Primera denuncia por violencia obstétrica en Córdoba
Yanina Vera presentó una denuncia de más de ochenta páginas contra dos hospitales, tres profesionales de la salud y los directivos de Apross por violencia obstétrica de tipo física, psicológica y simbólica. Quiere que se visibilice este tipo de violencia para que ninguna mujer vuelva a pasar por esta situación. La tinta conversó con Lola Guerra, la abogada que lleva el caso.
Por Julieta Pollo para La tinta
Yanina Vera transitó su primer embarazo y cesárea en absoluta desinformación, bajo maltrato psicológico, físico y un trato deshumanizado. Denunció la experiencia sufrida en la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (CONSAVIG) y, hace unas semanas, presentó, junto a su abogada Lola Guerra, un expediente de más de ochenta páginas al Foro Especializado de Violencia contra la Mujer.
“En este caso, hablamos de tipo de violencia física, simbólica y psicológica, que se expresa en las modalidades obstétrica e institucional” contra dos hospitales, tres profesionales de la salud y los directivos de Apross, explicó Guerra a La tinta y agregó: «Yanina realmente ha sufrido muchísimo y el diagnóstico de su salud mental no es bueno, ha quedado con un shock post-traumático por todo lo que ha vivido. Todos los efectos negativos que ha tenido esto en su vida tendrán que ser reparados».
La violencia obstétrica es violencia de género, una de las más naturalizadas e invisibilizadas que vivimos las mujeres. La sufren aquellas que acuden por asistencia sanitaria a las instituciones de salud y es ejercida por los profesionales de la salud sobre las mujeres, justamente, por el hecho de ser mujeres, durante el momento de dar a la luz, en las instancias previas, en el postparto o en caso de quienes atraviesan una situación postaborto.
En julio de 2018, Yanina Vera fue derivada del Hospital Ferreyra a la Clínica Caraffa con un estado de preeclampsia (presión arterial alta en el embarazo) que le diagnosticaron recién en la semana 35 de gestación. Según consta en la denuncia, la mujer de 32 años estuvo dos días sin recibir un diagnóstico médico, fue trasladada a la Clínica Caraffa sin ser consultada, no acompañaron la documentación médica necesaria para que fuera tratada debidamente, le realizaron una cesárea de un momento para otro, sin mediar los controles médicos previos necesarios y haciéndole bromas sobre su edad.
Luego de dos días de terror, nació su hijo Caetano, que pudo ver pasadas doce horas desde que dio a luz. Le dijeron que todo estaba bien y que lo iban a mantener unos días en incubadora para que ganara algo de peso. A los seis días del nacimiento, sorpresivamente, le anunciaron que su bebé había fallecido. Su papá nunca llegó a tenerlo en brazos. Le dijeron a la familia que habían puesto “mucha expectativa en este niño”. Por si fuera poco, hay indicios de que cambiaron cuatro veces la causa de muerte en el certificado de defunción.
«Este es el primer caso de denuncia por violencia obstétrica en Córdoba, porque la mayoría son llevados vía demanda civil. Si bien nosotras también podemos demandar por daños y perjuicios, lo interesante de este caso es que la principal búsqueda de esta familia es que se visibilice que hubo violencia de género, violencia obstétrica, para que no vuelva a pasarle a otra mujer. En la denuncia, pedimos al juzgado que exhorte al poder ejecutivo y al Ministerio a realizar todas las medidas para que no vuelva a ocurrirle nada similar a una mujer”, sostuvo la abogada, que está trabajando en el caso desde el año pasado.
Guerra precisó lo que están pidiendo a la justicia: “Que, mediante resolución judicial, se ratifique que es violencia obstétrica no dar información acabada o que se efectúen prácticas médicas no consentidas tanto a la mujer como al recién nacido. Pedimos que se capacite a los profesionales de la salud y que se presente un plan detallado de qué van a hacer las obras sociales y las instituciones de salud para evitar situaciones de violencia. También pedimos como medida cautelar que le inicien un sumario administrativo a los profesionales que incumplen estas normas y que se los aparte de sus funciones o del trabajo de atención de partos hasta tanto se puedan tener certezas de que no van a volver a violentar a otras mujeres o niños”.
Las violaciones denunciadas en este caso no son vacíos legales, de hecho, ya hay normativa vigente y leyes que amparan a las personas de estas situaciones, tanto en instituciones públicas como privadas, cuyo monitoreo y cumplimiento es una obligación del Estado. En este caso, sostuvo la abogada, se han violado la Ley de Parto Humanizado, la Ley de Derechos del Paciente, la Ley de Violencia contra la Mujer y un listado importante de tratados internacionales de Derechos Humanos: “Es el Estado, en última instancia, el responsable de todas las negligencias vinculadas a las prestaciones de salud en ambos ámbitos. Incluso, nosotras denunciamos también al presidente de la obra social APROSS porque también tiene la obligación de garantizar que las prestadoras de salud adheridas cumplan con un acceso a lo sanitario acorde a la normativa vigente”.
Enfrentar a la corporación médica
El proceso de recopilación de pruebas y elaboración de informes, cuenta la letrada, fue sumamente complicado debido a “ciertos apoyos y complicidades” más o menos explícitas que obstaculizaron la investigación. “Nos enfrentamos a la corporación médica hegemónica y, por eso, nos ha costado muchísimo conseguir las pruebas, ha sido un caso muy difícil. Nos costó conseguir a una psicóloga que accediera a hacer el informe psicológico pericial que acompañamos a la denuncia y también a una médica que accediera a realizar el informe médico sobre las historias clínicas… llevó muchísimo tiempo y se logró con el compromiso de muchísimos profesionales que están trabajando el tema”, destacó.
El expediente presentado tiene más de 80 páginas que incluyen argumentación jurídica, muchas pruebas documentales, varios testimoniales y hasta la respuesta que las instituciones dieron a la denuncia del INADI, que sirvió como prueba por “las incongruencias que expresan y porque admiten, en muchas oportunidades, la violencia. Responden como atajándose de una mala praxis por la muerte del bebé, cuando nosotras no los denunciamos por la muerte del bebé, sino por la violencia que ella sufrió en esta atención sanitaria. Aunque su bebé siguiera vivo, hubiese sido también un hecho de violencia obstétrica contra la mujer. Cuando no le dan información de la preeclampsia, cuando no le permiten elegir el hospital al que va a ser derivada, cuando no acompañan la documentación médica para que la institución reciba y realice el diagnóstico bien, cuando no hay una previsión del daño que se podía evitar… todo eso es violencia obstétrica que ni siquiera están pudiendo ver y eso es algo muy fuerte”, advierte la abogada.
Para enriquecer el debate acerca de este tipo de violencia de género e institucional, y para nutrir de conocimientos a lxs funcionarixs que trabajarán en el caso, el expediente de la denuncia incluye también el testimonio de dos testigos especializadas en la temática: Susana Chiarotti, experta integrante del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la OEA en Argentina; y Cecilia Canevari, experta en temas de violencia obstétrica y actual Directora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
La naturalización de la violencia
“Mamita”, “gordita”, “viejita”, un chiste, un reto, un “callate”, un tocamiento no consentido, una cesárea que no era necesaria, la desinformación, el trato humillante y denigrante, el abuso de la medicalización, la patologización innecesaria… todo esto es violencia obstétrica, uno de los tipos de violencia de género más invisibilizados y naturalizados cuyo epicentro es la institución de la salud y la legitimación del saber médico hegemónico y patriarcal.
La agrupación civil Las Casildas, que cuenta con muchos años de trayectoria en el campo, presentó, en abril de este año, su segundo informe de violencia obstétrica desde la creación del Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO), en 2015. Los resultados indican que 8 de cada 10 mujeres encuestadas sufrieron maltrato verbal o físico durante el embarazo o el parto, y 3 de cada 10 dijo haber recibido conductas aleccionadoras o amenazantes. Y un dato crucial es que 9.5 de cada 10 mujeres no denunciaron los hechos de violencia sufridos y, las pocas que lo hicieron, radicaron su queja en la misma institución en las que fueron agredidas.
Desde principios de 2017, la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (CONSAVIG) es la única dependencia del Estado nacional que recibe denuncias por violencia obstétrica. El informe correspondiente al año pasado muestra que Córdoba es la tercera provincia que más denuncias ha realizado después de Buenos Aires y CABA. Las denuncias están dirigidas en un 34% a instituciones públicas y en un 66% a instituciones privadas, y, entre las prácticas de violencia obstétrica denunciadas, se destacan el Trato deshumanizado, la Falta de información y el No respeto a la decisión de la paciente.
A pesar de la poca cantidad de denuncias que se realizan en el organismo estatal en relación a la cantidad de casos, las mujeres cada vez se animan más a visibilizar los maltratos sufridos. Recién en 2017, se realizó el primer juicio civil por violencia obstétrica en Argentina. Agustina Petrella demandó a la neonatóloga, al obstetra, a la prepaga y a la clínica en la que había nacido su hija dos años antes, luego de que se vulneraran sus derechos contemplados en la Ley de Parto Humanizado. Hasta ese momento, todas las demandas del tipo habían sido encauzadas como penales por «casos de mala praxis».
La Ley de Parto Humanizado N°25.929, reglamentada en 2015, reconoce el derecho de toda persona con capacidad de gestar a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar, para que puedas optar libremente cuando existieren diferentes alternativas; a ser tratada con respeto, garantizando tu intimidad y teniendo en consideración tus pautas culturales y necesidades; a ser considerada como persona sana, de modo que se facilite tu participación como protagonista de tu propio parto; a un parto natural, donde se eviten las prácticas invasivas y el suministro de medicación que no estén justificados por tu estado de salud o el de tu bebé; a ser informada sobre la evolución de su parto, el estado de salud de tu bebé y a ser partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales; a elegir una persona de tu confianza para que te acompañe durante el trabajo de parto, parto y postparto; a tener a tu lado a tu hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales; entre otros.
Podés denunciar un caso de violencia obstétrica en CONSAVIG (consavig@jus.gov.ar), en la Defensoría del Pueblo o en el INADI. Para asesorarte, podés llamar al 0800-122-5878.
*Por Julieta Pollo para La tinta. Foto de portada: Natalia Roca.
