Entre Ríos: la Justicia de los venenos
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos determinó que ahora se podrá fumigar a 100 metros por vía terrestre y a 500 por vía aérea de las escuelas rurales. El fallo deja sin más instancias de apelación dentro de la provincia al Foro Ecologista de Paraná que ahora, y en una carrera contrarreloj, tiene que apelar antes del 11 de noviembre ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por Claudia Rafael para Agencia Pelota de Trapo
La justicia es igual a las serpientes. Sólo muerde a los descalzos, decía en sus misas el arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, aquel que –antes de ser asesinado por los paramilitares en 1980- aseguraba que existen entre nosotros los que anexionan campo a campo hasta ocupar todo el sitio y quedarse solos en el país. La Justicia entrerriana fue ayer esa serpiente. Que pretende frenar con su sentencia las luchas ambientales que se vienen sosteniendo desde hace años para proteger a los gurises y a las y los maestros de las escuelas rurales, a las familias que viven en el campo y a las que padecen las consecuencias sanitarias de los venenos que llegaron en la década del 90 para quedarse.
Fuera de los plazos legales y exactamente unas horas después de los resultados de las elecciones, llegó el mazazo. Como una cachetada que, sin previo aviso, demostró cómo juega el poder y a quién responden los dueños de la pelota en un partido que se viene perdiendo por goleada. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos hizo público el fallo que ya deja sin más instancias de apelación dentro de la provincia al Foro Ecologista de Paraná que ahora, y en una carrera contrarreloj, tiene que apelar antes del 11 de noviembre ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como un diminuto David ante un Goliat que modifica leyes, lanza decretos, mueve piezas de ajedrez para privilegiar los bolsillos de los mercaderes de los agrotóxicos.
Lo que se juega de fondo no es una nimiedad: se trata de las distancias permitidas para fumigar en los alrededores de las escuelas. Si 1000 por tierra y 3000 por aire o los escasos 100 y 500 que enarbolan los defensores de los dólares frente a la vida que se escurre en enfermedades y muertes tempranas.
Una brisa tenue, una tormenta, un viento feroz, una bocanada de aire que empuja la deriva hacia los más frágiles, hacia los descalzos, hacia los mismos de siempre. Un trabajo técnico a cargo del ingeniero Marcos Tomasoni se presentó como prueba en el juicio de Barrio Ituzaingó Anexo (Córdoba) en el que se probó que los venenos pueden llegar hasta casi 5 kilómetros del lugar concreto donde se aplicó el producto. Y que tuvo un fallo condenatorio dos años atrás en la Corte Suprema.
“En el medio hubo una reforma de la Ley de Procedimientos Constitucionales que regula los procesos de amparo”, dijo a APe la abogada María Fernández Benetti, integrante de Basta es Basta y de la Red de Abogados por la Soberanía Alimentaria. “Teníamos cinco sentencias a favor y la Sala I de la corte provincial, que era la que entendía en los casos de amparo ambiental, había fallado dos veces a nuestro favor. Pero en agosto se hizo una reforma express de Ley de Procedimientos Constitucionales para sacarnos de esos jueces naturales, armar toda esta tramoya para rosquear con esos jueces y poder tener una sentencia en contra”. Devastados, con la angustia anudada en la garganta, saben que no siempre cuenta tener la verdad sentada a su lado. Una verdad que tiene nombres y edades jóvenes. Una verdad que se llama Antonella, de Gualeguaychú; Leyla, de San Salvador; Joan, de Jubileo; los primitos Portillo, de Gilbert; Santino, de Basavilbaso que dejaron sus vidas, como tantos otros en la honda huella de los agronegocios. Una verdad que tiene el nombre de las maestras que viven con clorpirifós en sangre o que tienen que sacar repentina y velozmente a sus alumnos de la escuela porque una yarará que huye de las zonas fumigadas encontró refugio en el salón. Una verdad que desnuda cómo la genética de niños y adultos se irá modificando paulatinamente. Una verdad que tiene nombre de enfermedades que se pronuncian con miedo. Una verdad que está al alcance de los ojos y los oídos si es que se está dispuesto a ver y a escuchar.
Pero el Poder Judicial es terco en su determinación feroz de morder a los descalzos. En pactar con los que se creen los dueños de la Pacha en ese afán de avanzar en las fronteras agropecuarias.
“Es tremendo que hayan fallado un día después de las elecciones, con el plazo completamente vencido desde hace 15 días. Pero no querían intervenir en el proceso político. Aunque entendemos que los arcos mayoritarios políticos están a favor de la agroindustria. Que quieren una provincia que genere dólares para exportar. Y no va a haber un freno», dijo María.
«Nosotros estamos en una condición sanitaria tremenda. La proliferación de casos de cáncer en niños y adultos es alarmante”, sintetizó la abogada de Basta es Basta, que siente la soledad de una lucha en donde los dos grandes arcos partidarios actúan del mismo modo: unos, por acuerdos políticos. Otros, por ser directamente lobbistas.
En un camino que desde abajo había empezado a hablar de transición hacia la agroecología, a reactivar cordones hortícolas, a soñar con un nuevo paradigma.
“Hay un montón de productores en Entre Ríos que están fundidos, a los que les va mal, a los que no les cierran los números y no por el amparo. Sino porque el modelo de agroindustria con los insumos en dólares no es virtuoso ni da números buenos. La gente no prospera y genera una concentración enorme de la tierra. Porque el productor que tiene 200 ó 300 hectáreas alquila todo y llegan los grandes pooles de siembra que ni siquiera son de Entre Ríos. Y se hace una agricultura a gran escala que profundiza más aún la desruralización de la provincia y la falta de diversificación. Estamos perdiendo la actividad ganadera, la diversidad de cultivos y el abanico muy grande de actividades agrícolo-ganaderas en la provincia que ya no tenemos. A la actividad tambera, ya la perdimos”, contó.
El Supremo Tribunal de Entre Ríos dio marcha atrás con los fallos judiciales que habían avanzado en la protección de las escuelas rurales. A pesar de que el Foro Ecológico entregó los chats cifrados entre los popes de la agroindustria entrerriana que respiraban aliviados por el cambio de fuero para la toma de determinaciones sobre la distancia permitida para fumigar a partir de la modificación de la Ley.
Y mostraban la certeza de que ya no decidiría más “la cámara en lo penal que era la que siempre nos pateaba en contra. La ley para esto se aprobó hace unos días y es muy importante” (sic chat con las palabras de Walter Feldkamp, agrónomo y alto dirigente de la Sociedad Rural de la provincia. 15 de agosto 2019).
Una vez más en este ida y vuelta de los jueces empeñados en jugar con la camiseta de los poderosos dictaminaron que ahora se podrá fumigar a 100 metros por vía terrestre y a 500 por vía aérea de las escuelas rurales. Que, en verdad, deberían estar protegidas –por una condena anterior ahora reafirmada- por las barreras vegetales de 150 metros que circunden a cada establecimiento. Barreras que, a pesar de la condena judicial, el gobierno nunca construyó. Porque, después de todo, la Justicia sólo hace cumplir la ley a los olvidados. A los que no forman parte del pacto de propietarios que dio nacimiento al Estado y a cada uno de sus brazos, como escribía Alessandro Baratta. Y de ese pacto de propietarios, de esa categoría de ciudadanía inventada por los que manejan los hilos del poder, no forman parte las niñas y los niños que –como aseguraron los dirigentes agrarios de la provincia- apenas justifican el sueldo de una maestra. Entonces, la alternativa para todos ellos es: veneno o traslado de escuelas. Con la bendición de la máxima autoridad judicial en uno de los bastiones de los reyes del monocultivo.
*Por Claudia Rafael para Agencia Pelota de Trapo
