Leyes de la economía popular
Los movimientos sociales siguen protagonizando jornadas de lucha urgentes y necesarias en el actual contexto de crisis. La extensión de la ley de Emergencia Alimentaria y la aprobación de una ley de Agricultura Familiar para Córdoba son avances que hablan de realidades donde el alimento es el núcleo de combate. Proponemos pensar esas leyes como herramientas concretas en un largo camino emancipatorio protagonizado por mujeres.
Por Redacción La tinta
La arena en la que se pelea por leyes en el estado moderno juega con los códigos del patriarcado, del colonialismo y del capital. Ninguna de las llamadas “conquistas” escapan a ese monstruo de tres cabezas. Sin embargo, el fino ojo estratégico en momentos de crisis profunda y de guerra abierta y no convencional, obliga a las organizaciones sociales a avanzar en el terreno legal, garantizando un piso de acuerdos sobre los cuales trabajar, intentando revertir la urgente y desesperante realidad de millones de personas. Los movimientos sociales han demostrado tener la capacidad de intervenir y disputar en asuntos públicos, a la par de construir un sinfín de experiencias organizativas en las comunidades.
Estos espacios están integrados principalmente por mujeres de sectores populares, por esto la mayoría de las demandas se orientan a transformar las condiciones de vida de este sector, atravesado por múltiples violencias: mujeres pobres, muchas migrantes y con fuerte componente juvenil. ¿Qué nos dicen estas leyes del camino de construcción encarado por y para mujeres?
El salario social complementario (SSC) fue ganado por los movimientos sociales en diciembre de 2016. El gobierno de Macri reconoció, aprobando la ley de Emergencia Social, que los y las trabajadoras de la economía popular, aún trabajando ocho horas diarias, no llegarían al 50% del salario mínimo, vital y móvil. Laburantes de unidades productivas desarrolladas en el marco de organizaciones, movimientos sociales y grupos diversos, recibieron el salario social complementario.
Resultó interesante el impacto que produjo en los trabajos que se asocian a las tareas de cuidado, pero en el ámbito comunitario: comedores, copas de leche, apoyos escolares, guarderías, talleres culturales y deportivos, acompañamiento a personas en situación de violencia, y un largo etcétera. Un servicio comunitario sin valor de mercado, realizado en abrumadora mayoría por mujeres.
El salario significó entonces el reconocimiento de un trabajo invisibilizado, realizado desde siempre por los sectores populares en la lucha por la supervivencia, que implica necesariamente las tramas comunales. Recibir una remuneración por la tarea de cuidados, reconocida como un trabajo de la economía popular, desafió el confinamiento que supuso en sociedades occidentales el trabajo de reproducción. Sin escapar a las complejidades, esta nueva realidad abrió preguntas interesantes: ¿qué significa que estos espacios sean pensados como unidades productivas? ¿supone una nueva forma de organización familiar? ¿desarma las jerarquías del patriarcado del salario? ¿politiza las tareas reproductivas? ¿genera nuevas subjetividades en las mujeres trabajadoras?
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En octubre de 2018 el senado aprobó la ley de Integración Socio-urbana, herramienta construida desde las organizaciones sociales para lograr un real acceso a la tierra y la vivienda. Surgida a partir del esfuerzo de más de diez mil personas que se dedicaron a relevar los más de 4.416 barrios populares identificados en el ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares), los puntos centrales de la ley son cruciales en el avance de políticas serias contra la violencia de géneros y el mejoramiento de la calidad de vida de miles de mujeres y niñes.
Se posibilitó que la vivienda esté a nombre de las mujeres, el avance en servicios indispensables para el desarrollo de una vida digna, en la seguridad de los espacios barriales habitados por 4 millones de personas. Es una necesidad urgente que los entornos barriales sean espacios donde se pueda circular y habitar de manera libre y cuidada. Por ejemplo, la iluminación, los mejores caminos y el adecuado transporte urbano de pasajeras hubieran evitado algunos de los femicidios y violaciones que lloramos estos años.
En las grandes ciudades la resistencia por el territorio no significa solamente defender la casa de la familia nuclear, como nos quisieron hacer creer con programas de erradicación y relocalización de villas. Un desalojo significa también el desarme de cierta vida y fuerza comunal, de lazos de supervivencia que van elaborando sistemas solidarios, y estrategias de resistencia.
Además, en las urbes, salir de la violencia también es cuidarse entre vecines, es colectivizar las tareas de cuidado como forma de minimizar costos, es defenderse de la pobreza, de la violencia estatal y de la violencia ejercida por los hombres. Lo comunitario en las ciudades no sólo no ha desaparecido, sino que se recrea constantemente.
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En las últimas semanas, tras reclamos, acampes y movilizaciones, las trabajadoras de la economía popular lograron la extensión de la ley de Emergencia Alimentaria hasta 2022, y la aprobación de la Ley Provincial N° 28.981 de “Desarrollo Integral de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena de Córdoba”.
Por unanimidad, los senadores nacionales decidieron extender la Emergencia Alimentaria y aumentar hasta el 50% los fondos destinados a programas de alimentación y nutrición, actualizando los montos trimestralmente, tomando como referencia el Índice de Precios del Consumidor y la Canasta Básica Alimentaria establecida por el INDEC. En los sectores empobrecidos de Argentina, la inseguridad alimentaria es moneda corriente, profundizada fuertemente por el gobierno macrista y sus políticas de hambre, dejando un país con niveles de falta de comida severos que alcanzan el 17,4% y déficit de nutrientes alimentarios que llegan hasta el 44%. Es un ataque al núcleo del cuidado y la reproducción de la vida, afectando fuertemente a mujeres y niñes.
“¿Cómo podemos salir de la pobreza si ni siquiera tenemos un pedazo de tierra para sembrar?”, decía una mujer hace unas semanas en una asamblea de los movimientos sociales. Pensar en el hambre en las ciudades, sin un correlato en lo agrario es una mentira del sistema: olvidar la relación del alimento con la tierra.
La urbanización masiva, la pérdida de la dimensión de la tierra como medio básico de reproducción, la tecnología y la mentira individualista liberal, produjo una pérdida profunda de memoria sobre la importancia radical de la tierra y la comunidad. Tierra que, al menos en principio, es generadora básica de nuestro alimento, indispensable para nuestra existencia. Comunidad que cuida, sostenedora de los vínculos necesarios para una reproducción de la vida.
La indiferencia de les habitantes de las urbes sobre la tierra y la comunidad comenzó un proceso de resquebrajamiento. El arrase del territorio y el hambre, se conjugan en memorias que reaparecen. La lucha de los movimientos sociales en toda nuestramérica, la ruralización creciente de la vida, incluso urbana, con tomas de tierras, huertas comunitarias, y creativos etcéteras, ayudaron a poner en foco la importancia de la tierra y los bienes comunes.
El objetivo principal de la ley agraria es la promoción del desarrollo rural y el fomento de las actividades familiares agropecuarias diversificadas que impulsen modelos productivos sostenibles, para favorecer el arraigo rural, el agregado de valor en origen y la seguridad agroalimentaria.
“La tierra es la base material esencial para el trabajo de subsistencia de las mujeres, que a su vez es la principal fuente de seguridad alimentaria de millones de personas en todo el mundo”, dice Silvia Federicci, haciéndose eco de las feministas de nuestro Abya Yala y del África, que entienden del tema desde sus propias experiencias, tradiciones y formas de autogobierno. Pensar una agricultura de subsistencia y un uso no mercantilizado de los recursos, entendiéndolos como bienes comunes, es una mirada primordialmente feminista.
Los movimientos sociales, con sus avances y retrocesos, con sus construcciones y deconstrucciones, con sus dificultades y desafíos, son parte de la semilla de un nuevo presente. Que es de lucha, pero principalmente es de construcción de un mundo nuevo.
Las leyes aprobadas al calor de su lucha apuntan al mejoramiento de la calidad de vida aquí y ahora, cristalizando disputas de sentido. Mostrando además, cómo las mujeres vamos resignificando el mundo que nos rodea haciéndolo un lugar más digno y justo.
*Por Redacción La tinta / Imágenes: Colectivo Manifiesto.
