Amenaza de muerte y desalojo a una comunidad mapuche
“A la noche no va a quedar ningún vivo”. A menos de 10 kilómetros del centro de Bariloche, la comunidad Buenuleo lucha por recuperar sus tierras.
Por Cosecha Roja
La comunidad Mapuche Buenuleo anunció el martes 10 de septiembre que “inició el proceso de recuperación colectiva” de su territorio ancestral. “Nos fue arrebatado de manera fraudulenta en el año 2014”, denunciaron desde la zona de cerro Ventana, a menos de diez kilómetros del centro de Bariloche. La justicia ordenó un desalojo que se concretará cuando la sentencia contra la comunidad quede firme.
“Generación tras generación, habitamos estas tierras, atravesando todos los artilugios perversos de este Estado con intención de despojo”, dijeron desde la comunidad. “El 24 de agosto del 2014, de manera inesperada, falleció Antonio Buenuleo, nuestro padre, abuelo, bisabuelo y longko de la comunidad. Los usurpadores aprovecharon esos días de profundo dolor y laberinto de trámites en que nos encontrábamos despidiéndolo”, agregaron. “Personas ajenas a nuestra comunidad entraron con camiones llenos de materiales, alambrando y cortando el paso. No sólo usurparon parte del campo, sino que pusieron personas al cuidado del mismo”.
El mismo día de la recuperación, un grupo de hombres armados con cuchillos y armas de fuego irrumpió en la comunidad e intentó desalojarlos. Los amenazó con “sacarlos a los tiros” mientras los Mapuche hacían su ceremonia diaria.
Uno de los atacantes, un hombre de apellido Vera, los amenazó con un facón: “A la noche no va a quedar ninguno vivo”, les dijo. Los propios integrantes de la comunidad -en su mayoría, mujeres y niños- llamaron a la policía para que intercediera, temiendo que la agresión pasara a mayores. Minutos después, llegaron policías de Río Negro y el fiscal Inti Isla.
“Llegamos tipo 8 para hacer nuestra ceremonia diaria, estábamos cocinando y aparece el cuidador y nos dice que nos va a sacar de ahí a los tiros. Empezó a amenazar y a llamar a otras personas. Nos pegaron, nos corrieron con una daga. Nosotros pedimos la presencia policial para que nos proteja, estas personas aparecieron con armas y cuchillos intentando corrernos, incluso, habiendo niños”, relataron desde la comunidad.
Durante el procedimiento, la policía le incautó una pistola a uno de los agresores, Emilio Friedrich, quien se había presentado como dueño del predio.
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El reclamo es por unas 90 hectáreas próximas a las nacientes del arroyo Ñireco.
Los Mapuche aseguran que, en 2009, el territorio fue reconocido con personería jurídica por el Estado Nacional, por el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) y por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). En tanto Emilio Friedrich dice tener un boleto de compra venta a su nombre, fechado en 2014, que los mapuche no reconocen y aseguran que es fraudulento.
Durante una audiencia judicial, convocada a menos de una semana de la recuperación, el Ministerio Público Fiscal imputó a los integrantes de la comunidad Buenuleo bajo la figura de “usurpación” y ordenó el desalojo. Luego del proceso de recuperación del “territorio ancestral”, hubo un primer encuentro en Fiscalía para intentar llegar a un acuerdo entre Emilio Friedrich -quien asegura ser el propietario de la tierra en disputa- y la comunidad, pero la mediación fracasó.
La zaga judicial del conflicto continúa. El lunes 16 de septiembre, el juez de Garantías Sergio Pichetto imputó por el supuesto delito de “usurpación” a nueve Mapuche y abrió una investigación por cuatro meses. Ordenó, además, desalojar el lote en disputa, aunque la medida se cumplirá después de que la sentencia quede firme. No hubo avances en la causa por amenazas presentada contra el supuesto propietario del terreno y el cuidador.
Sin embargo, esa medida se concretará 72 horas después de que la sentencia quede firme, tras la segura impugnación o apelación que presentará la abogada defensora de la comunidad, Natalia Araya.
La comunidad Buenuleo impugnó la orden de desalojo del juez Sergio Pichetto, pero el juez de Juicio, Marcos Burgos, ratificó la medida. El magistrado no impuso plazos para hacerla efectiva, pero dispuso también un plazo de cuatro meses para avanzar con la cuestión de fondo, esto es, el derecho de propiedad sobre el lote.
A pesar de ser parte de otra comunidad, el longko Mauro Millán quedó imputado en la causa por haber acompañado a la familia Buenuleo. Frente a la justicia, declaró que, como parte y autoridad del pueblo mapuche, “hace muchos años” que escucha sobre “los atropellos que sufrió la comunidad”, así como el detalle de los “engaños” sufridos por los ancianos. “A todas esas denuncias por estafas, ¿cuándo le prestó atención la justicia?”, se preguntó. El lonko explicó que “el retorno al territorio, luego de tantas denuncias, es totalmente legítimo”.
Los miembros de la comunidad Buenuleo instalaron una bandera en el lugar. “Nuestro longko siempre nos dejó en claro que, el día que él se fuera, lo sepultáramos en el territorio”, dijeron.
*Por Cosecha Roja. Imagen de portada: Marcelo Martínez
