perspectiva integral y de género de la situación, que contemplara el entramado de violencias ejercidas sobre Flavia y su hija.
La institución judicial, efectiva y leal arma del sistema patriarcal, colonial y capitalista, cae sobre nuestros cuerpos dictándonos las máximas a obedecer: serás hetero-cis, buena madre, buena víctima, aguantadora de los múltiples sometimientos. Te callarás, bajarás la cabeza y obedecerás. La letra de la ley como amenaza constante.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Colectivo Manifiesto.
